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Plan del gobierno para rebajar el precio de la electricidad

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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que 2018. La norma combina medidas generales, que benefician a todos los consumidores, con medidas específicas de mayor incidencia en los consumidores vulnerables, las familias, las pymes y el tejido industrial, así como el medio ambiente y los territorios próximos a los grandes embalses.

Así, entre las actuaciones destinadas a todos los consumidores, el Real Decreto-ley incluye medidas coyunturales, como rebajar el Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5% y suspender hasta final de año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% a la generación; aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio; o minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas.

A la par, entre las medidas con mayor incidencia en consumidores concretos, se incrementa la protección de los vulnerables, las familias y las pymes, estableciendo un suministro mínimo vital que prohíbe el corte del servicio por impago a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes. También se limita el crecimiento de la tarifa de gas (TUR) para impedir un fuerte incremento por el impacto del coste de la materia prima. Además, se crea un nuevo mecanismo para fomentar la contratación de electricidad a plazo, que beneficiará especialmente al tejido industrial.

Por otro lado, se modifica la Ley de Aguas para ordenar el uso del agua como bien ambiental y social de primer orden. Así, nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva protegerán el medio ambiente y permitirán el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños.

Reducir el impacto del gas

Estas medidas de choque se añaden a las ya aprobadas el pasado mes de junio para amortiguar el impacto de la cotización del gas en la electricidad y en el conjunto de la economía. En aquel momento, el Ejecutivo rebajó el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% hasta final de año, para suministros hasta 10 kW, y decidió suspender el Impuesto del 7% a la generación durante el tercer trimestre, indicando que se mantendría vigilante para actuar en el caso de que fuera necesario.

Desde el mes de junio, catapultado por la cotización del gas natural en los mercados internacionales y por la elevada cotización del CO2 en la UE, el precio del mercado mayorista de la electricidad ha crecido un 80%, alcanzando unos niveles nunca vistos que han creado alarma social y son motivo de evidente preocupación.

Considerando que los desajustes entre oferta y demanda en el mercado global del gas permanecerán durante los próximos meses, el Gobierno ha optado por aprobar una batería de medidas extraordinarias con aplicación inmediata para prevenir y amortiguar el impacto de los costes energéticos sobre los consumidores y sobre el conjunto de la economía. La situación crítica de los mercados energéticos coincide con la senda de recuperación tras la pandemia y es prioritario evitar una ralentización del ritmo de crecimiento.

Para detener esa espiral, el Real Decreto-ley establece medidas acordes con el ordenamiento jurídico interno y con la normativa europea. Su aplicación inmediata dejará el esfuerzo económico de los consumidores para cubrir su demanda de electricidad este 2021 en el mismo nivel que en 2018 (sin considerar el IPC), unos 600 euros anuales en el caso de un consumidor medio en baja tensión.

Medidas temporales

Entre las decisiones adoptadas, destacan las fiscales: prorrogar hasta fin de año la suspensión del Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% la generación; reducir desde el 5,1% hasta el 0,5% el tipo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) -el mínimo permitido por la regulación comunitaria-, y ampliar el importe recaudado con las subastas europeas de CO2 para cubrir cargos del sistema eléctrico desde los 1.100 millones presupuestados para 2021 hasta los 2.000 millones.

Igualmente, se ha aprobado la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan. Se aplica una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono de las centrales no emisoras, ahora en tramitación en el Congreso.

Con esta fórmula, la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas). Con los niveles actuales se recuperarán unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas.

La minoración es una medida proporcionada que actúa sobre los beneficios extraordinarios, sobrevenidos súbita e inesperadamente por los desajustes en los mercados internacionales del gas natural, y que no pudo ser considerada en las previsiones de negocio.

Repercusión inmediata de la factura

Este plan de choque tiene repercusión inmediata en la factura de los consumidores, bien por la reducción impositiva, bien porque tanto los ingresos por las subastas de CO2 como por la minoración de gas rebajan los cargos a repercutir en las tarifas. Estos importes se han revisado y actualizado hasta fin de año, de manera que los cargos aplicables serán un 96% inferior a los actuales. Ello permite rebajar la parte regulada de las facturas finales de los consumidores en una horquilla que abarca desde el 47,2% de los hogares hasta el 24,5% de la gran industria. Adicionalmente, sobre esta disminución se aplicará la menor presión fiscal.

También para afrontar la coyuntura de los próximos meses, se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6%, en lugar del 29%. Las cantidades adeudadas se repercutirán en las siguientes revisiones, con un mecanismo amortiguador similar al existente para las bombonas de butano.

Medidas con vocación de permanencia

Junto con las medidas anteriores, el Ejecutivo ha aprobado otras con vocación de permanencia, como un nuevo suministro mínimo vital que amplía la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores vulnerables durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes -diez en total-, tiempo en el que se garantizará un abastecimiento mínimo de confort.

Al objeto de aumentar la liquidez de los mercados a plazo, el Gobierno convocará subastas de contratos de compra de energía. Los grupos empresariales dominantes ofertarán electricidad de forma proporcional a su cuota, y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.

La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada -el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)- para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Las comercializadoras libres que adquieran energía por esta vía deberán indicarlo en las facturas de sus clientes.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobará un calendario para estas subastas y la primera tendrá lugar antes de que acabe el año; Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP ofertarán 15.830 GWh, equivalentes al 6,3% de la demanda eléctrica nacional en 2020.

Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España Puede

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En el marco del Plan Europeo de Recuperación – Next Generation EU, el Gobierno de España había publicado un primer borrador del Plan Nacional de Reformas e Inversiones, denominado Plan España Puede, el cual sentaría las bases para remitir una versión definitiva a la Comisión Europea, con el objetivo de poder acceder a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Plan Next Generation EU.

Tras la reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha sido presentado en el Congreso de los Diputados el Plan completo, el cual será remitido a Bruselas (antes del 30 de abril) una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros.

Este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España Puede, que supondrá para España el acceso a los más de 140.000 M€ previstos para España en transferencias y créditos en el período 2021-2026, tiene 5 objetivos clave: (1) modernizar el tejido productivo y la Administración, (2) impulsar la capacidad de crear empleos de calidad, (3) aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía, (4) reducir las brechas sociales y d e género, (5) impulsar la economía verde.

Algunos de los aspectos de la estructura del Plan, son los siguientes:

  • Organizado en 4 ejes de transformación o líneas de trabajo: (1) la transición ecológica, (2) la transformación digital, (3) la cohesión social y territorial y (4) la igualdad de género.
  • Los ejes se van a desarrollar a través de 10 políticas palanca y 30 componentes.
  • El Plan se articula a través de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas.
  • Las inversiones movilizarán cerca de 70.000 M€ en el periodo 2021-2023.
  • Los ámbitos verde y digital serán cruciales y acapararán alrededor del 70% de la inversión; la educación y la formación obtendrán el 10,5% de los recursos y la I+D+i el 7%.

De las 20 principales inversiones que se van a desarrollar en la primera fase del plan, las más relevantes por su presupuesto son:

  • Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, con unos recursos de más de 13.200 M€
  • Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, con unos recursos de 6.820 millones de euros
  • Modernización de las Administraciones públicas, con 4.315 millones de euros
  • Plan de Digitalización de Pymes, más de 4.060 millones de euros
  • Hoja de Ruta del 5G, con casi 4.000 millones de euros
  • Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular, con más de 3.780 millones de euros
  • Plan Nacional de Competencias Digitales, más de 3.590 millones de euros
  • Modernización y Competitividad del Sector Turístico, con un importe de 3.400 millones de euros
  • Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, con 3.380 millones de euros
  • Y el despliegue e integración de energías renovables, con una inversión de 3.165 millones de euros.

Decretos sobre Igualdad

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El BOE ha publicado dos normas relativas al ámbito de la igualdad en las relaciones laborales.

 

Por una parte, el Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, introduce las siguientes novedades:

• Determina el alcance subjetivo de los planes de igualdad y regula las cuestiones relacionadas con las empresas obligadas a negociar, elaborar e implementar un plan de igualdad.
• Regula el mecanismo negociador para la elaboración del plan de igualdad, que pivota en torno a la constitución de la comisión negociadora, los sujetos que, en cada caso, están llamados a formar parte de la misma y el carácter inicial del diagnóstico. En concreto, el diagnóstico se referirá al menos a las siguientes materias:

– Proceso de selección y contratación.
– Clasificación profesional.
– Formación.
– Promoción profesional.
– Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres (que es objeto de la norma que se analiza a continuación).
– Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
– Infrarrepresentación femenina.
– Retribuciones.
– Prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

• Desarrolla el contenido que ha de tener un plan de igualdad, que incluirá:

– Determinación de las partes que los conciertan.
– Ámbito personal, territorial y temporal.
– Informe del diagnóstico de situación de la empresa.
– Resultados de la auditoría retributiva.
– Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos del plan de igualdad.
– Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y priorización de las mismas, así como diseño de indicadores que permitan determinar la evolución de cada medida.
– Identificación de los medios y recursos, tanto materiales como humanos, necesarios para la implantación, seguimiento y evaluación de cada una de las medidas y objetivos.
– Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las medidas del plan de igualdad.
– Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica.
– Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del seguimiento, evaluación y revisión periódica de los planes de igualdad.
– Procedimiento de modificación, incluido el procedimiento para solventar las posibles discrepancias que pudieran surgir en la aplicación, seguimiento, evaluación o revisión, en tanto que la normativa legal o convencional no obligue a su adecuación.

• Desarrolla la obligación de registro de los planes de igualdad, que se extiende a todos, al margen de su origen y naturaleza, así como el depósito voluntario de las medidas y protocolos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Se considera Registro de Planes de igualdad de las empresas el registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

 
Esta norma entrará en vigor a los tres meses desde su publicación.

 

En segundo lugar, el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, del que cabe destacar lo siguiente:

 
El principio de transparencia retributiva incluye diferentes instrumentos: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional y el derecho de información de los trabajadores.
Como elemento clave del principio de transparencia, se garantiza el adecuado acceso de los trabajadores a la información contenida en el registro retributivo, a través de la representación legal en todo caso cuando esta exista, o de forma directa, en cuyo caso la información a facilitar se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación aplicable.

 
Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, que debe incorporar los datos necesarios para comprobar que el sistema de retribución existente en la empresa garantiza de manera transversal y completa la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres. También debe permitir la definición de las diferentes necesidades para evitar, corregir y prevenir obstáculos existentes o que pudieran producirse.

 
El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo. A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción.
La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con una antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del registro.

 
El registro deberá incluir una justificación cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro en, al menos, un 25%.

 
Esta norma entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el BOE.

Coronavirus COVID-19 | Planes estratégicos de ayudas de la Comunidad de Madrid al sector industrial y a pymes

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El BOCM de 29 de julio ha publicado las siguientes Órdenes de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se aprueban los Planes Estratégicos de Subvenciones, que a continuación se indican:

– Orden de 9 de abril de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas para modernización y rehabilitación de las áreas industriales de la Comunidad de Madrid (link).

– Orden de 12 de junio de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas a las empresas industriales de la Comunidad de Madrid frente al COVID-19 y otros agentes y elementos nocivos para la salud de los trabajadores (link).

– Orden de 5 de julio de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid (link).

– Orden de 12 de junio de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas para implantación de sistemas voluntarios de gestión en PYMES de la Comunidad de Madrid (link).

Coronavirus COVID-19 | Acuerdo sobre el Plan Europeo de Recuperación y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027

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Tras cinco días de negociación, del 17 al 21 de julio, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo sobre el Plan Europeo de Recuperación, así como sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027.  Cinco días que, aunque llegaron a parecer eternos, no lo son tanto si se tiene en cuenta, en primer lugar, la envergadura de lo que estaba en juego, la mayor respuesta económica dada hasta ahora por la UE; en segundo lugar, la divergencia de posicionamientos iniciales; y, en tercer lugar, la complejidad inherente a este tipo de negociaciones, en las que la regla es la cesión.

Desde esta perspectiva, el logro de un acuerdo es, en sí mismo, un hecho muy positivo, que muestra la capacidad de la Unión Europea, sus 27 Estados miembros y sus Instituciones, de reaccionar ante una coyuntura de extrema gravedad, provocada por la pandemia.

 

Las claves del acuerdo alcanzado son:

a) Plan Europeo de Recuperación: por primera vez en su historia, la Comisión Europea acudirá a los mercados para obtener financiación por valor de 750.000 millones de euros, como propuso y como apoyaba España, Francia, Alemania e Italia.

La distribución entre créditos (360.000 millones) y transferencias (390.000 millones) cambia, pero siguen primando las segundas, frente a lo que pretendían los países “frugales”, con Países Bajos a la cabeza. El instrumento a través del cual se desembolsará la mayor parte será el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que estará dotado con 672.500 millones de euros. El 70% de las ayudas se comprometerá para los años 2021-2022. La clave de reparto será la propuesta por la Comisión Europea. Según afirmó el Presidente del Gobierno de España, en la rueda posterior al término del Consejo Europeo, el 21 de julio, a España le corresponden alrededor de 140.000 millones de euros en total, de los cuales 72.700 millones serán en forma de ayudas.

b) Marco Financiero Plurianual 2021-2027:  el volumen total será de 1.074.300 millones de euros, que se añaden al citado Plan Europeo de Recuperación. Se ajustan los montantes de las siete partidas, que siguen siendo las mismas (Mercado Interior, Innovación y Digital; Cohesión, Resiliencia y Valores; Recursos Naturales y Medio Ambiente; Migración y Gestión de Fronteras; Seguridad y Defensa; Vecindad y el Mundo; y, Administración Pública Europea).

c) Prioridades políticas: el presupuesto europeo refleja en términos económicos las prioridades políticas de la UE, que se sintetizan en afrontar con éxito las transiciones energética y digital en un marco de estabilidad macroeconómica. Se aplicará un objetivo climático del 30% al importe total del gasto procedente de ambos paquetes, que asciende a 1.824.300 millones de euros.

 

Bajo un prisma empresarial, BusinessEurope y CEOE han acogido de manera muy favorable el consenso logrado por el Consejo Europeo, que lo han calificado de excelente noticia, señalando que harán un seguimiento muy estrecho de su implementación.

En este sentido, para que el acuerdo esté operativo es necesario, por un lado, el consentimiento del Parlamento Europeo, que ha convocado una sesión plenaria extraordinaria el 23 de julio; y, por otro, la adopción de los textos jurídicos de base por los colegisladores europeos. La rapidez con la que este proceso decisorio se lleve a cabo es crucial. En paralelo, los Estados miembros deberán trabajar en la conclusión de los planes de reforma e inversión para los años 2021-2023, conforme a las prioridades identificadas en el marco del Semestre Europeo, de manera que la Comisión Europea los apruebe y se desbloqueen los fondos previstos en tiempo y forma.

Coronavirus COVID-19 | Hoteles y establecimientos turísticos durante la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

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  • Pueden reabrirse al público las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos, siempre que no se supere un tercio de su aforo y se mantengan las medidas establecidas en el ámbito de la hostelería y restauración.
  • El establecimiento debe determinar los aforos de los distintos espacios comunes, así como aquellos lugares en los que se podrán realizar eventos conforme al aforo y medidas de higiene y protección establecidas.
  • Los espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actividades de animación o gimnasios, deben ventilarse dos horas antes de su uso.
  • Las actividades de animación o clases grupales deben organizarse con un aforo máximo de 20 personas y respetándose la distancia mínima de seguridad entre personas y entre estos y el animador o entrenador. Se realizarán preferentemente al aire libre y se evitará el intercambio de objetos.
  • Pueden reabrirse las piscinas y spas del establecimiento según las indicaciones del capítulo siguiente de esta guía.

 

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Coronavirus COVID-19 | Hostelería y restauración durante la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

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  • Podrán reabrir al público los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, siempre que no se supere un 40% de su aforo. Las Comunidades Autónomas podrán modificar este aforo máximo entre el 30 y el 50%.
  • No pueden abrir las discotecas y bares de ocio nocturno.
  • El consumo dentro del local podrá realizarse únicamente sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, y preferentemente mediante reserva previa. En ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente.
  • Se puede encargar comida y bebida para llevar en el propio establecimiento.
  • Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería mantienen la limitación al 50% de las mesas, con una ocupación máxima de 10 personas.
  • Entre un cliente y otro se deberá proceder a la limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contacto.
  • Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso y se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con acción virucida.
  • Se fomentará el pago con tarjeta y se evitará el uso de cartas de menú de uso común.
  • Vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en espacios cerrados y, si no es posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores.
  • Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables.
  • En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, los trabajadores deberán utilizar el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo que asegure tanto su protección como la del cliente.

 

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Coronavirus COVID-19 | Comercio y prestación de servicios durante la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

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  •  Reapertura de locales y establecimientos minoristas con independencia de su superficie útil de exposición y venta, siempre que cumplan estas normas:
  1. Un 40% del aforo total del local y, en el caso de tener varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción.
  2. Garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes. Si no es posible, sólo se permitirá la permanencia de un cliente dentro del local.
  3. Horario de atención prioritario para mayores de 65 años.
  4. Las acciones comerciales o de promoción deberán acompañarse de medidas destinadas a evitar aglomeraciones que impidan mantener la distancia de seguridad y los límites de aforo, incluyendo el cese inmediato de las mencionadas acciones comerciales o de promoción si resultara necesario.

 

Centros y parques comerciales

Pueden reabrir al público, siempre que se respeten las medidas de aforo, se garantice que los clientes puedan transitar por las zonas comunes (pero no permanecer en ellas) y se cumplan las siguientes normas específicas:

  • El aforo se limita al 30% de sus zonas comunes y al 40% en cada uno de los establecimientos comerciales.
  • No se pueden utilizar las zonas recreativas como zonas infantiles, ludotecas o áreas de descanso, debiendo permanecer cerradas.
  • El uso de aseos familiares y salas de lactancia se restringirá a una única familia, no pudiendo simultanear su uso dos unidades familiares.
  • El uso de los aseos y salas de lactancia comunes de los centros comerciales deberá ser controlado por el personal de los mismos, debiendo procederse a su limpieza según la normativa establecida.
  • En la zona de aparcamiento, además de la desinfección continuada de los puntos de contacto habituales y puesta a disposición al alcance del cliente de gel hidroalcohólico, se fomentará el pago por medios electrónicos.

 

Centros de formación

Se posibilita a las Comunidades autónomas la apertura de centros educativos no universitarios y de formación. También se permite a los titulares la apertura de academias y autoescuelas, limitando su aforo a 1/3 y priorizando la formación on line.

 

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