Trabajo

Sentencia sobre los datos fiscales de los empleados y sentencia sobre vídeo-vigilancia

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Estimados asociados, a la espera de realizar este próximo viernes 10 de mayo nuestro desayuno de trabajo sobre el registro horario, en la nota informativa de esta semana abordamos dos sentencias de nuestros Juzgados de lo Social:

 

Sentencia de La Audiencia Nacional sobre los datos fiscales de los empleados

En primer lugar os informamos sobre el contenido de una Sentencia de la sala de lo Social de la Audiencia Nacional del 7 de diciembre de 2018,

Ésta sentencia analiza la norma que desarrolla el código de conducta del personal al servicio del Banco de España, en lo referente a la obligación que imponía a sus trabajadores de, si se lo requería la Unidad de Cumplimiento Interno, poner a su disposición las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los datos fiscales empleados en su elaboración.

En la citada resolución,  la Audiencia dispone que las declaraciones por el IRPF tienen un contenido que va más allá de lo puramente económico –que es lo que pretende controlar la norma impugnada-, pudiendo contener informaciones que se refieren a la esfera más personal de los empleados–con matices religiosos o políticos o, sencillamente, personales y familiares-, protegida a todo nivel, desde la propia Constitución -derecho a la intimidad o libertad de pensamiento-, pasando por el propio Estatuto de los Trabajadores, sin perder de vista la normativa interna y comunitaria en materia de protección de datos.

Es por ello, que solamente la empresa podrá disponer de dicha información si el empleado  cede voluntariamente su información fiscal, pero en ningún caso podrá ser obligado a entregarla ni sancionado disciplinariamente si se niega a hacerlo.

 

Sentencia sobre vídeo-vigilancia

La segunda sentencia que tratamos en la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona de 18 de febrero de 2019.

Esta sentencia analiza un despido disciplinario de un trabajador que trae causa de la agresión a otro compañero de trabajo en las dependencias de la empresa en la que prestaba los servicios. La Sentencia estudia y valora  la licitud de la prueba consistente en las grabaciones de las cámaras de vídeo vigilancia de la empresa.

En este sentido, la sentencia señala “el carácter absoluto del deber informativo” como garantía en la protección de datos de acuerdo a los artículos 12, 13 y14 del Reglamento 2016/67, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“RGPD”) y del actual artículo 11 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Por otro lado, a la hora de emitir su sentencia también se tiene en cuenta la doctrina inicial del Tribunal Constitucional reflejada en la Sentencia 29/2013, de 11 de febrero, que condiciona la posibilidad de establecer sistemas de control y monitorización empresarial a la obligación de proporcionar una información específica y concreta de la finalidad de tales sistemas, y que en todo caso, se debe proporcionar de forma previa a su implementación.

Por ello, el Juez procede a ratificar la decisión adoptada en el acto de juicio e inadmitir la prueba de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa, todo ello porque no se respetaron las garantías en materia de protección de datos puesto que no informó al trabajador ni de la existencia del sistema de video vigilancia, ni del objetivo perseguido por la instalación de dicho sistema, ni de la posibilidad de imponer sanciones en base a los actos ilícitos o incumplimientos laborales que pudieran recoger las cámaras.

La sentencia también señala que en la fecha de los actos enjuiciados no se encontraba en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio RGPD, dotado de eficacia directa y primacía frente a la norma nacional, han establecido que la obligación de información sobre las medidas de video vigilancia no se cumple con la mera colocación del cartel informativo.

No obstante, pese a la inadmisión de la prueba de video vigilancia, la sentencia declara el despido procedente en base a la prueba testifical practicada en el juicio. En este sentido, la declaración del testigo que presenció los hechos y del responsable de Recursos Humanos, constataron los hechos imputados al trabajador, y al ser la conducta laboral correctamente calificada como grave y culpable, el despido es procedente de acuerdo al artículo 55 del ET.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Laboral de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

AICA y el Ayuntamiento de Alcobendas mejoran la movilidad de los trabajadores con la digitalización del transporte del municipio

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La primera fase se basará en la actualización del servicio de Transporte Interempresas de Alcobendas que utilizan más de 5 700 trabajadores. Y, en la segunda fase, las empresas podrán poner a disposición de todos los trabajadores de Alcobendas los asientos disponibles en sus rutas de empresa a diversos puntos de la Comunidad de Madrid.

 El fin de esta actualización es crear una plataforma conjunta de movilidad que integre autobuses, car pooling y servicios de car sharing en Alcobendas.

La Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA y el Ayuntamiento de Alcobendas han presentado en el Centro de Arte Alcobendas un proyecto de Movilidad que modernizará y digitalizará el transporte en Alcobendas a partir de este mes.

Al acto han asistido el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa; el presidente de AICA, Javier Beitia; el concejal de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y RR.HH., Luis Miguel Torres; el secretario general de AICA, Luis Suárez de Lezo; y representantes de la Policía Local de Alcobendas y del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento.

Para el presidente de AICA, Javier Beitia, esta plataforma “es la evolución natural de un servicio que nació hace 15 años, adaptándose a las nuevas necesidades de los trabajadores, y que en una segunda fase prevé incluir en la plataforma los asientos disponibles en otras rutas empresariales a diferentes puntos de la Comunidad, buscando la rapidez, la eficiencia y la sostenibilidad”.

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha calificado esta nueva plataforma como “una magnífica iniciativa, fruto de la colaboración público-privada”, con el fin de mejorar la movilidad en una ciudad que recibe a diario a 70.000 personas que vienen a trabajar a las más de 15.000 empresas instaladas en el municipio como Indra, Grupo Konecta, Lilly, Equinix, Bureau Veritas, Leroy Merlin, Canon o Ford.

El responsable técnico de desarrollar esta plataforma, Rui Stoffel, ha destacado, entre otras, “el sistema de reservas, el control tecnológico de la capacidad de los autobuses, el control del embarque, la ubicación en tiempo real de cada vehículo, la optimización de las rutas, además de wifi gratis para todos los viajeros”.

La primera fase de este proyecto de Movilidad, que durará hasta octubre, se centrará en la digitalización de las tres líneas de Transporte Interempresas que actualmente están en funcionamiento y que conectan las estaciones de Cercanías – RENFE y Metro de Alcobendas con diferentes puntos de los centros empresariales del polígono industrial, el P.E. del arroyo de la Vega y el P.E. La Moraleja. Los empleados podrán acceder al transporte, adquirir sus abonos y consultar las rutas a través de la plataforma www.aica.busup.com.

En la segunda fase, durante 2020, las empresas que así lo deseen podrán poner a disposición de todos los trabajadores de Alcobendas los asientos disponibles en sus rutas empresariales a diversos puntos de la Comunidad de Madrid haciendo el transporte colectivo más eficiente y sostenible.

El fin último de este proyecto es la creación de una plataforma conjunta de Movilidad en www.aica.busup.com que englobe todos los elementos relacionados con el transporte en Alcobendas: autobuses, car pooling, plataformas privadas de car sharing, etc.

El objetivo de este proyecto es mejorar el acceso de los trabajadores a sus puestos de trabajo evitando el uso del transporte privado, con la consiguiente reducción de los accidentes in itinere, e incentivando un transporte colectivo más rápido, económico y puntual. De esta manera, se intenta facilitar la puntualidad en los horarios de entrada al trabajo y evitar el inconveniente de la congestión del tráfico y los problemas de aparcamiento. Y, a su vez, reducir el impacto medioambiental en la zona norte de Madrid provocado por la utilización del transporte privado.

Sentencia sobre los traslados sin cambios de residencia

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Estimados asociados, os recordamos que la Jurisprudencia de nuestros Juzgados de lo Social tiene establecido que los traslados que no impliquen cambio de residencia no se consideran modificaciones sustanciales del contrato de trabajo que de derecho al empleado a solicitar una rescisión indemnizada de su contrato.

En la presente nota informativa analizamos una sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2019, que resuelve el recurso de casación en un caso en el centro de trabajo se trasladó de Madrid a la localidad madrileña de Colmenar Viejo.

El Centro Militar de Farmacia del Ministerio de Defensa, ubicado en Madrid, fue trasladado a la localidad de Colmenar Viejo, y el demandante, técnico superior de actividades técnicas y profesionales, peticiona la rescisión indemnizada de su contrato al amparo del Convenio colectivo único del personal laboral de la Administración General, pretensión estimada en la instancia y contra la que recurrió el Abogado de Estado.

Para resolver sobre si el traslado, – sin cambio de residencia-, tiene encaje en un supuesto de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que faculte a un trabajador a pedir la rescisión indemnizada de su contrato de trabajo, comienza el Supremo por recordar en su sentencia, que la doctrina viene calificando de movilidad geográfica “débil o no sustancial” aquella que no exige el cambio de residencia, circunstancia inherente al supuesto previsto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET).

De igual forma, se explica en la sentencia que existe entonces un espacio de movilidad sin regulación legal, – aquella que no implica el cambio de residencia del trabajador-, que algún sector doctrinal incluye dentro de la movilidad funcional, pero que mayoritariamente se entiende como facultad incluida dentro de la esfera del ius variandi del empresario, esto es, dentro de la facultad de especificación de la prestación laboral y de la de introducir en ella modificaciones accidentales.

Y es precisamente en esta línea como se debe resolver el debate. Cuando no existe en la normativa convencional que contenga una previsión expresa sobre los efectos de un traslado sin cambio de residencia del trabajador, carece de soporte jurídico la posibilidad de resolver de forma indemnizada la relación laboral.

Puntualiza la Sala que en la medida en que el ET no impone, respecto a las manifestaciones del poder de dirección, ninguna exigencia de motivación causal, ni de comunicación a los representantes de los trabajadores, la expresión de este poder de dirección no otorga al trabajador afectado el derecho extintivo que sí ostenta cuando se trata de modificaciones sustanciales.

Concluye el Supremo, estimando el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Abogado del Estado, que no es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo el traslado de trabajadores que prestaban servicio en Madrid a Colmenar Viejo porque no supone un cambio de residencia que habilite la facultad de rescindir la relación laboral a instancia del trabajador.

 

Como siempre, si os surge alguna duda sobre la presente circular informativa podéis contactar con el equipo laboral de la asociación que os asesorará al respecto.

 

Departamento Laboral de AICA
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Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

Sentencia sobre el valor liberatorio del finiquito

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Continuando con el habitual análisis jurisprudencial que desde la asociación se realiza en el ámbito del derecho del trabajo, en la presente nota informativa analizamos una Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 30 de enero de 2019.

Nuestro Tribunal Supremo, en la antedicha sentencia establece que cuando la única manifestación de voluntad que el documento controvertido incorpora, pertenece exclusivamente al trabajador, reconociendo este que se consideran satisfechos sus créditos frente a la empresa, no puede deducirse de ello de manera suficiente una renuncia empresarial a los créditos que entendiera pendientes con dicho empleado, por más que hubiera sido la compañía la que hubiera elaborado la correspondiente liquidación y su desglose.

Continuando con lo anterior, en la referida sentencia se indica que para que la renuncia de derecho emitida pueda ser valorada como tal, habría precisado de una clara e indudable expresión, como exige el artículo 1283 del Código Civil. Sin embargo, en el caso analizado por la Sala de lo Social, lo que se hace con la liquidación –o con la propuesta previa que es incorporada en el documento de finiquito firmado por el trabajador– es calcular la situación económica existente en favor de este en el momento del cese.

En ese sentido, se explica en la sentencia que hubiera sido de todo punto irregular que la empresa condicionara tal liquidación a la eventualidad del resultado de la reclamación pendiente, máxime si se tiene en cuenta que la misma se hallaba ya sometida al procedimiento judicial.

Por lo tanto, la Sala concluye en su sentencia que ni cabe apreciar una renuncia a la acción de la parte actora, ni se deriva la voluntad clara e inequívoca de dar por satisfecho el crédito cuya litigiosidad se hallaba pendiente; no pudiendo comprenderse en el documento en cuestión cosas distintas de aquéllas que efectivamente se plasmaban en él (art. 1289 Código Civil).

Como siempre, si en vuestra empresa os dais cuenta que un empleado mantiene una deuda con posterioridad a la firma del documento de finiquito, os recomendamos que contactéis con el equipo laboral de la Asociación, que os asesorará al respecto.

El Tribunal Supremo confirma que es laboral el accidente al salir de la oficina en la pausa del café

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana abordamos una Sentencia emitida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 13 de diciembre de 2018.

En la mentada sentencia el alto Tribunal realiza un breve análisis sobre la denominada teoría de la ocasionalidad relevante, con el fin de matizar y analizar cuándo un accidente se produce debido a la prestación de un servicio y, por tanto, debe ser considerar como laboral.

En ese sentido, el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao manifestó que, el accidente de trabajo sufrido por una empleada durante los 15 minutos de descanso no era de carácter laboral sino accidente común, por cuanto el mismo no se había producido en el ámbito de la empresa ni durante la realización de las funciones propias de la empleada.

No obstante, la resolución fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la empleada, por entender esta parte que existía un nexo causal entre el accidente que tuvo lugar y la actividad profesional. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia falla en sentido contrario al Juzgado de primera instancia y manifiesta que el accidente ha de ser calificado de laboral.

El Tribunal Supremo en su Sentencia manifiesta que “la salida de la trabajadora a la calle estuvo vinculada con el trabajo pues solamente por razón del mismo se produjo la salida y, por tanto, el evento lesivo, equiparando el referido descanso a tiempo de trabajo”. Consecuentemente, la pausa del café debe ser entendida como una actividad habitual de la vida laboral, por ello, el accidente que tuvo lugar en dicho periodo de tiempo debe ser calificado como accidente laboral.

Os recordamos que si os surgen dudas sobre la naturaleza de los accidentes o las bajas que sufren vuestros empleados, podéis contactar con el equipo laboral de la asociación que os asesorará al respecto.

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Campaña de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social contra la contratación temporal fraudulenta

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Estimados asociados, retomamos las circulares informativas tras el periodo estival. En ese sentido, os informamos de que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social durante las últimas semanas del mes de agosto ha remitido a muchas empresas notificaciones requiriendo a las compañías y autónomos que justifiquen la contratación temporal de muchos de sus empleados.

En la presente nota informativa, también os queremos recordar brevemente el criterio seguido por el organismo actuante para entender que la contratación temporal es fraudulenta. De entre el extenso catálogo de contratos temporales, destacamos dos. Hablamos del contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato de obra y servicio.

El contrato eventual por circunstancias de la producción se utiliza para atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. Tiene fecha de inicio y fecha de finalización. El trabajador, al inicio del contrato, ya conoce la fecha exacta de finalización.

El segundo tipo de contrato más utilizado el contrato de obra y servicio, destinado a la realización de trabajos “concretos”, con “autonomía y sustantividad propia”.

Se utiliza un contrato en “fraude de Ley”, según han dictaminado nuestros Tribunales y según nuestras Inspección de Trabajo, cuando se intenta ocultar una realidad contractual que no corresponde con el contrato celebrado. Los motivos de su utilización fraudulenta son claros:

1º).-Porque realizar contrataciones temporales de más de 6 meses (límite del contrato eventual), y menores a 3 años (duración máxima legal, y ampliable a 4 años si el convenio colectivo de aplicación lo permite del contrato de obra y servicio), evitando así formalizar un contrato indefinido se ajusta al supuesto legal de contratación fraudulenta. Y ello, porque la indemnización del contrato de obra y servicio son únicamente 12 días de salario por año de trabajo, frente a la indemnización por despido objetivo (20 días de salarios/año trabajado), o de ese mismo despido calificado como improcedente (33 días de salario/año trabajado, a partir de febrero de 2012).

2º), El uso de varias y sucesivas contrataciones temporales. Ocultando una necesidad laboral indefinida.

Las consecuencias de que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social considere que la contratación sea fraudulenta es que la el contrato se considere indefinido, con la consiguiente solicitud de conversión bajo el apercibimiento de la imposición de las correspondientes sanciones, por lo que si os han remitido las mentadas notificaciones, os aconsejamos que contactéis con el equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.
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Sentencia sobre la modificación de la jornada de trabajo por causas organizativas

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Desayuno de Trabajo sobre el Control de Horarios de los Trabajadores 2402

 

Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana analizamos una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ de la Comunidad Valenciana).

En la citada Sentencia, la empresa basa la modificación sustancial llevada a cabo, consistente en considerar laborales los sábados, por razones productivas y organizativas. En concreto, porque tiene la necesidad de responder a las necesidades de producción en periodos concretos del año que no pueden ser atendidas si no es habilitando el sábado como jornada ordinaria, sin exceder la jornada laboral anual fijada en Convenio.

En consonancia con la Sentencia recurrida, la Sala entiende que concurren las causas organizativas y productivas alegadas por la empresa para justificar la decisión modificativa adoptada, estimándola «razonable» para solucionar de forma permanente las necesidades productivas de la empresa, pues «guardan relación con la competitividad de la empresa, ya que no en vano una mayor organización y la aminoración en el plazo de entrega supone un incremento de la competitividad de sus productos frente al de sus competidores».

En este caso, las necesidades productivas y organizativas existentes vienen dadas por los demostrados periodos de saturación que no permiten atender las demandas de los clientes aunque la empresa funcione a tres turnos de lunes a viernes al 100% de su capacidad y que esa situación se produce en los periodos del año en los que la demanda del sector agrícola es más elevada, y que se produce todos los años en los mismos meses de mayo a Junio/ julio y de septiembre a noviembre/diciembre, existiendo, por otro lado, periodos en los que la demanda se reduce sustancialmente y la empresa tiene sobrecapacidad de producción en turnos de lunes a viernes, no siendo posible adelantar la producción por las características del producto demandado.

Se recoge también como hecho probado que la variabilidad en la entrada de pedidos en la empresa, así como las diferencias de calidad, tipo de impresión y tamaño, eleva el número de referencias de productos a fabricar, lo que, unido a los reducidos plazos de entrega de los pedidos, obliga a la empresa a aumentar el número de días de fabricación para poder atender a la demanda, debiendo realizarse en sábados.

En consecuencia, derivado de todo lo expuesto, el TSJ considera razonable la medida impuesta por la empresa para responder a las necesidades de producción en periodos concretos del año que no pueden ser atendidos si no es habilitando el sábado como jornada ordinaria.

Como siempre, si os surge alguna cuestión sobre la nota informativa, o en vuestra empresa tenéis la necesidad de modificar la jornada de trabajo a vuestros empleados, podéis contactar con el equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.
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Alcobendas y Tres Cantos, municipios con mayor superávit de empleo

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Alcobendas y Tres Cantos, municipios con mayor superávit de empleo

Ambos tienen más puestos de empleo que trabajadores empadronados. Cerca de la mitad de los madrileños trabaja fuera de su municipio de residencia

 

La Comunidad de Madrid ha publicado la segunda edición del Atlas de la movilidad residencia-trabajo en la región que ha estudiado los datos de 179 municipios de la comunidad y 54 municipios de provincias limítrofes a la madrileña.

El estudio indica que el 51 % de los trabajadores madrileños trabaja en el municipio en el que reside, destacando Madrid capital donde el 80 % de los residentes trabajan allí. La capital también registra la mayor concentración de trabajadores.

Tras Madrid capital, que se sitúa como el centro de la movilidad, el primer municipio que destaca en toda la región es Alcobendas con cerca de 80.000 puestos de trabajo y con uno de los mejores datos de superávit de empleo. Es decir, cuenta con más puestos de empleo – cerca de la mitad – que número de trabajadores residentes. De hecho, según este estudio, la mayoría de los trabajadores de Alcobendas llegan desde otros municipios de la región.

Desde el ayuntamiento, el concejal de Economía, Agustín Martín, ha explicado que llevan años trabajando en conseguir que las empresas prioricen la contratación de residentes en Alcobendas a través de convenios y la bolsa de empleo municipal. Martín ha indicado que cuanto más se reduzca la movilidad residencia-trabajo más se reducirán los problemas de tráfico y se incrementará la estabilidad de los trabajadores.

En este estudio regional el mayor dominio de entradas de trabajadores lo registran La Acebeda, Ajalvir y también Alcobendas.

El sur metropolitano concentra los denominados “municipios dormitorio”, donde la mayor parte de la población se desplaza a otras localidades para trabajar. La media de desplazamiento de los trabajadores en la región se sitúa en 11.8 kilómetros.

 

Fuente: Cadena SER