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Cuarenta jamones para empezar la campaña navideña en los comercios de Alcobendas

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Por noveno año consecutivo, La Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA y el Ayuntamiento de Alcobendas organizan la campaña de comercio ‘Yo para ser feliz quiero un jamón’

 La campaña, que este año entregará 10 jamones más, servirá para potenciar las ventas en el comercio minorista en la etapa previa a las fiestas navideñas.

 Los clientes que realicen una compra hasta el 8 de diciembre en los más de 100 establecimientos adheridos entrarán en el sorteo de 40 jamones.

 

Comprar en el comercio de Alcobendas antes de Navidad tiene un suculento premio con la campaña de comercio ‘Yo para ser feliz quiero un jamón’. Hasta el 8 de diciembre los clientes que realicen alguna compra en los más de 100 establecimientos adheridos entrarán en el sorteo de 40 jamones.

La Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA y el Ayuntamiento de Alcobendas organizan, por noveno año consecutivo, esta exitosa campaña con el objetivo de que los comerciantes puedan atraer clientes a sus negocios y premiar su confianza. En la anterior edición se realizaron más de 35 000 transacciones vinculadas a la campaña y, por ello, se ha ampliado el número de premiados a 40. ‘Yo para ser feliz quiero un jamón’ ha demostrado ser un reclamo eficaz y original para fomentar las compras en fechas próximas al periodo navideño, uno de los más importantes del año para el sector comercial.

Entre la variedad de establecimientos que se han sumado a esta iniciativa se encuentran clínicas dentales, tiendas de alimentación, textil, agencias de viajes, herbolarios, zapaterías, academias de idiomas, restaurantes o autoescuelas. En total, un centenar de tiendas en las que realizar cualquier compra y probar suerte.

Para participar, los clientes deberán rellenar una papeleta con sus datos en el momento de realizar la compra e introducirla en la urna habilitada para ese fin en el establecimiento. Cuantas más compras se realicen, y cuanto mayor sea el número de tiendas en las que se compre, mayor será la posibilidad de conseguir uno de los 40 jamones. Cada establecimiento podrá entregar un máximo de dos premios y cada cliente solo podrá ser premiado con un jamón.

El próximo 16 de diciembre se realizará el sorteo ante notario en la sede de AICA y se notificará por teléfono a los premiados. En la página web de AICA se pueden consultar las bases y el listado de tiendas que participan en la campaña. ‘Yo para ser feliz quiero un jamón’ cuenta con el patrocinio de la empresa Dompal y con la colaboración del Mercado Constitución.

 

El listado con todos los comercios participantes se podrá consultar en www.empresariosdealcobendas.com y en www.alcobendas.org.

Declarada inconstitucional la plusvalía municipal si supera la ganancia obtenida

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El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, en una sentencia que aún no se ha hecho pública, ha declarado inconstitucional el cobro del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos (plusvalía) cuando la cuota resultante del impuesto (cuota a pagar) sea mayor que el incremento realmente obtenido por el contribuyente.

La sentencia, que será publicada en los próximos días, da respuesta a la cuestión planteada en julio por el Tribunal Supremo, declarando la inconstitucionalidad del artículo 107.4 de la Ley de Haciendas Locales.

En tiende el Constitucional que hacer pagar al ciudadano cuando la cuota del impuesto es mayor al incremento de valor obtenido con la transmisión del inmueble conllevaría el hacer tributar por una renta inexistente, virtual o ficticia, en contraposición con los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad.

El Alto Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación. La sentencia íntegra se dará a conocer en los próximos días.

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre los despidos por faltas de asistencia

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana nos hacemos eco de una Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) del pasado 16 de octubre de 2019, que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación.

Os informamos que en el fallo de la sentencia que avala la extinción de un contrato laboral por causas objetivas si hay faltas de asistencia justificadas aunque sean intermitentes. La sentencia, que cuenta con tres votos particulares, responde a una cuestión de inconstitucionalidad presentada por un Juzgado de lo Social de Barcelona respecto al artículo 52 apartado d del Estatuto de los Trabajadores.

El antedicho artículo establece que un contrato de trabajo podrá extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.

Os recordamos que esta cuestión de inconstitucionalidad se planteó después de que una trabajadora fuese despedida de su trabajo por causas objetivas en virtud de lo establecido en el artículo del Estatuto de los Trabajadores antes citado, puesto que, según la compañía, la trabajadora se ausentó nueve días hábiles de los cuarenta disponibles en dos meses continuos, superando el 20% establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Además, en la carta de despido, también se afirmaba que las ausencias en los doce meses anteriores alcanzaban el 5% de las jornadas hábiles. Sin embargo, la empleada interpuso una demanda solicitando que se declarase la nulidad del despido por vulneración de los derechos humanos y sostenía que el artículo 52 apartado del Estatuto de los Trabajadores conllevaba una “evidente amenaza de coacción hacia el trabajador enfermo al disuadirle de permanecer en situación de incapacidad temporal por temor a ser despedido”.

Para el Tribunal Constitucional, una determinada actuación empresarial relacionada con las bajas por enfermedad del trabajador solo podría reputarse cuando existiera un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse, es decir, cuando se genera un peligro grave y cierto para la salud del afectado. No obstante, la sentencia apunta que “esta circunstancia no se advierte que concurra en el supuesto de la norma que se cuestiona”.

“Es difícil encontrar una conexión directa entre el derecho a la integridad física y la actuación de un empresario que, al amparo del precepto legal cuestionado, despida a un trabajador con motivo del número de veces que en un determinado periodo de tiempo haya faltado al trabajo por estar aquejado de una enfermedad de corta duración”, explica.

Además, recuerda que no se debe olvidar que la causa de despido no era el mero hecho de estar enfermo, sino la reiteración intermitente del número de faltas de asistencia al trabajo, justificadas o no, que han tenido lugar en un determinado periodo de tiempo.

Para el TC, el artículo 52 apartado d del Estatuto de los Trabajadores “no genera un peligro grave y cierto para la salud de los trabajadores afectados por la decisión extintiva que a su amparo pueda adoptarse por el empresario, abonando la indemnización correspondiente”. De hecho, cree que la decisión de despedir a los trabajadores por superar un número de faltas de asistencia al trabajo intermitentes en un determinado periodo de tiempo “no comporta una actuación susceptible de afectar a la salud o recuperación del trabajador afectado ni puede ser adoptada en el caso de enfermedades graves o de larga duración”.

Como siempre, os recordamos qué si en vuestra empresa es necesario realizar un despido, que podéis contactar con el equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

Modificación del Impuesto sobre la Renta de los no residentes

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Con fecha 20 de octubre entró en vigor el Real Decreto 595/2019 de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de los no residentes, aprobado por Real Decreto 1776/2004 de 30 de julio.

La norma incluye modificaciones en materia de acreditación de la residencia por fondos de pensiones e instituciones de inversión colectiva a efectos de la aplicación de determinadas exenciones.

La letra c) del artículo 14.1 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, establecía la exención de los intereses y de otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, así como de las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles, con ciertas excepciones, siempre que tales rentas fueran obtenidas sin mediación de establecimiento permanente por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o por establecimientos permanentes de dichos residentes situados en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Con la finalidad de superar los obstáculos que presentaba la aplicación de esta exención, este Real Decreto añade una nueva disposición adicional tercera al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes fijando un régimen especial de acreditación de la residencia a efectos de la aplicación de la exención prevista en el mencionado artículo 14.1.c) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

A tenor de dicha Disposición adicional tercera, la acreditación de la residencia a efectos de la aplicación de la exención prevista en la letra c) del artículo 14.1 de la Ley del Impuesto podrá realizarse conforme a lo establecido en esta disposición adicional cuando las rentas se obtengan por alguna de las siguientes entidades:

 

a) Fondos de pensiones equivalentes a los regulados en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, o por establecimientos permanentes de dichos fondos de pensiones. Se considerarán fondos de pensiones equivalentes aquellas instituciones de previsión social que cumplan los requisitos establecidos en la letra k) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley del Impuesto. En todo caso se considerarán fondos de pensiones equivalentes las instituciones de previsión social reguladas por la Directiva 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo.

b) Instituciones de inversión colectiva reguladas por la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.

c) Instituciones de inversión colectiva alternativas sometidas a un régimen de autorización, registro o supervisión administrativa y gestionadas por gestoras de fondos de inversión alternativos reguladas por la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010.

 

  1. Cuando las entidades mencionadas en el apartado 1 de esta disposición adicional no tengan la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas, la acreditación de la residencia se realizará de la siguiente forma:

a) Tratándose de un fondo de pensiones distinto de los previstos en el tercer párrafo de la letra a) del apartado 1 de esta disposición adicional, mediante una declaración formulada por su representante en la que se manifieste el cumplimiento de los requisitos legales, con el contenido y ajustada al modelo que establezca la Ministra de Hacienda. Esta declaración tendrá un plazo de validez de un año a partir de la fecha de su expedición. Tratándose de un fondo de pensiones de los previstos en el tercer párrafo de la letra a) del apartado 1 de esta disposición adicional, mediante un certificado emitido por la autoridad competente del Estado en el que la institución se encuentre establecida, en el cual, junto a su naturaleza de fondo de pensiones de empleo autorizado o registrado al amparo de la Directiva 2016/2341, conste la denominación completa de la institución, su domicilio, el Estado en que está establecida, y la fecha de su autorización o su número de registro administrativo. La autoridad competente será la encargada de la autorización, del registro o de la supervisión de la institución. En todo caso se considerará que los fondos de pensiones a que se refiere la letra a) del apartado 1 de esta disposición adicional no son entidades en régimen de atribución de rentas.

b) Tratándose de una institución de inversión colectiva de las previstas en el apartado 1.b) de esta disposición adicional, mediante certificado emitido por la autoridad competente del Estado miembro de origen de la institución, que tendrá el mismo contenido, salvo en lo referente al motivo de su emisión, que el modelo de certificado de OICVM previsto en el anexo II del Reglamento UE n.º 584/2010 de la Comisión, de 1 de julio de 2010, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2009/65/CE. La autoridad competente será la designada conforme a lo previsto en el artículo 97 de la citada Directiva.

c) Tratándose de una institución de inversión colectiva de las previstas en el apartado 1.c) de esta disposición adicional, la residencia se acreditará mediante alguno de los medios siguientes:

1.º Certificado emitido por la autoridad competente del Estado en el que la institución se encuentre establecida, en el que conste la denominación completa de la institución, su domicilio, el Estado en que está establecida, su forma jurídica, y, en su caso, la fecha de su autorización o su número de registro administrativo, así como el hecho de estar gestionada por una entidad gestora, o autogestionada, autorizada de acuerdo con la Directiva 2011/61/UE, y la denominación y el domicilio de dicha entidad gestora. La autoridad competente será la encargada de la autorización, del registro o de la supervisión de la institución.

2.º Declaración formulada por los representantes de la institución o de su entidad gestora, en la que conste, además de la información a que se refiere el número 1.º anterior, la denominación social y el domicilio de la entidad depositaria, ajustada al modelo que establezca la Ministra de Hacienda. Esta declaración tendrá un plazo de validez de un año a partir de la fecha de su expedición.

Los certificados mencionados en el presente apartado tendrán validez indefinida salvo que se produzca alguna modificación en los datos consignados, en cuyo caso se comunicará dicha circunstancia a la entidad encargada de aplicar la exención, y a partir de ese momento dejará de tener validez y será necesario nuevo certificado.

 

  1. Cuando las entidades comprendidas en las letras b) y c) del apartado 1 de esta disposición adicional establecidas en los Estados a los que se refiere la exención prevista en la letra c) del artículo 14.1 de la Ley del Impuesto, tengan la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas, dicha exención se aplicará a sus miembros en los siguientes términos:

La entidad perceptora de las rentas podrá determinar la residencia de sus miembros conforme a lo dispuesto en los anexos I y II de la Directiva 2011/16/UE, del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

La exención se aplicará en función del porcentaje de participación en la entidad que corresponda a sus miembros con derecho a dicha exención a 31 de diciembre del año anterior a aquel en el que se obtengan las rentas.

La condición de tratarse de una entidad en régimen de atribución de rentas así como el porcentaje de participación de los miembros a que se refiere el párrafo anterior se acreditará mediante una declaración realizada por el representante de la institución o de su entidad gestora, con el contenido y de acuerdo con el modelo que establezca la Ministra de Hacienda.

Las entidades comprendidas en este apartado deberán acreditar la residencia en la forma prevista en las letras b) o c) del apartado anterior, según proceda.

 

  1. La forma de acreditación de la residencia establecida en esta disposición adicional para las entidades y respecto de las rentas exentas a que se refiere el apartado 1 de esta disposición adicional, será de aplicación a efectos de hacer efectiva la exención por las personas o entidades obligadas a retener o, en su caso, ante la Administración tributaria, con independencia de lo dispuesto en las órdenes ministeriales reguladoras de los procedimientos aplicables, resúmenes anuales de retenciones y declaraciones informativas, relativos a dichas rentas”.

Calendario Laboral 2020

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana, os informamos que en el pasado 11 de octubre de 2019, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicó el calendario laboral del año 2020, con los días festivos nacionales y autonómicos.

El año próximo habrá ocho días que serán festivos retribuidos y no sustituibles en toda España y otros cuatro de carácter autonómico. En los últimos meses, las comunidades autónomas han ido publicando en sus boletines oficiales sus días festivos  y el pasado viernes 11 de octubre de 2019  ha sido el BOE el que ha publicado el calendario de toda España.

En el próximo ejercicio habrá dos tipos de fiestas autonómicas. Unas, aquellas que los Ejecutivos regionales podrán sustituir por festividades propias y otras qué siendo fiestas nacionales, las autonomías podrán también cambiar por las suyas propias porque su celebración se traslade al lunes por coincidir en domingo.

Concretando respecto a nuestra comunidad autónoma, el calendario laboral de Madrid contará en el 2020 con 14 festivos. A las 8 fiestas estatales y las 4 escogidas por la Comunidad de Madrid se suman las dos de carácter local que elige cada ayuntamiento de la región. En el caso de Alcobendas ciudad estos dos días serán el miércoles 24 de enero de 2020 (Nuestra Señora de la Paz) y el miércoles 15 de mayo de 2020  (San Isidro Labrador) .

Este año, como novedad, los lunes 2 de noviembre y 7 de diciembre no serán laborables después de que el Gobierno regional haya decidido trasladar las festividades de Todos los Santos (1 de enero) y el Día de la Constitución (6 de diciembre) del domingo al lunes.

Así, estos son los 14 días festivos con los que contará Madrid en el 2020:

  • 1 de enero: Año Nuevo (festivo estatal)
  • 6 de enero: Reyes Magos (festivo estatal)
  • 24 de enero (Nuestra Señora de la Paz, fiesta local en Alcobendas).
  • 9 de abril: Jueves Santo (festivo autonómico)
  • 10 de abril: Viernes Santo (festivo estatal)
  • 1 de mayo: Día del Trabajador (festivo estatal)
  • 2 de mayo: Fiesta de la Comunidad de Madrid (festivo autonómico)
  • 15 de mayo: San Isidro (fiesta local en Alcobendas)
  • 15 de agosto: Asunción de la Virgen (festivo estatal)
  • 12 de octubre: Fiesta Nacional de España (festivo estatal)
  • 2 de noviembre: Traslado de Todos los Santos (festivo autonómico)
  • 7 de diciembre: Traslado del Día de la Constitución (festivo autonómico)
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (festivo estatal)
  • 25 de diciembre: Navidad (festivo estatal)