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Coronavirus COVID-19 | Ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral en la Comunidad de Madrid

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Esta ayuda de la Comunidad de Madrid está activa desde 2018 y su plazo es indefinido. Adquiere especial importancia en estos momentos ya que se pueden adscribir a ella las empresas que, a causa del COVID-19, hayan implantado medidas de conciliación o de teletrabajo.

Esta ayuda tiene como fin promover la efectiva conciliación en el ámbito laboral de las personas trabajadoras, en equilibrio con las necesidades organizativas de la empresa, mediante medidas de conciliación y flexibilización de la jornada y del horario del trabajo.

El programa consta de dos líneas:

  1. Implantación de la responsabilidad social en los autónomos y en las pequeñas y medianas empresas. El importe máximo de la subvención será de 2.5000 euros por empresa.
  2. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal a través de incentivos económicos para el fomento del teletrabajo y de la flexibilidad horaria. El importe de la subvención en relación con el teletrabajo consistirá en 2.500 euros por trabajador (hasta un límite máximo de 4 trabajadores o 10.000 euros por empresas). Lo mismo ocurrirá en el caso de la flexibilidad horaria.

Pueden obtener la ayuda tanto trabajadores autónomos o por cuenta propia, como las pequeñas y medianas empresas que dispongan de menos de 250 trabajadores, un volumen de negocio igual o inferior a 50 millones de euros anuales, y un balance general anual igual o inferior a 43 millones de euros.

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA?

Ayudas para el fomento de la conciliación laboral en el ámbito de la Comunidad de Madrid tiene como fin promover la efectiva conciliación en el ámbito laboral de las personas trabajadoras, en equilibrio con las necesidades organizativas de la empresa, mediante medidas de conciliación y flexibilización de la jornada y del horario del trabajo.

 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.

Cuantía máximo de la subvención: 10.000 €

2.500 € por trabajador contratado hasta un máximo de 4.

 

QUIÉN PUEDE PRESENTARSE A ESTA AYUDA

– Los trabajadores autónomos o por cuenta propia, dados de alta en el régimen que corresponda de la Seguridad Social o en la mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, sean o no a su vez miembros de sociedades civiles, de comunidades de bienes, o socios de sociedades mercantiles.

– Las pequeñas y medianas empresas, así como las sociedades civiles con personalidad jurídica, que dispongan de menos de 250 trabajadores, de un volumen de negocio igual o inferior a 50 millones de euros anuales, y de un balance general anual igual o inferior a 43 millones de euros.

 

REQUISITOS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

1. Tener contratados un mínimo de un trabajador y un máximo de 250

2. No superar los 50 millones de euros de volumen de negocio anual o tener un balance anual inferior a 43 millones de euros.

3. No ser entidades públicas.

4. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid, y con la Seguridad Social.

5. Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid.

6. Un acuerdo de flexibilidad horaria o teletrabajo por un periodo de tiempo no inferior a un año o bien un acuerdo colectivo con sus trabajadores; o contratar personal nuevo en la modalidad de teletrabajo, y establecer con el trabajador un acuerdo que regule esta situación por un período de tiempo no inferior a un año. Los acuerdos de teletrabajo y de flexibilidad horaria, tanto individuales como colectivos, deberán realizarse respetando las disposiciones legales y los convenios colectivos vigentes.

7. Acreditación de haber realizado el plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

8. Memoria explicativa y descriptiva de las actuaciones materiales a realizar, así como el número de personas trabajadores de la empresa a las que vaya a beneficiar dicha actuación.

 

PLAZO INDEFINIDO.

El plazo de presentación es indefinido hasta la finalización del presupuesto. Hay que presentar la subvención, con un máximo de tres meses con posterioridad a la firma del acuerdo de colaboración con el/los trabajadores.

 

Consecuencias de no dar de alta a una empleada a efectos de responsabilidad sobre la pensión de jubilación

Actualidad, Laboral, Noticias

Estimados asociados, a la espera de los posibles cambios normativos que apruebe el nuevo gobierno de coalición, volvemos a comentar una noticia que ha tenido cierta relevancia en las publicaciones jurídicas.

En esta ocasión, abordamos las consecuencias de no dar de alta a una empleada en la Seguridad Social, centrándonos en la problemática a efectos de la pensión de Jubilación y dejando aparte las consecuencias a efectos de cotización en la Seguridad Social y posibles sanciones de la Inspección de Trabajo.

La noticia en cuestión, explica la jurisprudencia obrante en una Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que trata sobre una empresa que tuvo los siete primeros años de trabajo de una empleada sin darle de alta en la Seguridad Social. Desde el año 1979 una empleada del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada venía trabajando como archivera bibliotecaria. En el año 2015 solicitó la jubilación anticipada, que le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), por no reunir los días exigidos legalmente. Un hecho que le llevó a reclamar ante la Justicia y, finalmente, el Supremo ha reconocido la obligación compartida de la empresa y del INSS de pagar la prestación pedida por la mujer.

El INSS inicialmente le denegó la jubilación porque la trabajadora no fue dada de alta al inicio de la relación laboral con el Colegio de Arquitectos granadino, entre junio del año  1979 y mayo del año 1987, es decir, tenía una falta de siete años en la cotización a la Seguridad Social. Como señala la sentencia del Tribunal, no contaba con los 10.950 días exigidos legalmente para la jubilación anticipada, sino con 10.222 días. Dos sentencias de los años 2012 y 2013, formuladas a raíz de procesos de despido de la empleada, sí reconocieron su antigüedad en la empresa desde el año 1979. Ante la negativa de disfrutar del retiro deseado, la trabajadora formuló una demanda ante un juzgado de Granada y, posteriormente, el litigio llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Granada, que consideró “corresponsables de la pensión al INSS y a la empresa, esta última en proporción a las cotizaciones que debió realizar y no ingresó”, según el Supremo.

El Tribunal ha incidido en la aplicación del “principio de proporcionalidad en la responsabilidad empresarial en el pago de prestaciones”. Además, el Supremo, recuerda en su sentencia que debe aplicarse el principio de proporcionalidad “tanto en los supuestos de descubiertos de cotización temporales, como en los que traen causa de una cotización inferior a la debida”, en ese sentido, la sentencia recuerda a los empresarios que pueden ser responsables del pago de prestaciones futuras que sean reconocidas a sus trabajadores no sólo por su falta de afiliación y alta, sino también por realizar cotizaciones por debajo de las establecidas por ley.

Como siempre, si necesitáis cualquier aclaración sobre la presente circular podéis contactar con el equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

Diferencias entre autónomo y autónomo de responsabilidad limitada

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En España existen dos modalidades jurídicas similares, aunque con diferencias sustanciales, en el caso de que estemos pensando en darnos de alta como autónomo. A continuación repasamos las ventajas y desventajas de la figura del autónomo frente a la fórmula del autónomo de responsabilidad limitada.

Lo primero que debes saber es que un autónomo normal realiza una actividad que se escapa al control y dirección por parte de otra persona, y que puede o no tener trabajadores a su cargo. Por su parte, un autónomo de responsabilidad limitada se define por los mismos conceptos, pero con la limitación de responsabilidad bajo determinadas condiciones, por ejemplo en caso de un embargo derivado de impagos por una desfavorable marcha del negocio.. En este caso, la vivienda de esta persona no podrá ser embargada, ya que está protegida ante las posibles deudas que haya contraído como consecuencia de su actividad económica.

Esta ventaja excluye las deudas de derecho público, asumiendo personalmente el resto de obligaciones que contraiga como persona jurídica (empresa). Esta sería, por tanto, la principal diferencia entre una y otra fórmula. Sin embargo, al escoger la opción del autónomo de responsabilidad limitada también se contraen más obligaciones.

 

Más derechos… y más obligaciones

El Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL) deberá inscribirse obligatoriamente en el Registro Mercantil, así como elaborar y depositar anualmente las cuentas de la actividad en dicho organismo.

En el caso del autónomo normal, el control de su actividad también recaerá en sus manos, y su personalidad jurídica también será la misma que la de su titular (empresario), quien deberá responder personalmente a todas las obligaciones que contraiga la empresa, sin diferenciación entre su patrimonio mercantil y su patrimonio civil. Sin embargo, y debido a ello, no tendrán las obligaciones de Registro y contabilidad descritas para el Emprendedor de Responsabilidad Limitada.

 

Lo más rápido y económico

La opción del autónomo sin las limitaciones de responsabilidad (el más habitual) suele ser más rápida y económica, pues requiere de menos gestiones y trámites para su puesta en marcha. Es lo ideal para proyectos de tamaño reducido. Por el contrario, los inconvenientes descansan en su responsabilidad ilimitada, con el riesgo de embargo del patrimonio civil que ello conlleva ante las deudas generadas en su actividad.

Además, es el único titular de una empresa, co lo que deberá hacer frente en solitario a los gastos e inversiones, así como a su gestión y administración, aunque bien es cierto que, por lo general, esto también es lo más común en el caso de elegir la opción que limita la responsabilidad.

A ambas figuras les ocurre también que, si su volumen de beneficio es importante, tendrá que hacer frente a tipos impositivos más altos, ya que la persona física tributa por el Impuesto sobre la Renta. Por lo tanto, a este nivel de fiscalidad, no hay grandes diferencias.

 

Fuente: CincoDías