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Coronavirus COVID-19 | Ampliación de la información sobre el Real Decreto-ley 18/2020

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AMPLIACIÓN INFORMACIÓN REAL DECRETO LEY 18/2020

Se incluye, a continuación, la interpretación a determinados aspectos del Real Decreto-ley 18/2020 que determinan el contenido de las declaraciones responsables que deben ser comunicadas a la Tesorería General de la Seguridad Social respecto del inicio de la situación de fuerza mayor parcial, conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 4 de dicho Real Decreto-ley.

Esta interpretación se contiene en informes de la Dirección General de Trabajo, el Servicio Jurídico de la Seguridad Social y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, emitidos cada uno de ellos en sus ámbitos competenciales respectivos.

 

INICIO DE LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: ACTIVIDADES QUE HAN PODIDO REINICIARSE DE ACUERDO CON LAS ÓRDENES MINISTERIALES REFERENTES AL PROCESO DE DESESCALADA

La fuerza mayor parcial no actúa de forma automática en aquellas actividades que puedan reiniciarse de acuerdo con las Órdenes Ministeriales referentes al proceso de desescalada dado que es necesario que las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, conforme a las cuales la empresa adoptó las medidas de suspensión o reducción de jornada, permitan el inicio de la actividad y las personas trabajadoras afectadas por las medidas de regulación de empleo se reincorporen, entendiéndose en otro caso en fuerza mayor total.

Es decir, que la fuerza mayor parcial a los efectos del artículo 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020, necesita de la concurrencia de tres elementos:

a) La existencia de un expediente de regulación de empleo anterior autorizado que incluirá a la totalidad o a parte de la plantilla, y que supondrá medidas de suspensión o reducción de jornada entendidas en los términos previstos en el artículo 47 ET y el Reglamento de procedimientos de despido colectivo y suspensión de contratos o reducción de jornada aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, y

b) Que las causas descritas en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, cualesquiera de ellas, conforme a las cuales se adoptaron las medidas de regulación de empleo, permitan la recuperación de la actividad de la empresa, y

c) Que se produzca la reincorporación de los trabajadores –en términos del Real Decreto-ley 18/2020: “deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.”-

Corresponde a la empresa valorar en función de sus circunstancias particulares en qué momento las causas por las que se autorizó el ERTE por fuerza mayor permiten la recuperación parcial de su actividad y en qué medida la reincorporación de los trabajadores afectados, y en qué porcentaje de su jornada, es necesaria para el desarrollo de la actividad.

 

INICIO DE LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: REANUDACIÓN EFECTIVA DE LA ACTIVIDAD

Junto a la desafectación de las personas trabajadoras, el reinicio de la actividad requiere, para que se produzca el inicio de la situación de fuerza mayor parcial, la reanudación efectiva de la actividad y no la mera preparación de la misma. Es decir, no puede entenderse que las tareas preparatorias de la actividad principal suponen la recuperación parcial de la actividad a los efectos previstos en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020.

En aplicación de lo expuesto, todas las referencias a la reactivación de la actividad recogidas en el texto del Real Decreto ley 18/2020, tanto en sus preceptos como en las Disposiciones Adicionales, deben entenderse referidas al mismo momento: el de la reanudación efectiva de la actividad, descartando las meras tareas preparatorias.

 

INICIO DE LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: MES DE MAYO

La situación de fuerza mayor parcial puede concurrir entre el día 1 y el 12 de mayo de 2020.

Se recuerda que, tal y como se indicaba en el BNR 12/2020, por las personas trabajadoras que se han reactivado entre el 1 y el 12 de mayo de 2020, en empresas que se encuentren en situación de fuerza mayor parcial, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto-ley 18/2020, resultarán de aplicación las exenciones de la cotización previstas en la letra a) del apartado 2 del artículo 4 de este Real Decreto-ley a partir del día en que se hayan reactivado.

En estas mismas empresas, por las personas trabajadoras que se hayan mantenido en situación de suspensión entre el 1 y el 12 de mayo de 2020, resultarán de aplicación, durante ese período, las exenciones de la cotización previstas en el apartado 1 del artículo 4 de este Real Decreto-ley hasta el día 12 de mayo de 2020. A partir de ese momento resultarán de aplicación las exenciones en la cotización previstas en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 hasta el momento en que se reactiven.

 

INICIO DE LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: EMPRESARIOS INDIVIDUALES

La fuerza mayor parcial únicamente resulta de aplicación respecto de los expedientes de regulación temporal de empleo.

En consecuencia, la vuelta a la actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que sean, a su vez, empresarios de trabajadores por cuenta ajena, no determina el inicio de la situación de fuerza mayor parcial a la que se refiere el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020 respecto de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el correspondiente expediente de regulación de empleo.

El inicio de la situación de fuerza mayor parcial respecto de los trabajadores por cuenta ajena de estos empresarios se producirá con la concurrencia de las condiciones indicadas en los puntos anteriores.

 

SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: ARTÍCULO 44 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

En el caso de que la empresa antecesora estuviese afectada por un expediente de regulación temporal de empleo y se proceda a un cambio de empresa, conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, se mantienen las mismas condiciones existentes antes del cambio, con el único requisito de comunicarlo a la autoridad laboral y al Servicio Público de Empleo Estatal.

En el caso de que la empresa sucesora estuviese afectada por un expediente de regulación temporal de empleo y se adscriban trabajadores, conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, a los que se quiera incluir en dichas medidas de regulación de empleo, será necesario respecto de los mismos constatar por parte de la autoridad laboral que concurren las condiciones y causas descritas en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020.

 

EXPEDIENTE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO: REINCORPORACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS TRABAJADORAS

Solo por renuncia total comunicada de manera expresa ante la autoridad laboral dejan de desplegarse los efectos del artículo 1 del Real Decreto-ley 18/2020.

La exoneración regulada en el artículo 4.2.a) del RDL 18/2020 precisa que resulte posible la reanudación parcial, pero ello no excluye el que la reanudación pueda ser total. La norma parte de que exista, al menos, una posibilidad de reanudación, aunque sea en parte, pero no limita que, cumplido ese presupuesto, la reanudación pueda abarcar a todos los trabajadores de la empresa.

En consecuencia, la reincorporación de todas las personas trabajadores, una vez cumplidos el resto de requisitos, no determina la finalización de las exenciones establecidas en el artículo 4.2.a).

 

EXPEDIENTE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO: REINCORPORACIÓN DE TRABAJADORES Y POSTERIOR SUSPENSIÓN

En el caso de que una empresa reactivara inicialmente a sus trabajadores y, con posterioridad, procediera a suspender nuevamente el contrato de algunos de dichos trabajadores, se tendría derecho, respecto a tales trabajadores a los que se les suspendió el contrato posteriormente, a la exoneración prevista en el artículo 4.2.b) del RDL 18/2020. Ello por cuanto tales trabajadores continúan con sus actividades suspendidas, con independencia de que, inicialmente, reanudaron la actividad.

 

TRABAJADORES INCLUIDOS EN UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO A LOS QUE NO SE RECONOZCA LA CORRESPONDIENTE PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Los trabajadores que, habiendo sido incluidos en un expediente de regulación de empleo en virtud de lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, que no resulten perceptores de la correspondiente prestación de desempleo, se mantendrán en situación asimilada al alta durante el período en el que permanezcan en esta situación.

Próximamente se informará del procedimiento para identificar estas situaciones asimiladas al alta.

 

INICIO DE LA SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR PARCIAL: DISTINTOS CENTROS DE TRABAJO

Una empresa con un expediente de regulación temporal de empleo, al que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, puede estar a la vez en fuerza mayor parcial respecto de los centros de trabajo donde haya podido reiniciar su actividad y haya reincorporado a trabajadores, pero manteniendo los otros centros de trabajo en fuerza mayor total.

Una empresa que se encuentre en esta situación en el ámbito de una provincia –es decir, que tenga en situación de alta en un mismo código de cuenta de cotización a trabajadores que presten servicios en distintos centros de trabajo de la misma provincia, iniciándose la situación de fuerza mayor parcial en momentos distintos para todos o alguno de dichos centros de trabajo- deberá:

1. Comunicar la declaración responsable sobre el inicio de la situación de fuerza mayor parcial del primero de los centros de trabajo que hayan reiniciado la actividad. Es decir, deberá presentar la declaración responsable –CPC 059- con FECHA DESDE igual a la fecha de inicio de la situación de fuerza mayor parcial del primero de los centros de trabajo que reinicien su actividad.

2. Respecto de los trabajadores de alta en el mismo CCC, sobre el que se haya hecho la declaración responsable con las condiciones indicadas en el párrafo anterior, y adscritos a centros de trabajo en los que no se haya producido el inicio de la situación de fuerza mayor parcial, se procederá a efectuar una declaración responsable sobre el mantenimiento de la situación de fuerza mayor total.

Esta declaración se deberá realizar por cada uno de los trabajadores que se encuentren adscritos a los distintos centros de trabajo que no hayan reiniciado su actividad.

Dicha declaración se efectuará a través de un registro de situaciones adicionales de afiliación con TIPO SAA 434. La FECHA DESDE asociada a dicha declaración deberá ser idéntica a la del inicio de la situación de fuerza mayor parcial del primer centro de trabajo que se haya reiniciado, es decir, deberá ser igual a la FECHA DESDE de la declaración responsable CPC 059.

Es decir, la declaración responsable que se efectúe a través de un registro con TIPO SAA 434 tendrá, respecto de los trabajadores del centro de trabajo en el que no se haya reiniciado la actividad, el mismo efecto que las declaraciones responsable con CPC 058 y, por lo tanto, no se deberá presentar esta última declaración.

3. Una vez se haya procedido al inicio de la situación de fuerza mayor parcial del segundo y, en su caso, resto de centros de trabajo, se deberá proceder a presentar una declaración responsable sobre esta circunstancia.

Esta declaración responsable se deberá realizar por cada uno de los trabajadores adscritos a cada uno de los centros de trabajo que vayan a reiniciar su actividad.

Dicha declaración se efectuará, también, a través del registro de situaciones adicionales de afiliación con TIPO SAA 434 previamente creado –según lo indicado en el punto anterior-. A tal efecto se comunicará el campo FECHA HASTA de este registro de situaciones adicionales con valor igual al día inmediatamente anterior a aquél en el que se produzca el inicio de la situación de fuerza mayor parcial en el centro del trabajo donde figura adscrito.

Todos los trabajadores de un mismo centro de trabajo que hubiese iniciado su situación de fuerza mayor parcial en un momento posterior a la del primer centro de trabajo reactivado, deberán tener la misma FECHA HASTA de la declaración responsable identificada con el TIPO SAA 434, con independencia de que dichos trabajadores se reincorporen efectivamente a la actividad laboral en dicha fecha o mantengan su situación de suspensión o reducción de jornada.

La comunicación de las declaraciones responsables identificadas a través de los registros con TIPO SAA 434 es independiente de la necesidad de mantener la identificación de los trabajadores, a los que se refiere la misma, con los valores V, W o X, según proceda.

La comunicación de estas declaraciones responsables se deberá realizar sólo en el caso de que se dé la circunstancia indicada en el primer párrafo de este apartado y al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020, es decir, con el objeto de que las exenciones en la cotización se apliquen por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la situación de fuerza mayor parcial.

Las declaraciones responsables con TIPO SAA 434 estarán disponibles a partir del próximo 15 de junio. No obstante, esto no impide que se puedan realizar las declaraciones responsables con CPC 058 o CPC 059, inclusive en aquellas empresas con centros de trabajo en los que concurra la situación a la que se refiere este apartado.

No obstante, en aquellas empresas en las que concurran las condiciones a las que se refiere este apartado, y que soliciten el cálculo de la liquidación de cuotas antes de comunicar las declaraciones responsables con TIPO SAA 434, se producirá el recálculo de la liquidación cuando se ejercite cualquier acción respecto dicha liquidación (envío de fichero de bases, confirmación por el usuario o de oficio…).

 

INICIO DE LA COMUNICACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES

La declaración responsable a la que se refiere el apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020 –CPC 58 y 59- se podrán presentar a partir de la publicación del Boletín de Noticias RED del 5 de junio de 2020.

Coronavirus COVID-19 | Recopilación de medidas de apoyo para empresas y autónomos

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Medidas fiscales

Ámbito estatal

• Aplazamiento de seis meses de deudas tributarias

El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (BOE de 13 de marzo de 2020), estableció en su artículo 14 una medida a través de la que poder solicitar el aplazamiento de deudas tributarias correspondientes a:

– declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.

– las establecidas en las letras b), f) y g) del artículo 65.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria (esto es, las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor, el obligado a realizar ingresos a cuenta y pagos fraccionados, así como las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos).

Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019 y que se cumplan los requisitos del artículo 82.2.a) de la Ley General Tributaria.

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

a) El plazo será de seis meses.

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

c) El importe de las deudas aplazadas no podrá superar en su conjunto los 30.000 €.

El citado Real Decreto-ley entró en vigor el día de su publicación en el BOE y mantendrá su vigencia mientras el Gobierno determine que persisten las circunstancias extraordinarias que motivaron su aprobación.

La Agencia Tributaria incluyó en su página web unas instrucciones para solicitar estos aplazamientos, a las que puede acceder a través del siguiente link.

 

• Ampliación del plazo de declaraciones y autoliquidaciones tributarias

Por un lado, el Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias (BOE de 15 de abril de 2020), amplía hasta el 20 de mayo de 2020 los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca desde el 15 de abril (fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto) y hasta el día 20 de mayo de 2020. En los casos, de domiciliación bancaria ésta podrá realizarse hasta el 15 de mayo de 2020, inclusive.

Esta ampliación del plazo será de aplicación para los obligados tributarios con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019.

Quedan excluidos de la medida:

– los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, y los que tributen en el régimen especial de grupos de entidades regulado en la Ley 37/1992, del IVA, con independencia de su volumen de operaciones.

– la presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) nº 952/2013, por el que se aprueba el código aduanero de la Unión.

Por otro lado, también hay que recordar que el artículo 33 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 18 de marzo de 2020):

– Flexibiliza los plazos para el pago de las deudas tributarias, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento.

– Flexibiliza los plazos con los que cuenta el contribuyente para favorecer su derecho a alegar y probar y facilitar el cumplimiento del deber de colaborar con la Administración Tributaria del Estado y de aportar los documentos, datos e información de trascendencia tributaria de que se trate.

 

• Medidas de reducción de los pagos fraccionados y de cuota trimestral

El Real Decreto-ley 15/2020 (BOE de 22 de abril de 2020) incluye una medida en el Impuesto sobre Sociedades, que permite, para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2020 y con efectos exclusivos para dicho período, que los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros ejerzan la opción por realizar los pagos fraccionados, sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 u 11 primeros meses. Esta medida no será de aplicación para los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal.

Además, en el I.R.P.F. y en el IVA se adapta, de forma proporcional al periodo temporal afectado por la declaración del estado de alarma en las actividades económicas, el cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva y la cuota trimestral, respectivamente.

 

• Renuncia a los regímenes de estimación objetiva del I.R.P.F.,y simplificado y de agricultura del IVA

El citado Real Decreto-ley 15/2020 también elimina la vinculación obligatoria, durante tres años, de la renuncia al método de estimación objetiva del I.R.P.F., del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA, de manera que los contribuyentes puedan volver a aplicar dichos métodos en el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación.

 

• Reducción del tipo de gravamen del IVA

El Real Decreto Ley 15/2020 (BOE de 22 de abril de 2020) establece los siguientes tipos de gravamen para los productos que a continuación se indican:

– Para las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios: 0%, aplicable hasta el 31.12.2020. Estas operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas y esto no determinará la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado por el sujeto pasivo que realiza la operación.

– Para libros, revistas y periódicos electrónicos: 4%.

 

• Posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a través de la Línea de Avales.

El Real Decreto Ley 15/2020 (BOE de 22 de abril de 2020) establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a que se refiere el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, financiación caracterizada por contar con el aval del Estado.

 

Ámbito autonómico

• Ampliación del plazo de declaración de tributos gestionados por la Comunidad de Madrid

El Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, declaró días inhábiles los comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo de 2020, ambos inclusive (BOCM de 13 de marzo de 2020).

Por tanto, estos días no computaron a efectos del plazo de presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de impuestos gestionados por la Comunidad de Madrid ni del cumplimiento de otros plazos en relación con trámites en el ámbito tributario.

Con posterioridad, la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, amplió en un mes los plazos de presentación de las declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Tributos sobre el Juego e Impuesto sobre depósito de residuos), respecto de los establecidos en la normativa de cada uno de ellos.

Dicho plazo podrá ser de nuevo prorrogado por el titular de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, si así lo requiere la persistencia de la situación de emergencia declarada con el estado de alarma y sus prórrogas.

 

Ámbito municipal (Alcobendas)

• Aplazamiento del pago de determinados impuestos y tasas municipales

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Medidas de financiación y ayudas

Ámbito estatal

• Línea de Avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por COVID-19

La finalidad de esta línea es facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, teniendo como objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación tales como:

– Pagos de salarios

– Facturas de proveedores pendientes de liquidar

– Alquileres de locales, oficinas e instalaciones

– Gastos de suministros

– Necesidad de circulante

– Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias

Podrán acogerse a esta línea los autónomos y empresas de todos los sectores de actividad que tengan domicilio social en España y que se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020.

El porcentaje máximo de cobertura del aval es el siguiente:

– En el caso de autónomos y pymes: el 80% del principal.

– Para el resto de empresas: el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones.

El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta un máximo de 5 años.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2020. La solicitud se tramitará a través de las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.

Se puede consultar las características de esta línea a través del siguiente link. También puede consultar otras líneas del ICO a través de su página web (www.ico.es) o contactar a través del siguiente número de teléfono: 900 121 121.

 

• ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid 19/Thomas Cook

Está dirigida a autónomos y empresas con domicilio social en España que formalicen operaciones en la Línea ICO Empresas y Emprendedores, cuya actividad esté dentro de un CNAE del sector turístico y actividades conexas según la relación de CNAE publicada.

Serán financiables las necesidades de liquidez. La financiación se formalizará bajo la modalidad de préstamo, con plazo de amortización y carencia 1, 2, 3 ó 4 años, con 1 año de carencia de principal.

El importe máximo por cliente y año es de 500.000 euros, en una o varias operaciones.

El cliente podrá formalizar operaciones con la Entidad de Crédito hasta el 31 de diciembre de 2020. La solicitud se tramitará a través de las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.

Puede consultar las características de esta línea a través del siguiente link.

 

• Línea de cobertura para créditos de circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA (CESCE)

Está dirigida a Pymes, así como otras empresas de mayor tamaño, siempre que sean entidades no cotizadas, que cumplan los siguientes requisitos:

– Que se trate de empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización.

– Que la empresa se enfrente a un problema de liquidez o de falta de acceso a la financiación resultado del impacto de la crisis del COVID-19 en su actividad económica.

Quedan expresamente excluidas las empresas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

– Empresas que figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019.

– Empresas con incidencias de impago con empresas del Sector Público o deudas con la Administración, registrados con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

– Empresas en situación concursal o preconcursal.

– Empresas en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019.

Las empresas que cumplan con los criterios de elegibilidad tendrán acceso a estas coberturas para créditos de circulante a través de sus entidades financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones de financiación o renovación de las existentes.

Serán elegibles los créditos de circulante necesarios para la compañía exportadora, siempre que respondan a nuevas necesidades de financiación, derivadas de la crisis sanitaria COVID-19 y no a situaciones previas a la crisis actual. La financiación asegurada no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes.

Puede ampliar esta información sobre las características y el funcionamiento de esta Línea a través del siguiente link, a la página web del CESCE.

 

Ámbito autonómico

•Plan CONFIANZA DE AVALMADRID S.G.R.

Con el objetivo de apoyar a las empresas madrileñas en estos momentos de dificultad con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19, Avalmadrid, S.G.R. ha puesto en marcha el PLAN CONFIANZA, que está integrado por las siguientes líneas, con una dotación económica de 300 millones de euros:

– Línea a tu lado AVALMADRID. Para clientes actuales. Va dirigida a plantear carencias (6/12 meses) para aquellos clientes afectados y un planteamiento general de renovación de líneas en vencimientos de pólizas.

– Línea Madrid Liquidez Express. Para operaciones nuevas. El objetivo es aportar liquidez rápida para cubrir los gastos generales por la crisis hasta 50.000 € a 6+24 meses (6 de carencia).

– Línea Vitamina: Para todo el resto de las operaciones de financiación a largo plazo, hasta 1 millón de euros, hasta 5 años (con el primero de carencia). Y pólizas de crédito hasta 3 años. Afectados por COVID, y para diferentes objetivos: inversión, liquidez, etc.

En todas las operaciones, Avalmadrid avalará el 100%.

Para ampliar esta información sobre las características de las líneas y el procedimiento de solicitud, puede consultar la página web de Avalmadrid, a través del siguiente link.

En Alcobendas hay una persona encargada de las peticiones de información de las empresas de la zona. Si quiere contactar con ella, envíe un correo electrónico a info@empresariosdealcobendas.com o llame al 91 654 14 11.

 

• Programa CONTINÚA para autónomos

Este Programa de ayudas, aprobado por el Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (BOCM de 17 de abril de 2020), está destinado a sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

La ayuda consistirá en una subvención específica para sufragar el importe de la base mínima de cotización correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ingresadas en la Tesorería General de la Seguridad Social por las siguientes personas:

a) Trabajadores autónomos que no cuenten con personas empleadas a su cargo.

b) Trabajadores autónomos con personas empleadas a su cargo.

c) Trabajadores autónomos socios de sociedades cooperativas, sociedades laborales y sociedades mercantiles, que estén afiliados al RETA.

Para ello, entre otros documentos, hay que acreditar la afectación negativa de su actividad económica por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19; haber iniciado su actividad en el mes de marzo de 2020 o haber experimentado, en el mes de marzo de 2020, una reducción de, al menos, un 30 por 100 de la facturación respecto al mes de febrero de 2020 o respecto al mes de marzo de 2019; comprometerse a permanecer de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia durante, al menos, los tres meses siguientes al abono de la ayuda; no haber cesado en la actividad.

El plazo de solicitud es de un mes.

La presentación de solicitudes y la documentación exigida se realizará exclusivamente por medios electrónicos, a través del Registro Electrónico de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, entre otros.

 

 

Medidas laborales y de seguridad social

Ámbito estatal

• Bonificación en cotizaciones para empresas

El art. 13 del Real Decreto-ley 7/2020 indica que las empresas (excluidas las pertenecientes al sector público) de los sectores del turismo (incluidos comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculadas al sector del turismo), que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que inicien o mantengan el alta durante dichos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuos tendrán una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional.

 

• Moratoria de cotizaciones sociales a la Seguridad Social

Según el art. 34 y la disposición final 12ª del Real Decreto-ley 11/2020, la propia Tesorería General de la Seguridad Social, previa solicitud, concederá esta moratoria, con una duración hasta 6 meses. Abarca tanto a empresas como autónomos.

Esta moratoria afectará al pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma.

Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) y en el caso de los trabajadores por cuenta propia a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

 

• Prestación extraordinaria por cese de actividad

Tanto las personas trabajadoras por cuenta propia cuyas actividades queden suspendidas, como aquéllas cuya facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% que cumplan los siguientes requisitos: Estar afiliado y en alta en la fecha de declaración de estado de alarma en el RETA; desempeñar una actividad directamente suspendida por el Real Decreto 463/2020.

Para el resto de actividades, acreditar la reducción de su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación en, al menos, un 75 % en relación con el promedio de la facturación efectuada en el semestre natural anterior, con, entre otras, la excepción de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en los sectores de producción o postproducción de cine, vídeo o televisión, grabación y edición de sonido, artes escénicas, de creación artística y literaria o de gestión de salas de espectáculos, acreditarán la reducción de su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores.

Esta prestación extraordinaria durará un mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de declaración del estado de alarma, o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma si se prorroga y tuviera una duración superior a un mes.

La gestión de esta prestación corresponderá a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

 

• Eliminación temporal de los efectos de la presentación de solicitudes extemporáneas en un ERTE

Se eliminan temporalmente los efectos derivados de la presentación de solicitudes de prestaciones o subsidios por desempleo fuera de plazo durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública, de forma que la presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente (art. 26 Real Decreto-ley 8/2020).

 

 

Otras medidas

Ámbito estatal

• Programa ACELERA PYME

Dirigido a facilitar la digitalización de las pymes y autónomos, contempla las siguientes medidas:

1. Medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización desde el asesoramiento y la formación.

2. Medidas de apoyo a creación de soluciones tecnológicas.

3. Medidas de apoyo financiero.

La entidad pública RED.ES, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha puesto en marcha el Portal Acelera PYME, al que puede acceder a través del siguiente link. Tal y como se indica en él, está destinado a ayudar a las pymes y autónomos con el fin de atenuar el impacto del COVID-19 en su actividad y va a recoger todas las medidas que se están poniendo en marcha para ayudar a tal fin.

 

Moratoria en el pago de hipotecas (Real Decreto-ley 11/2020)

Los pequeños empresarios y autónomos que no tengan actividad como consecuencia del estado de alarma o que hayan sufrido pérdidas significativas pueden optar por dejar de pagar la cuota hipotecaria de su local u oficina durante tres meses, un plazo que podrá ser ampliado por acuerdo del Consejo de Ministros.

 

Flexibilización del pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago (Real Decreto-ley 11/2020)

Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del Estado de Alarma.

 

• Rescate de planes de pensiones (Real Decreto-ley 11/2020)

Durante el plazo de seis meses desde la declaración del estado de alarma los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria.

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida.

c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.

 

• Suspensión y de compensación al contratista por los daños y perjuicios

Sufridos durante el periodo de suspensión, en los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, así como de obras (Real Decreto-ley 8/2020).

 

• Medidas para el pago de alquileres de locales de negocio

El Real Decreto-ley 15/2020 establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio de las pymes y autónomos que hayan visto reducirse significativamente sus ingresos como consecuencia del COVID-19, a grandes tenedores o empresas públicas. En el caso de que el propietario sea distinto a los anteriores, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.

 

Ámbito autonómico

• Plataforma “Madrid Conecta”

Se trata de una plataforma virtual, puesta en marcha por Madrid Activa, que facilita a pymes y autónomos el intercambio de productos y servicios ya existentes en el mercado, así como de nuevas soluciones en desarrollo.

Es de acceso libre y sirve como un punto de encuentro o “market place” que les permite ofertar sus servicios, adquirir productos que necesitan para continuar con sus negocios o mostrar soluciones innovadoras en más de 40 sectores de actividad. Además, cuenta con el espacio habilitado “Comunidad Conectada COVID-19”, en el que se pretende recoger la oferta y demanda de productos, servicios y soluciones empresariales disponibles para la fabricación y suministro de aquellos que en la actualidad resultan de mayor urgencia.

El manejo la plataforma, que incorpora todos los procedimientos y certificados de seguridad y validación, es sencillo e intuitivo.

Los usuarios deben registrarse y seguir las instrucciones para subir sus ofertas y/o demandas, que pueden ser proactivas o responder a alguna oferta o demanda que haya planteado previamente otro usuario. La plataforma también permite recibir notificaciones de la actividad que registren los sectores que más interesan a los usuarios.

www.madridconecta.org

• Bonificaciones en las tarifas del Canal de Isabel II

La Orden 615/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad (BOCM de 8 de abril de 2020), aprobó una serie de bonificaciones en las tarifas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, S. A., para paliar el impacto económico del COVID-19.

Los tres bloques de bonificaciones aprobadas son los siguientes:

1. Bonificación para suministros destinados a usos comerciales, industriales, así como a los suministros destinados a protección contra incendios asociados a los dos usos anteriores.

Serán beneficiarios de esta bonificación los autónomos, pymes y cualesquiera otras empresas usuarias de tomas destinadas a los mencionados usos, que se encuentren afectados por la suspensión de actividad de su negocio o reducción significativa de la misma, en al menos un 30% en relación al promedio mensual de facturación del semestre anterior, como consecuencia de la situación de estado de alarma declarada por el COVID-19.

La bonificación para suministros individuales será del 100% de la parte fija de la tarifa o cuota de servicio, desde la fecha de entrada en vigor del estado de alarma y mientras este permanezca vigente; el 50%, desde la fecha de finalización del estado de alarma y durante un período de seis meses y del 25%, desde la fecha de finalización del período anterior y durante un período adicional de seis meses.

Para suministros colectivos deberá tenerse la especificidad indicada en la propia Orden y la bonificación se aplicará en la parte proporcional a cada inmueble.

2. Bonificación para suministros destinados a usos domésticos con usuarios afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), o trabajadores por cuenta propia (autónomos).

Se bonificará el importe total de la parte variable de la tarifa que corresponda facturar a precios unitarios del primer bloque o tramo de consumo (hasta 25 metros cúbicos al bimestre). Y el 50% de la parte fija de la tarifa o cuota de servicio. Para estos supuestos, la Orden también indica las especificidades para suministros individuales y colectivos.

3. Bonificación para suministros destinados a instalaciones respecto de las que la Administración Pública haya acordado la habilitación para usos sanitarios o funerarios.

Se bonificará el importe total de la parte variable de la tarifa y el 100% de la parte fija, durante todo el período en que el local sea destinado a los usos mencionados anteriormente.

 

Coronavirus COVID-19 | Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19

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Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Artículo 24. Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19.

1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.

2. Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social.

3. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.

4. La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los sistemas de comunicación necesarios para el control de la información trasladada por la solicitud empresarial, en particular a través de la información de la que dispone el Servicio Público de Empleo Estatal, en relación a los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.

Sentencia sobre despido nulo de un representante de los trabajadores

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta mañana nos hacemos eco de otra sentencia. En esta ocasión de La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y La Mancha (TSJCM).

En esta ocasión el TSJM ha confirmado la nulidad del despido de una empleada de una residencia de mayores que se negó a firmar un documento obligatorio con instrucciones sobre cómo debían tratar los datos de los residentes según la normativa. La sentencia considera que la acción no reviste la “gravedad e intensidad” suficiente para justificar el despido disciplinario y declara vulnerado el derecho a la libertad sindical de la empleada, que diez meses antes había presentado su candidatura a elecciones sindicales por las listas de CCOO.

El fallo explica en su argumentación que negarse a firmar el documento (obligatorio según la normativa de protección de datos) e incluso romperlo frente a la directora en una reunión con otras empleadas, a pesar de ser una conducta “reprochable”, no reúne las características de gravedad e intensidad en el incumplimiento de las normas que rigen la relación laboral” para justificar el despido, la medida coercitiva más grave de todas las disponibles por la empresa.

El tribunal confirma así la decisión del juzgado de lo Social, que declaró nulo el despido de la empleada por apreciar una vulneración de su derecho fundamental a la libertad sindical a la vista de los indicios aportados por la empleada.

Y es que la trabajadora presentó su candidatura a las elecciones sindicales por CCOO sólo diez meses antes de producirse el despedido. Además, otros tres trabajadores pertenecientes a la sección sindical del mismo sindicato fueron sancionados disciplinariamente en los dos últimos años, un dato que los magistrados han tomado en cuenta para trasladar la carga de la prueba a la empresa.

El tribunal considera que el hecho de que varios compañeros del sindicato fuesen sancionados disciplinariamente de forma “muy grave” es indicio suficiente de que se ha podido producir una situación de discriminación. Máxime cuando dicha calificación luego fue reducida a leve o a mera amonestación tras la oposición de los sancionados. Es más, una de estas sanciones fue impugnada en juicio y la otra espera actualmente resolución del juzgado.

Con estos precedentes, junto con el hecho de que la empleada se presentó a las elecciones con el mismo sindicato que los empleados sancionados, dibuja, como explica el fallo, un “panorama de apariencia o sospecha de vulneración de derechos sindicales” que “ha de ser despejado por la empresa demandada”, cosa que en este caso no ocurre.

Por ello, el fallo confirma la nulidad del despido.

Como siempre, os recordamos que si en vuestra empresa necesitáis hacer un despido, podéis contactar con el equipo laboral de AICA que os asesorará al respecto.

El control por GPS solo es válido durante la jornada de trabajo

Actualidad, Noticias

Estimados asociados, en anteriores notas informativas hemos analizado sentencias que trataban sobre las grabaciones obtenidas a través de cámaras de vídeo-vigilancia y su utilización en la esfera de las relaciones laborales como medida de control de la actividad laboral. En la presente circular vamos a analizar la jurisprudencia contenida en una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (en adelante TSJ) que aborda los límites del control empresarial de la actividad laboral a través de la instalación de dispositivos GPS en los vehículos que la empresa pone a disposición del empleado como herramienta de trabajo.

En el caso analizado por el TSJ en su sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2017, la empresa había informado por escrito a la trabajadora de la puesta a disposición de un vehículo para su uso exclusivo durante la jornada laboral, y, asimismo, había informado de que el vehículo contaba con un dispositivo de localización por GPS para garantizar la seguridad y coordinación de los trabajos.

Sentado lo anterior y prosiguiendo con la exposición de los hechos contenidos en la sentencia, durante un período de incapacidad temporal que inicia la trabajadora en el que, por tanto, no debía hacer uso del vehículo puesto a disposición por la empresa, el GPS que tiene instalado registra una intensa actividad, en particular, la realización de casi dos mil kilómetros en algo más de diez días. Por tal causa, la empresa procede a su despido disciplinario, que es inicialmente declarado procedente en instancia.

Sin embargo, el TSJ en su Sentencia considera que la medida disciplinaria atenta contra el derecho a la intimidad de la trabajadora, dado que, a pesar de que la empresa había informado sobre la instalación del GPS en el vehículo, no consta acreditado que la trabajadora hubiera prestado su consentimiento para el tratamiento de los datos y que los mismos pudieran ser utilizados para una finalidad distinta a la prevista: el control en tramos horarios ajenos a la jornada laboral.

A la vista del criterio del referido Tribunal Superior de Justicia, podría discutirse si la empresa podría haber controlado el uso que hacía la trabajadora del vehículo puesto a su disposición, siempre y cuando se hubiera informado de que el dispositivo GPS podría controlar su actividad también en períodos ajenos a la jornada laboral.

En consecuencia, cuando queráis implantar una mediada de control de vuestros trabajadores, os recomendamos que contactéis con equipo laboral de la Asociación, que os asesorará de la mejor forma de hacerlo teniendo en cuenta la normativa de aplicación.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.
Departamento laboral de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com

El 95 % de las empresas españolas tiene menos de 10 empleados

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En la actualidad el 94,8 % de las empresas españolas son micropymes, es decir, tienen plantillas inferiores a diez empleados. Europa Press ha revelado este dado basándose en el último estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) que recopiló datos del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) denominado ‘Entrepreneurship at Glance 2017’.

Nuestro país se basa en la microeconomía y es una situación que se repite en la mayoría de los 30 territorios que conforman la OCDE. De hecho, el estudio pone de relieve que en todos los países la estructura predominante es la de la micro-empresa, modalidad empresarial que se repite con una media que oscila entre el 68 y el 98% de las entidades privadas registradas.

España se sitúa por encima de la mitad de la tabla en porcentaje de micro-pymes.Delante de nosotros hay 11 países con un mayor porcentaje de minoristas en su tejido empresarial y son, por este orden: Italia (95% de negocios con plantillas inferior a diez trabajadores), Polonia (95,1%), Países Bajos (95,2%), Portugal (95,3%), Francia (95,5%), República Checa (96%), Grecia (96,4%), Eslovaquia (96,7%), Australia (97,2%). El primer lugar es para Turquía (98,3%).

Por encima de España se sitúan territorios que, en su mayoría, cuentan con un sistema económico más estable como Eslovenia y Bélgica (94,6% en ambos), Suecia (93,5%), Hungría (94,1%), Irlanda (92,4%), Israel (92,3%), Lituania (92%), Noruega (91,6%), Finlandia (91,3%), Letonia (90,6%), México (90,4%) y Estonia (90,2%).

Países grandes, entidades grandes

El informe de elaborado por la OCDE deja de manifiesto lo que ya de por sí es bien sabido: los países con mayor territorio y economías más sólidas son a su vez, los que cuentan con un menor número de empresas pequeñas, precisamente por las propias exigencias del mercado interno. Prueba de ello son los porcentajes de micropymes registradas en Canadá (71,9%), Nueva Zelanda (78,7%), Estados Unidos (79,4%), Alemania (83,5%), Japón (86,2%), Austria (87,2%), Luxemburgo (87,3%), Rumanía (88,4%), Reino unido (89%) y Dinamarca (89,1%).

 

Fuente: Cinco Días