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Sentencia sobre un despido nulo por discapacidad

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Estimados asociados, en la circular de esta semana nos hacemos eco de una Sentencia que ha tenido eco en diversos medios de comunicación.

La Sentencia pertenece a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y en la misma se estimó el pasado mes de enero el recurso de una mujer, que trabajaba de camarera. Lo relevante de esta sentencia es que anuló la sentencia de instancia que declaró su despido improcedente, tras concluir que “no estamos ante una mera enfermedad, sino ante una discapacidad”.

Lo relevante de esta Sentencia es que constituye doctrina respecto a concretar y aclarar los conceptos de los despidos por razón de discapacidad y el despido por razón de enfermedad, toda vez que la misma ha debido firme ya que ninguna de las partes intervinientes ha anunciado que va a proceder a su impugnación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

En ese sentido, el Jugado de la instancia que emitió la resolución, el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander, desestimó la nulidad y declaró improcedente el despido en septiembre de 2018. La trabajadora recurrió alegando que el despido “responde a un factor discriminatorio, su discapacidad”, y la empresa se opuso al considerar que “no es posible equiparar la situación de la trabajadora a la discapacidad”.

La sentencia del TSJC señala que el cáncer de útero “ocasiona una limitación duradera, al tratarse de un proceso morboso que no presenta una perspectiva bien delimitada de finalización a corto plazo” y concluye que la demandante se encontraba en el momento del despido, en una situación de discapacidad. “Los indicios aportados por la trabajadora de estar siendo tratada desfavorablemente por razón de una enfermedad de larga duración, como es el cáncer, no han sido desvirtuados por la empresa”, concluye la sentencia.

Para concluir, si en vuestra empresa os encontráis con alguna situación similar a la tratada en la presente nota informativa, podéis contactar con el equipo laboral de la asociación que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Laboral de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

Nueva regulación de los secretos empresariales

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El pasado 6 de febrero el Senado ha aprobado el texto enviado por el Congreso de la nueva Ley de Secretos Empresariales, estándose a la espera de su publicación en el BOE para su entrada en vigor y prevista para los próximos días.

La norma será la primera ley española que regule de forma especial e íntegra los secretos empresariales mediante la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea  2016/943, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícita.

La nueva ley afectará principalmente a los sectores más innovadores, tecnológicos y de ciencias de la vida, siendo su principal objetivo armonizar la regulación de los secretos empresariales a nivel de la UE y será aplicable a “cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos“.

 

Como principales novedades, la Ley recoge:

1.- Concepto, requisitos y límites del secreto profesional.

Aunque ya existía una definición en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en la nueva Ley el secreto se define como un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial no dotado de exclusividad  sobre el que no existe un registro constitutivo del derecho y de carácter no absoluto sino limitado por el ejercicio de otros derechos, (como la libertad de expresión e información.

El secreto nace  por su sola creación, siempre que la información, (independientemente de su naturaleza, ya sea técnica, científica, comercial u otra),  cumpla cumulativamente los siguientes requisitos:

  1. a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
  2. b) tener un valor comercial por su carácter secreto, pudiendo ser este valor comercial no solo real sino también potencial;
  3. c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

 

2.-Actos que constituyen infracción y actuaciones lícitas.

La inclusión explícita de la protección de los actos de relacionados con la producción, oferta y comercialización de mercancía infractora, definida como “aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita”.

Se considera infractor no solo el que actúa con culpa, sino también al que actúa con negligencia porque en el momento de obtener, revelar o utilizar un secreto empresarial supiese o, de las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita.

Al mismo tiempo se establecen límites para proteger la movilidad de los trabajadores y la negociación con sus representantes diferenciando entre experiencia adquirida por el trabajador en el desempeño de sus funciones y secretos comerciales.

 

3.- Régimen dispositivo subsidiario para los casos de cotitularidad y licencia de los derechos sobre el secreto empresarial.

Las partes podrán acordar  libremente cómo establecer los regímenes de cotitularidad y licencia, pero la Ley establece un régimen subsidiario.

 

4.- Acciones de defensa frente a las infracciones de secretos empresariales y régimen de prescripción.

La norma incluye un  catálogo de acciones y medidas de defensa frente a las infracciones de secretos empresariales similares a las establecidas en defensa de patentes y actos de competencia desleal.

Destaca la introducción de medidas reforzadas para la protección de la información que deba divulgarse durante el procedimiento judicial para determinar si se da la infracción de un secreto y el endurecimiento de las medidas en los casos de incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal.

Se posibilita el ejercicio de acciones “frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales, a los efectos de la presente ley, quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor” En estos casos no cabrá la acción de indemnización de daños y perjuicios, (prevista exclusivamente cuando concurra dolo o culpa del infractor), pero si la imposición de medias de cesación, prohibición de realizar las actuaciones infractoras y remoción que podrán ser sustituidas por el pago de una suma indemnizatoria siempre que esta sea proporcionada, razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medias de cesación, prohibición o remoción causara a la demandada un perjuicio desproporcionado.

En cuanto a la prescripción de las acciones, la nueva Ley establece un plazo de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

 

5.- Herramientas procesales para hacer efectiva la tutela de los derechos del titular del secreto empresarial durante el proceso judicial.

Se incluyen medidas referidas tanto a cuestiones generales del proceso en sí (jurisdicción, legitimación y competencia) como a medidas específicas para la protección de la información durante el proceso, así como posibles diligencias de comprobación de hechos, acceso a fuentes de prueba, medidas de aseguramiento de la prueba y medidas cautelares.

Las medidas específicas para la protección de la información durante el proceso son esenciales. Para poder conocer de un caso de infracción por secreto empresarial es necesario que se identifique el secreto infringido. En este sentido, traemos a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) de 17-XI-2011. El demandante alegaba la concurrencia de actos de competencia desleal por violación de secretos (art. 13 LCD) e inducción a la terminación irregular de contratos de trabajo (art. 14.2 LCD) y, a mayor abundamiento, la cláusula general (entonces art. 5 LCD, actual art. 4 LCD). Sin embargo, el demandante no identificó los secretos supuestamente vulnerados ni presentó pruebas periciales sobre la vulneración en cuestión (que en cualquier caso hubieran debido identificar los secretos supuestamente vulnerados). La demanda fue plenamente desestimada tanto en primera instancia como en apelación.

Respecto de las medidas cautelares durante el proceso, deberán examinarse especialmente las circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad teniendo en cuenta el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria en su obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícitas, los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la adopción o de la falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales“.

Finalmente, se agravan las medidas que los órganos judiciales pueden adoptar frente a incumplimientos de las reglas de la buena fe procesal para impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en la ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la Directiva y la ley traspone.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Sentencia del Tribunal Supremo que establece que las empresas no están obligadas a tener comedor de empresa

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Estimados asociados, os informamos del contenido de una Sentencia de la Sala Cuarta de nuestro Tribunal Supremo, de fecha 13 de diciembre de 2018, que establece que las empresas ya no están obligadas a disponer de comedores de empresa para los empleados. Esta sentencia supone un giro jurisprudencial, porque hasta la fecha nuestros Juzgados de lo Social en sus sentencias venían estableciendo en la mayoría de los casos lo contrario.

En el texto de la Sentencia, se explica que el Decreto 8 de junio de 1938 y la Orden ministerial 30 de junio de 1938, no se encuentran vigentes, puesto que se incorporaron al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por la Orden del Ministerio de Trabajo de 3 de mayo de 1940.

A su vez, según se continúa explicando en los fundamentos de derecho de la sentencia, la  Orden y Reglamento quedaron derogados por la Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprobó la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y esta, a su vez, por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, que ha venido a constituirse en la legislación vigente a estos efectos.

El Alto tribunal explica que ninguna obligación específica impone a las empresas para instalar comedores en sus centros de trabajo en los términos del Decreto y la Orden de 1938, más allá de la referencia que hace en su Anexo V en la que se dice que: “en los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y comedores”.

Esta última disposición legal es la que se encuentra vigente en la materia, y, sin entrar a valorar el alcance de esa obligación, que no era objeto del recurso, nuestro Tribunal Supremo explica que es fácil apreciar que se refiere exclusivamente a los trabajos al aire libre en los que los trabajadores no puedan acudir cada día a pernoctar a su lugar de residencia, por lo que no guarda la menor semejanza con lo previsto en aquella normativa del año 1938.

En definitiva, en el momento actual no existe ninguna norma en vigor, de carácter legal o convencional, de la que pudiere desprenderse que el empresario esté obligado en el caso de autos a instalar un comedor de empresa en un centro de trabajo con las características del que resulta afectado en este conflicto colectivo (311 trabajadores con tiempo de comida de 1 a 2 horas). Estamos ante una materia que, debido a la ausencia de normas, es terreno hábil y adecuado para la negociación colectiva, en cuyo campo deberían acordarse las medidas oportunas que satisfagan los intereses de las partes.

Por lo tanto, salvo que el convenio colectivo de aplicación en la empresa imponga la obligación de disponer de un comedor para los empleados, las empresas no estarían obligadas a tenerlo. Con independencia de lo anterior, si os surge cualquier cuestión sobre la presente nota informativa, podéis contactar con el equipo de la asociación, que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

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Próxima entrada en funcionamiento los nuevos puntos de información catastral

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A partir del 25 de abril de 2019 comenzarán a funcionar los nuevos Puntos de Información Catastral recogidos en la Resolución de 15 de enero de 2019 de la Dirección General del Catastro.

Dichos Puntos tienen su razón de ser en las nuevas demandas de información catastral y de prestación de nuevos servicios  que han aconsejado revisar y potenciar las facultades de actuación de estos  Puntos de Información adaptándolos a las nuevas necesidades de los ciudadanos y los continuos avances tecnológicos.

La nueva Resolución, presta cobertura normativa no sólo a las funcionalidades básicas de los Puntos de Información Catastral que ya venían asumiendo estos, sino también a las nuevas que, con carácter voluntario, gradual y justificadamente, puedan asumir tanto los Puntos de Información Catastral ya existentes como los de nueva creación, sin perder su esencia de intermediarios entre los ciudadanos y la Administración, facilitando, en todo caso, la prestación de servicios y el cumplimiento de obligaciones.

Los servicios electrónicos que pueden prestarse a través de los Puntos de Información Catastral son los siguientes:

  1. a) Servicio de consulta de datos catastrales no protegidos, certificación de la referencia catastral y consulta de cartografía.
  2. b) Servicio de consulta y certificación de datos catastrales protegidos, por los titulares catastrales, sus representantes o personas autorizadas por ellos.
  3. c) Servicio de certificación negativa de bienes inmuebles o de la circunstancia de no figurar como titular catastral.
  4. d) Servicio de consulta para los titulares catastrales sobre información relativa a las solicitudes de ayuda de la última campaña de la Política Agrícola Común (PAC) con relación a las parcelas rústicas de su titularidad declaradas en aquellas solicitudes.
  5. e) Servicio de consulta y certificación de datos catastrales protegidos por parte de titulares catastrales de las parcelas colindantes, titulares o cotitulares de derechos reales, de arrendamiento y aparcería así como por parte de herederos y sucesores en los términos establecidos en el artículo 53.1 c), d) y e) del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en las condiciones fijadas por la Dirección General del Catastro.
  6. f) Servicio de notificación de acuerdos catastrales, tanto por comparecencia electrónica si el interesado aporta la clave concertada recibida al efecto, como por comparecencia presencial ante el Punto de Información Catastral.
  7. g) Servicio de recepción, digitalización y registro de escritos y documentación relativa a los procedimientos catastrales o con incidencia en el ámbito de actuación del Catastro Inmobiliario, empleando los sistemas informáticos de la Dirección General del Catastro. En todo caso, se observarán las instrucciones, circulares y criterios técnicos y de seguridad dictados por la citada Dirección General.
  8. h) Servicios integrales de información, así como de asistencia al ciudadano, en particular en la confección de declaraciones y en la utilización del asistente gráfico.
  9. i) Servicio de presentación electrónica de declaraciones catastrales en nombre del interesado, por funcionario público habilitado para ello.
  10. j) Servicio de concertación de cita previa para ser atendido en las Gerencias.
  11. k) Cualquier otro servicio que pueda implantarse en los términos que se establezcan mediante Resolución aprobada al efecto por el Director General del Catastro.

El acceso a los servicios se realizará utilizando los recursos de la entidad titular del Punto de Información Catastral, que asumirá el papel de intermediador en las relaciones del ciudadano con el Catastro Inmobiliario.

La Dirección General del Catastro suministrará gratuitamente la información catastral para la prestación de servicios a través del Punto de Información Catastral, sin perjuicio de que las Administraciones Públicas territoriales responsables de la gestión del Punto de Información Catastral, puedan establecer una contraprestación económica por la expedición de la información.

 

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