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Aprobadas nuevas normas sobre seguridad en las redes y sistemas de información

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El pasado 9 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Ley 12/2018 por el que se establecen nuevas normas sobre seguridad en las redes y sistemas de información.

Como se recoge en su Exposición de motivos, la Jefatura de Estado funda la necesidad de actualizar la seguridad de las redes de intercambio de información ante la existencia de incidentes, tanto provenientes de acciones deliberadas, como fortuitas, que suponen graves amenazas para la seguridad de las comunicaciones y que pueden generar pérdidas financieras, menoscabar la confianza de la población y, en definitiva, causar graves daños a la economía y a la sociedad, con la posibilidad de afectar a la propia seguridad nacional en la peor de las hipótesis.

Con este propósito se dicta este Real Decreto-Ley, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/1148 (LCEur 2016, 1042) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. El real decreto-ley se apoya igualmente en las normas, en los instrumentos de respuesta a incidentes y en los órganos de coordinación estatal existentes en esta materia.

Esta norma será de aplicación a las entidades que presten servicios esenciales para la comunidad y dependan de las redes y sistemas de información para el desarrollo de su actividad así como a los proveedores de determinados servicios digitales.

La relación de los servicios esenciales y de los operadores de dichos servicios se actualizará, para cada sector, con una frecuencia bienal, en conjunción con la revisión de los planes estratégicos sectoriales previstos en la Ley 8/2011, de 28 de abril.

Se identificará a un operador como operador de servicios esenciales si un incidente sufrido por el operador puede llegar a tener efectos perturbadores significativos en la prestación del servicio.

Los proveedores de servicios digitales deberán comunicar su actividad a la autoridad competente en el plazo de tres meses desde que la inicien, a los meros efectos de su conocimiento y deberán adoptar medidas adecuadas para gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas de información que utilicen, aunque su gestión esté externalizada. Las obligaciones de seguridad que asuman deberán ser proporcionadas al nivel de riesgo que afronten y estar basadas en una evaluación previa de los mismos. Las normas de desarrollo de este real decreto-ley podrán concretar las obligaciones de seguridad exigibles a los operadores de servicios esenciales, incluyendo en su caso las inspecciones a realizar o la participación en actividades y ejercicios de gestión de crisis.

El real decreto-ley requiere así mismo que los operadores de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales notifiquen los incidentes que sufran en las redes y servicios de información que emplean para la prestación de los servicios esenciales y digitales, y tengan efectos perturbadores significativos en los mismos, al tiempo que prevé la notificación de los sucesos o incidencias que puedan afectar a los servicios esenciales.

Se prevé la utilización de una plataforma común para la notificación de incidentes, de tal manera que los operadores no deban efectuar varias notificaciones en función de la autoridad a la que deban dirigirse. Esta plataforma podrá ser empleada también para la notificación de vulneraciones de la seguridad de datos personales

Las autoridades competentes ejercerán las funciones de vigilancia y aplicarán el régimen sancionador cuando proceda. Dichas autoridades podrán exigir a los operadores de servicios esenciales o a los proveedores de servicios digitales que informen al público o a terceros potencialmente interesados sobre los incidentes cuando su conocimiento sea necesario para evitar nuevos incidentes o gestionar uno que ya se haya producido, o cuando la divulgación de un incidente redunde en beneficio del interés público.

Las infracciones se clasifican en leves, graves, y muy graves pudiendo ser sancionadas desde multa de 100.000 € a 1.000.000  €.

Calendario laboral 2019: días festivos y puentes

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana vamos a informar sobre el calendario laboral de 2019 pese a que aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (que como todos los años se publicará en el mes de octubre).

No obstante lo anterior, ya podemos conocer la gran mayoría de los días que el próximo año serán festivos porque en la legislación española tiene establecido que todos los años hay 14 días festivos, 2 de carácter local y 12 de carácter nacional. De estos últimos, nueve son festivos nacionales “no sustituibles” por las Comunidades Autónomas, lo que supone que siempre sean días no laborables.

Así, en el próximo año 2019 serán festivos en toda España los días: 1 de enero (martes), 19 de abril (Viernes Santo), 1 de mayo (miércoles), 15 de agosto (jueves), 12 de octubre (sábado), 1 de noviembre (viernes), 6 de diciembre (viernes), 8 de diciembre (domingo que se trasladará en algunas comunidades) y 25 de diciembre (miércoles).

De este modo, por el momento los dos únicos puentes confirmados serían los del 1, 2 y 3 de noviembre y 6, 7,8 y 9 de diciembre. Así mismo, la Semana Santa este 2019 se retrasará hasta el mes de abril: el 18 será Jueves Santo y el 19, viernes Santo.

A todas estas fechas señaladas en rojo en el calendario habría que sumar el resto de días festivos nacionales así como los días festivos locales dispuestos por cada ciudad por lo que iremos actualizando la información cuando tengamos conocimiento de su publicación.

El control de los dispositivos de los empleados

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El uso de dispositivos electrónicos por parte de los trabajadores en su horario laboral es una cuestión recurrente que ha ocasionado  que los Juzgados de lo Social hayan tenido que  resolver en múltiples ocasiones estas cuestiones.

De esta manera, cada vez es más frecuente que las empresas notifiquen por escrito a sus trabajadores la prohibición de utilizar para asuntos personales durante la jornada de trabajo el ordenador, los móviles, internet o cualquier otro dispositivo puesto a su disposición para la actividad laboral. De hecho, en muchas compañías se realizan comprobaciones periódicas sobre el uso que se hace de estos medios para evitar estas situaciones.

En este sentido, el control que ejercen las empresas sobre la forma de usar las herramientas puestas a disposición del trabajador puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad, por lo tanto las empresas han de conocer bien los límites del marco jurídico. Así, La constitución Española señala el derecho a la intimidad como uno de los derechos fundamentales protegidos por el Artículo 18:

  • 18.1: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.
  • 18.3: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
  • 18.4: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

Por su parte, el Estatuto de los Trabajadores establece en su Artículo 18 (‘Inviolabilidad de la persona del trabajador’) que “sólo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible”. No obstante, el propio Estatuto de los Trabajadores establece en su Artículo 20.3 que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad”.

En definitiva, es evidente que en este tipo de casos suelen existir  muchos matices a tener en cuenta como por ejemplo la relación entre empleado y empleador, el tipo de organización o el rendimiento del empleado en cuestión, etc. por lo que es necesario estudiar en profundidad qué derechos pueden haberse visto vulnerados y de qué forma. De hecho, existen sentencias firmes que se han decidido dependiendo del convenio colectivo aplicable.

Así pues, la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2007 estableció que el control por parte del empleador de los dispositivos electrónicos utilizados por los empleados deben seguir los criterios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad, justificación, ponderación y equilibrio.

Otras sentencias como la del Tribunal Constitucional de diciembre de 2012 avalan una actuación de control al empleado por parte de la empresa en el caso de que ésta acceda a ficheros creados por el trabajador en un dispositivo de uso común. Así, el control de medios informáticos no vulnerará los derechos fundamentales siempre y cuando se informe previamente a los empleados y sus representantes legales de que los medios son propiedad de la empresa y que estarán sujetos a mecanismos de control por parte de la propia organización.

De todas formas, si en vuestra se dan este tipo de situaciones y queréis realizar un control por vuestra parte del uso que hacen vuestros empleados de sus dispositivos, os recomendamos que contactéis con equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.
Departamento Laboral de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

Transposición al ordenamiento español de la regulación europea en materia de compromisos de pensiones, prevención del blanqueo y requisitos de entrada y residencia en países terceros

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Desde el pasado 4 de septiembre está en vigor y es aplicable el Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto por el que se transponen al ordenamiento español tres directivas europeas que estaban pendientes de ser incorporadas a la legislación española: Directiva 2014/50/UE, Directiva (UE) 2015/849 y Directiva (UE)  2016/801.

La primera de estas Directivas, la 2014/50/UE tiene como objeto reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros de la Unión Europea y, en concreto, mejorar la adquisición y mantenimiento de los derechos complementarios de pensión.

Con su aplicación en España se pretende reducir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros creados por determinadas normas relativas a los regímenes complementarios de pensión para la jubilación vinculados a una relación laboral. Con este fin, la Directiva limita los periodos de espera y de adquisición de derechos que se requieran en dichos regímenes complementarios de pensión, fija un límite en relación con la edad mínima para adquirir los correspondientes derechos, regula el reembolso de las primas o aportaciones realizadas en caso de cese de la relación laboral antes de adquirirse derechos, establece el mantenimiento de los derechos que se hubiesen adquirido cuando dicho cese tiene lugar, e impone obligaciones de información a los trabajadores sobre las condiciones de adquisición, el importe de los derechos adquiridos y el tratamiento de estos a partir del cese de la relación laboral.

Asimismo, se establece la obligación de instrumentar mediante seguros colectivos y planes de pensiones de empleo los compromisos por pensiones asumidos por las empresas con los trabajadores vinculados a determinadas contingencias, entre ellas la jubilación, al tiempo que establece las condiciones básicas de los seguros aptos para tal finalidad. En el caso de seguros colectivos, modalidad en la que las primas abonadas por la empresa no se imputan fiscalmente a los trabajadores, las condiciones de adquisición y mantenimiento de derechos en caso de cese de la relación laboral dependen en la actualidad de los términos de los convenios colectivos o disposiciones equivalentes en los que se establecen los compromisos por pensiones.

La segunda directiva, Directiva (UE) 2015/849  previene el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, estableciendo obligaciones adicionales en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, así como un endurecimiento del régimen de sanciones y el establecimiento de canales de denuncia.
En concreto:

  • Se incrementan los importes máximos de las sanciones, en línea con lo dispuesto por la Directiva, aunque se mantienen los importes mínimos, al no existir armonización en ese punto y considerarse adecuado el mantenimiento de ese importe mínimo para garantizar la correcta aplicación de la norma. Se incorpora el elemento adicional de la publicidad anónima de las sanciones impuestas, en el caso de que no se acuerde la publicación.
  • Se establecen nuevos canales de denuncia, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la ley. Los sujetos obligados deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla. De forma paralela, se crearán canales de denuncia a la Administración de potenciales incumplimientos por los sujetos obligados de las exigencias de la normativa administrativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las personas con responsabilidad pública extranjeras eran siempre objeto de la aplicación de medidas de diligencia reforzada por su falta de vinculación con nuestro país y las dificultades de acceso a información sobre las mismas. Con la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, este régimen se unifica, considerando a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras, merecedoras de la aplicación de las medidas de diligencia reforzada en cualquier caso.
  • Incorpora la obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que se relacionen en la lista que al efecto elabora la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 de la Directiva.
  • Reduce el umbral en el que los comerciantes de bienes que utilizan el efectivo como medio de pago, están obligados a cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, que bajan de 000 a 10.000 euros.
  • Crear la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

La tercera directiva, Directiva (UE)  2016/801 transpone los requisitos para la entrada y residencia en España de nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas, programas de intercambio de alumnos y proyectos educativos.

La Directiva tiene como objetivo mejorar la posición de la Unión Europea en la competencia mundial por atraer talento y promoverla como centro mundial de excelencia para estudios y formación, mediante la supresión de barreras migratorias y mejores oportunidades de movilidad y empleo. Para ello establece unas condiciones armonizadas de entrada y residencia en la Unión Europea de nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo, de obligada transposición; y otras para voluntarios fuera del Servicio Voluntario Europeo, alumnos y au pairs, de carácter potestativo para los Estados miembros.

Así, con respecto a los investigadores, se posibilita que, una vez finalizada la actividad investigadora, permanezcan en nuestro país durante un tiempo limitado para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial. Se posibilita la expedición de visados de residencia de validez inferior a un año. Y se establece como preceptiva la tramitación electrónica de las autorizaciones,

Con relación a los estudiantes internacionales que ya han finalizado sus estudios en España se permite que puedan acceder a una autorización de residencia para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial e igualmente, se prevé una autorización de residencia para participar en un programa de prácticas para los extranjeros que hayan obtenido un título de educación superior en los dos años anteriores a la fecha de solicitud o que estén realizando estudios que conduzcan a la obtención de un título de educación superior.

Se modifica  lo relativo a los requisitos para obtener el visado y/o autorización de estancia por estudios, a los efectos de prever el acceso a la situación de estancia por estudios a través de la concesión de una autorización sin visado previo, a extranjeros que se hallen regularmente en España; así como para incorporar al ordenamiento español la exención del requisito de contar con un seguro de responsabilidad civil que dé cobertura a la labor del voluntario, en el caso de que dicha labor sea realizada en el marco del Servicio Voluntario Europeo.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.
Departamento Jurídico de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

El autónomo societario podría cobrar el 100 por cien de la pensión de jubilación activa

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En una decisión pionera el Juzgado de lo Social Nº3 ha dictado sentencia en la que admite que un autónomo tiene derecho a percibir su pensión de jubilación activa del 100% de la base reguladora y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa.

Si bien este derecho se reconocía ya desde la reforma laboral de septiembre de 2017, se exigía que el autónomo tuviera contratado a su nombre al menos a un trabajador.

En el caso examinado por el Juzgador, el demandante, autónomo de 66 años, instaba el reconocimiento de su derecho a percibir una pensión de jubilación activa, en cuantía del 100% de su base reguladora de 1.221 euros, alegando que tanto él como su mujer estaban encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que tenían tres trabajadores por cuenta ajena.

El INSS denegó su petición al entender que no cumplía los requisitos del artículo 214.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) al no estar los trabajadores contratados, personal e individualmente, a nombre del autónomo, sino a nombre de la sociedad en la que éste desarrollaba su actividad.

En su sentencia, el Juzgado de lo Social aplica la  nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, fallando que la interpretación hecha por el INSS es contraria al espíritu y finalidad de la norma donde se articula un conjunto de medidas tendentes a mejorar las condiciones en que desarrollan su actividad los trabajadores autónomos y a facilitar la continuidad de los negocios regentados por autónomos que a su vez dan empleo ajeno.

En consecuencia, el Juzgado ovetense considera cumplido el requisito para el acceso al 100% de la pensión activad de jubilación cuando el trabajador/es estén contratados tanto personalmente por el autónomo como por la persona jurídica donde éste ejerce su actividad.

Dicha sentencia aún no es firme por lo que habrá que esperar, en caso de que se entable recurso por el INSS, al pronunciamiento que emita la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Sucesión de empresa y subrogación convencional

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana nos hacemos eco de una Sentencia del pasado jueves 11 de julio de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), que resolvió una de las dos cuestiones prejudiciales planteadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ambas se refieren al difícil encaje de la obligación de subrogación convencional en supuestos en los que, la asunción de empleados por cumplimiento del convenio, puede acarrear una sucesión de plantillas, por tanto, con todas las consecuencias de la sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (“ET”):

A la primera cuestión prejudicial, el TJUE ha respondido que, cuando una empresa sucede a otra como adjudicataria de un contrato de servicios de vigilancia de un museo (actividad que descansa esencialmente en la plantilla) y, como consecuencia de las previsiones del convenio colectivo aplicable, asume al personal, se produce igualmente una sucesión en la plantilla y, por tanto, una sucesión de empresa a la vista de la Directiva 2001/23. Reitera el TJUE su doctrina en este punto.

A la segunda cuestión prejudicial, acerca de si cabe, en este supuesto, la limitación en la responsabilidad solidaria salarial y la exoneración del cesionario por preverlo el convenio, el TJUE se ha declarado incompetente acogiendo la excepción planteada por el Reino de España. Por tanto, se ha remitido a la jurisdicción nacional para resolver este punto, al entender que se trata de un conflicto de normas nacionales (44 ET y convenio colectivo) que debe resolverse de manera interna.

Habrá que estar muy pendientes a la aplicación por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y, en su caso, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, sobre la resolución de este pleito para valorar con mayor detalle esta doctrina, no obstante, si os encontráis ante una situación similar a la tratada, o si os surgen dudas sobre cómo debe realizarse una subrogación de plantillas, podéis contactar con el equipo laboral de la Asociación, que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.
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Asistencia en Viaje, el seguro imprescindible si voy a salir al extranjero o si viajo por España este verano

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Llega el verano y comenzamos a hacer las maletas para (por fin) irnos de vacaciones, en muchas ocasiones, al extranjero. Es quizás el momento del año más deseado y esperado, por eso hay que cerciorarse de que nada nos va a estropear este momento. El español ahorra durante un año entero para poder irse de vacaciones y luego no debe dejar que cualquier incidente arruine el viaje tanto tiempo programado.

Por eso, es muy conveniente hablar con un mediador de seguros, como el Área de Seguros de AICA, para que le recomiende el seguro de asistencia en viaje que mejor se adapte a sus necesidades personales, familiares y de destino y duración de las vacaciones.

El seguro de viaje palía los riesgos que puedan surgir en los desplazamientos, aquellos hechos que interrumpan los viajes lejos del domicilio habitual y son imprescindibles cuando se viaja al extranjero.

En los seguros para viajes al extranjero, las coberturas más habituales que incluyen son las de gastos médicos en el exterior; la pérdida, robo o daños en el equipaje; retrasos e interrupciones; cancelaciones; accidentes personales; responsabilidad civil; y asistencia legal. Pero la gama de coberturas no deja de crecer y su corredor le recomendará cuáles son las que se adaptan a su viaje.

En función del tipo de seguro y las necesidades específicas, por lo general en función del destino, contemplan garantías cubiertas como transporte o repatriación de heridos y enfermos; defensa jurídica para el automovilista; gastos de prolongación de estancia en un hotel en el extranjero; regreso anticipado por siniestro grave en su residencia habitual, etc.

Pero también si disfruta de sus vacaciones en España es conveniente la asistencia en viaje, para cubrir, por ejemplo, anulación de vuelo de avión, pérdida de equipajes, problemas en los hoteles contratados, incidencias en el viaje, asistencia sanitaria por accidente, y un larguísimo etcétera.

Como colofón, un comentario más: Se trata de seguros muy económicos y accesibles a todas las economías, que en ningún caso trastocarán su presupuesto de las vacaciones. Pregunte en el Área de Seguros de AICA, le asesorará con detalle de toda la oferta del mercado de este tipo de seguros.

Santiago García Repullo

Responsable Área de Seguros de AICA

91 204 48 88 / 699 06 83 87

sgarcia.gf@empresariosdealcobendas.com

El Tribunal Supremo aclara cuando es obligado tributar por plusvalía

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En su Sentencia de 11 de mayo de 2017 el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales relativos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, (IVTNU),  por cuanto la norma no contemplaba aquellos casos en los que la transmisión de bienes inmuebles no generaba una ganancia patrimonial, esto es, una plusvalía. Esto es, se consideró el Impuesto inconstitucional al hacer tributar en situaciones de transmisión con inexistencia de incremento de valor.

Considerando los motivos de inconstitucionalidad, con fecha 9 de julio de 2018, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia interpretando la citada Resolución del Constitucional, concluyendo que el impuesto no es por si contrario a la Constitución sino solo en aquellos casos en los que el obligado tributario acredite la inexistencia de ese incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, es decir una venta o cualquier transmisión onerosa o lucrativa “a pérdida”.

En su sentencia, el Tribunal Supremo considera que los artículos anulados por el Tribunal Constitucional no contravienen la Norma y resultan plenamente aplicables en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título, (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo de dominio sore los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un cremento de su valor o lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada.

Por tanto, la inaplicabilidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4  de la Ley de las Haciendas Locales queda limitada a aquellos casos en los que se someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Así, el Alto Tribunal sostiene:

“(1) ni en la STC 59/2017 se declara la inconstitucionalidad total o absoluta de todos los preceptos mencionados en el fallo que, en consecuencia, no han quedado -o, al menos, no todos ellos ni en la totalidad de los supuestos en los que resultan aplicables completamente expulsados del ordenamiento jurídico; (2) ni puede afirmarse que, a día de hoy, la prueba de la existencia o no de plusvalía susceptible de ser sometida a imposición y el modo de llevar a cabo la cuantificación del eventual incremento de valor del terreno carecen de la debida cobertura legal en contra de las exigencias que dimanan de los principios de seguridad jurídica y de reserva de ley tributaria (artículos 31.3 y 133.1 CE ); (3) ni es cierto que dicha valoración de la prueba y la determinación del importe del eventual incremento de valor del terreno no pueden corresponder al aplicador del Derecho; (4) ni, en fin, resulta acertado concluir que, hasta tanto se produzca la intervención legislativa que ha reclamado el máximo intérprete de la Constitución en la STC 59/2017 , no cabe practicar liquidación alguna del IIVTNU (o, procede, en todo caso, la anulación de las liquidaciones y el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones correspondientes al IIVTNU, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación reveladora de capacidad económica).”

Por contra, el Supremo si confirma la inconstitucionalidad del artículo 110.4 de la Ley de las Haciendas Locales, permitiendo que los obligados tributarios puedan probar la inexistencia de un incremento de valor del terreno ante el ayuntamiento, o en su caso, ante el órgano judicial.

El TS explica que el obligado tributario para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU, podrá ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla (por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas) y que , una vez aportada por éste la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía.

 

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