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Coronavirus COVID-19 | Medidas urgentes para la recuperación económica y el empleo

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El BOE de 6 de julio ha publicado el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, al que puede acceder a través del siguiente link.

Algunas de las medidas aprobadas son de carácter general y, otras, están específicamente dirigidas al sector turístico.

A continuación, se exponen las principales medidas que incluye este Decreto-ley, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

 

Medidas de carácter general

Se aprueba una nueva Línea de avales, para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones. La dotación económica es de 40.000 millones de euros.

Esta nueva línea de avales será canalizada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO y está dirigida a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas donde se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principalmente: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Las características específicas de la Línea de Avales, el porcentaje de cobertura y distribución por tramos se aprobarán por Acuerdo de Consejo de Ministros en las próximas semanas, por lo que le mantendremos informado.

• Se crea un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, que tiene una dotación económica inicial de 10.000 millones de euros.

El Fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial, mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital, a empresas no financieras, que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas, por su impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados.

El Fondo será gestionado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y por un Consejo Gestor, órgano colegiado interministerial que se crea, y que estará adscrito al Ministerio de Hacienda.

Se aprueba un PLAN RENOVE 2020, con una dotación económica de 250 millones de euros, que se distribuirán del siguiente modo:

– 230 millones para Turismos, furgonetas ligeras y motocicletas.

– 20 millones para Autobuses y autocares, furgones, camiones ligeros y camiones.

Las ayudas del plan “Renove 2020” se concederán de forma directa y su importe puede ser desde 300 euros hasta 4.000 euros, según el tipo de vehículo y del beneficiario. Se podrá contar con 500 euros adicionales en el caso de achatarramiento de un vehículo de más de veinte años, de beneficiarios con movilidad reducida o aquellos que pertenezcan a hogares con ingresos mensuales inferiores a 1.500 euros. En el anexo II del presente Real Decreto-ley se detallan los vehículos susceptibles de beneficiarse de estas ayudas y sus requisitos.

Podrán optar a estas ayudas las adquisiciones de vehículos realizadas desde el 16 de junio de 2020. El programa finalizará el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se agote el crédito habilitado a tal efecto.

Se extiende a empresas cotizadas el acceso a la línea extraordinaria de garantías públicas de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE), aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. Inicialmente esta línea extraordinaria se había articulado para PYMEs y empresas no cotizadas.

 

Medidas dirigidas al sector turístico

Se aprueba una moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles afectos a una actividad turística.

Los autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España tendrán derecho a la moratoria de los préstamos hipotecarios sobre los inmuebles que cumplan los requisitos del artículo 4 del presente Real Decreto-ley, siempre que:

a) Experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esto es, cuando se haya sufrido en el promedio mensual de los meses de marzo a mayo de 2020 una reducción de ingresos o facturación de al menos un 40% en el promedio mensual de los mismos meses del año 2019.

b) El préstamo no haya sido ya objeto de alguna de las moratorias indicadas en el artículo 3.1 letra b).

Se entenderá por actividad turística aquella que esté incluida en alguno de los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE):

– CNAE 5510 (Hoteles y alojamientos similares).

– CNAE 5520 (Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia).

– CNAE 7911 (Actividades de agencias de viajes).

La moratoria podrá ser de hasta doce meses. Además, se bonificará el pago de los aranceles notariales y del Registro de la Propiedad a que dieran lugar las operaciones de implementación de esta medida, así como de cualquier tipo de impuesto o gravamen.

Se crea el instrumento denominado “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos”.

Su objetivo es impulsar el desarrollo de los destinos turísticos ubicados en áreas rurales y de interior.

La Secretaría de Estado de Turismo, las Comunidades Autónomas y, en su caso, las entidades locales firmarán convenios en los cuales se determinarán las actuaciones a realizar, el importe estimado de la inversión, el plazo de ejecución y el porcentaje de aportación a la financiación de las administraciones participantes.

Se crea una Línea extraordinaria de financiación de proyectos para la transformación digital e innovación del sector turístico.

La dotación presupuestaria del programa será de 216 millones de euros para el ejercicio 2020. Serán financiables las siguientes categorías de proyectos:

a) Proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas.

b) Proyectos de investigación, desarrollo e innovación turísticos.

Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el 1 de febrero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, que tengan un importe mínimo de 50.000 euros.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo será quien realice la convocatoria de esta línea y el plazo de solicitud será de un mes desde la publicación de dicha convocatoria, por lo que le mantendremos informado.

Se aprueban medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

Las empresas dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, del comercio y la hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, y que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos meses del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores

Coronavirus COVID-19 | Línea de avales ICO: empresas y autónomos, sector turístico, adquisición de vehículos para uso profesional

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El BOE de 17 de junio ha publicado la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que establece los términos y condiciones de:

– Quinto tramo de la línea de avales del ICO a préstamos concedidos a empresas y autónomos.

– Línea de avales del ICO a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas.

– Línea de avales del ICO a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional.

Quinto tramo de la línea de avales del ICO a préstamos concedidos a empresas y autónomos

El importe de este quinto tramo es de 12.500 millones de euros, que se distribuirá del siguiente modo: – 7.500 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes. – 5.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a empresas que no reúnan la condición de pyme.
Línea de avales del ICO a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas

El importe de esta línea de avales es de 2.500 millones de euros. En el anexo II de la Resolución se indican los CNAEs de las empresas turísticas y de actividades conexas que se pueden acoger a esta línea.

 

Línea de avales del ICO a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional

El importe total de esta línea de avales es de 500 millones de euros. Podrán acogerse a ella las empresas y autónomos que requieran financiación para la adquisición o arrendamiento financiero u operativo de nuevos vehículos de motor de transporte por carretera para su uso profesional.

El plazo de solicitud de estas tres líneas de avales finalizará el próximo 30 de septiembre de 2020. Las características de cada una de ellas figuran en los anexos I, II, III de la citada Resolución, a la que puede acceder a través del siguiente link.

También pueden consultarse en la página web del ICO: www.ico.es

Coronavirus COVID-19 | Subvenciones del Ayuntamiento de Alcobendas a autónomos y microempresas

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Beneficiarios:
Empresas o empresarios/as individuales, dados de alta censal en Hacienda, que tengan abierto local o establecimiento de negocio en Alcobendas y cuya actividad se haya visto afectada por el cierre forzoso de establecimientos dispuesto por las autoridades en el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.

  • Persona física
    • Empresario individual, sociedad civil o comunidad de bienes.
  • Persona jurídica
    • Sociedad mercantil, incluidas las sociedades mercantiles especiales, siempre y cuando las mismas tengan menos de 10 empleados.

Las empresas deben ser consideradas “microempresa”

  • Anexo I del Reglamento de la Unión Europea nº 651*2014 de la Comisión, del 17 de junio de 2014:
  • Ocupa a menos de 10 personas
  • Su volumen de negocios anual o su balance general anual no supera los 2.000.000 de euros.

Cuantía:
Cantidad fija de 1.500 euros para un mismo beneficiario, con o sin trabajadores a su cargo.

Procedimiento de concesión:
Concurrencia competitiva, estableciéndose como criterios de valoración:

  • Por cada puesto de trabajo del/los promotor/es en activo: 1 punto.
  • Si tiene trabajadores por cuenta ajena en activo: 1 punto.
  • Se entiende por trabajadores en activo aquellas personas que figuran de “Alta” a fecha 13 de marzo de 2020 en el VILEM que se aporta o en el certificado de RETA.
  • En caso de empate este se dirimirá a favor de la solicitud presentada con mayor antelación a la fecha de finalización del plazo de solicitudes; considerando para ello la fecha del Registro en que las solicitudes reúnan toda la documentación requerida, una vez subsanada la ausencia o insuficiencia que en su caso se hubiera apreciado por la Administración.

Conceptos subvencionables:
Se deben acreditar unos gastos superiores a 1.500 euros en:

  • Alquiler o gastos hipotecarios del local u oficina.
  • Compra y/o instalación de nuevos equipos de protección para dar cumplimiento a las normativas higiénicas y sanitarias establecidas.
  • Gastos de suministros: agua y energía. Compras de insumos y mercaderías.

Solicitud:

15 días hábiles a contar desde el lunes, 15 de junio de 2020.

Las solicitudes se presentarán telemáticamente a través de la web municipal en el enlace: https://www.alcobendas.org/es/cargarFichaTramite.do?identificador=773

Documentación: 

  • Documentación Persona Física:
    • Fotocopia NIF o NIE por las dos caras.
    • Certificado actualizado (posterior 13/03/2020) de situación censal que indique actividad económica con fecha de alta y la dirección del local de desarrollo de la actividad.
    • Resolución/certificación alta en el RETA o la mutua profesional correspondiente.
    • En caso de tener trabajadores a cargo, informe de Vida Laboral de la empresa expedido Tesorería de la Seguridad Social que incluya nº de trabajadores a 13/03/2020.
    • Facturas o documentación justificativa, correspondiente a 3 meses, de los gastos subvencionables.

 

  • Documentación Persona Jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica
    • Fotocopia NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica.
    • Certificado actualizado (posterior 13/03/2020) de situación censal que indique actividad económica con fecha de alta y la dirección del local de desarrollo de la actividad.
    • Acreditación de los poderes de la/s persona/s administradora/s o de la persona que representa a la sociedad en esta solicitud, en caso de no ser la misma persona.
    • Fotocopia de DNI o NIE, por las dos caras, de la/s persona/s administradora/s o de la persona que representa a la sociedad en esta solicitud, en caso de no ser la misma persona o autorización para su consulta.
    • En caso de tener trabajadores a cargo, informe de Vida Laboral de la empresa expedido Tesorería de la Seguridad Social que incluya nº de trabajadores a 13/03/2020.
    • Facturas o documentación justificativa, correspondiente a 3 meses, de los gastos subvencionables.

Deberá de justificarse en la solicitud mediante “Declaración Responsable” la ausencia de todos los impedimentos para obtener la condición de beneficiario de las subvenciones.

Si no autoriza su consulta:

  • Certificado de estar al corriente de obligaciones con Hacienda y con el Ayuntamiento.
  • Certificado de estar al corriente de obligaciones con Seguridad Social, tanto de la empresa como del empresario o profesional autónomo.
  • DNI/NIE del solicitante o representante.

 

Acceda a la convocatoria completa de las subvenciones

Coronavirus COVID-19 | Medidas en el trabajo durante la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

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  • Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo.
  • En las empresas, comercios, centros educativos y otras entidades previstas en la citada orden del Ministerio de Sanidad, se deberán adoptar las medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o prevención para los trabajadores.
  • Se asegurará que todos los trabajadores tengan a su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón.
  • Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros, se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo y estén formados e informados sobre el correcto uso de dichos equipos de protección.
  • Estas medidas son aplicables también a trabajadores de empresas que presten servicios con carácter habitual o de forma puntual en las empresas, comercios, centros y otras entidades previstas en la orden del Ministerio de Sanidad.
  • El control horario mediante huella dactilar debe sustituirse por otro sistema que garantice las medidas higiénicas adecuadas para proteger la salud y la seguridad del trabajador, o bien se deberá desinfectar el dispositivo antes y después de cada uso.
  • La disposición de puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de condiciones de trabajo deben garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre los trabajadores, siendo responsabilidad del titular de la actividad o director de la entidad. Las medidas de distancia han de cumplirse en vestuarios, taquillas y aseos, así como en cualquier otra zona de uso común.
  • Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud y, en su caso, con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El trabajador se colocará una mascarilla y abandonará su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.
  • Los centros deberán realizar ajustes en su organización horaria para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, trabajadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible máxima afluencia o concentración y durante las entradas y salidas.

 

ACCEDA A LA GUÍA COMPLETA DE LA FASE 2 DEL PLAN DE TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD

Coronavirus COVID-19 | La Comunidad de Madrid presenta el sello Garantía.Madrid para fomentar las buenas prácticas de las empresas de la región frente al coronavirus

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• El distintivo será gratuito y certificará las medidas adoptadas por los distintos establecimientos para proteger a trabajadores y clientes

• Se tramitará telemáticamente a través de la página web www.garantia.madrid

• Se tendrá en cuenta el número de empleados y si el local dispone de atención al público, además del tipo de medidas implementadas para garantizar la seguridad

 

La Comunidad de Madrid ha creado Garantía.Madrid, un sello de calidad que tiene como objetivo certificar y fomentar las buenas prácticas que adopten las empresas de la región para proteger a sus trabajadores y clientes de posibles riesgos asociados al coronavirus.

Garantía.Madrid nace para dotar a todas las empresas de la región que lo deseen de un sello o documento identificativo que certifique que están aplicando en sus negocios las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias para garantizar la protección frente al COVID-19, tanto de sus empleados como de sus clientes presenciales. A través de este sello, los comerciantes y los usuarios pueden tener la garantía de que se cumplen todos los requisitos de seguridad y de higiene.

El certificado es gratuito y voluntario, y las empresas que quieran obtenerlo deberán acceder a la página web www.garantia.madrid y completar unos cuestionarios con los que acrediten que cumplen los estándares. Estos formularios están diseñados en función del número de empleados (menos de diez trabajadores o por encima de esa cifra) y de si la empresa dispone de espacios de atención al público y clientes presenciales.

Los formularios abordan una serie de cuestiones sobre las distintas medidas organizativas y de prevención adoptadas para garantizar la seguridad de sus trabajadores en sus desplazamientos y en el centro de trabajo, o en la gestión de residuos, y los destinados a empresas con atención al público incluyen además cuestiones sobre la información o medidas higiénicas que se ponen a disposición del cliente.

La empresa que solicite el sello tiene que hacerse responsable de la veracidad de la información que comunica, y aportar las pruebas documentales del cumplimiento de algunas de las medidas para hacerse acreedora de esta certificación, como copias de los planes de desinfección o imágenes de la correcta separación de mesas en terrazas o salas.

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Una vez recibidas las solicitudes, los técnicos de la Comunidad de Madrid verificarán las mismas y, en su caso, emitirán el identificativo de Medidas de Cumplimiento que podrán exhibir a sus empleados y clientes. Las empresas que obtengan estos sellos, que pueden pertenecer a cualquier sector de actividad (bares, restaurantes, textil, automoción, centros comerciales, supermercados, sucursales bancarias, entidades públicas…) podrán optar a sumar el indicativo de Medidas Extraordinarias, que certificará la puesta en marcha de actuaciones adicionales de seguridad y organización para añadir valor a su compromiso con trabajadores y clientes.

Este certificado, que también podrá descargarse a través de código QR, verificará la aplicación de medidas como el fomento del teletrabajo, la implantación de planes de sostenibilidad empresarial que eviten despidos o el desarrollo de planes de formación a empleados en seguridad e higiene frente al COVID-19. Todos los establecimientos que obtengan el sello podrán consultarse en la web www.garantia.madrid.

Coronavirus COVID-19 | La Comunidad de Madrid presenta un Plan para la Reactivación tras el COVID-19

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La Comunidad de Madrid ha presentado hoy un Plan para la Reactivación tras la crisis del COVID‐19, que contempla un total de 30 medidas para alcanzar un triple objetivo: activar la económica y el empleo, ayudar a las personas más vulnerables y normalizar y reforzar la prestación de los servicios públicos de la región afectados por la crisis sanitaria y el confinamiento iniciadas en marzo. El Consejo de Gobierno ha analizado este Plan con el que el Ejecutivo madrileño lidera la adopción de iniciativas directas entre las CCAA para el nuevo escenario económico y social derivado del COVID-19.

 

Así lo ha explicado la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha presidido en la Real Casa de Correos la reunión semanal del Consejo y ha destacado que el objetivo de este plan transversal, diseñado con todas las Consejerías, “es acompañar y facilitar la vida a los ciudadanos” en estos momentos tan difíciles y “ser coherentes con la situación económica y sanitaria”. “De esta manera, seremos capaces de aliviar todos los daños que está ocasionando el COVID-19”, ha indicado Díaz Ayuso, quien ha sostenido que el Gobierno estima que estas medidas evitarán una pérdida de 1.000 millones de euros para la economía madrileña.

“No solo no tenemos que parar sino aprovechar la crisis para reinventarnos como Comunidad de Madrid”, ha añadido la presidenta, quien ha explicado que el texto se ampliará con nuevas medidas según vayan compartiéndolo con los distintos sectores sociales, con los comerciantes, con los ciudadanos, con las familias, con los sanitarios y con los grupos parlamentarios. El objetivo, en definitiva, es ser “más útiles” para los ciudadanos, acercarles más a la Administración, “reducir trabas y ganar tiempo”.

Por su parte, el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha subrayado la importancia de “profundizar en la etapa de reconstrucción de la Comunidad de Madrid”, una reconstrucción y reactivación que tiene que producirse “con el trabajo de todos y siendo conscientes de lo que hemos vivido para proyectar las soluciones del futuro”. “Tenemos que trabajar recordando lo que hemos perdido en esta crisis y lo que hemos aprendido en estos meses”, ha añadido, afirmando que “queda mucho camino por recorrer en la labor de reconstrucción”.

Según Aguado, las principales prioridades que afronta la región a día de hoy son “evitar rebrotes de COVID-19 y que la pobreza se extienda entre la población”. “El Ejecutivo regional también trabaja en la reconstrucción económica y social de la Comunidad de Madrid para que esta crisis no derive en una crisis social y económica aún mayor”, ha remarcado.

Medidas económicas y menos burocracia 

El Gobierno también se centrará en flexibilizar trámites, reduciendo cargas administrativas innecesarias y plazos. De este modo, se ampliará el uso de la Declaración Responsable en lugar de licencias urbanísticas para reconstruir los proyectos de vida de los madrileños y se impulsará la burocracia municipal para agilizar los procedimientos de gestión de trámites y creación de empresas. También se mejoran los servicios de atención al ciudadano, simplificando las subvenciones y el pago de los tributos municipales y reduciendo el intervencionismo.

El Ejecutivo madrileño sacará a concurso público cerca de un millón de metros cuadrados por un valor de mercado de 256 millones de euros. Se trata de 193 parcelas para uso industrial, oficinas y usos comerciales y hoteleros y para vivienda tanto libre como protegida, ubicadas en 20 municipios de la región, que están listas para edificar.

Además, hasta final de la legislatura se invertirán más de 260 millones de euros para descongestionar las líneas 3, 6 y 8 de la Red de Metro de Madrid y trabajar por un transporte público cada vez más sostenible.

Para apoyar la recuperación del sector turístico se va a realizar una campaña de promoción a nivel nacional, se respaldará con avales a sus empresas y se fijará un nuevo marco horario que permita prolongar la actividad de las terrazas.

Otras iniciativas para fomentar la recuperación económica son priorizar la activación del tejido industrial a través del Programa de Inversiones Regionales, implantar el uso del BIM -Building Information Modeling-, herramienta digital que centraliza toda la información de un proyecto de arquitectura para agilizar la concesión de licencias, concesión de ayudas directas por la compra de vehículos cero emisiones, (patinetes, bicicletas, ciclomotores y motocicletas eléctricas) y creación de bono créditos ambientales para el uso de los servicios de car y moto sharing.

Dentro del programa Garantía Madrid se otorgará un sello a aquellos establecimientos que cumplan con estándares de calidad y seguridad superiores a la norma y con los requisitos establecidos, señalando aquellos espacios Libre de COVID.

Tarjeta sanitaria virtual y más sanitarios

El novedoso Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid tiene previsto continuar con el esfuerzo desarrollado por las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales durante los últimos meses. De este modo, se contempla la activación de la Tarjeta Sanitaria Virtual y un Plan de refuerzo de la asistencia sanitaria al paciente crónico, incluyendo líneas específicas para pacientes complejos de COVID‐19.

En el área sanitaria, destaca también la potenciación de las visitas domiciliarias y una importante medida que permitirá cambiar la normativa para contemplar la exención del requisito de nacionalidad para el acceso a los centros del Servicio Madrileño de Salud. A tal efecto se les dotará de facultativos suficientes para ofrecer y seguir garantizando una cobertura sanitaria de calidad a la totalidad de la población.

En Políticas Sociales, destaca la dotación de 20 millones de euros para los colectivos más vulnerables, incluyendo las personas con discapacidad. Se trata de un Fondo extraordinario de contingencia para el fortalecimiento de las entidades sociales que atienden a las personas más necesitadas de la Comunidad de Madrid y que se han visto afectadas directamente por la crisis del COVID‐19.

Becas para los más vulnerables 

Asimismo, el Gobierno regional va a lanzar las Becas Seguimos para universitarios, que recibirán una dotación de 9 millones de euros por parte de la Comunidad y 3 millones de las universidades, para que los más afectados por la crisis generada por el coronavirus puedan continuar sus estudios en la universidad pública. Asimismo, se va a fomentar con 8 millones de euros la investigación de proyectos orientados al tratamiento y diagnóstico del COVID-19.

También el campo de la educación, la Comunidad de Madrid actualizará la plataforma EducaMadrid para atender las nuevas necesidades derivadas de la generalización de la docencia online. También se creará un centro específico y de referencia de Formación Profesional a distancia. Asimismo, se pondrá en marcha acciones específicas en los centros de FP para intensificar las actividades de aprendizaje que permitan la adquisición de las competencias profesionales de gestión y emprendimiento, que alcanzará a 60.000 jóvenes.

Plan de Protección Civil ante pandemias

Por otro lado, la Comunidad de Madrid elaborará un plan concreto y detallado de Protección Civil ante pandemias, con una guía de actuaciones para desarrollar frente a nuevos brotes epidémicos. En el ámbito judicial, se refuerzan las salas de vistas y el personal tanto del Tribunal Superior de Justicia como de la Fiscalía de Madrid, para apoyarles ante el aumento de litigios, en especial la derivada de los ERTEs y despidos causados por la crisis sanitaria.

También se modificará la ley de Hacienda para dotar al Gobierno de nuevos mecanismos presupuestarios que aporten flexibilidad de actuación ante situaciones de emergencia; y se facilitará a los ciudadanos su relación con la Administración, reduciendo el número de desplazamientos para trámites con una atención y un servicio más integrales, a través del proyecto Oficina 360º. Se impulsará la presentación telemática de documentos y la simplificación de la normativa.

Algunas de las medidas previstas en este Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid han comenzado ya a aplicarse y otras se implantarán progresivamente para desarrollarse hasta el final de la actual legislatura.

Coronavirus COVID-19 | Acuerdo social en defensa del empleo

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Reunido el Gobierno con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas alcanzamos el siguiente

ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO

 

Artículo 1. Especialidades aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 durante el desconfinamiento.
1. A partir de la entrada en vigor del presente Real decreto-ley, continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del Covid-19, aquellas empresas y entidades que contaran con un expediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.
2. Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del Covid-19, aquellas empresas y entidades que cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020.

Estas empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

3. Las empresas y entidades a las que se refiere este artículo deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de regulación de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al Servicio Público Estatal de Empleo de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.

En todo caso, estas empresas y entidades deberán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.

 

Artículo 2. Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción comunicados a partir del desconfinamiento.

1. A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción iniciados tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de junio de 2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades recogidas en el presente precepto.

2. La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo de los referidos en el artículo 1.

3. Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se inicie tras la finalización de un expediente temporal de regulación de empleo basado en la causa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

4. Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

 

Artículo 3. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo.

1. Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 30 de junio de 2020.

2. Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

Artículo 4. Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a las medidas reguladas en el artículo 1.

1. La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, a las empresas y entidades a las que se refiere el apartado 1 del artículo 1 del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta en la Seguridad Social. Si las citadas empresas y entidades tuvieran 50 trabajadores, o asimilados a los mismos, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

2. Las empresas y entidades a las que se refiere el apartado 2 del artículo 1 quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:

a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados desde ese reinicio, la exención alcanzará el 85% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta, la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.
b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta, la exención alcanzará el 45% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020. En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

3. Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, así como de la identificación de las personas trabajadoras afectadas y periodo de la suspensión o reducción de jornada.
Para que la exoneración resulte de aplicación esta comunicación se realizará, por cada código de cuenta de cotización, mediante una declaración responsable que deberá presentarse, antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.

4. A efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.
La Tesorería General de la Seguridad Social podrá establecer los sistemas de comunicación necesarios con el Servicio Público de Empleo Estatal para el contraste con sus bases de datos del contenido de las declaraciones responsables y de los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.

5. Las exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

6. Las exoneraciones reguladas en este artículo serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la aportación empresarial por contingencias comunes, de las mutuas colaboradoras en el caso de la aportación empresarial por contingencias profesionales, del Servicio Público de Empleo Estatal en el caso de la aportación empresarial para desempleo y por formación profesionales y del Fondo de Garantía Salarial en el caso de las aportaciones que financian sus prestaciones.

 

Artículo 5. Limites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal

1. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el art.1 de este Real Decreto-ley.

2. Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el art. 1 de este Real Decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 del artículo 348.bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.

 

Disposición Adicional primera. Extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en la causa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo y de cotización

1. Mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrá establecer una prórroga de los expedientes de regulación de empleo a los que se refiere el artículo 1, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020.

2. Este acuerdo podrá, a su vez, prorrogar las exenciones reguladas en el artículo 4, o extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen.

 

Disposición Adicional segunda. Comisión de Seguimiento tripartita laboral

1. Se crea una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento, que estará integrada por las personas al efecto designadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.

2. Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma.

3. Esta Comisión de Seguimiento tripartita laboral tendrá como función principal el seguimiento de las medidas que, en el ámbito laboral, se están adoptando durante la fase de excepcionalidad atenuada, el intercambio de los datos e información recabada por las organizaciones integrantes y el Ministerio de Trabajo y Economía Social al respecto, así como la propuesta y debate de aquellas medidas que se propongan por este o por cualquiera de las organizaciones que la integran.

Esta Comisión, en cualquier caso, deberá ser consultada con antelación suficiente y con carácter previo a la adopción de las medidas recogidas en la disposición adicional primera.

 

Disposición Final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Uno. Modificación del apartado 1 del artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

El apartado 1 del artículo 24 queda redactado como sigue:

“1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.”

Dos. Nuevo apartado 5 al artículo 24

Se añade un nuevo apartado 5 del artículo 24, con la siguiente redacción:

“5. Las exoneraciones reguladas en este artículo serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la aportación empresarial por contingencias comunes, de las mutuas colaboradoras en el caso de la aportación empresarial por contingencias profesionales, del Servicio Público de Empleo Estatal en el caso de la aportación empresarial para desempleo y por formación profesional y del Fondo de Garantía Salarial en el caso de las aportaciones que financian sus prestaciones.”

Tres. Modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

La Disposición adicional sexta queda redactada como sigue:
“Disposición adicional sexta. Salvaguarda del empleo.

1. Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 22 del presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

2. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes.
No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

3. Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

4. No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

5. Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.

 

Disposición Final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

La Disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, queda modificado como sigue:

“Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», manteniendo su vigencia durante el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 y sus posibles prórrogas.

Los artículos 2 y 5 mantendrá su vigencia hasta 30 de junio de 2020.”

Coronavirus COVID-19 | Moratoria en el alquiler de locales para autónomos y pymes

Actualidad, Noticias

El BOE del 22 de abril recoge el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. En este se señala, entre otras medidas, la posibilidad de aplazar los alquileres de locales de trabajo o comerciales a pymes y autónomos. Hasta ahora, esta posibilidad solo existía en el caso de la vivienda habitual.

  • En el caso de que el arrendador sea una empresa, un organismo público de vivienda (Sogepima) o un gran tenedor (itular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de una superficie construida de más de 1.500 m²).
    • El propietario está obligado a aceptar una moratoria, siempre que no se haya llegado a un acuerdo hasta ahora.
    • El aplazamiento durará hasta el fin del estado de alarma, pero no podrá superar los 4 meses.
    • La pyme o autónomo pagará la deuda en dos años, a contar desde que acabe la moratoria (o, en su caso, el tiempo que quede de contrato de alquiler). Los plazos se acortan si el contrato finaliza en breve y se renueva por años.
  • En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor de vivienda, este no tiene la obligación de aceptar el aplazamiento, aunque sí que se puede solicitar.
    • Si se llega a un acuerdo, se puede utilizar la fianza como pago.
    • La moratoria deberá devolverse en un año o, como en el caso anterior, antes del fin del contrato de arrendamiento.

Para acceder a estas moratorias se deben cumplir unos requisitos:

  • Autónomos
    • Haber estado dado de alta a 14 de marzo de 2020.
    • Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del estado de alarma.
    • O, si la actividad no se encuentra dentro de las suspendidas, acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 %, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
  • Pymes
    • Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
      • Su activo no puede superar los 4 millones de euros.
      • Su cifra de negocio neta no puede superar los 8 millones de euros.
      • No puede tener más de 50 trabajadores.
    • Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del estado de alarma.
    • O, si la actividad no se encuentra dentro de las suspendidas, acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 %, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

 

 

Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos

Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.

1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 , en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria establecida en el apartado 2 de este artículo, que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.

2. La moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada en el apartado primero de este artículo se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

Artículo 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.

1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los definidos en el artículo 1.1, y cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.

2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.

Artículo 3. Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el artículo 2.

Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de este real decreto-ley, los autónomos y pymes arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por el autónomo:

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por una pyme:

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

Artículo 4. Acreditación de los requisitos.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3, se acreditará por el arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.

b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

Artículo 5. Consecuencias de la aplicación indebida del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos en el artículo 3, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.

 

Acceda al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo