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Se modifica el Impuesto Especial de Hidrocarburos
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Se modifica el Impuesto Especial de Hidrocarburos

Se modifica el Impuesto Especial de Hidrocarburos

El pasado miércoles se publicó en el BOE la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para 2018, por la que se modifica la composición del Impuesto Especial de Hidrocarburos con efectos 1 de enero de 2019.

Concretamente, se procede a integrar el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial, quedando los tipos impositivos de Gasóleos para uso general en 307 euros por 1.000 litros de tipo general y 72 euros por 1.000 litros de tipo especial, siendo la totalidad del impuesto de 379 euros por mil litros en todo el territorio español.

Como consecuencia de esta modificación de la composición del impuesto se verán afectadas las siguientes CC.AA.: País Vasco, Cantabria, Castilla-León, La Rioja y Navarra, donde aumentará el precio en 4,8 céntimos por litro. En Madrid el precio se incrementará 3,1 céntimos por litro, en Aragón 2,4 céntimos por litro, en Extremadura 1 céntimo por litro y en Asturias el alza será menor, de 0,8 céntimos por litro.

Estos cambios no afectan a la figura del gasóleo profesional que se mantiene.

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En resumen:

  • El impuesto autonómico desaparecería.
  • El impuesto especial estatal pasaría de 2,4 a 7,2 céntimos por litro.
  • En Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Murcia no habría subida.
  • Los cántabros, castellanoleoneses, riojanos, navarros y vascos pagarían 4,8 céntimos más por litro.
  • Los madrileños verían incrementar el precio en 3,1 céntimos por litro.
  • En Aragón el precio aumentaría 2,4 céntimos por litro.
  • En Extremadura se pagaría 1 céntimo más por litro, mientras que en Asturias el incremento sería de 0,8 céntimos/litro.
  • Se mantiene la figura del gasóleo profesional.

 

Presupuestos Generales del Estado para 2018
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Presupuestos Generales del Estado para 2018

 

El pasado día 5 julio de 2018 entraron en vigor los Presupuestos generales del Estado para el año 2018, aprobados por leu 6/2018 de 3 de julio de la Jefatura de Estado.
 
Entre otras disposiciones, la Ley introduce modificaciones en el sistema tributario y de pensiones.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, (IRPF), se profundiza en la consecución de objetivos inspiradores de la reciente reforma del Impuesto, en particular, la reducción de la tributación de los trabajadores de renta más baja y de los contribuyentes que soportan mayores cargas familiares, tales como mujeres trabajadoras, familias numerosas o personas con discapacidad.

A tal efecto, se aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. Así, los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 € siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del trabajo superiores a 6.500 € , minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes cuantías:

  • Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115 € : 5.565 € anuales.
  • Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115 y 16.825 €: 5.565 € menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 € anuales.

La mejora de la fiscalidad familiar se lleva a cabo con la ampliación de las deducciones por maternidad y por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

  • Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 € anuales por cada hijo menor de tres años .El importe de la deducción podrá incrementarse en 1.000 € adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados.

En relación con las deducciones por personas con discapacidad a cargo, las modificaciones que se introducen suponen la extensión de los supuestos a los que se aplica la deducción, al incluirse el cónyuge no separado legalmente cuando este sea una persona con discapacidad que dependa económicamente del contribuyente:

  • Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, hasta 1.200 € anuales.
  • Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo, hasta 1.200 € anuales,
  • Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa o por ser un ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo hasta 1. 200 € anuales. En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementará en un 100 por ciento.
  • La cuantía de la deducción a que se refiere el párrafo anterior se incrementará hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especia , según corresponda
  • Por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 €, hasta 1.200 € anuales.

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de alguna de las anteriores deducciones respecto de un mismo descendiente, ascendiente o familia numerosa, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

Por último, se establece una deducción sobre la cuota a favor de aquellos contribuyentes cuyos restantes miembros de la unidad familiar residan en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, lo que les impide presentar declaración conjunta. De esta forma se equipara la cuota a pagar a la que hubiera soportado en el caso de que todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en España.

Por otra parte, se eleva el porcentaje de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla, con el objetivo de que los residentes en dichas Ciudades Autónomas tengan una menor tributación.

También se modifica la obligación de declarar por este Impuesto, estableciendo, por una parte, un límite cuantitativo que exima de la obligación de presentar declaración cuando se obtengan ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía, a fin de evitar que la percepción de tales ayudas obligue al contribuyente a presentar declaración por el Impuesto, con los efectos económicos que dicha obligación acarrea, y, por otra, elevando el umbral inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores de rendimientos del trabajo como consecuencia de la mejora de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo anteriormente comentada.

Asimismo, con vigencia indefinida, los contribuyentes podrán deducirse el 30 por ciento de las cantidades satisfechas en el período de que se trate por la suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación. La base máxima de deducción será de 60.000 € anuales y estará formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.

No formarán parte de la base de deducción las cantidades satisfechas por la suscripción de acciones o participaciones cuando respecto de tales cantidades el contribuyente practique una deducción establecida por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias.

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades se modifica la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles y su régimen transitorio, para adaptar su regulación a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto a los regímenes conocidos como «patent box».

Además, se procede a exceptuar a las entidades de capital-riesgo de la obligación de efectuar el pago fraccionado mínimo aplicable a las grandes empresas, en lo que se refiere a sus rentas exentas, lo que permitirá corregir la actual asimetría respecto al tratamiento dado a otras entidades con baja tributación.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, con el objeto de contribuir a la reducción del déficit público, se prorroga durante el año 2018 la exigencia de su gravamen.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido destaca la rebaja del tipo impositivo aplicable a la entrada a las salas cinematográficas, que pasa de tributar del 21 al 10 por ciento.

En materia de Impuestos Especiales se procede a integrar el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial al objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y carburantes, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las Comunidades Autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario.

En el Impuesto Especial sobre la Electricidad se adoptan diversas medidas, entre las que cabe destacar la introducción de un incentivo económico para que se utilice la electricidad de la red terrestre y se disminuya así la contaminación atmosférica de las ciudades portuarias derivada del transporte.

En materia de tributos locales se introducen varias modificaciones en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Por lo que se refiere a las tasas, se actualizan, con carácter general, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas desde el 1 de enero de 2017.

Las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico se ajustarán al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro.

No se modifica la cuantía de la tasa de regularización catastral y se mantienen para 2018 las cuantías básicas de las tasas portuarias.

Con relación a las cotizaciones a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de agosto de 2018 serán los siguientes:

  • El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo tengan establecido, queda fijado en la cuantía de 3.803,70 € mensuales. Durante el año 2018, las bases de cotización en los Regímenes de la Seguridad Social, tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.
  • Las bases mensuales de cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas por el Régimen General de la Seguridad Social, exceptuadas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, estarán limitadas, para cada grupo de categorías profesionales, por las bases mínimas y máximas siguientes: las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se incrementarán, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. Las bases mínimas de cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se adecuarán en orden a que la cotización en esta modalidad de contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la misma unidad de tiempo y similares retribuciones. Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, serán de 3.803,70 € mensuales o de 126,79 € diarios.
  • Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2018, los siguientes: para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre (RCL 2006, 2324y RCL 2007, 418) , de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
  • Durante el año 2018, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el artículo 149 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes tipos de cotización: cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y el 2,00 por ciento a cargo del trabajador. Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 28,30 por ciento, del que el 23,60 por ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
  • En el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, las bases máxima y mínima y los tipos de cotización serán: la base máxima de cotización será de 3.803,70 € mensuales. La base mínima de cotización será de 932,70 euros mensuales. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a partir del 1 de agosto de 2018 tengan una edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el apartado anterior. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2017 haya sido igual o superior a 2.023,50 € mensuales, o que causen alta en este Régimen Especial con posterioridad a la citada fecha. La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a partir del 1 de agosto de 2018 tuvieran 48 o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 1.005,90 y 2.052,00 € mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 932,70 y 2.052,00 euros mensuales.
  • Los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas: si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.023,50 € mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 932,70 € mensuales y 2.052,00 € Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.023,50 € mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 932,70 €s mensuales y el importe de aquella, incrementado en un 1,40 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización.
  • El tipo de cotización en este Régimen Especial de la Seguridad Social será el 29,80 por ciento o el 29,30 por ciento si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad. Cuando el interesado no tenga cubierta la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50%.
  • Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

 
Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento jurídico de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

Sentencia sobre el FOGASA y los traslados
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Sentencia sobre el FOGASA y los traslados

Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana nos hacemos eco de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha sido muy comentada en los medios de comunicación.

La mencionada sentencia, de fecha 29 de junio de 2018, ha declarado discriminatoria la norma española que excluye a los trabajadores que rompan su relación laboral al rechazar un traslado con cambio de domicilio de los supuestos cubiertos por el fondo de garantía salarial (Fogasa), al entender que es incompatible, según el tribunal, con la correcta interpretación de la directiva relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

La sentencia, fue emitida en su día por el  Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. El tribunal valenciano abordó el caso de una trabajadora del parque temático 'Terra Mítica', en Benidorm (Alicante) que dimitió cuando su empresa le comunicó el traslado a otro parque temático situado a más de 450 Km, en San Martín de la Vega (Madrid). Aunque el juzgado de lo social condenó a la compañía al pago de 7.453,77 euros, la empleada tuvo que acudir a la justicia para conseguir del Fogasa el pago de parte de la indemnización que la empresa dejó pendiente al declararse insolvente. El Fogasa rechazó su petición alegando que las indemnizaciones debidas como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por voluntad de un trabajador afectado por la decisión de su empresario de cambiar su lugar de trabajo no se encuentran entre las que el fondo debe abonar, según el Estatuto de los Trabajadores. En estas circunstancias, los jueces, que tienen dudas sobre la compatibilidad de esta norma con el Derecho de la UE, plantearon una cuestión prejudicial al TJUE.

En su sentencia, el tribunal europeo rechaza los argumentos esgrimidos por España para justificar la norma, subrayando además que la interpretación otorgada por España a la directiva sería contraria a la finalidad social de esta, que es garantizar a todos los trabajadores asalariados un mínimo de protección a escala de la Unión en caso de insolvencia del empresario, mediante el pago de los créditos impagados que resulten de contratos o de relaciones laborales.

No es admisible excluir estas situaciones de la garantía del fondo salarial porque constituye un trato discriminatorio no justificado. El tribunal europeo considera que los trabajadores que optan por la extinción del contrato de trabajo en caso de traslado por decisión del empresario a un centro de trabajo distinto, que exija cambios de residencia, se encuentran en una situación comparable a la de los trabajadores que optan por la extinción del contrato de trabajo debido a las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo. En ambos casos el legislador ha previsto que el trabajador pueda optar por la extinción del contrato de trabajo y que reciba, además, una indemnización.

Sentado lo anterior, como siempre, si en vuestra empresa tenéis que realizar un traslado, podéis contactar con el equipo laboral de la Asociación, que os asesorará de la forma y requisitos para que el mismo sea conforme a la legislación laboral.

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Nuevo permiso de paternidad
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Nuevo permiso de paternidad

Estimados asociados, en el día de hoy, jueves 5 de Julio de 2018, entra en vigor el nuevo permiso de paternidad, tras la publicación en el día de ayer, miércoles 4 de julio de 2018, de los Presupuestos Generales del Estado en el Boletín Oficial del Estado.

Así, el permiso de paternidad pasará de cuatro a cinco semanas, y tendrán derecho al mismo los padres que hayan tenido un hijo a partir de este jueves.

 La decisión de ampliar a una semana la duración del permiso de los padres para el cuidado de sus hijos es consecuencia del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy al que llegaron PP y Ciudadanos. En él se pedía un aumento inicial, para 2017, para que los padres tuvieran una baja de cuatro semanas por el nacimiento de un hijo. Este periodo debía ser ampliado a razón de una semana por año, de manera que ahora este permiso llega a las cinco semanas. Además, gracias a una enmienda pactada por Unidos Podemos y PP, los PGE incorporan otra novedad con respecto a estos permisos: la posibilidad de que los funcionarios públicos que tengan un hijo puedan cogerse las cinco semanas de permiso sin la obligación de hacerlo de forma simultánea a la madre. De esta forma, podrán disfrutar de su baja tras las 16 semanas de la madre, ampliando el periodo total de ambos progenitores a 21 semanas.

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Supresión de la cédula de habitabilidad en la Comunidad de Madrid
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Supresión de la cédula de habitabilidad en la Comunidad de Madrid

La cédula de habitabilidad ha venido siendo el documento administrativo que reconocía el cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad, entendiendo por tales las condiciones técnicas e higiénico-sanitarias que deben cumplir las viviendas, que están establecidas por la Orden de 29 de febrero de 1944, del Ministerio de la Gobernación, sobre condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.

Por Decreto 111/2018 de la Consejería de Transporte, Vivienda e Infraestructuras de 26 de junio, a partir del próximo día 18 de julio queda suprimida en la Comunidad de Madrid la cédula de habitabilidad.

A tenor de la  norma, se suprime a todos los efectos en el ámbito de la Comunidad de Madrid el trámite de concesión de la cédula de habitabilidad, como documento necesario para reconocer la aptitud de un inmueble para ser destinado a vivienda.

El otorgamiento de la licencia urbanística municipal o título habilitante de obra, uso, utilización de construcciones e instalaciones u ocupación, supondrá la verificación previa del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad establecidas en la normativa básica estatal en materia de ordenación de la edificación, respecto de la salubridad, protección contra el ruido, ahorro energético y aislamiento térmico, en el Código Técnico de la Edificación, así como en la normativa urbanística municipal en materia de licencias, integrada por el planeamiento municipal y las ordenanzas municipales, respecto del cumplimiento de las determinaciones urbanísticas, ambientales y de seguridad.

No obstante, será de aplicación supletoria la normativa estatal vigente en materia de salubridad e higiene, en lo no previsto en la normativa municipal correspondiente.

Las empresas suministradoras de los servicios de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y demás servicios urbanos, no podrán contratar sus respectivos servicios sin la acreditación de la licencia urbanística municipal correspondiente o la cédula de habitabilidad concedida con anterioridad a la entrada en vigor de la supresión del trámite.

Las actuaciones que en materia de expedición de cédula de habitabilidad se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto y aún no estén resueltas, se resolverán de conformidad con las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en la Orden de 29 de febrero de 1944, normativa anterior al nuevo Decreto.

De esta forma se pretende dar sentido al principio de eficiencia, con la eliminación del trámite y evitación de cargas administrativas innecesarias, con el consecuente ahorro a los ciudadanos, no solo respecto de las tasas que hasta ahora debían abonarse, sino también en relación al coste que conllevaba la presentación de la solicitud y del resto de la documentación exigida, así como el tiempo de espera hasta su concesión.

En el mismo sentido, la supresión del trámite de expedición de la cédula de habitabilidad permitirá a la Administración la reorganización y optimización de sus efectivos de personal y medios materiales, ya que los que actualmente se están invirtiendo en la expedición de la cédula, podrán ser reorientados al refuerzo de otros ámbitos.

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AICA publica un nuevo vídeo de Prevención de Riesgos Laborales: Riesgos y medidas preventivas en trabajos en la vía pública
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AICA publica un nuevo vídeo de Prevención de Riesgos Laborales: Riesgos y medidas preventivas en trabajos en la vía pública

El vídeo ha sido financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales dentro de las acciones de promoción del cumplimiento normativo, información, sensibilización y gabinete de asistencia que se llevarán a cabo en 2018.

La Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA acaba de publicar un nuevo vídeo para mejorar la prevención de los riesgos laborales en las empresas. En esta ocasión, con el fin de explicar los riesgos y medidas preventivas en trabajos en la vía pública. El vídeo ha contado con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y es el primer vídeo que se encuadra dentro de las acciones de promoción del cumplimiento normativo, información, sensibilización y gabinete de asistencia que llevará a cabo la asociación en 2018.

El trabajo en la vía pública presenta un riesgo para los usuarios, conductores y peatones, así como para los trabajadores. Por ello, se deben planificar estas acciones y aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes.

En el vídeo se detallan tanto los riesgos de estos trabajos como las medidas preventivas para evitarlos. Entre los riesgos se encuentran atropellos, golpes y choques de vehículos y, también, los riesgos debidos a las condiciones meteorológicas o los inherentes a la propia actividad. En relación con las medidas preventivas es importante que los trabajadores sigan las instrucciones dadas por la empresa, planificar y coordinar los trabajos para evitar interferencias, delimitar la zona de actividad y señalizarla adecuadamente, utilizar ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante, procurar accesos seguros para peatones, etc.

Entre las medidas preventivas es clave la señalización de las actividades que se están realizando con antelación, de manera clara, actualizada según los avances del trabajo y adecuada, si es necesario, para periodos nocturnos o de baja visibilidad.

Teniendo en cuenta la época estival que acaba de comenzar es importante señalar el procedimiento ante un golpe de calor y qué hacer para evitarlo. Las medidas preventivas se basan en planificar los horarios en relación con las horas más calurosas, beber agua, protegerse del sol, evitar las comidas pesadas o realizar periodos de descanso a la sombra. También se expresan los síntomas de esta dolencia que es crucial conocer: cansancio, dolor de cabeza, mareos, náuseas y vómitos.

El vídeo ya está disponible en el canal de YouTube de la Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA y se puede visualizar directamente aquí. En la grabación del vídeo se ha contado con la participación de Seromal y el Ayuntamiento de Alcobendas.

Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA

La Asociación de Empresarios de Alcobendas - AICA puso en marcha en el año 2011 un Gabinete Técnico especializado en prevención de riesgos laborales cuya finalidad es divulgar la cultura preventiva entre los empresarios. Entre las labores del Gabinete se encuentran el asesoramiento técnico e informativo a las empresas, independiente de su tamaño e incluyendo a autónomos, microempresas y pymes. El objetivo es conseguir la reducción de la accidentalidad y enfermedad profesional mediante la disminución de la peligrosidad del trabajo, estableciendo medidas y mecanismos adecuados para evitar que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales. En 2018 el gabinete cuenta con la Financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y realizará acciones de promoción del cumplimiento normativo, información, sensibilización y gabinete de asistencia.

Retribución de las vacaciones
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Retribución de las vacaciones

Estimados asociados, aprovechando que nos encontramos en pleno periodo estival, en la nota informativa de esta semana vamos a abordar una sentencia de La Sala Cuarta del Tribunal Supremo (en adelante TS), de fecha 28 de febrero de 2018, que declara el derecho de los trabajadores a percibir en su nómina de vacaciones determinados complementos.

Os recordamos que el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), establece que los períodos de vacaciones anuales son retribuidos, pero en el citado artículo no se indica que conceptos deben ser incluidos o excluidos de su cómputo económico, remitiéndose a la negociación colectiva, es decir, su calificación como retribución ordinaria o extraordinaria a efectos de su posible cómputo o no, dependerá de las circunstancias concurrentes, particularmente la habitualidad en su ejecución, siendo este el punto en el que puede operar una cierta discrecionalidad de la negociación colectiva.

Para el TS,  si en el Convenio Colectivo de referencia no se regulan de una forma clara los conceptos que deben abonarse durante el periodo de vacaciones o en su caso, si en la   negociación colectiva no se determina la línea divisoria entre la ocasionalidad y la habitualidad, en ausencia de dicha regulación, tan solo tienen derecho a percibir el promedio del complemento en cuestión quienes hubiesen sido retribuidos habitualmente con él, lo que debe entenderse que solo tiene lugar cuando se hubiese percibido en 6 meses o más de entre los 11 anteriores.

En el caso analizado, son conceptoscomputables en vacaciones los siguientes: nocturnidad, disponibilidad por días de guardia y flexibilidad. En cambio, debe rechazarse la incorporación en la nómina de vacaciones los siguientes: complemento por cambio horario, complemento por cambio de convocatoria, compensación por desplazamiento y el complemento de fin de semana y festivos inter-semanales.

Como siempre, si en vuestra empresa os surgen dudas sobre los conceptos que debéis abonar a vuestros trabajadores durante vuestras vacaciones, os recomendamos.

 

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Modificación del régimen procesal de la ocupación ilegal de viviendas
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Modificación del régimen procesal de la ocupación ilegal de viviendas

El próximo 30 de junio entrará en vigor la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de procesos de desahucio por ocupación ilegal de viviendas.

La reforma, operada por Ley 5/2018 de 11 de junio, trata de dar solución a dos de los problemas más acuciantes en esta materia, los desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial y la ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad.

Es por ello que la Ley pretende articular mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitan, por un lado, atender a la situación personal de necesidad de personas en riesgo de exclusión social y  la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, cuando se trata de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

En concreto, la reforma, en casos de ocupante ilegal en situación de vulnerabilidad social, regula la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento. Ello además de introducir medidas de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas competentes para que resulten eficaces estas comunicaciones.

Asimismo, se crea como un nuevo proceso rápido y sumario, aquellas peticiones de inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, cuando su titular se vea privado de ella sin su consentimiento, ya sea persona física, entidad sin ánimo de lucro o entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

Finalmente, cuando se solicitase en la demanda la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella, la acción judicial podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad. Si ha sido posible la identificación del receptor o demás ocupantes, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados.

Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. En todo caso, en la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.

Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

 

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