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Sentencia sobre despido nulo de un representante de los trabajadores

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta mañana nos hacemos eco de otra sentencia. En esta ocasión de La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha (TSJCM).

En esta ocasión el TSJM ha confirmado la nulidad del despido de una empleada de una residencia de mayores que se negó a firmar un documento obligatorio con instrucciones sobre cómo debían tratar los datos de los residentes según la normativa. La sentencia considera que la acción no reviste la “gravedad e intensidad” suficiente para justificar el despido disciplinario y declara vulnerado el derecho a la libertad sindical de la empleada, que diez meses antes había presentado su candidatura a elecciones sindicales por las listas de CCOO.

El fallo explica en su argumentación que negarse a firmar el documento (obligatorio según la normativa de protección de datos) e incluso romperlo frente a la directora en una reunión con otras empleadas, a pesar de ser una conducta “reprochable”, no reúne las características de gravedad e intensidad en el incumplimiento de las normas que rigen la relación laboral” para justificar el despido, la medida coercitiva más grave de todas las disponibles por la empresa.

El tribunal confirma así la decisión del juzgado de lo Social, que declaró nulo el despido de la empleada por apreciar una vulneración de su derecho fundamental a la libertad sindical a la vista de los indicios aportados por la empleada.

Y es que la trabajadora presentó su candidatura a las elecciones sindicales por CCOO sólo diez meses antes de producirse el despedido. Además, otros tres trabajadores pertenecientes a la sección sindical del mismo sindicato fueron sancionados disciplinariamente en los dos últimos años, un dato que los magistrados han tomado en cuenta para trasladar la carga de la prueba a la empresa.

El tribunal considera que el hecho de que varios compañeros del sindicato fuesen sancionados disciplinariamente de forma “muy grave” es indicio suficiente de que se ha podido producir una situación de discriminación. Máxime cuando dicha calificación luego fue reducida a leve o a mera amonestación tras la oposición de los sancionados. Es más, una de estas sanciones fue impugnada en juicio y la otra espera actualmente resolución del juzgado.

Con estos precedentes, junto con el hecho de que la empleada se presentó a las elecciones con el mismo sindicato que los empleados sancionados, dibuja, como explica el fallo, un “panorama de apariencia o sospecha de vulneración de derechos sindicales” que “ha de ser despejado por la empresa demandada”, cosa que en este caso no ocurre.

Por ello, el fallo confirma la nulidad del despido.

Como siempre, os recordamos que si en vuestra empresa necesitáis hacer un despido, podéis contactar con el equipo laboral de AICA que os asesorará al respecto.

El control por GPS solo es válido durante la jornada de trabajo

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Estimados asociados, en anteriores notas informativas hemos analizado sentencias que trataban sobre las grabaciones obtenidas a través de cámaras de vídeo-vigilancia y su utilización en la esfera de las relaciones laborales como medida de control de la actividad laboral. En la presente circular vamos a analizar la jurisprudencia contenida en una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (en adelante TSJ) que aborda los límites del control empresarial de la actividad laboral a través de la instalación de dispositivos GPS en los vehículos que la empresa pone a disposición del empleado como herramienta de trabajo.

En el caso analizado por el TSJ en su sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2017, la empresa había informado por escrito a la trabajadora de la puesta a disposición de un vehículo para su uso exclusivo durante la jornada laboral, y, asimismo, había informado de que el vehículo contaba con un dispositivo de localización por GPS para garantizar la seguridad y coordinación de los trabajos.

Sentado lo anterior y prosiguiendo con la exposición de los hechos contenidos en la sentencia, durante un período de incapacidad temporal que inicia la trabajadora en el que, por tanto, no debía hacer uso del vehículo puesto a disposición por la empresa, el GPS que tiene instalado registra una intensa actividad, en particular, la realización de casi dos mil kilómetros en algo más de diez días. Por tal causa, la empresa procede a su despido disciplinario, que es inicialmente declarado procedente en instancia.

Sin embargo, el TSJ en su Sentencia considera que la medida disciplinaria atenta contra el derecho a la intimidad de la trabajadora, dado que, a pesar de que la empresa había informado sobre la instalación del GPS en el vehículo, no consta acreditado que la trabajadora hubiera prestado su consentimiento para el tratamiento de los datos y que los mismos pudieran ser utilizados para una finalidad distinta a la prevista: el control en tramos horarios ajenos a la jornada laboral.

A la vista del criterio del referido Tribunal Superior de Justicia, podría discutirse si la empresa podría haber controlado el uso que hacía la trabajadora del vehículo puesto a su disposición, siempre y cuando se hubiera informado de que el dispositivo GPS podría controlar su actividad también en períodos ajenos a la jornada laboral.

En consecuencia, cuando queráis implantar una mediada de control de vuestros trabajadores, os recomendamos que contactéis con equipo laboral de la Asociación, que os asesorará de la mejor forma de hacerlo teniendo en cuenta la normativa de aplicación.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.
Departamento laboral de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com

El 95 % de las empresas españolas tiene menos de 10 empleados

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En la actualidad el 94,8 % de las empresas españolas son micropymes, es decir, tienen plantillas inferiores a diez empleados. Europa Press ha revelado este dado basándose en el último estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) que recopiló datos del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) denominado ‘Entrepreneurship at Glance 2017’.

Nuestro país se basa en la microeconomía y es una situación que se repite en la mayoría de los 30 territorios que conforman la OCDE. De hecho, el estudio pone de relieve que en todos los países la estructura predominante es la de la micro-empresa, modalidad empresarial que se repite con una media que oscila entre el 68 y el 98% de las entidades privadas registradas.

España se sitúa por encima de la mitad de la tabla en porcentaje de micro-pymes.Delante de nosotros hay 11 países con un mayor porcentaje de minoristas en su tejido empresarial y son, por este orden: Italia (95% de negocios con plantillas inferior a diez trabajadores), Polonia (95,1%), Países Bajos (95,2%), Portugal (95,3%), Francia (95,5%), República Checa (96%), Grecia (96,4%), Eslovaquia (96,7%), Australia (97,2%). El primer lugar es para Turquía (98,3%).

Por encima de España se sitúan territorios que, en su mayoría, cuentan con un sistema económico más estable como Eslovenia y Bélgica (94,6% en ambos), Suecia (93,5%), Hungría (94,1%), Irlanda (92,4%), Israel (92,3%), Lituania (92%), Noruega (91,6%), Finlandia (91,3%), Letonia (90,6%), México (90,4%) y Estonia (90,2%).

Países grandes, entidades grandes

El informe de elaborado por la OCDE deja de manifiesto lo que ya de por sí es bien sabido: los países con mayor territorio y economías más sólidas son a su vez, los que cuentan con un menor número de empresas pequeñas, precisamente por las propias exigencias del mercado interno. Prueba de ello son los porcentajes de micropymes registradas en Canadá (71,9%), Nueva Zelanda (78,7%), Estados Unidos (79,4%), Alemania (83,5%), Japón (86,2%), Austria (87,2%), Luxemburgo (87,3%), Rumanía (88,4%), Reino unido (89%) y Dinamarca (89,1%).

 

Fuente: Cinco Días