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Aprobada la modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

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El pasado 8 de noviembre, en vigor desde el día 10, el ejecutivo ha aprobado el Real Decreto Ley 17/2018 por el que, recogiendo el nuevo criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, se modifica el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (RCL 1995, 1816) , aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, disponía en el número 2 de su artículo 68 que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de documentos notariales, era el prestatario, cuando se tratase de escrituras de constitución de préstamo con garantía.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sus Sentencias 1505/2018, de 16 de octubre (RJ 2018, 4082) , 1523/2018, de 22 de octubre (PROV 2018, 283469) , y 1531/2018, de 23 de octubre (PROV 2018, 285131) , ha anulado el número 2 del artículo 68 del citado reglamento. Los efectos anulatorios de esta sentencia han provocado una situación de incertidumbre, que ha dado lugar a una reducción sustancial de actos de formalización de préstamos con garantía hipotecaria.

Con posterioridad, el 6 de noviembre de 2018, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, acordó volver a hacer recaer sobre el prestatario la obligación del pago del impuesto.

Esta sucesión de acontecimientos ha generado una situación de inseguridad jurídica, que pretende resolver este Real Decreto Ley modificando un aspecto parcial de la regulación del tributo únicamente en una de sus modalidades , la relativa a documentos notariales, y sólo los correspondientes a préstamos con garantía hipotecaria.

En concreto, se modifican los artículos 29 y 45 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Se modifica el artículo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista. También se modifica el artículo 45 para que aquellos supuestos en los que el prestatario venga gozando de una exención subjetiva sigan quedando exceptuados de gravamen sin que se vean afectados por la reforma del artículo 29.

La modificación normativa se aplicará a aquellos hechos imponibles que se devenguen en adelante, es decir, a las escrituras públicas que se formalicen a partir del 10 de noviembre de 2018.

El Tribunal Supremo aclara, es el banco y no el cliente el obligado al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados

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Con fecha 16 de octubre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia por la que, modificando su jurisprudencia anterior, sienta el criterio de que, en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, el obligado al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es la entidad prestamista y no el cliente que recibe el préstamo.

En el caso debatido, la Oficina Técnica de la Inspección de los Tributos de la Comunidad de Madrid practicó liquidación a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas al considerarla sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en relación con una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria de varias viviendas, al entender que aquella condición (sujeto pasivo) derivaba de su posición (prestatario) en el negocio jurídico documentado en la escritura.

La recurrente, Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas alegó en su recurso, que el sujeto pasivo del impuesto debe ser el prestamista como solicitante de la escritura de préstamo hipotecario e interesado en la elevación a público de lo pactado y si posterior inscripción registral.

El Tribunal acoge los argumentos de la recurrente y considera que el beneficiario de la escritura notarial no es otro que el acreedor hipotecario, (el banco), pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos. Solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca por lo que ha de considerársele sujeto pasivo del Impuesto.

Asimismo, la sentencia anula por contrario a derecho, el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto, Real Decreto 828/1995,  que imponía el pago de tributo al prestatario.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Transposición al ordenamiento español de la regulación europea en materia de compromisos de pensiones, prevención del blanqueo y requisitos de entrada y residencia en países terceros

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Desde el pasado 4 de septiembre está en vigor y es aplicable el Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto por el que se transponen al ordenamiento español tres directivas europeas que estaban pendientes de ser incorporadas a la legislación española: Directiva 2014/50/UE, Directiva (UE) 2015/849 y Directiva (UE)  2016/801.

La primera de estas Directivas, la 2014/50/UE tiene como objeto reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros de la Unión Europea y, en concreto, mejorar la adquisición y mantenimiento de los derechos complementarios de pensión.

Con su aplicación en España se pretende reducir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros creados por determinadas normas relativas a los regímenes complementarios de pensión para la jubilación vinculados a una relación laboral. Con este fin, la Directiva limita los periodos de espera y de adquisición de derechos que se requieran en dichos regímenes complementarios de pensión, fija un límite en relación con la edad mínima para adquirir los correspondientes derechos, regula el reembolso de las primas o aportaciones realizadas en caso de cese de la relación laboral antes de adquirirse derechos, establece el mantenimiento de los derechos que se hubiesen adquirido cuando dicho cese tiene lugar, e impone obligaciones de información a los trabajadores sobre las condiciones de adquisición, el importe de los derechos adquiridos y el tratamiento de estos a partir del cese de la relación laboral.

Asimismo, se establece la obligación de instrumentar mediante seguros colectivos y planes de pensiones de empleo los compromisos por pensiones asumidos por las empresas con los trabajadores vinculados a determinadas contingencias, entre ellas la jubilación, al tiempo que establece las condiciones básicas de los seguros aptos para tal finalidad. En el caso de seguros colectivos, modalidad en la que las primas abonadas por la empresa no se imputan fiscalmente a los trabajadores, las condiciones de adquisición y mantenimiento de derechos en caso de cese de la relación laboral dependen en la actualidad de los términos de los convenios colectivos o disposiciones equivalentes en los que se establecen los compromisos por pensiones.

La segunda directiva, Directiva (UE) 2015/849  previene el uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, estableciendo obligaciones adicionales en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, así como un endurecimiento del régimen de sanciones y el establecimiento de canales de denuncia.
En concreto:

  • Se incrementan los importes máximos de las sanciones, en línea con lo dispuesto por la Directiva, aunque se mantienen los importes mínimos, al no existir armonización en ese punto y considerarse adecuado el mantenimiento de ese importe mínimo para garantizar la correcta aplicación de la norma. Se incorpora el elemento adicional de la publicidad anónima de las sanciones impuestas, en el caso de que no se acuerde la publicación.
  • Se establecen nuevos canales de denuncia, tanto públicos, como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la ley. Los sujetos obligados deberán contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla. De forma paralela, se crearán canales de denuncia a la Administración de potenciales incumplimientos por los sujetos obligados de las exigencias de la normativa administrativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las personas con responsabilidad pública extranjeras eran siempre objeto de la aplicación de medidas de diligencia reforzada por su falta de vinculación con nuestro país y las dificultades de acceso a información sobre las mismas. Con la Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, este régimen se unifica, considerando a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras, merecedoras de la aplicación de las medidas de diligencia reforzada en cualquier caso.
  • Incorpora la obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas respecto de aquellos países que se relacionen en la lista que al efecto elabora la Comisión Europea de conformidad con el artículo 9 de la Directiva.
  • Reduce el umbral en el que los comerciantes de bienes que utilizan el efectivo como medio de pago, están obligados a cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, que bajan de 000 a 10.000 euros.
  • Crear la obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

La tercera directiva, Directiva (UE)  2016/801 transpone los requisitos para la entrada y residencia en España de nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas, programas de intercambio de alumnos y proyectos educativos.

La Directiva tiene como objetivo mejorar la posición de la Unión Europea en la competencia mundial por atraer talento y promoverla como centro mundial de excelencia para estudios y formación, mediante la supresión de barreras migratorias y mejores oportunidades de movilidad y empleo. Para ello establece unas condiciones armonizadas de entrada y residencia en la Unión Europea de nacionales de terceros países con fines de investigación, estudios, prácticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo, de obligada transposición; y otras para voluntarios fuera del Servicio Voluntario Europeo, alumnos y au pairs, de carácter potestativo para los Estados miembros.

Así, con respecto a los investigadores, se posibilita que, una vez finalizada la actividad investigadora, permanezcan en nuestro país durante un tiempo limitado para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial. Se posibilita la expedición de visados de residencia de validez inferior a un año. Y se establece como preceptiva la tramitación electrónica de las autorizaciones,

Con relación a los estudiantes internacionales que ya han finalizado sus estudios en España se permite que puedan acceder a una autorización de residencia para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial e igualmente, se prevé una autorización de residencia para participar en un programa de prácticas para los extranjeros que hayan obtenido un título de educación superior en los dos años anteriores a la fecha de solicitud o que estén realizando estudios que conduzcan a la obtención de un título de educación superior.

Se modifica  lo relativo a los requisitos para obtener el visado y/o autorización de estancia por estudios, a los efectos de prever el acceso a la situación de estancia por estudios a través de la concesión de una autorización sin visado previo, a extranjeros que se hallen regularmente en España; así como para incorporar al ordenamiento español la exención del requisito de contar con un seguro de responsabilidad civil que dé cobertura a la labor del voluntario, en el caso de que dicha labor sea realizada en el marco del Servicio Voluntario Europeo.

 

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Sentencia sobre la modificación de la jornada de trabajo por causas organizativas

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Desayuno de Trabajo sobre el Control de Horarios de los Trabajadores 2402

 

Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana analizamos una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ de la Comunidad Valenciana).

En la citada Sentencia, la empresa basa la modificación sustancial llevada a cabo, consistente en considerar laborales los sábados, por razones productivas y organizativas. En concreto, porque tiene la necesidad de responder a las necesidades de producción en periodos concretos del año que no pueden ser atendidas si no es habilitando el sábado como jornada ordinaria, sin exceder la jornada laboral anual fijada en Convenio.

En consonancia con la Sentencia recurrida, la Sala entiende que concurren las causas organizativas y productivas alegadas por la empresa para justificar la decisión modificativa adoptada, estimándola «razonable» para solucionar de forma permanente las necesidades productivas de la empresa, pues «guardan relación con la competitividad de la empresa, ya que no en vano una mayor organización y la aminoración en el plazo de entrega supone un incremento de la competitividad de sus productos frente al de sus competidores».

En este caso, las necesidades productivas y organizativas existentes vienen dadas por los demostrados periodos de saturación que no permiten atender las demandas de los clientes aunque la empresa funcione a tres turnos de lunes a viernes al 100% de su capacidad y que esa situación se produce en los periodos del año en los que la demanda del sector agrícola es más elevada, y que se produce todos los años en los mismos meses de mayo a Junio/ julio y de septiembre a noviembre/diciembre, existiendo, por otro lado, periodos en los que la demanda se reduce sustancialmente y la empresa tiene sobrecapacidad de producción en turnos de lunes a viernes, no siendo posible adelantar la producción por las características del producto demandado.

Se recoge también como hecho probado que la variabilidad en la entrada de pedidos en la empresa, así como las diferencias de calidad, tipo de impresión y tamaño, eleva el número de referencias de productos a fabricar, lo que, unido a los reducidos plazos de entrega de los pedidos, obliga a la empresa a aumentar el número de días de fabricación para poder atender a la demanda, debiendo realizarse en sábados.

En consecuencia, derivado de todo lo expuesto, el TSJ considera razonable la medida impuesta por la empresa para responder a las necesidades de producción en periodos concretos del año que no pueden ser atendidos si no es habilitando el sábado como jornada ordinaria.

Como siempre, si os surge alguna cuestión sobre la nota informativa, o en vuestra empresa tenéis la necesidad de modificar la jornada de trabajo a vuestros empleados, podéis contactar con el equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

 

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Taller: Marketing Móvil para Bufetes de Abogados, Gestorías y otros Servicios Profesionales

 

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Taller: Marketing Móvil para Bufetes de Abogados, Gestorías y otros Servicios Profesionales

25 de mayo, de 12.00 a 13.00

Cada uno de tus pasados, presentes y futuros clientes llevan un smartphone en el bolsillo. En esta charla te enseño trucos específicos para tu sector con los que sacar partido a esta situación. En la hora que dura esta charla aprenderás a usar el marketing móvil para comunicarte con tu público objetivo, mantener el contacto con él y atraer nuevos clientes.

 

  • ¿Cuándo y Dónde?

 

Te espero el 25 de mayo de 12.00 a 13.00
en la sede de AICA, Av. del Doctor Severo Ochoa, nº 45, 3ª planta, Alcobendas.

 

  • ¿Cómo me inscribo?

 

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Compliance Penal para la supervivencia de las empresas

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AICA celebra una jornada sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas

El objetivo ha sido analizar la reforma del Código Penal y Circular de la Fiscalía General del Estado, y los requisitos para elaborar un programa de Compliance en las empresas

Desde que el pasado mes de julio entrara en vigor la reforma del nuevo código penal las empresas se enfrentan a una nueva realidad respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA ha querido abordar el tema con una jornada celebrada esta mañana en su sede con el objetivo de esclarecer las dudas de los empresarios respecto a este tema, y mostrar los requisitos necesarios para elaborar un programa de compliance penal.

La jornada iba dirigida a diferentes perfiles como empresarios, directores financieros, o directores de asesoría jurídica, para poder tratar como temas principales los criterios de responsabilidad de la persona jurídica, los programas de Compliance, y el Compliance Penal en la empresa de reducida dimensión.

Javier Forero, consultor jurídico de AICA, ha tratado de concienciar a los más de 20 asistentes acerca de las modificaciones habidas en el ámbito de la responsabilidad penal de las empresas, en concreto la importancia de la implantación en sus estructuras de los modelos de prevención penal, y la difusión de los mismos a las personas relacionadas con su estructura: empleados, proveedores, clientes, etc.

La reforma del código penal ha incluido como novedad penas para las sociedades que van desde multas económicas cuantiosas, disolución de las sociedades, paralización de sus actividades, etc. Por eso es de vital importancia que las empresas consideren la implantación de un plan de compliance, destinado a identificar riesgos para prevenir la comisión de delitos, analizando actividad, el volumen de negocio, y riesgos asociados al tráfico mercantil, entre otros aspectos. Es muy recomendable que todas las empresas en mayor o menor medida dispongan de este plan de prevención, que supondrá la incorporación de las mismas a una cultura de cumplimiento normativa.

AICA cuenta con un Departamento Jurídico que posee los recursos y los profesionales necesarios a disposición de las empresas que necesiten alguna aclaración.