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El autónomo societario podría cobrar el 100 por cien de la pensión de jubilación activa

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En una decisión pionera el Juzgado de lo Social Nº3 ha dictado sentencia en la que admite que un autónomo tiene derecho a percibir su pensión de jubilación activa del 100% de la base reguladora y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa.

Si bien este derecho se reconocía ya desde la reforma laboral de septiembre de 2017, se exigía que el autónomo tuviera contratado a su nombre al menos a un trabajador.

En el caso examinado por el Juzgador, el demandante, autónomo de 66 años, instaba el reconocimiento de su derecho a percibir una pensión de jubilación activa, en cuantía del 100% de su base reguladora de 1.221 euros, alegando que tanto él como su mujer estaban encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que tenían tres trabajadores por cuenta ajena.

El INSS denegó su petición al entender que no cumplía los requisitos del artículo 214.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) al no estar los trabajadores contratados, personal e individualmente, a nombre del autónomo, sino a nombre de la sociedad en la que éste desarrollaba su actividad.

En su sentencia, el Juzgado de lo Social aplica la  nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, fallando que la interpretación hecha por el INSS es contraria al espíritu y finalidad de la norma donde se articula un conjunto de medidas tendentes a mejorar las condiciones en que desarrollan su actividad los trabajadores autónomos y a facilitar la continuidad de los negocios regentados por autónomos que a su vez dan empleo ajeno.

En consecuencia, el Juzgado ovetense considera cumplido el requisito para el acceso al 100% de la pensión activad de jubilación cuando el trabajador/es estén contratados tanto personalmente por el autónomo como por la persona jurídica donde éste ejerce su actividad.

Dicha sentencia aún no es firme por lo que habrá que esperar, en caso de que se entable recurso por el INSS, al pronunciamiento que emita la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Sucesión de empresa y subrogación convencional

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana nos hacemos eco de una Sentencia del pasado jueves 11 de julio de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), que resolvió una de las dos cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ambas se refieren al difícil encaje de la obligación de subrogación convencional en supuestos en los que, la asunción de empleados por cumplimiento del convenio, puede acarrear una sucesión de plantillas, por tanto, con todas las consecuencias de la sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (“ET”):

A la primera cuestión prejudicial, el TJUE ha respondido que, cuando una empresa sucede a otra como adjudicataria de un contrato de servicios de vigilancia de un museo (actividad que descansa esencialmente en la plantilla) y, como consecuencia de las previsiones del convenio colectivo aplicable, asume al personal, se produce igualmente una sucesión en la plantilla y, por tanto, una sucesión de empresa a la vista de la Directiva 2001/23. Reitera el TJUE su doctrina en este punto.

A la segunda cuestión prejudicial, acerca de si cabe, en este supuesto, la limitación en la responsabilidad solidaria salarial y la exoneración del cesionario por preverlo el convenio, el TJUE se ha declarado incompetente acogiendo la excepción planteada por el Reino de España. Por tanto, se ha remitido a la jurisdicción nacional para resolver este punto, al entender que se trata de un conflicto de normas nacionales (44 ET y convenio colectivo) que debe resolverse de manera interna.

Habrá que estar muy pendientes a la aplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y, en su caso, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sobre la resolución de este pleito para valorar con mayor detalle esta doctrina, no obstante, si os encontráis ante una situación similar a la tratada, o si os surgen dudas sobre cómo debe realizarse una subrogación de plantillas, podéis contactar con el equipo laboral de la Asociación, que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.
Departamento laboral de AICA
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Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com

Asistencia en Viaje, el seguro imprescindible si voy a salir al extranjero o si viajo por España este verano

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Llega el verano y comenzamos a hacer las maletas para (por fin) irnos de vacaciones, en muchas ocasiones, al extranjero. Es quizás el momento del año más deseado y esperado, por eso hay que cerciorarse de que nada nos va a estropear este momento. El español ahorra durante un año entero para poder irse de vacaciones y luego no debe dejar que cualquier incidente arruine el viaje tanto tiempo programado.

Por eso, es muy conveniente hablar con un mediador de seguros, como el Área de Seguros de AICA, para que le recomiende el seguro de asistencia en viaje que mejor se adapte a sus necesidades personales, familiares y de destino y duración de las vacaciones.

El seguro de viaje palía los riesgos que puedan surgir en los desplazamientos, aquellos hechos que interrumpan los viajes lejos del domicilio habitual y son imprescindibles cuando se viaja al extranjero.

En los seguros para viajes al extranjero, las coberturas más habituales que incluyen son las de gastos médicos en el exterior; la pérdida, robo o daños en el equipaje; retrasos e interrupciones; cancelaciones; accidentes personales; responsabilidad civil; y asistencia legal. Pero la gama de coberturas no deja de crecer y su corredor le recomendará cuáles son las que se adaptan a su viaje.

En función del tipo de seguro y las necesidades específicas, por lo general en función del destino, contemplan garantías cubiertas como transporte o repatriación de heridos y enfermos; defensa jurídica para el automovilista; gastos de prolongación de estancia en un hotel en el extranjero; regreso anticipado por siniestro grave en su residencia habitual, etc.

Pero también si disfruta de sus vacaciones en España es conveniente la asistencia en viaje, para cubrir, por ejemplo, anulación de vuelo de avión, pérdida de equipajes, problemas en los hoteles contratados, incidencias en el viaje, asistencia sanitaria por accidente, y un larguísimo etcétera.

Como colofón, un comentario más: Se trata de seguros muy económicos y accesibles a todas las economías, que en ningún caso trastocarán su presupuesto de las vacaciones. Pregunte en el Área de Seguros de AICA, le asesorará con detalle de toda la oferta del mercado de este tipo de seguros.

Santiago García Repullo

Responsable Área de Seguros de AICA

91 204 48 88 / 699 06 83 87

sgarcia.gf@empresariosdealcobendas.com

El Tribunal Supremo aclara cuando es obligado tributar por plusvalía

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En su Sentencia de 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales relativos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (IVTNU),  por cuanto la norma no contemplaba aquellos casos en los que la transmisión de bienes inmuebles no generaba una ganancia patrimonial, esto es, una plusvalía. Esto es, se consideró el Impuesto inconstitucional al hacer tributar en situaciones de transmisión con inexistencia de incremento de valor.

Considerando los motivos de inconstitucionalidad, con fecha 9 de julio de 2018, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia interpretando la citada Resolución del Constitucional, concluyendo que el impuesto no es por si contrario a la Constitución sino solo en aquellos casos en los que el obligado tributario acredite la inexistencia de ese incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir una venta o cualquier transmisión onerosa o lucrativa “a pérdida”.

En su sentencia, el Tribunal Supremo considera que los artículos anulados por el Tribunal Constitucional no contravienen la Norma y resultan plenamente aplicables en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título, (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio sore los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un cremento de su valor o lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada.

Por tanto, la inaplicabilidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4  de la Ley de las Haciendas Locales queda limitada a aquellos casos en los que se someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Así, el Alto Tribunal sostiene:

“(1) ni en la STC 59/2017 se declara la inconstitucionalidad total o absoluta de todos los preceptos mencionados en el fallo que, en consecuencia, no han quedado -o, al menos, no todos ellos ni en la totalidad de los supuestos en los que resultan aplicables completamente expulsados del ordenamiento jurídico; (2) ni puede afirmarse que, a día de hoy, la prueba de la existencia o no de plusvalía susceptible de ser sometida a imposición y el modo de llevar a cabo la cuantificación del eventual incremento de valor del terreno carecen de la debida cobertura legal en contra de las exigencias que dimanan de los principios de seguridad jurídica y de reserva de ley tributaria (artículos 31.3 y 133.1 CE ); (3) ni es cierto que dicha valoración de la prueba y la determinación del importe del eventual incremento de valor del terreno no pueden corresponder al aplicador del Derecho; (4) ni, en fin, resulta acertado concluir que, hasta tanto se produzca la intervención legislativa que ha reclamado el máximo intérprete de la Constitución en la STC 59/2017 , no cabe practicar liquidación alguna del IIVTNU (o, procede, en todo caso, la anulación de las liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones correspondientes al IIVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación reveladora de capacidad económica).”

Por contra, el Supremo si confirma la inconstitucionalidad del artículo 110.4 de la Ley de las Haciendas Locales, permitiendo que los obligados tributarios puedan probar la inexistencia de un incremento de valor del terreno ante el ayuntamiento, o en su caso, ante el órgano judicial.

El TS explica que el obligado tributario para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU, podrá ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla (por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas) y que , una vez aportada por éste la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Tarifa plana autónomos

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Estimados asociados, os informamos que con efectos desde el 1 de agosto de 2018 se amplía en 12 meses la aplicación de la «tarifa plana» de 50 euros para los autónomos que desarrollen su actividad en un municipio con menos de 5.000 habitantes.

Esta novedad la introduce la Ley de Presupuestos Generales de 2018, ahora bien, para beneficiarse de este periodo adicional de 12 meses de «tarifa plana» se han de acreditar los siguientes requisitos:

1º.- Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, en la fecha del alta en el RETA.

2º.- Estar dados de alta en el censo de obligados tributarios de la AEAT o de las Haciendas Forales.

3º.-Mantener el alta en la actividad autónoma en el municipio en los 2 años siguientes al alta en el RETA y permanecer empadronado en el mismo municipio en los 4 años siguientes a dicha alta.

Además, para los autónomos que quieran disfrutar de esta prolongación deberán tener en cuenta:

Primero, que en estos casos no serán de aplicación las reducciones y bonificaciones para los meses 13º a 24º contempladas para cada supuesto.

Segundo, que en caso de no cumplir los requisitos que acaban de indicarse, el trabajador por cuenta propia o autónomo deberá reintegrar la totalidad de las cantidades dejadas de ingresar por la aplicación del incentivo, a partir del día primero del mes siguiente en que quede acreditado tal incumplimiento.
Si necesitáis más información sobre la presente nota informativa o sobre los beneficios que supone la tarifa plana de autónomos, os recordamos que podéis contactar con equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.
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Se modifica el Impuesto Especial de Hidrocarburos

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Se modifica el Impuesto Especial de Hidrocarburos

El pasado miércoles se publicó en el BOE la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018, por la que se modifica la composición del Impuesto Especial de Hidrocarburos con efectos 1 de enero de 2019.

Concretamente, se procede a integrar el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial, quedando los tipos impositivos de Gasóleos para uso general en 307 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial, siendo la totalidad del impuesto de 379 euros por mil litros en todo el territorio español.

Como consecuencia de esta modificación de la composición del impuesto se verán afectadas las siguientes CC.AA.: País Vasco, Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Navarra, donde aumentará el precio en 4,8 céntimos por litro. En Madrid el precio se incrementará 3,1 céntimos por litro, en Aragón 2,4 céntimos por litro, en Extremadura 1 céntimo por litro y en Asturias el alza será menor, de 0,8 céntimos por litro.

Estos cambios no afectan a la figura del gasóleo profesional que se mantiene.

hidrocarburos

 

En resumen:

  • El impuesto autonómico desaparecería.
  • El impuesto especial estatal pasaría de 2,4 a 7,2 céntimos por litro.
  • En Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Murcia no habría subida.
  • Los cántabros, castellanoleoneses, riojanos, navarros y vascos pagarían 4,8 céntimos más por litro.
  • Los madrileños verían incrementar el precio en 3,1 céntimos por litro.
  • En Aragón el precio aumentaría 2,4 céntimos por litro.
  • En Extremadura se pagaría 1 céntimo más por litro, mientras que en Asturias el incremento sería de 0,8 céntimos/litro.
  • Se mantiene la figura del gasóleo profesional.

 

Presupuestos Generales del Estado para 2018

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El pasado día 5 julio de 2018 entraron en vigor los Presupuestos generales del Estado para el año 2018, aprobados por leu 6/2018 de 3 de julio de la Jefatura de Estado.
 
Entre otras disposiciones, la Ley introduce modificaciones en el sistema tributario y de pensiones.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, (IRPF), se profundiza en la consecución de objetivos inspiradores de la reciente reforma del Impuesto, en particular, la reducción de la tributación de los trabajadores de renta más baja y de los contribuyentes que soportan mayores cargas familiares, tales como mujeres trabajadoras, familias numerosas o personas con discapacidad.

A tal efecto, se aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. Así, los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 € siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 € , minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías:

  • Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 € : 5.565 € anuales.
  • Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115 y 16.825 €: 5.565 € menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 € anuales.

La mejora de la fiscalidad familiar se lleva a cabo con la ampliación de las deducciones por maternidad y por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

  • Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 € anuales por cada hijo menor de tres años .El importe de la deducción podrá incrementarse en 1.000 € adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

En relación con las deducciones por personas con discapacidad a cargo, las modificaciones que se introducen suponen la extensión de los supuestos a los que se aplica la deducción, al incluirse el cónyuge no separado legalmente cuando este sea una persona con discapacidad que dependa económicamente del contribuyente:

  • Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, hasta 1.200 € anuales.
  • Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo, hasta 1.200 € anuales,
  • Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa o por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo hasta 1. 200 € anuales. En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en un 100 por ciento.
  • La cuantía de la deducción a que se refiere el párrafo anterior se incrementará hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especia , según corresponda
  • Por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 €, hasta 1.200 € anuales.

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de alguna de las anteriores deducciones respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

Por último, se establece una deducción sobre la cuota a favor de aquellos contribuyentes cuyos restantes miembros de la unidad familiar residan en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, lo que les impide presentar declaración conjunta. De esta forma se equipara la cuota a pagar a la que hubiera soportado en el caso de que todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en España.

Por otra parte, se eleva el porcentaje de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla, con el objetivo de que los residentes en dichas Ciudades Autónomas tengan una menor tributación.

También se modifica la obligación de declarar por este Impuesto, estableciendo, por una parte, un límite cuantitativo que exima de la obligación de presentar declaración cuando se obtengan ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía, a fin de evitar que la percepción de tales ayudas obligue al contribuyente a presentar declaración por el Impuesto, con los efectos económicos que dicha obligación acarrea, y, por otra, elevando el umbral inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo como consecuencia de la mejora de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo anteriormente comentada.

Asimismo, con vigencia indefinida, los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación. La base máxima de deducción será de 60.000 € anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.

No formarán parte de la base de deducción las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones cuando respecto de tales cantidades el contribuyente practique una deducción establecida por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se modifica la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y su régimen transitorio, para adaptar su regulación a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto a los regímenes conocidos como «patent box».

Además, se procede a exceptuar a las entidades de capital-riesgo de la obligación de efectuar el pago fraccionado mínimo aplicable a las grandes empresas, en lo que se refiere a sus rentas exentas, lo que permitirá corregir la actual asimetría respecto al tratamiento dado a otras entidades con baja tributación.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, con el objeto de contribuir a la reducción del déficit público, se prorroga durante el año 2018 la exigencia de su gravamen.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido destaca la rebaja del tipo impositivo aplicable a la entrada a las salas cinematográficas, que pasa de tributar del 21 al 10 por ciento.

En materia de Impuestos Especiales se procede a integrar el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial al objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y carburantes, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las Comunidades Autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario.

En el Impuesto Especial sobre la Electricidad se adoptan diversas medidas, entre las que cabe destacar la introducción de un incentivo económico para que se utilice la electricidad de la red terrestre y se disminuya así la contaminación atmosférica de las ciudades portuarias derivada del transporte.

En materia de tributos locales se introducen varias modificaciones en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, con carácter general, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas desde el 1 de enero de 2017.

Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro.

No se modifica la cuantía de la tasa de regularización catastral y se mantienen para 2018 las cuantías básicas de las tasas portuarias.

Con relación a las cotizaciones a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de agosto de 2018 serán los siguientes:

  • El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado en la cuantía de 3.803,70 € mensuales. Durante el año 2018, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.
  • Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases mínimas y máximas siguientes: las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones. Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, serán de 3.803,70 € mensuales o de 126,79 € diarios.
  • Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2018, los siguientes: para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre (RCL 2006, 2324y RCL 2007, 418) , de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
  • Durante el año 2018, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el artículo 149 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes tipos de cotización: cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador. Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
  • En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases máxima y mínima y los tipos de cotización serán: la base máxima de cotización será de 3.803,70 € mensuales. La base mínima de cotización será de 932,70 euros mensuales. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a partir del 1 de agosto de 2018 tengan una edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el apartado anterior. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2017 haya sido igual o superior a 2.023,50 € mensuales, o que causen alta en este Régimen Especial con posterioridad a la citada fecha. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a partir del 1 de agosto de 2018 tuvieran 48 o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 1.005,90 y 2.052,00 € mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 932,70 y 2.052,00 euros mensuales.
  • Los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas: si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.023,50 € mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 932,70 € mensuales y 2.052,00 € Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.023,50 € mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 932,70 €s mensuales y el importe de aquella, incrementado en un 1,40 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización.
  • El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80 por ciento o el 29,30 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad. Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50%.
  • Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

 
Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Sentencia sobre el FOGASA y los traslados

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana nos hacemos eco de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha sido muy comentada en los medios de comunicación.

La mencionada sentencia, de fecha 29 de junio de 2018, ha declarado discriminatoria la norma española que excluye a los trabajadores que rompan su relación laboral al rechazar un traslado con cambio de domicilio de los supuestos cubiertos por el fondo de garantía salarial (Fogasa), al entender que es incompatible, según el tribunal, con la correcta interpretación de la directiva relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

La sentencia, fue emitida en su día por el  Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El tribunal valenciano abordó el caso de una trabajadora del parque temático ‘Terra Mítica’, en Benidorm (Alicante) que dimitió cuando su empresa le comunicó el traslado a otro parque temático situado a más de 450 Km, en San Martín de la Vega (Madrid). Aunque el juzgado de lo social condenó a la compañía al pago de 7.453,77 euros, la empleada tuvo que acudir a la justicia para conseguir del Fogasa el pago de parte de la indemnización que la empresa dejó pendiente al declararse insolvente. El Fogasa rechazó su petición alegando que las indemnizaciones debidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por voluntad de un trabajador afectado por la decisión de su empresario de cambiar su lugar de trabajo no se encuentran entre las que el fondo debe abonar, según el Estatuto de los Trabajadores. En estas circunstancias, los jueces, que tienen dudas sobre la compatibilidad de esta norma con el Derecho de la UE, plantearon una cuestión prejudicial al TJUE.

En su sentencia, el tribunal europeo rechaza los argumentos esgrimidos por España para justificar la norma, subrayando además que la interpretación otorgada por España a la directiva sería contraria a la finalidad social de esta, que es garantizar a todos los trabajadores asalariados un mínimo de protección a escala de la Unión en caso de insolvencia del empresario, mediante el pago de los créditos impagados que resulten de contratos o de relaciones laborales.

No es admisible excluir estas situaciones de la garantía del fondo salarial porque constituye un trato discriminatorio no justificado. El tribunal europeo considera que los trabajadores que optan por la extinción del contrato de trabajo en caso de traslado por decisión del empresario a un centro de trabajo distinto, que exija cambios de residencia, se encuentran en una situación comparable a la de los trabajadores que optan por la extinción del contrato de trabajo debido a las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo. En ambos casos el legislador ha previsto que el trabajador pueda optar por la extinción del contrato de trabajo y que reciba, además, una indemnización.

Sentado lo anterior, como siempre, si en vuestra empresa tenéis que realizar un traslado, podéis contactar con el equipo laboral de la Asociación, que os asesorará de la forma y requisitos para que el mismo sea conforme a la legislación laboral.

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

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