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El despido por causas objetivas

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El despido por causas objetivas lo regula la Ley del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores. El citado texto legal en su artículo 52  dispone que es aquel que se produce por causas relacionadas directamente con el propio trabajador o bien por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción que afecten directamente a la empresa.

Para que se trate de un despido objetivo debe concurrir al menos alguna de las siguientes causas:

  • Ineptitud del trabajador que sea conocida y sobrevenida después de su entrada en la empresa.
  • Inadaptación del trabajador a las modificaciones técnicas que se hayan llevado a cambio en su puesto de trabajo, siempre que dichos cambios sean razonables.
  • Faltas de asistencia al trabajo que aunque justificadas sean intermitentes (excepto en caso de enfermedad grave).
  • Por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción que afecten a la empresa pero no sean suficientes como para recurrir al despido colectivo.
  • Por falta de  presupuesto en el caso de contratos con entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo programas públicos financiados por Administraciones Públicas.

El despido objetivo será procedente en aquellos casos en los que la empresa pueda demostrar que efectivamente concurre alguna de las causas previstas en la ley para poder finalizar el contrato. Pero además deben cumplirse unas formalidades:

  • El despido debe comunicarse por escrito, a través de una carta que indique expresamente la causa del mismo.
  • La empresa debe poner a disposición del empleado la indemnización correspondiente (20 días por año trabajado hasta llegar a un límite máximo de 12 mensualidades).
  • La carta debe entregarse además con 15 días de antelación a la fecha de fin de la relación laboral. Si no se cumple con el plazo de preaviso el trabajador afectado tiene derecho a una indemnización.

Frente a la decisión de la empresa, el trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles para impugnarlo. En primer lugar tiene que presentar una papeleta de conciliación ante el servicio de mediación correspondiente para intentar llegar a un acuerdo con la empresa.

En caso de que no se llegue a un acuerdo durante la mediación, el trabajador  tendrá que presentar una demanda ante la Jurisdicción Social.

Si el juzgado o tribunal estima que el despido es procedente, el trabajador no tendrá  derecho a más indemnización de lo que se le haya concedido a modo de indemnización. Por el contrario, si se considera que el despido no se ha llevado a cabo en forma correcta se declarará improcedente y entonces la empresa podrá escoger entre entregar la indemnización por despido improcedente al trabajador o reincorporar al trabajador.

Para Finalizar, si el despido ha implicado alguna discriminación para el trabajador será considerado nulo y por tanto la empresa está obligada a readmitir al trabajador.

Como siempre, si en vuestra empresa queréis hacer un despido por causas objetivas, os aconsejamos que contactéis con el equipo laboral de la asociación que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Laboral de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com

Nueva regulación de los servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera

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Ya se encuentra en vigor el Real Decreto Ley 19/2018 por el que se establece la nueva regulación de los servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera tras la transposición al ordenamiento jurídico español de tres directivas y varios reglamentos comunitarios en materia de seguridad financiera, (Directivas (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE y 2013/36/UE . Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015).

El real decreto-ley es de aplicación a todos los servicios que se prestan en territorio español, cualquiera que sea el origen o el destino final de las operaciones. Por tanto, se establece un sólo sistema para los proveedores que estén sujetos a la Ley española, sin afectar a las operaciones que tuvieran lugar únicamente en territorio del resto de los Estados miembros de la Unión Europea.

Los servicios de pago que regula este real decreto-ley son:

  • Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
  • Los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
  • La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago.
  • Se incluyen dos nuevos servicios de pago: iniciación de pagos e información sobre cuentas. Ambos servicios suponen el acceso de terceros a las cuentas de los usuarios de servicios de pago. Tales servicios ofrecen una solución tanto a los comerciantes como a los usuarios de servicios de pago y garantizando la posibilidad de hacer compras en línea aun cuando no posean tarjetas de pago. A su vez, los servicios de información sobre cuentas proporcionan al usuario del servicio de pago información agregada en línea sobre una o varias cuentas de pago mantenidas en sus proveedores de servicios de pago, lo que permite al usuario del servicio de pago tener en todo momento una información global e inmediata de su situación financiera.

Se establece un sistema de autorización para el acceso a la prestación de servicios de pago, por el que se introduce una licencia única para ciertos proveedores de servicios de pago no vinculados a la captación de depósitos o a la emisión de dinero electrónico. Tal autorización está sujeta a una serie de requisitos estrictos y exhaustivos, uniformes en toda la Unión Europea.

Se amplía la protección prevista para los consumidores a las microempresas en relación con la transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, resolución y modificación del contrato marco y los derechos y obligaciones en relación con la prestación y utilización de servicios de pago. No obstante, se excepciona a las microempresas de la aplicación del derecho a ordenar la devolución de los adeudos domiciliados como consecuencia de una operación de pago autorizada iniciada por un beneficiario o a través del mismo, durante un plazo de ocho semanas contadas a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta.

Finalmente, la norma completa la trasposición de la Directiva de ejecución sobre abuso de mercado con la creación de un canal que permitirá denunciar de forma anónima determinados incumplimientos en este ámbito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También se crea un canal en el Banco de España para comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Sentencia sobe el tiempo de trabajo y las guardias

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Estimado asociados, en la nota informativa de esta semana nos hacemos eco de una sentencia de la Sala de Lo Social de nuestra Audiencia Nacional que ha tenido mucha relevancia en los medios de comunicación, ya que establece que si un empleado debe estar localizable en el número de teléfono facilitado por la empresa, este hecho de por sí, no debe ser considerado como tiempo de trabajo.

En ese sentido, La Audiencia Nacional reitera su doctrina y rechaza que las horas que un trabajador pasa pendiente del móvil de empresa, aunque sea en su tiempo libre, cuenten como horas trabajadas a efectos laborales toda vez que  no afecta a su libertad de movimientos, al descanso ni tampoco a sus “inquietudes personales y sociales”.

Los jueces de la Audiencia Nacional recuerdan que la doctrina española y europea invitan a interpretar que el tiempo que un trabajador está de guardia, aunque sea un fin de semana, no cuenta como horario trabajado si no le obliga, por ejemplo, a quedarse en casa o en la oficina. Al menos, explica, mientras “no preste trabajo efectivo, ni se encuentre presencialmente en el centro de trabajo”.

En el caso concreto, la sentencia entiende que no ha quedado acreditado que esta circunstancia suponga para los trabajadores alguna privación  de los descansos semanales y diarios que protege el Estatuto de los Trabajadores. Los jueces son tajantes al afirmar que estar de guardia no implica más que “estar pendiente de la terminal de telefonía móvil que le proporciona la empresa” sin que se le exija estar en ningún lugar concreto: el trabajador, sentencian, “prácticamente no ve mermadas ni su libertad ambulatoria, ni las posibilidades de dedicar tiempo al descanso  sus inquietudes personales y sociales”.

 La Audiencia Nacional dicta esta sentencia haciéndose eco tanto de la jurisprudencia española como la europea, sacada a colación esta última por el sindicato demandante ya que  fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminó el pasado mes de febrero que las horas pasadas de guardia en casa deben considerarse como tiempo de trabajo, en el caso de un bombero voluntario belga.

 

Como siempre, si os surge alguna cuestión sobre la presente circular podéis contactar con el equipo laboral de la asociación que os asesorará al respecto.

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

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Publicación de las nuevas normas UNE y de las normas UNE anuladas

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Publicación de las nuevas normas UNE

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto 2200/1995, con fecha 23 de noviembre de 2018 la Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado, la relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango de norma española UNE durante el mes de octubre de 2018 identificadas por su nombre y código numérico

La Resolución, que causará efecto a partir del día siguiente a su publicación, esto es, a partir del 24 de noviembre de 2018 puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16020.pdf

Publicación de las normas UNE anuladas

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto 2200/1995, con fecha 23 de noviembre de 2017 la Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado, la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes de octubre de 2018.

La Resolución, que causará efecto a partir del día siguiente a su publicación, esto es, a partir del 24 de noviembre de 2018 puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16020.pdf

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Sentencia sobre los administradores de Sociedades y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

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Estimados asociados, en la presente nota informativa os recordamos una Sentencia del Tribunal Supremo (TS) del pasado 24 de abril que confirmó una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por la que se procedió, de oficio, al alta del recurrente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), por ostentar el cargo de consejero delegado de una sociedad limitada y poseer el 50% de su capital social.

En el recurso del consejero delegado se pretendía impugnar la sentencia dictada el 8 de octubre de 2015 por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia  de la Comunidad Autónoma de Madrid que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra una resolución que había sido dictada el 28 de Abril de 2014 por la Dirección de Administración de aquella Dirección General y por la que se procedió, de oficio, al alta del recurrente en el RETA desde el 1 de enero de 2010 y con efectos del 1 de enero de 2014, por ostentar el cargo de Consejero Delegado de una sociedad mercantil y poseer el 50% de su capital social.

La sentencia estableció que el único hecho que consta es que fue nombrado Consejero Delegado de la sociedad y que sólo desempeñó las funciones que ello conlleva, por lo que el Alto Tribunal no admitió el argumento del recurrente que sostenía que la  norma solamente dispone que debe estar incluido en el RETA la persona que se posea  el control efectivo directo o indirecto de la sociedad y no presupone que deba incluirse a las personas que presten servicios en la sociedad, que deben ser demostrados, argumentando que esa disposición sólo es aplicable al trabajador que desempeñe funciones que conllevan el cargo de consejero o administrador, por lo que si no concurre el requisito de ser trabajador no puede serle aplicada.

En contra de lo mantenido por el recurrente, para el TS la obligación de estar encuadrado en el RETA no solo alcanza a los trabajadores autónomos en sentido estricto sino también al administrador que ejerza funciones de dirección y gerencia en una sociedad mercantil capitalista si ejerce las funciones de dirección o gerencia y cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla.

En suma, la inclusión en el régimen especial de autónomos de quienes desempeñen el cargo de consejero o administrador de una sociedad capitalista exige:

  1. a) El ejercicio de funciones de dirección y gerencia o la prestación de servicios, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa; y,
  2. b) Tener el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla, cuestión respecto de la que la norma legal dice “que se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social”.

Desde esta exposición, para el TS la norma laboral no contempla, en modo alguno, que la inclusión en el RETA exija que el Consejero Delegado tenga que ser trabajador que preste otros servicios o desempeñe otras funciones en la empresa mercantil capitalista.

 

Es decir, que en este supuesto el encuadramiento en el RETA no requiere la demostración de que la persona de que se trata lleva a cabo un trabajo real para la sociedad, sino que basta con que ejerza las funciones de dirección y gerencia de la sociedad mercantil de que se trate de conformidad con lo previsto al respecto en la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Como siempre, si os surge alguna duda sobre la presente circular informativa, podéis contactar con el equipo laboral de la asociación que os informará al respecto.

Aprobadas medidas urgentes en materia de carreteras

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El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 8 de noviembre, el Real Decreto-ley 18/2018 sobre medidas urgentes en materia de carreteras por el cual se modifica la Ley 37/2015 de 29 de septiembre de Carreteras, con carácter de urgencia y en beneficio del interés público general.

La primera de esas reformas permite que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se imponga en determinadas carreteras el desvío obligatorio de los vehículos pesados hacia las autopistas de peaje. La circunstancia de que el desvío del tráfico sea obligatorio atribuye este mismo carácter al pago del peaje, lo que justifica el empleo de una norma como la propuesta para mejorar la cobertura legal que ampara esta medida. Estas medidas, que se desarrollarán posteriormente mediante convenios o reales decretos, se acompañarán con distintas bonificaciones a los transportistas.

La segunda reforma introduce cambios en la Ley de Carreteras para dar cobertura de rango legal al eventual cobro de peajes por parte la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A (SEITTSA), que ha asumido la explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido anticipadamente al Estado

La tercera reforma afecta al régimen sancionador, tipificándose como infracción muy grave la eventual negligencia de los concesionarios de carreteras cuando esta ocasiona un perjuicio significativo a los usuarios. La norma se ha redactado teniendo en cuenta el deber de «vigilancia reforzada» que, según la jurisprudencia, incumbe a los concesionarios de autopistas ante nevadas u otras situaciones meteorológicas adversas.

Dado el deber de vigilancia reforzada que incumbe al concesionario, salvo prueba en contrario se presumirá dicho perjuicio cuando en un intervalo de 24 horas se interrumpa la continuidad del servicio durante más de 2 horas o resulten afectados por ello más de 30 vehículos.

Igualmente, se presumirá dicha negligencia del concesionario cuando, ante situaciones meteorológicas adversas, incurra en falta de previsión, incumpla injustificadamente los planes operativos previstos para dichas contingencias, no disponga de los medios que le fueran exigibles, no proporcione información suficiente a los usuarios o no adopte las medidas necesarias para la regulación del tráfico.

El nuevo régimen sancionador se aplicará también a las concesiones ya existentes, siempre que los hechos sancionados se realicen después de la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

Finalmente, se modifica la Ley de carreteras para permitir que la aprobación de los proyectos de construcción suponga la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios, con el fin de no demorar la realización de las obras en los casos que así fuese necesario, evitando así el consiguiente perjuicio que para el interés general suponen estos retrasos. Asimismo, se pretende reducir el elevado grado de afectación a los usuarios que supone la realización de las obras de carreteras, afectación que debe minimizarse utilizando todos los mecanismos que la normativa permite.

EFIFARMA 2018 analizará la evolución de la eficiencia energética en la industria farmacéutica y cosmética

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Tras el éxito del pasado año, la jornada técnica EFIFARMA celebra el próximo 29 de noviembre en Madrid su 3ª edición. El evento analizará la eficiencia energética en las industrias farmacéutica y cosmética a través de casos de éxito desarrollados recientemente en España, las tecnologías, equipos y soluciones innovadoras que se están aplicando para realizar estos proyectos, así como la normativa y regulación que afecta al sector.

 
Casos de éxito

EFIFARMA 2018 incluirá una mesa específica dedicada a los proyectos de eficiencia energética en laboratorios y empresas cosméticas. Los laboratorios farmacéuticos invitados darán a conocer su experiencia en la implantación de nuevas medidas de eficiencia energética en sus instalaciones, desde la mejora de procesos industriales a través de la automatización y la reducción de consumos hasta la integración de energías renovables, la climatización y la refrigeración o la mejora de la gestión energética.

Organizaciones y empresas participantes

El programa de la jornada cuenta ya con la presencia confirmada como ponentes y/o patrocinadores de las siguientes organizaciones y empresas:  A3e (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética), ANESE (Asociación de Empresas de Servicios Energéticos), Axon Time, GEN Europe, Merck, Mixer&Pack, Opengy, Tecniq y WEG Iberia Industrial.

 

¿A quién se dirige?

La jornada se dirige a un amplio perfil de profesionales, entre ellos, los procedentes de laboratorios farmacéuticos; empresas cosméticas; ingenierías y consultoras; ESEs (Empresas de Servicios Energéticos; empresas de gestión energética; empresas de desarrollo, diseño, construcción, logística, operación y mantenimiento de plantas e instalaciones energéticas;
asociaciones profesionales; administración pública; y centros de investigación y universidades

 

Título: EfiFarma. Eficiencia energética en la industria farmacéutica y cosmética (3ª edición)
Fecha y hora: 29 de noviembre. 09:15-14.00
Lugar: Edificio Net-Pharma. Ctra. Fuencarral, 22. 28108 Alcobendas (Madrid)
Cómo inscribirse
Como Entidad colaboradora del evento, AICA y Farmacluster ofrecen a sus asociados dos tipos de descuento:

> Profesionales de laboratorio: Inscripción Asistencia gratuita utilizando el Código promocional FARMACLUSTERLAB a indicar en el formulario de registro click aquí

>Profesionales de empresas proveedoras, fabricantes o distribuidores de equipos: Inscripción con un 50% de descuento utilizando el Código promocional FARMACLUSTERPROV a indicar en el formulario de registro. Precio final con descuento: 90,75 euros IVA incluido. Para acceder al formulario de registro click aquí
Programa
www.energetica21.com/conferencias/efifarma2018

Inscripción de asistentes
www.energetica21.com/conferencias/efifarma2018/registro

Las cestas o regalos de navidad

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Estimados asociados, ahora que se acerca el período navideño, volvemos a destacar este recurrente asunto. Así, la cuestión de si la cesta de Navidad es un derecho adquirido o no, no puede resolverse con un criterio de generalidad, sino que debe analizarse en cada caso concreto si concurren los parámetros que configuran la condición más beneficiosa, frente a la posibilidad de que sea una simple liberalidad empresarial, no vinculante en años sucesivos.

Como os recordamos la semana pasada, la condición más beneficiosa ha venido siendo perfilada por la jurisprudencia como un inicial ofrecimiento unilateral del empresario, que una vez aceptado, se incorpora a los respectivos contratos de trabajo, exigiéndose también una consolidación de su disfrute en el tiempo. Pero el elemento principal para poder catalogarlo como condición más beneficiosa es sin duda que exista una voluntad empresarial de incorporarla al nexo contractual, lo que excluye las situaciones de mera tolerancia.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo pone el acento en qué por el carácter tácito de la condición más beneficiosa, la mejor forma de demostrar su existencia es la permanencia continuada en el tiempo de su disfrute. En el caso de las cestas de Navidad además, son variados los indicios que muestran que no se trataba de una generosidad empresarial, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 761/2018, 12 Julio. Rec. 146/2017, que dispone:

“• El obsequio de Navidad se entregó durante 11 años consecutivos, manteniéndose incluso en tiempos de crisis.

  • Se ha ido entregando a todos los empleados, incluso a los nuevos que se han ido incorporando año tras año, llegando a la cifra de 5.000.
  • Destacable es también que el coste del gasto de la cesta ha venido oscilando para la empresa entre los 42. 000 euros hasta los 89.000 euros, suma muy importante que también sirve para descartar la idea de una mera y simple liberalidad.
  • Unido a la elevada cuantía del gasto, destaca también el Supremo el importante esfuerzo logístico y organizativo que implica el encargo y distribución de tan elevado número de cestas, extremo éste que también se valora para descartar que se trate de una liberalidad.

…………………Por ello, como se estima que estamos ante una condición más beneficiosa, no podía la empresa suprimirla por decisión unilateral, porque estaba obligada a alcanzar un acuerdo con la representación de los trabajadores o tramitar una modificación sustancial de condiciones de trabajo conforme a lo dispuesto en el art. 41 ET”.

Como siempre, si os surge alguna duda sobre la presente circular podéis contactar con el equipo laboral de la asociación que os asesorará al respecto.