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AICA firma con Ayuntamiento y Sindicatos el Pacto Local por el Empleo de Alcobendas

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El acto tiene como objetivo el crecimiento económico de la ciudad a través del pleno empleo de calidad y la promoción y el impulso a microempresas, pymes y comercios.

El alcalde, Rafael Sánchez Acera, en nombre del Ayuntamiento, el presidente de la asociación empresarial AICA, Javier Beitia y los representantes sindicales Gemma Durán (Secretaria General de la Unión Comarcal Norte de CCOO) y Francisco Arenas (Secretario General de la Unión Comarcal Norte de UGT) han firmado hoy el Pacto Local por el Empleo en Alcobendas. El objetivo de esta alianza entre los actores socioeconómicos de la ciudad es mantener y promover el crecimiento económico en Alcobendas con acciones orientadas al desarrollo de actividades productivas que generen puestos de trabajo y promuevan el emprendimiento y el crecimiento de microempresas y pymes. Todo ello con la finalidad de conseguir el pleno empleo en las mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, el Pacto busca impulsar la innovación; el desarrollo del turismo sostenible y la cohesión territorial; la lucha contra la pobreza y la búsqueda de la equidad social.

El Plan se plantea tres metas fundamentales; que Alcobendas sea un referente regional en materia de empleo, innovación, emprendimiento y comercio manteniendo una baja tasa de desempleo y una alta tasa de pymes. Ello implica acciones tales como: la realización de programas de formación e inserción laboral; convenios con empresas que fomenten empleo entre vecinos de la ciudad; ayudas para el mantenimiento del empleo y la creación de empresas; programas de dinamización comercial; espacios especializados para la aceleración de proyectos emprendedores; simplificar los trámites para la instalación de empresas…

Que Alcobendas sea un referente regional en servicios públicos de igualdad ejerciendo la atracción para la instalación de proyectos y espacios innovadores. En ese sentido, el Plan recoge acciones tales como la realización de eventos para encuentros empresas innovadoras, la introducción en el Ayuntamiento de herramientas tecnológicas que permitan mejorar los procesos y procedimientos actuales; programas de formación para la población en colaboración con universidades y centros de investigación…

La tercera meta es que Alcobendas sea un referente regional en movilidad y medioambiente convirtiéndola en una ciudad sostenible. Para ello, se proponen acciones tales como: favorecer la movilidad en transporte público y el servicios interempresas; medidas para mejorar las entradas a la ciudad en horario laboral; trabajar con otras administraciones para mejorar las infraestructuras existentes o realizar estudios para la implantación de nuevas medidas y soluciones al problema de la movilidad.

El alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, ha asegurado que este Pacto “reafirma el compromiso del Gobierno municipal de Reactivar la ciudad y reconstruir el mercado laboral tras la pandemia. Alcobendas debe liderar el reto del empleo. Para ello impulsaremos políticas activas que garanticen puestos de trabajo estables y de calidad, el crecimiento económico, la atracción de innovación y emprendimiento, y la consolidación de grandes y pequeñas empresas en la ciudad”.

Por su parte, el vicealcalde, Miguel Ángel Arranz, ha destacado el buen entendimiento entre empresarios, sindicatos y administración local para poder firmar este acuerdo de fomento del empleo. “Con este acuerdo seguiremos siendo la locomotora de la zona norte de la Comunidad de Madrid en creación de empleo y riqueza. La apuesta sin fisuras de este equipo de Gobierno por la colaboración público-privada y de esta forma lograr los mayores avances en materia de empleo, demostrando su eficacia, por lo que seguiremos trabajando en esta línea con empresarios y sindicatos”.

El concejal de Desarrollo Económico, Roberto Fraile ha destacado que: “Este acuerdo entre los agentes socioeconómicos de la ciudad es una gran noticia y es el resultado de un trabajo común y del consenso con vistas a seguir así en su aplicación”.

Javier Beitia, presidente de AICA, ha dicho que: “En estos momentos tan complicados para el empleo y la empresa es necesario realizar un esfuerzo aún mayor para afrontar el problema: reforzar medios humanos y económicos, ampliar la formación, centrarse aún más en los colectivos de difícil empleabilidad, adelantarse a las necesidades de las empresas para ofrecer personas de Alcobendas que estén en la Bolsa de Empleo y se ajusten a los perfiles de las ofertas…”

“Alcobendas tiene que marcar el camino y ser referente en empleo de calidad, igualdad, innovación…”, destacaba la Secretaria General de la Unión Comarcal Norte de CCOO, Gemma Durán mientras que el Secretario General de la Unión Comarcal Norte de UGT, Francisco Arenas decía que “Ahora toca ponerse a trabajar poniendo especial énfasis en los colectivos que más dificultades tienen para acceder al mercado laboral”.

Coronavirus COVID-19 | Recopilatorio de otras medidas estatales, autonómicas y municipales implantadas por la crisis de la COVID-19

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Ámbito estatal

• Programa ACELERA PYME

Dirigido a facilitar la digitalización de las pymes y autónomos, contempla las siguientes medidas:

1. Medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización desde el asesoramiento y la formación.

2. Medidas de apoyo a creación de soluciones tecnológicas.

3. Medidas de apoyo financiero.

La entidad pública RED.ES, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha puesto en marcha el Portal Acelera PYME, al que puede acceder a través del siguiente link. Tal y como se indica en él, está destinado a ayudar a las pymes y autónomos con el fin de atenuar el impacto del COVID-19 en su actividad y va a recoger todas las medidas que se están poniendo en marcha para ayudar a tal fin.

• Moratoria en el pago de hipotecas (Real Decreto-ley 11/2020)

Los pequeños empresarios y autónomos que no tengan actividad como consecuencia del estado de alarma o que hayan sufrido pérdidas significativas pueden optar por dejar de pagar la cuota hipotecaria de su local u oficina durante tres meses, un plazo que podrá ser ampliado por acuerdo del Consejo de Ministros.

• Flexibilización del pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago (Real Decreto-ley 11/2020)

Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del Estado de Alarma.

• Rescate de planes de pensiones (Real Decreto-ley 11/2020)

Durante el plazo de seis meses desde la declaración del estado de alarma los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria.

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida.

c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria.

• Suspensión y de compensación al contratista por los daños y perjuicios

Sufridos durante el periodo de suspensión, en los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, así como de obras (Real Decreto-ley 8/2020).

• Medidas para el pago de alquileres de locales de negocio

El Real Decreto-ley 15/2020 establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio de las pymes y autónomos que hayan visto reducirse significativamente sus ingresos como consecuencia del COVID-19, a grandes tenedores o empresas públicas. En el caso de que el propietario sea distinto a los anteriores, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.

Ámbito autonómico

• Plataforma “Madrid Conecta”

Se trata de una plataforma virtual, puesta en marcha por Madrid Activa, que facilita a pymes y autónomos el intercambio de productos y servicios ya existentes en el mercado, así como de nuevas soluciones en desarrollo.

Es de acceso libre y sirve como un punto de encuentro o “market place” que les permite ofertar sus servicios, adquirir productos que necesitan para continuar con sus negocios o mostrar soluciones innovadoras en más de 40 sectores de actividad. Además, cuenta con el espacio habilitado “Comunidad Conectada COVID-19”, en el que se pretende recoger la oferta y demanda de productos, servicios y soluciones empresariales disponibles para la fabricación y suministro de aquellos que en la actualidad resultan de mayor urgencia.

El manejo la plataforma, que incorpora todos los procedimientos y certificados de seguridad y validación, es sencillo e intuitivo.

Los usuarios deben registrarse y seguir las instrucciones para subir sus ofertas y/o demandas, que pueden ser proactivas o responder a alguna oferta o demanda que haya planteado previamente otro usuario. La plataforma también permite recibir notificaciones de la actividad que registren los sectores que más interesan a los usuarios.

www.madridconecta.org

• Bonificaciones en las tarifas del Canal de Isabel II

La Orden 615/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad (BOCM de 8 de abril de 2020), aprobó una serie de bonificaciones en las tarifas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, S. A., para paliar el impacto económico del COVID-19.

Los tres bloques de bonificaciones aprobadas son los siguientes:

1. Bonificación para suministros destinados a usos comerciales, industriales, así como a los suministros destinados a protección contra incendios asociados a los dos usos anteriores.

Serán beneficiarios de esta bonificación los autónomos, pymes y cualesquiera otras empresas usuarias de tomas destinadas a los mencionados usos, que se encuentren afectados por la suspensión de actividad de su negocio o reducción significativa de la misma, en al menos un 30% en relación al promedio mensual de facturación del semestre anterior, como consecuencia de la situación de estado de alarma declarada por el COVID-19.

La bonificación para suministros individuales será del 100% de la parte fija de la tarifa o cuota de servicio, desde la fecha de entrada en vigor del estado de alarma y mientras este permanezca vigente; el 50%, desde la fecha de finalización del estado de alarma y durante un período de seis meses y del 25%, desde la fecha de finalización del período anterior y durante un período adicional de seis meses.

Para suministros colectivos deberá tenerse la especificidad indicada en la propia Orden y la bonificación se aplicará en la parte proporcional a cada inmueble.

2. Bonificación para suministros destinados a usos domésticos con usuarios afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), o trabajadores por cuenta propia (autónomos).

Se bonificará el importe total de la parte variable de la tarifa que corresponda facturar a precios unitarios del primer bloque o tramo de consumo (hasta 25 metros cúbicos al bimestre). Y el 50% de la parte fija de la tarifa o cuota de servicio. Para estos supuestos, la Orden también indica las especificidades para suministros individuales y colectivos.

3. Bonificación para suministros destinados a instalaciones respecto de las que la Administración Pública haya acordado la habilitación para usos sanitarios o funerarios.

Se bonificará el importe total de la parte variable de la tarifa y el 100% de la parte fija, durante todo el período en que el local sea destinado a los usos mencionados anteriormente.

Coronavirus COVID-19 | Moratoria en el alquiler de locales para autónomos y pymes

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El BOE del 22 de abril recoge el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. En este se señala, entre otras medidas, la posibilidad de aplazar los alquileres de locales de trabajo o comerciales a pymes y autónomos. Hasta ahora, esta posibilidad solo existía en el caso de la vivienda habitual.

  • En el caso de que el arrendador sea una empresa, un organismo público de vivienda (Sogepima) o un gran tenedor (itular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de una superficie construida de más de 1.500 m²).
    • El propietario está obligado a aceptar una moratoria, siempre que no se haya llegado a un acuerdo hasta ahora.
    • El aplazamiento durará hasta el fin del estado de alarma, pero no podrá superar los 4 meses.
    • La pyme o autónomo pagará la deuda en dos años, a contar desde que acabe la moratoria (o, en su caso, el tiempo que quede de contrato de alquiler). Los plazos se acortan si el contrato finaliza en breve y se renueva por años.
  • En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor de vivienda, este no tiene la obligación de aceptar el aplazamiento, aunque sí que se puede solicitar.
    • Si se llega a un acuerdo, se puede utilizar la fianza como pago.
    • La moratoria deberá devolverse en un año o, como en el caso anterior, antes del fin del contrato de arrendamiento.

Para acceder a estas moratorias se deben cumplir unos requisitos:

  • Autónomos
    • Haber estado dado de alta a 14 de marzo de 2020.
    • Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del estado de alarma.
    • O, si la actividad no se encuentra dentro de las suspendidas, acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 %, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.
  • Pymes
    • Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
      • Su activo no puede superar los 4 millones de euros.
      • Su cifra de negocio neta no puede superar los 8 millones de euros.
      • No puede tener más de 50 trabajadores.
    • Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del estado de alarma.
    • O, si la actividad no se encuentra dentro de las suspendidas, acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 %, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

 

 

Medidas para reducir los costes de pymes y autónomos

Artículo 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores.

1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2 , en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria establecida en el apartado 2 de este artículo, que deberá ser aceptada por el arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.

2. La moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada en el apartado primero de este artículo se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

Artículo 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.

1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los definidos en el artículo 1.1, y cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.

2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los apartados anteriores, las partes podrán disponer libremente de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un año.

Artículo 3. Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el artículo 2.

Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de este real decreto-ley, los autónomos y pymes arrendatarios cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por el autónomo:

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por una pyme:

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.

c) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar la reducción de su facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

Artículo 4. Acreditación de los requisitos.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3, se acreditará por el arrendatario ante el arrendador mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente mediante la presentación de una declaración responsable en la que, en base a la información contable y de ingresos y gastos, se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables al arrendador para acreditar la reducción de la actividad.

b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

Artículo 5. Consecuencias de la aplicación indebida del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.

Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos en el artículo 3, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.

 

Acceda al Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo

Coronavirus COVID-19 | El Ayuntamiento de Alcobendas establece medidas para facilitar el pago del alquiler de las viviendas y locales de EMVIALSA

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La Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (EMVIALSA) decidió el pasado viernes que no se girará el alquiler del mes de abril a las 380 viviendas y 25 locales de su propiedad que tiene en régimen de arrendamiento para paliar las consecuencias económicas de la crisis producida por el COVID-19.

Asimismo se abre un periodo de 30 días a los inquilinos que sean susceptibles de acogerse a las ayudas del Real Decreto Ley 11/2020 de medidas urgentes en el ámbito social y económico. Durante este tiempo deberán recopilar y presentar la documentación necesaria para poder beneficiarse de las ayudas al alquiler contempladas en dicho Real Decreto.

Posteriormente, a los inquilinos que no soliciten ayuda y a aquellos que la soliciten pero no cumplan todos los requisitos exigidos por el Real Decreto, se les fraccionará el recibo de abril en cuatro plazos para así facilitar su pago, a la espera de que pudieran articularse nuevas ayudas.

Los arrendatarios de viviendas que no se encuentren como consecuencia de la emergencia sanitaria en situación de vulnerabilidad, tal y cómo la define el Real Decreto, gozarán de este aplazamiento sin intereses en el pago de la renta de abril, fraccionándose su abono en los 4 siguientes meses. Aquellos que sí cumplan las condiciones marcadas por el Real Decreto no tendrán que hacer frente a la renta mientras dure su situación de vulnerabilidad, hasta un máximo de 4 meses, posponiéndose el pago de la misma.

EMVIALSA cuenta con 380 viviendas, donde viven cerca de 1.400 personas, además de 25 locales con actividad comercial que en muchos casos ha sido suspendida por el Estado de Alarma. Los ingresos por el alquiler de estos inmuebles son de unos 230.000 euros al mes.

El Real Decreto define en situación de vulnerabilidad a las personas obligadas al pago de la renta que a raíz de esta emergencia sanitaria hayan perdido su empleo o sido víctimas de un ERTE o que, siendo autónomos, hayan tenido que reducir sustancialmente su jornada laboral por motivo de cuidados o similares y con ella su nivel de ingresos. Además, el alquiler junto con otros gastos, como la comunidad y suministros básicos deberá suponer más de un 35% de los ingresos netos de la unidad familiar para poder acogerse a las ayudas.

Los inquilinos interesados en una posible moratoria pueden ampliar información mediante el correo electrónico: informacion@emvialsa.org o en el teléfono: 91 490 08 92.

Debido a las restricciones de movimiento no se atenderá personalmente en esta ocasión a los inquilinos en las oficinas de EMVIALSA.