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Coronavirus COVID-19 | Resumen ejecutivo Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo

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En el día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.

A continuación, se resumen sus principales contenidos:

1. FUERZA MAYOR TOTAL (Artículos 1.1, 4.1 y 4.5).

Desde el 13 de mayo continuarán en situación de fuerza mayor derivada del COVID-19 las empresas que, teniendo un ERTE de fuerza mayor basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, estén afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad.

De esta forma se desvincula la prolongación de estos ERTE del estado de alarma y del proceso de desescalada al vincularla a la pervivencia de las causas de fuerza mayor descritas en el artículo 22 citado (suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria).

Dichos ERTE podrán continuar mientras duren dichas causas y como máximo hasta el 30 de junio de 2020.

Se mantendrán, durante mayo y junio, las exoneraciones de cotizaciones sociales previstas para estos ERTE, en función del número de trabajadores o asimilados a los mismos que la empresa tuviera en alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, es decir:

  • En empresas de menos de 50 trabajadores: 100% del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.
  • En empresas de 50 o más trabajadores: el 75% de exoneración.

Estas exoneraciones no tendrán efectos para las personas trabajadoras, considerándose el período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.

 

2. FUERZA MAYOR PARCIAL (Artículos 1.2, 4.2 y 4.5).

Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19 las empresas que tengan un ERTE de fuerza mayor autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, desde el momento en que las causas recogidas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad y como máximo hasta el 30 de junio de 2020.

La incorporación de las personas trabajadoras a la actividad la decidirá la empresa en la proporción que necesite para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes vía reducción de jornada.

Operarán las siguientes exoneraciones del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, devengada en mayo y junio, fijadas en función del número de trabajadores o asimilados a los mismos que la empresa tuviera en alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020:

A. PARA LOS TRABAJADORES QUE REINICIEN LA ACTIVIDAD:

a) En empresas de menos de 50 trabajadores:

  • Mayo: exoneración del 85%.
  • Junio: exoneración del 70%.

b) En empresas 50 o más trabajadores:

  • Mayo: exoneración del 60%.
  • Junio: exoneración del 45%.

B. PARA LOS TRABAJADORES QUE PERMANEZCAN EN EL ERTE:

a) En empresas de menos de 50 trabajadores:

  • Mayo: exoneración del 60%.
  • Junio: exoneración del 45%.

b) En empresas de 50 o más trabajadores:

  • Mayo: exoneración del 45%.
  • Junio: exoneración del 30%.

Estas exoneraciones no tendrán efectos para las personas trabajadoras, considerándose el período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.

 

3. TRAMITACIÓN DE RENUNCIAS, VARIACIONES DE DATOS Y EXONERACIONES (Artículos 1.3, 4.3 y 4.4).

Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE de fuerza mayor, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

Dicha renuncia al ERTE o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación tendrá lugar previa comunicación al SEPE de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.

En cualquier caso, las empresas deberán comunicar al SEPE la finalización de la aplicación del ERTE respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de éstas o en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual.

Las exenciones en la cotización en ERTE de fuerza mayor se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social, a instancia de la empresa, previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial y la identificación de las personas trabajadoras afectadas y el periodo de suspensión de contratos o reducción de jornada.

Dicha comunicación se realizará, por cada código de cuenta de cotización, mediante una declaración responsable que deberá presentarse a través del Sistema RED, antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente.

Para el control de estas exoneraciones bastará la verificación de que el SEPE proceda al reconocimiento de las correspondiente prestación por desempleo para el periodo de que se trate.

 

4. CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y PRODUCTIVAS (ETOP) (Artículo 2).

A los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción iniciados entre el 13 de mayo y el 30 de junio de 2020 les será de aplicación el procedimiento abreviado del artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020; manteniéndose, por tanto, el informe potestativo de la Inspección de Trabajo y la prioridad de los sindicatos, frente a la comisión ad hoc, en la configuración de la comisión en la que habrá que llevarse a cabo el trámite de consultas.

La tramitación de estos ERTE podrá iniciarse durante la vigencia de los ERTE de fuerza mayor derivada del COVID-19.

Cuanto el ERTE por causas ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE por causa de fuerza mayor, del artículo 22 del del Real Decreto-ley 8/2020, se retrotraerán sus efectos a la fecha de finalización de este.

Los ERTE por causas ETOP vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley mantendrán su vigencia hasta la fecha prevista en la comunicación final de la empresa, en los términos previstos en la misma.

 

5. PROTECCIÓN POR DESEMPLEO (Artículo 3).

La prestación de desempleo con reposición de prestaciones (contador a cero) y no exigencia del período de carencia se extenderá hasta el 30 de junio.

El régimen especial de protección por desempleo para los trabajadores fijos discontinuos se mantendrá hasta el 31 de diciembre.

 

6. LÍMITES RELACIONADOS CON REPARTO DE DIVIDENDOS Y TRANSPARENCIA FISCAL (Artículo 5).

Las empresas y entidades con domicilio en paraísos fiscales no podrán acogerse a los ERTE de fuerza mayor regulados en este Real Decreto-ley.

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los ERTE de fuerza mayor regulados en este Real Decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se apliquen estos ERTE, excepto si devuelven el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.

Esta limitación no será de aplicación para empresas que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el artículo 348.bis, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

 

7. COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL EMPLEO (Disposición final primera. Tres).

Se modifica la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, concretando el alcance del compromiso de mantenimiento del empleo y las consecuencias de su incumplimiento. De forma que:

  • Se limita el compromiso a las empresas que se hayan acogido a ERTE por fuerza mayor vinculada al COVID-19 y a las personas afectadas por dichos expedientes.
  • Los seis meses en los que la empresa debe mantener el empleo se contabilizan desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando ésta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.
  • No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando éste no suponga un despido sino una interrupción del mismo.
  • En el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.
  • El compromiso de mantenimiento de empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa aplicable, teniendo en cuenta, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.
  • No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores, en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  • Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.

 

8. PROHIBICIÓN DE DESPEDIR (Disposición final segunda).

Se mantendrá, hasta 30 de junio de 2020, la prohibición de extinción del contrato de trabajo o despido por fuerza mayor o causas objetivas, en las que se amparan los ERTE de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, prevista en el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020.

 

9. SUSPENSIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES (Disposición final segunda).

Se mantendrá, hasta 30 de junio de 2020, la previsión recogida en el artículo 5 del Real Decreto-ley 9/2020 de que la suspensión de los contratos temporales por ERTE, de fuerza mayor y ETOP vinculados al COVID-19, supondrá la interrupción del cómputo de la duración de estos contratos y de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido.

 

10. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO TRIPARTITA LABORAL (Disposición adicional segunda).

Se crea una Comisión de Seguimiento tripartita laboral integrada por las personas designadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, para el seguimiento de las medidas que en el ámbito laboral se están adoptando en la fase de excepcionalidad atenuada, el intercambio de información y el debate de las medias que se propongan por el Gobierno o cualquiera de las organizaciones que la integran.

 

11. EXTENSIÓN DE LOS ERTES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Y DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y DE COTIZACIÓN (Disposición adicional primera).

Se faculta al Consejo de Ministros para la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor después del día 30 de junio, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan.

También podrá el Consejo de Ministros prorrogar las exoneraciones de cotizaciones previstas para los ERTE por fuerza mayor o extenderlas a los ERTE por causas objetivas, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo (contador a cero y reposición de prestaciones), por el periodo de tiempo y porcentajes que se determinen.

Es preceptivo consultar a la Comisión de Seguimiento tripartita laboral con carácter previo a la adopción de dichas medidas.

Coronavirus COVID-19 | Criterio de la Dirección General de Trabajo sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada durante la fase de desconfinamiento del estado de alarma

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Teniendo en cuenta la adopción del acuerdo en Consejos de Ministros de fecha 28 de
abril de 2020 del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas
para hacer frente a la pandemia de COVID-19., interesa a este Centro Directivo aclarar
cómo se debe proceder por parte de personas trabajadoras y empresas en relación con
las medidas laborales de emergencia previstas en el Real Decreto-ley 8/2020,
particularmente en relación con las denominadas “medidas de flexibilización de los
mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos”.

 
1. La evolución de la crisis sanitaria derivada del COVID 19 ha precipitado la adopción de un conjunto de medidas de todo orden, entre ellas, con especial calado e intensidad, medidas de carácter laboral.

 
En el caso de España, la expansión de la enfermedad obligó inicialmente a la adopción
de medidas por parte de las autoridades sanitarias y, posteriormente, llevó a la
aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se estableció el
estado de alarma, con importantes medidas restrictivas de la movilidad y la actividad
económica, y que, por el momento, ha sido prorrogado en tres ocasiones, hasta el 9 de
mayo de 2020. Estas medidas de contención implicaron la implementación de medidas
preventivas específicas en la prestación laboral para reducir el número de personas
expuestas y el tiempo de exposición con cese parcial o total de determinadas
actividades.

 
A esta situación de emergencia respondió el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en cuyo Capítulo II se establecían un conjunto de medidas de flexibilización que permitían agilizar los mecanismos previstos legalmente para que las empresas y las personas trabajadoras pudieran suspender o reducir su actividad, garantizando el acceso a las prestaciones económicas necesarias.

 
Estas medidas respondían al doble objetivo de:

 
a) Establecer los mecanismos necesarios para que los procedimientos para la
suspensión o reducción de la jornada que resultan aplicables conforme a la legislación vigente tuviesen la agilidad necesaria para garantizar que las consecuencias socioeconómicas de la situación de emergencia sanitaria tuvieren el menor impacto posible en el empleo.
b) Proteger a las personas trabajadoras, tanto su salud y seguridad, conteniendo la
progresión de la enfermedad mediante el confinamiento y otras medidas de contención,
como garantizando el acceso a ingresos sustitutivos para todas aquellas que se vieran
afectadas por los expedientes temporales de regulación de empleo.

 
2. Tras este periodo excepcional se impone la necesidad de reactivar de manera
progresiva la economía, mediante la dinamización de aquellos sectores cuya actividad
continúa limitada por el estado de alarma.

 
Se trata por tanto de implementar una respuesta adecuada para que las empresas
adopten los ajustes dinámicos necesarios que les permitan, desde diferentes puntos de
partida y grados de afectación, transitar hasta un escenario de “nueva normalidad”.

 
3. La definición concreta de las causas objetivas que integran la fuerza mayor por
COVID-19, establecida en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, responde así a
una causa externa y perentoria cuyos efectos y ámbitos concretos son decididos en
cada momento por las autoridades competentes por razones de salud pública, lo que
tiene como consecuencia que las distintas medidas puedan ser aplicadas con una
intensidad y graduación paulatina y diferenciada.

 
Esta definición singular y ajustada a un escenario de crisis, para el que no existen
precedentes, no sólo permite, sino que hace aconsejable, que las suspensiones o
reducciones que se hubiesen adoptado con arreglo a un mayor rigor en la exigencia del
confinamiento vayan siendo dejadas de aplicar y modificadas en su alcance de acuerdo
con la propia evaluación de la situación de emergencia sanitaria, las previsiones de
desescalada y los factores a los que responde. En este sentido contamos como
precedente de lo anterior la interrupción de actividades no esenciales decretada por el Gobierno del 30 de marzo al 9 de abril, y en el que muchas empresas se vieron
abocadas a solicitar expedientes de regulación de empleo por causa de fuerza mayor
temporal para garantizar la extensión del confinamiento y la restricción de movimientos.

 
De este modo, las empresas que estuviesen aplicando las medidas de suspensión o
reducción de jornada pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor. Igualmente será posible alterar la medida suspensiva inicialmente planteada y facilitar el tránsito hacia las reducciones de jornada, que suponen un menor impacto económico sobre la persona trabajadora y permitirán atender a la paulatinamente creciente oferta y demanda de productos y servicios de las empresas.

 
El esquema que se sigue del propio régimen jurídico establecido en el Real Decreto-ley
8/2020, de las causas y de las medidas extraordinarias de flexibilidad incluidas en el
mismo, permite responder plenamente y con el carácter dinámico preciso a las
necesidades por las cuales fueron aplicadas inicialmente, dejando de hacerlo por razón de su desafectación o desvinculación sobre la actividad y la plantilla de la empresa, sin imponer nuevas y gravosas condiciones de procedimiento.

 
De esta manera las empresas pueden recuperar la totalidad o parte de su actividad si es que por las razones comentadas las personas trabajadoras vuelven a desempeñar sus
tareas con carácter completo o parcial.

 
Las exigencias documentales y de procedimiento deben ser las imprescindibles. En este
sentido, bastará con comunicar a la autoridad laboral la renuncia a la medida autorizada o comunicada, ante una recuperación integra la actividad, y a trasladar a la entidad gestora de las prestaciones la situación de afección y desafección de cada una de las personas trabajadoras, de modo que el expediente de regulación temporal de empleo sirva para garantizar un tránsito no traumático hacia una normalidad futura en la que las medidas coyunturales hayan dejado de ser necesarias.

 
4. En resumen, toda la normativa laboral adoptada por causa del COVID-19, cuyo pilar o eje fundamental está constituido por medidas de ajuste interno de las empresas, tiene
como objetivo, por un lado mantener el empleo y proteger a las personas trabajadoras,
evitando la destrucción de puestos de trabajo; por otro, flexibilizar y agilizar los
mecanismos que son imprescindibles para lograrlo, evitando cargas innecesarias y
estableciendo como prioridad la recuperación de la actividad laboral y la reincorporación de las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo. Todo ello acompasado con las medidas preventivas necesarias y las decisiones que en materia sanitaria fuesen acordadas en cada momento por las autoridades competentes.

 

¿Cómo comunicar la baja de la prestación de los trabajadores afectados por ERTE que se van incorporando a la actividad?

¿Cómo comunicar la baja de la prestación de todos los trabajadores afectados por ERTE por finalización de las medidas temporales?

Coronavirus COVID-19 | Recopilatorio de medidas laborales y de seguridad social

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Ámbito estatal

• Bonificación en cotizaciones para empresas

El art. 13 del Real Decreto-ley 7/2020 indica que las empresas (excluidas las pertenecientes al sector público) de los sectores del turismo (incluidos comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas al sector del turismo), que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan el alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuos tendrán una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional.

• Moratoria de cotizaciones sociales a la Seguridad Social

Según el art. 34 y la disposición final 12ª del Real Decreto-ley 11/2020, la propia Tesorería General de la Seguridad Social, previa solicitud, concederá esta moratoria, con una duración hasta 6 meses. Abarca tanto a empresas como autónomos.

Esta moratoria afectará al pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma.

Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) y en el caso de los trabajadores por cuenta propia a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

• Prestación extraordinaria por cese de actividad

Tanto las personas trabajadoras por cuenta propia cuyas actividades queden suspendidas, como aquéllas cuya facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% que cumplan los siguientes requisitos: Estar afiliado y en alta en la fecha de declaración de estado de alarma en el RETA; desempeñar una actividad directamente suspendida por el Real Decreto 463/2020.

Para el resto de actividades, acreditar la reducción de su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación en, al menos, un 75 % en relación con el promedio de la facturación efectuada en el semestre natural anterior, con, entre otras, la excepción de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en los sectores de producción o postproducción de cine, vídeo o televisión, grabación y edición de sonido, artes escénicas, de creación artística y literaria o de gestión de salas de espectáculos, acreditarán la reducción de su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.

Esta prestación extraordinaria durará un mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de declaración del estado de alarma, o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma si se prorroga y tuviera una duración superior a un mes.

La gestión de esta prestación corresponderá a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

• Eliminación temporal de los efectos de la presentación de solicitudes extemporáneas en un ERTE

Se eliminan temporalmente los efectos derivados de la presentación de solicitudes de prestaciones o subsidios por desempleo fuera de plazo durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública, de forma que la presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente (art. 26 Real Decreto-ley 8/2020).

Coronavirus COVID-19 | Recopilación de medidas de apoyo para empresas y autónomos

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Medidas fiscales

Ámbito estatal

• Aplazamiento de seis meses de deudas tributarias

El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (BOE de 13 de marzo de 2020), estableció en su artículo 14 una medida a través de la que poder solicitar el aplazamiento de deudas tributarias correspondientes a:

– declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.

– las establecidas en las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria (esto es, las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor, el obligado a realizar ingresos a cuenta y pagos fraccionados, así como las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos).

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019 y que se cumplan los requisitos del artículo 82.2.a) de la Ley General Tributaria.

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

a) El plazo será de seis meses.

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

c) El importe de las deudas aplazadas no podrá superar en su conjunto los 30.000 €.

El citado Real Decreto-ley entró en vigor el día de su publicación en el BOE y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivaron su aprobación.

La Agencia Tributaria incluyó en su página web unas instrucciones para solicitar estos aplazamientos, a las que puede acceder a través del siguiente link.

 

• Ampliación del plazo de declaraciones y autoliquidaciones tributarias

Por un lado, el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias (BOE de 15 de abril de 2020), amplía hasta el 20 de mayo de 2020 los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca desde el 15 de abril (fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto) y hasta el día 20 de mayo de 2020. En los casos, de domiciliación bancaria ésta podrá realizarse hasta el 15 de mayo de 2020, inclusive.

Esta ampliación del plazo será de aplicación para los obligados tributarios con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019.

Quedan excluidos de la medida:

– los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, y los que tributen en el régimen especial de grupos de entidades regulado en la Ley 37/1992, del IVA, con independencia de su volumen de operaciones.

– la presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) nº 952/2013, por el que se aprueba el código aduanero de la Unión.

Por otro lado, también hay que recordar que el artículo 33 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 18 de marzo de 2020):

– Flexibiliza los plazos para el pago de las deudas tributarias, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento.

– Flexibiliza los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate.

 

• Medidas de reducción de los pagos fraccionados y de cuota trimestral

El Real Decreto-ley 15/2020 (BOE de 22 de abril de 2020) incluye una medida en el Impuesto sobre Sociedades, que permite, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros ejerzan la opción por realizar los pagos fraccionados, sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses. Esta medida no será de aplicación para los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal.

Además, en el I.R.P.F. y en el IVA se adapta, de forma proporcional al periodo temporal afectado por la declaración del estado de alarma en las actividades económicas, el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva y la cuota trimestral, respectivamente.

 

• Renuncia a los regímenes de estimación objetiva del I.R.P.F.,y simplificado y de agricultura del IVA

El citado Real Decreto-ley 15/2020 también elimina la vinculación obligatoria, durante tres años, de la renuncia al método de estimación objetiva del I.R.P.F., del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, de manera que los contribuyentes puedan volver a aplicar dichos métodos en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación.

 

• Reducción del tipo de gravamen del IVA

El Real Decreto Ley 15/2020 (BOE de 22 de abril de 2020) establece los siguientes tipos de gravamen para los productos que a continuación se indican:

– Para las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios: 0%, aplicable hasta el 31.12.2020. Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas y esto no determinará la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.

– Para libros, revistas y periódicos electrónicos: 4%.

 

• Posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a través de la Línea de Avales.

El Real Decreto Ley 15/2020 (BOE de 22 de abril de 2020) establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a que se refiere el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, financiación caracterizada por contar con el aval del Estado.

 

Ámbito autonómico

• Ampliación del plazo de declaración de tributos gestionados por la Comunidad de Madrid

El Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, declaró días inhábiles los comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo de 2020, ambos inclusive (BOCM de 13 de marzo de 2020).

Por tanto, estos días no computaron a efectos del plazo de presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid ni del cumplimiento de otros plazos en relación con trámites en el ámbito tributario.

Con posterioridad, la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, amplió en un mes los plazos de presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego e Impuesto sobre depósito de residuos), respecto de los establecidos en la normativa de cada uno de ellos.

Dicho plazo podrá ser de nuevo prorrogado por el titular de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, si así lo requiere la persistencia de la situación de emergencia declarada con el estado de alarma y sus prórrogas.

 

Ámbito municipal (Alcobendas)

• Aplazamiento del pago de determinados impuestos y tasas municipales

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Medidas de financiación y ayudas

Ámbito estatal

• Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por COVID-19

La finalidad de esta línea es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación tales como:

– Pagos de salarios

– Facturas de proveedores pendientes de liquidar

– Alquileres de locales, oficinas e instalaciones

– Gastos de suministros

– Necesidad de circulante

– Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias

Podrán acogerse a esta línea los autónomos y empresas de todos los sectores de actividad que tengan domicilio social en España y que se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020.

El porcentaje máximo de cobertura del aval es el siguiente:

– En el caso de autónomos y pymes: el 80% del principal.

– Para el resto de empresas: el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones.

El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta un máximo de 5 años.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2020. La solicitud se tramitará a través de las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.

Se puede consultar las características de esta línea a través del siguiente link. También puede consultar otras líneas del ICO a través de su página web (www.ico.es) o contactar a través del siguiente número de teléfono: 900 121 121.

 

• ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook

Está dirigida a autónomos y empresas con domicilio social en España que formalicen operaciones en la Línea ICO Empresas y Emprendedores, cuya actividad esté dentro de un CNAE del sector turístico y actividades conexas según la relación de CNAE publicada.

Serán financiables las necesidades de liquidez. La financiación se formalizará bajo la modalidad de préstamo, con plazo de amortización y carencia 1, 2, 3 ó 4 años, con 1 año de carencia de principal.

El importe máximo por cliente y año es de 500.000 euros, en una o varias operaciones.

El cliente podrá formalizar operaciones con la Entidad de Crédito hasta el 31 de diciembre de 2020. La solicitud se tramitará a través de las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.

Puede consultar las características de esta línea a través del siguiente link.

 

• Línea de cobertura para créditos de circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA (CESCE)

Está dirigida a Pymes, así como otras empresas de mayor tamaño, siempre que sean entidades no cotizadas, que cumplan los siguientes requisitos:

– Que se trate de empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización.

– Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación resultado del impacto de la crisis del COVID-19 en su actividad económica.

Quedan expresamente excluidas las empresas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

– Empresas que figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.

– Empresas con incidencias de impago con empresas del Sector Público o deudas con la Administración, registrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

– Empresas en situación concursal o preconcursal.

– Empresas en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019.

Las empresas que cumplan con los criterios de elegibilidad tendrán acceso a estas coberturas para créditos de circulante a través de sus entidades financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o renovación de las existentes.

Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora, siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación, derivadas de la crisis sanitaria COVID-19 y no a situaciones previas a la crisis actual. La financiación asegurada no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

Puede ampliar esta información sobre las características y el funcionamiento de esta Línea a través del siguiente link, a la página web del CESCE.

 

Ámbito autonómico

•Plan CONFIANZA DE AVALMADRID S.G.R.

Con el objetivo de apoyar a las empresas madrileñas en estos momentos de dificultad con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19, Avalmadrid, S.G.R. ha puesto en marcha el PLAN CONFIANZA, que está integrado por las siguientes líneas, con una dotación económica de 300 millones de euros:

– Línea a tu lado AVALMADRID. Para clientes actuales. Va dirigida a plantear carencias (6/12 meses) para aquellos clientes afectados y un planteamiento general de renovación de líneas en vencimientos de pólizas.

– Línea Madrid Liquidez Express. Para operaciones nuevas. El objetivo es aportar liquidez rápida para cubrir los gastos generales por la crisis hasta 50.000 € a 6+24 meses (6 de carencia).

– Línea Vitamina: Para todo el resto de las operaciones de financiación a largo plazo, hasta 1 millón de euros, hasta 5 años (con el primero de carencia). Y pólizas de crédito hasta 3 años. Afectados por COVID, y para diferentes objetivos: inversión, liquidez, etc.

En todas las operaciones, Avalmadrid avalará el 100%.

Para ampliar esta información sobre las características de las líneas y el procedimiento de solicitud, puede consultar la página web de Avalmadrid, a través del siguiente link.

En Alcobendas hay una persona encargada de las peticiones de información de las empresas de la zona. Si quiere contactar con ella, envíe un correo electrónico a info@empresariosdealcobendas.com o llame al 91 654 14 11.

 

• Programa CONTINÚA para autónomos

Este Programa de ayudas, aprobado por el Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM de 17 de abril de 2020), está destinado a sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

La ayuda consistirá en una subvención específica para sufragar el importe de la base mínima de cotización correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad Social por las siguientes personas:

a) Trabajadores autónomos que no cuenten con personas empleadas a su cargo.

b) Trabajadores autónomos con personas empleadas a su cargo.

c) Trabajadores autónomos socios de sociedades cooperativas, sociedades laborales y sociedades mercantiles, que estén afiliados al RETA.

Para ello, entre otros documentos, hay que acreditar la afectación negativa de su actividad económica por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19; haber iniciado su actividad en el mes de marzo de 2020 o haber experimentado, en el mes de marzo de 2020, una reducción de, al menos, un 30 por 100 de la facturación respecto al mes de febrero de 2020 o respecto al mes de marzo de 2019; comprometerse a permanecer de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia durante, al menos, los tres meses siguientes al abono de la ayuda; no haber cesado en la actividad.

El plazo de solicitud es de un mes.

La presentación de solicitudes y la documentación exigida se realizará exclusivamente por medios electrónicos, a través del Registro Electrónico de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, entre otros.

 

 

Medidas laborales y de seguridad social

Ámbito estatal

• Bonificación en cotizaciones para empresas

El art. 13 del Real Decreto-ley 7/2020 indica que las empresas (excluidas las pertenecientes al sector público) de los sectores del turismo (incluidos comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas al sector del turismo), que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan el alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuos tendrán una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional.

 

• Moratoria de cotizaciones sociales a la Seguridad Social

Según el art. 34 y la disposición final 12ª del Real Decreto-ley 11/2020, la propia Tesorería General de la Seguridad Social, previa solicitud, concederá esta moratoria, con una duración hasta 6 meses. Abarca tanto a empresas como autónomos.

Esta moratoria afectará al pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma.

Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) y en el caso de los trabajadores por cuenta propia a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

 

• Prestación extraordinaria por cese de actividad

Tanto las personas trabajadoras por cuenta propia cuyas actividades queden suspendidas, como aquéllas cuya facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% que cumplan los siguientes requisitos: Estar afiliado y en alta en la fecha de declaración de estado de alarma en el RETA; desempeñar una actividad directamente suspendida por el Real Decreto 463/2020.

Para el resto de actividades, acreditar la reducción de su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación en, al menos, un 75 % en relación con el promedio de la facturación efectuada en el semestre natural anterior, con, entre otras, la excepción de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en los sectores de producción o postproducción de cine, vídeo o televisión, grabación y edición de sonido, artes escénicas, de creación artística y literaria o de gestión de salas de espectáculos, acreditarán la reducción de su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.

Esta prestación extraordinaria durará un mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de declaración del estado de alarma, o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma si se prorroga y tuviera una duración superior a un mes.

La gestión de esta prestación corresponderá a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

 

• Eliminación temporal de los efectos de la presentación de solicitudes extemporáneas en un ERTE

Se eliminan temporalmente los efectos derivados de la presentación de solicitudes de prestaciones o subsidios por desempleo fuera de plazo durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública, de forma que la presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente (art. 26 Real Decreto-ley 8/2020).

 

 

Otras medidas

Ámbito estatal

• Programa ACELERA PYME

Dirigido a facilitar la digitalización de las pymes y autónomos, contempla las siguientes medidas:

1. Medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización desde el asesoramiento y la formación.

2. Medidas de apoyo a creación de soluciones tecnológicas.

3. Medidas de apoyo financiero.

La entidad pública RED.ES, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha puesto en marcha el Portal Acelera PYME, al que puede acceder a través del siguiente link. Tal y como se indica en él, está destinado a ayudar a las pymes y autónomos con el fin de atenuar el impacto del COVID-19 en su actividad y va a recoger todas las medidas que se están poniendo en marcha para ayudar a tal fin.

 

Moratoria en el pago de hipotecas (Real Decreto-ley 11/2020)

Los pequeños empresarios y autónomos que no tengan actividad como consecuencia del estado de alarma o que hayan sufrido pérdidas significativas pueden optar por dejar de pagar la cuota hipotecaria de su local u oficina durante tres meses, un plazo que podrá ser ampliado por acuerdo del Consejo de Ministros.

 

Flexibilización del pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago (Real Decreto-ley 11/2020)

Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del Estado de Alarma.

 

• Rescate de planes de pensiones (Real Decreto-ley 11/2020)

Durante el plazo de seis meses desde la declaración del estado de alarma los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria.

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida.

c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.

 

• Suspensión y de compensación al contratista por los daños y perjuicios

Sufridos durante el periodo de suspensión, en los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, así como de obras (Real Decreto-ley 8/2020).

 

• Medidas para el pago de alquileres de locales de negocio

El Real Decreto-ley 15/2020 establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio de las pymes y autónomos que hayan visto reducirse significativamente sus ingresos como consecuencia del COVID-19, a grandes tenedores o empresas públicas. En el caso de que el propietario sea distinto a los anteriores, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.

 

Ámbito autonómico

• Plataforma “Madrid Conecta”

Se trata de una plataforma virtual, puesta en marcha por Madrid Activa, que facilita a pymes y autónomos el intercambio de productos y servicios ya existentes en el mercado, así como de nuevas soluciones en desarrollo.

Es de acceso libre y sirve como un punto de encuentro o “market place” que les permite ofertar sus servicios, adquirir productos que necesitan para continuar con sus negocios o mostrar soluciones innovadoras en más de 40 sectores de actividad. Además, cuenta con el espacio habilitado “Comunidad Conectada COVID-19”, en el que se pretende recoger la oferta y demanda de productos, servicios y soluciones empresariales disponibles para la fabricación y suministro de aquellos que en la actualidad resultan de mayor urgencia.

El manejo la plataforma, que incorpora todos los procedimientos y certificados de seguridad y validación, es sencillo e intuitivo.

Los usuarios deben registrarse y seguir las instrucciones para subir sus ofertas y/o demandas, que pueden ser proactivas o responder a alguna oferta o demanda que haya planteado previamente otro usuario. La plataforma también permite recibir notificaciones de la actividad que registren los sectores que más interesan a los usuarios.

www.madridconecta.org

• Bonificaciones en las tarifas del Canal de Isabel II

La Orden 615/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad (BOCM de 8 de abril de 2020), aprobó una serie de bonificaciones en las tarifas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, S. A., para paliar el impacto económico del COVID-19.

Los tres bloques de bonificaciones aprobadas son los siguientes:

1. Bonificación para suministros destinados a usos comerciales, industriales, así como a los suministros destinados a protección contra incendios asociados a los dos usos anteriores.

Serán beneficiarios de esta bonificación los autónomos, pymes y cualesquiera otras empresas usuarias de tomas destinadas a los mencionados usos, que se encuentren afectados por la suspensión de actividad de su negocio o reducción significativa de la misma, en al menos un 30% en relación al promedio mensual de facturación del semestre anterior, como consecuencia de la situación de estado de alarma declarada por el COVID-19.

La bonificación para suministros individuales será del 100% de la parte fija de la tarifa o cuota de servicio, desde la fecha de entrada en vigor del estado de alarma y mientras este permanezca vigente; el 50%, desde la fecha de finalización del estado de alarma y durante un período de seis meses y del 25%, desde la fecha de finalización del período anterior y durante un período adicional de seis meses.

Para suministros colectivos deberá tenerse la especificidad indicada en la propia Orden y la bonificación se aplicará en la parte proporcional a cada inmueble.

2. Bonificación para suministros destinados a usos domésticos con usuarios afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), o trabajadores por cuenta propia (autónomos).

Se bonificará el importe total de la parte variable de la tarifa que corresponda facturar a precios unitarios del primer bloque o tramo de consumo (hasta 25 metros cúbicos al bimestre). Y el 50% de la parte fija de la tarifa o cuota de servicio. Para estos supuestos, la Orden también indica las especificidades para suministros individuales y colectivos.

3. Bonificación para suministros destinados a instalaciones respecto de las que la Administración Pública haya acordado la habilitación para usos sanitarios o funerarios.

Se bonificará el importe total de la parte variable de la tarifa y el 100% de la parte fija, durante todo el período en que el local sea destinado a los usos mencionados anteriormente.

 

Coronavirus COVID-19 | Medidas laborales del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril

Actualidad, Noticias

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

A continuación, se resumen los principales contenidos en cuestiones laborales:

 

1. TELETRABAJO Y ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA (ART. 15).

Según se indica en el propio Preámbulo, para garantizar la protección de las personas trabajadoras y seguir atendiendo a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar en el contexto de la crisis de la COVID-19, se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada, regulados en los artículos 5 y 6, respectivamente, en el Real Decreto-ley 8/2020.

De esta forma, el contenido de los artículos 5 y 6, citados, se mantendrá en vigor hasta tres meses después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma, sin perjuicio de que, en atención a las circunstancias, se puedan llevar a cabo prórrogas adicionales por el Gobierno.

 

2. ERTES POR FUERZA MAYOR (DF 8ª, DOS).

El art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020 que define la causa de fuerza mayor de los ERTE se modifica, de forma que pueda ser de carácter parcial. En este sentido, puede no extenderse a toda la plantilla respecto de aquellas empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales durante esta crisis.

Textualmente la norma indica: “Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las autoridades delegadas en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se entenderá que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad”.

 

3. PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN EXTINCIÓN DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA Y BAJA VOLUNTARIA (ART. 22).

Se amplía la cobertura de la protección por desempleo a:

– Las personas trabajadoras cuyos contratos se hubieran extinguido durante el período de prueba a instancia de la empresa, desde el 9 de marzo.

– Los trabajadores que hubieran extinguido voluntariamente su última relación laboral, desde el 1 de marzo, por tener una oferta laboral en firme que no hubiera llegado a materializarse como consecuencia de la COVID-19. Se acreditará la situación legal de desempleo mediante la comunicación escrita de la empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral por dicha causa.

 

4. PROTECCIÓN POR DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS (DF 8ª, TRES)

Se refuerza la protección por desempleo de los trabajadores fijos-discontinuos y de los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, ampliando la cobertura regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, conforme a lo siguiente:

– Tendrán derecho a la protección de desempleo en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores, es decir, aunque no tengan período de carencia y sin reposición de prestaciones:

 ▪ Los trabajadores que hayan sido llamados e incorporados a los ERTE regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020.

▪ Los trabajadores que se encuentren en periodo de inactividad productiva y, por ende, a la espera de la llegada de la fecha en la que procedería su llamamiento y reincorporación efectiva de no mediar la crisis de la COVID-19.

– Los trabajadores que, sin estar en la situación anterior, vean interrumpida su prestación de servicios como consecuencia del impacto de la COVID-19 durante períodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, y como consecuencia de ello pasen a ser beneficiarios de la prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.

– Los trabajadores que acrediten que, como consecuencia del impacto de la COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo.

– Los trabajadores que en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad no estuviesen percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen el período cotizado necesario para obtener una nueva prestación contributiva, con la certificación empresarial de la imposibilidad de reincorporación, estarán en situación legal de desempleo y pueden percibir las prestaciones de desempleo con un límite máximo de 90 días.

– Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran podido reincorporarse a la misma como consecuencia de la COVID-19 y carezcan del período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, con un límite máximo de 90 días. La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la última mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación contributiva.

– Los trabajadores que, durante la situación de crisis derivada de la COVID-19 agoten sus prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de trabajo, carezcan de las cotizaciones suficientes para el reconocimiento de un nuevo derecho y el empresario les expida un certificado de imposibilidad de reincorporación, tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, sin el límite de 90 días.

 

 

5. APLAZAMIENTO DE DEUDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (DF 10ª, CUATRO).

Se procede a modificar el artículo 35 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para simplificar el procedimiento de petición y resolución del aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. Por tanto, las empresas y autónomos, siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, con las siguientes particularidades:

a) Será de aplicación un interés del 0,5%.

b) Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso anteriormente señalados.

c) El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.

d) La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.

El aplazamiento será incompatible con la moratoria que se le haya concedido en relación con esta situación de crisis epidemiológica.

 

6. SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (DA 2ª).

Se suspenden los plazos que rigen en el ámbito de funcionamiento y actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la excepción de los casos en los que la intervención de dicho organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés general o por estar relacionados con el COVID-19.

– El período de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, así como sus posibles prórrogas, no computará a efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ni de los plazos fijados por la misma para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos.

Se exceptúan las actuaciones comprobatorias y los requerimientos y órdenes de paralización derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o aquellas que por su gravedad o urgencia resulten indispensables para la protección del interés general, en cuyo caso se motivará debidamente, dando traslado de tal motivación al interesado.

– Los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades, en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social, quedan suspendidos durante el estado de alarma.

– Todos los plazos relativos a los procedimientos regulados en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo), están afectados por la suspensión de plazos administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020.

 

7. MECANISMOS DE CONTROL Y SANCIÓN (DF 3ª y 9ª)

Se refuerzan los mecanismos de control y sanción. Concretamente, se regula la sanción de los comportamientos de las empresas que presenten solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados y se establece una responsabilidad empresarial que implica la devolución, por parte de la empresa, de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores, cuando no medie dolo o culpa de estos.

En concreto, se indica que las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.

Será sancionable igualmente la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo, que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social.

 

Acceda al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

Coronavirus COVID-19 | ¿Cómo comunicar la baja de la prestación de todos los trabajadores afectados por ERTE por finalización de las medidas temporales?

Actualidad, Noticias

¿QUIÉN COMUNICA EL FIN DEL ERTE PARA LA INTERRUPCIÓN DE LAS PRESTACIONES?

Pueden comunicar la finalización del ERTE y, con ello, la baja en la prestación de todos los trabajadores y trabajadoras afectados por suspensión o reducción de jornada, la empresa, el grupo de empresas o la gestoría designada para el trámite por los anteriores. Los trabajadores, al conocer la fecha en que retornan a su actividad laboral, entienden que su prestación queda interrumpida desde ese momento y no tienen que realizar ninguna gestión ante el SEPE, a estos efectos.

¿CÓMO SE PRESENTA EL FORMULARIO DE FIN DE ERTE?

El formulario es un modelo de solicitud unificado, como la solicitud colectiva que originó la prestación, en formato de archivo Excel, que se puede descargar aquí. El fichero contiene una única pestaña que debe cumplimentarse siguiendo las indicaciones de las celdas y respetándose los formatos.

El nombre del fichero Excel que se remita empezará por F seguido del día y hora de envío en 6 posiciones (ej 210418, para un envío remitido el 21 de abril a las 18 de la tarde) y del nombre de quien comunica (empresa o gestoría) en 12 posiciones máximo (ejemplo F210418PANIF). La extensión obligatoriamente será xlsx, no siendo admisibles versiones anteriores de documentos Excel.

¿QUÉ DEBE INCLUIRSE EN EL FORMULARIO DE BAJAS?

Esta plantilla contiene 3 tipos de datos, aparte de los de la identificación del comunicante:

1. El código de cuenta de cotización de la empresa (CCC) será la cuenta, en 15 posiciones, del centro de trabajo que ha finalizado el ERTE y coincidirá con la indicada en la solicitud colectiva inicial que se remitió al SEPE.

2. El número de trabajadores será el total de personas afectadas por las medidas temporales de suspensión y/o reducción de jornada y sobre las que se comunicó solicitud de alta de prestación por desempleo, ya fuera en uno o en varios envíos. Debe consignarse una única cifra con la totalidad de los trabajadores y trabajadoras a los que se les aplicó las medidas temporales. El dato será en formato numérico, sin otro signo que el marcador de unidades de millar, que tomará automáticamente del formato del campo, si se diera el caso.

3. La fecha de baja en la prestación será la del primer día de trabajo de jornada habitual para la plantilla, tras la suspensión o la reducción de jornada. Debe comprobarse particularmente este dato, ya que de ser erróneo podría resultar en la regularización posterior de prestaciones y de cantidades económicas cobradas indebidamente, que se realizaría por la vía de la responsabilidad empresarial.

¿QUÉ TRABAJADORES DEBO INCLUIR EN EL ENVÍO?

Las empresas o grupos de empresa pueden incluir en el fichero varios de sus centros de trabajo, siempre que hayan finalizado el ERTE y correspondan a una misma provincia. Solo se incluirán los centros en los que la totalidad de las personas trabajadoras hayan terminado el periodo de suspensión o reducción de jornada. Si la empresa o grupo tiene centros de trabajo en distintas provincias deberá cumplimentar esta plantilla por cada provincia, que se remitirá a cada Dirección Provincial del SEPE.

Las gestorías que realicen este trámite en nombre de sus clientes podrán comunicar a través de este modelo el fin del ERTE Covid-19 y la baja de la prestación de la totalidad de la plantilla de tantos centros de trabajo como consideren ubicados en la misma provincia, pero solo si se ha producido el fin de las medidas temporales para todos los trabajadores.

Por tanto, este modelo solo se utilizará si el centro de trabajo ha finalizado el ERTE, retomando la actividad toda su plantilla, entendiendo que con esta comunicación se producirá la baja colectiva de las prestaciones de todas las personas trabajadoras para un mismo código de cotización.

En el caso de que no todos los trabajadores de un mismo centro de trabajo hayan terminado la suspensión o reducción de jornada por ERTE Covid-19, deberá cumplimentarse el modelo BAJAS ERTE, donde deberá relacionarse el NIF/NIE de los trabajadores que sí finalizan y el CCC del centro de trabajo al que están asignados, así como la fecha de baja de la prestación que se les debe aplicar, manteniéndose de alta en la prestación a aquellos trabajadores que sigan afectados por el ERTE.

Puede añadirse tantos trabajadores como sea necesario, ampliando filas en la parte inferior de la hoja pero conservando siempre los formatos del documento modelo.

Para realizar modificaciones sobre información remitida en este modelo será necesario ponerse en contacto con el SEPE.

¿CUÁNDO TENGO QUE PRESENTARLO?

Puede comunicarse el fin del ERTE en el momento en que se conozca en firme la reincorporación de la totalidad de la plantilla. Podrán acumularse comunicaciones para remitir un menor número de envíos al SEPE, pero teniendo en cuenta que las bajas de prestaciones del mes deben comunicarse antes del 25 de ese mismo mes para no generar pagos indebidos.

¿DE QUÉ FORMA ENVÍO EL FORMULARIO?

Puede remitir el archivo Excel a través del Registro Electrónico Común de las Administraciones Públicas (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do) a la Dirección Provincial del SEPE en la provincia donde se ubica el centro de trabajo. Para buscar en la aplicación del registro electrónico la provincia debe teclear la palabra “SEPE” en el buscador del apartado “Organismo destinatario”.

Puede remitir el archivo mediante correo electrónico a la dirección DPxxAcuerdos.ERE@sepe.es, donde xx es el código de la provincia en la que se ubica el centro de trabajo. Consulte la tabla de buzones provinciales aquí.

No obstante, la Dirección Provincial del SEPE y la empresa podrán acordar otras formas de remisión de datos, siempre que se garantice la seguridad de las comunicaciones y se facilite toda la información necesaria.

Modelo de formulario para la comunicación de FIN de un ERTE

Coronavirus COVID-19 | ¿Cómo comunicar la baja de la prestación de los trabajadores afectados por ERTE que se van incorporando a la actividad?

Actualidad, Noticias

¿QUIÉN COMUNICA LA BAJA DE LA PRESTACIÓN?

Pueden comunicar las bajas de las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras afectados por la medida de suspensión o de reducción de jornada, la empresa, el grupo de empresas o la gestoría designada para estos trámites por los anteriores. Los trabajadores, al conocer la fecha en que retornan a su actividad laboral, entienden que su prestación queda interrumpida desde ese momento y no tendrán que realizar ninguna gestión directamente ante el SEPE a estos efectos.

¿CÓMO SE PRESENTA EL FORMULARIO DE BAJAS?

El formulario, que se puede descargar aquí, es un modelo de solicitud unificado, al igual que la solicitud colectiva que originó la prestación, en formato de archivo Excel, que se puede descargar aquí. El fichero Excel contiene una única pestaña que debe cumplimentarse siguiendo las indicaciones de las celdas y respetando los formatos.

El nombre del fichero Excel empezará por B seguido del día y hora de envío en 6 posiciones (ej 180412, para un envío remitido el 18 de abril a las 12 de la mañana) y del nombre de quien comunica (empresa o gestoría) en 12 posiciones máximo (ejemplo B180412ARTESGRAF). La extensión obligatoriamente será xlsx, no siendo admisibles versiones anteriores de documentos Excel. Cualquier otro nombre de fichero será rechazado y obligará a una nueva remisión.

¿QUÉ DEBE INCLUIRSE EN EL FORMULARIO DE BAJAS?

Esta plantilla contiene solamente 3 tipos de datos, aparte de los de la identificación del comunicante:

1. El código de cuenta de cotización de la empresa (CCC) será la cuenta de 15 posiciones del centro de trabajo donde presta servicios la persona que finaliza el ERTE y coincidirá con la indicada en la solicitud colectiva inicial que se remitió al SEPE.

2. El NIF/NIE del trabajador o trabajadora que se incorpora a la actividad, causando baja en el ERTE, irá en formato alfanumérico de 9 posiciones, sin signos ni espacios y completándose con ceros a la izquierda, si fuera de menor longitud.

3. La fecha de baja en la prestación será la del primer día de trabajo habitual tras la suspensión o la reducción de jornada. Debe comprobarse particularmente este dato, ya que de ser erróneo 2 podría resultar en la regularización posterior de prestaciones y de cantidades económicas cobradas indebidamente, que se realizaría por la vía de la responsabilidad empresarial.

¿QUÉ TRABAJADORES DEBO INCLUIR EN EL ENVÍO?

Las empresas o grupos de empresa pueden incluir en el mismo fichero a los trabajadores de varios centros de trabajo y varias empresas del mismo grupo que hayan terminado el periodo de suspensión o reducción de jornada y se incorporen a la actividad, siempre que estén ubicados en la misma provincia. En el caso de que sean todos los trabajadores de un mismo centro de trabajo, por finalización del ERTE, podrá cumplimentarse el modelo abreviado FIN DE ERTE.

Las gestorías que realicen este trámite en nombre de sus clientes podrán utilizar una plantilla por provincia de ubicación de los centros de trabajos y remitir en un único documento las bajas en la prestación de los trabajadores de todas las empresas, siempre que sean de la misma provincia. De esta forma podrá informarse en un solo envío por provincia el inicio de la actividad de cuantas empresas y trabajadores sea necesario. En el caso de que se trate de todos los trabajadores de un mismo centro, por haber terminado las medidas del ERTE, se cumplimentará el modelo abreviado.

Puede añadirse tantos trabajadores como sea necesario, ampliando filas en la parte inferior de la hoja pero conservando siempre los formatos del documento modelo.

Para realizar modificaciones sobre información ya remitida a través de este modelo será necesario ponerse en contacto con el SEPE.

¿CUÁNDO TENGO QUE PRESENTARLO?

Pueden comunicarse las bajas en el momento en que se conozca en firme la reincorporación de la persona o personas trabajadoras. También podrán acumularse comunicaciones para remitir en un menor número de envíos, pero las bajas de un mes deben comunicarse antes del día 25 de ese mismo mes para que no se generen pagos indebidos a los trabajadores ya en activo.

¿DE QUÉ FORMA ENVÍO EL FORMULARIO?

Puede remitir el archivo Excel a través del Registro Electrónico Común de las Administraciones Públicas (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do) a la Dirección Provincial del SEPE en la provincia donde se ubican los centros de trabajo. Para buscar en la aplicación del registro electrónico la provincia debe teclear la palabra “SEPE” en el buscador del apartado “Organismo destinatario”.

Puede remitir el archivo mediante correo electrónico a la dirección DPxxAcuerdos.ERE@sepe.es, donde xx es el código de la provincia en la que se ubica el centro de trabajo. Consulte la tabla de buzones provinciales aquí.

No obstante, la Dirección Provincial del SEPE y la empresa podrán acordar otras formas de remisión de datos, siempre que se garantice la seguridad de las comunicaciones y se facilite toda la información necesaria.

 

Modelo de formulario para la comunicación de BAJAS de un ERTE