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Coronavirus COVID-19 | Sanciones de la Inspección de Trabajo por Incumplimientos de Medidas frente al COVID-19

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El pasado 8 de julio se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transporte y vivienda  que, en su disposición final duodécima, establece la habilitación temporal (condicionada a la vigencia del Real Decreto Ley 21/2020) a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a los funcionarios habilitados por las Comunidades Autónomas (en su papel de  colaboración pericial y asesoramiento técnico a la Inspección)  para realizar labores de vigilancia y control, extendiendo actas de infracción en su caso, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las siguientes medidas de salud pública: 

· Adopción de medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos establecidos. 

· Puesta a disposición de agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, para la limpieza de manos. 

· Adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre trabajadores. Cuando no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.  

· Adopción de medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes/usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.  

Se establece que el incumplimiento de estas medidas constituirá una infracción grave, que será sancionable en los términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Todo lo anterior podría suponer la imposición de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por importes desde 2.046 a 40.985 euros.

Coronavirus COVID-19 | Reanudación de procedimientos administrativos (DG Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid)

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El BOCM del pasado 1 de mayo, publicó la Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se acuerda la reanudación de determinados procedimientos administrativos de su competencia, conforme a lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Los procedimientos a los que se refiere esta Resolución, a la que puede acceder a través del siguiente link, son los siguientes:

a) El ejercicio de la potestad inspectora de productos relacionados directamente con la protección de la salud y seguridad de los consumidores ya sean o no productos relacionados con la crisis del COVID-19 en lo que tengan que ver con el Reglamento General de Seguridad de los Productos y siempre que dicha competencia no esté expresamente atribuida a otros órganos de la Administración autonómica o nacional.

b) El ejercicio de la potestad sancionadora y del resto de funciones atribuidas a la Comunidad de Madrid en materia de protección de los consumidores, siempre que no estén expresamente atribuidas a otros órganos de la Administración autonómica o nacional, exclusivamente en los supuestos en los que el imputado manifieste conformidad con la sanción manifestando la aplicación de las reducciones señaladas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.

c) El desarrollo de los procedimientos vinculados a la asistencia técnica a las empresas y asociaciones del sector comercial y de servicios.

d) La promoción y el fomento del sector comercial y artesano, respecto del impulso a la tramitación de ayudas y subvenciones dirigidas a paliar los efectos de la actual crisis sanitaria.

e) El impulso de acciones promocionales en colaboración con los ayuntamientos, asociaciones y con el sector comercial dirigidas a incentivar el consumo y las ventas, en concreto aquellos procedimientos que implican la gestión y tramitación de contratos públicos dirigidos a poner en marcha actuaciones de dinamización comercial en el momento en que resulte posible.

Los procedimientos serán los que estuvieran en tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o los que se hayan iniciado o vayan a iniciarse con posterioridad a dicha fecha.

La presente Resolución tiene efectos desde el día de su publicación en el BOCM, y será de aplicación mientras esté vigente el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020.

Coronavirus COVID-19 | Instrucción sobre inspecciones cumplimiento Real Decreto-ley 10/2020

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INSTRUCCIÓN 2/2020 SOBRE ACTUACIONES INSPECTORAS URGENTES PARA LA COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEY 10/2020, DE 29 DE MARZO POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA QUE NO PRESTEN SERVICIOS ESENCIALES, CON EL FIN DE REDUCIR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19.

 

Se ha publicado el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

El incumplimiento de la obligación prevista en el RDL 10/2020, da lugar a una situación de especial gravedad que requiere de actuación inspectora mediante la realización de visitas a los centros de trabajo si fuera preciso, conforme a lo previsto en la Segunda de las Instrucciones dictadas el 13 de marzo de 2020.
En consecuencia, de conformidad con las competencias que se atribuye al Director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el art. 31.3 a) de la Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en relación con el art. 8.3 a) del Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos de dicho Organismo Estatal, y de conformidad con lo previsto en el art. 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se establecen las siguientes instrucciones con objeto de proceder de manera urgente al control del cumplimiento del citado Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

 

PRIMERO

Las actuaciones inspectoras se realizarán por los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, dada la materia laboral a la que están referidas las mismas, sin perjuicio de las funciones de apoyo y colaboración que se puedan prestar por parte de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

Dichas actuaciones tendrán por objeto comprobar, a partir de las denuncias que se presenten ante las Inspecciones Provinciales de Trabajo, las comunicaciones dirigidas al Buzón de la ITSS y, en general, el seguimiento realizado por el Área de Planificación de la Unidad de Gestión de la crisis del COVID, el cumplimiento del citado Real Decreto-ley y actuar contra las distintas manifestaciones de incumplimientos del mismo que pueden presentarse. Entre otros, y sin que la siguiente enumeración tenga carácter exhaustivo:

 

  • Empresas que no permiten el disfrute del permiso retribuido y ordenan a sus trabajadores la continuación de la actividad empresarial.
  • Empresas que, concediendo el permiso a una parte de la plantilla, mantienen su actividad por encima de lo “indispensable” en el sentido al que se refiere el artículo 4º del Real Decreto-ley.
  • Empresas que hayan alegado infundadamente la imposibilidad de cesar de manera inmediata la actividad, y trabajaran durante el día 30 de marzo.
  • Empresas que alargan más allá del día 30 de marzo de 2020 las tareas imprescindibles para llevar a cabo la detención de la actividad.
  • Inicio de servicios de transporte con posterioridad al 30 de marzo de 2020, de empresas no excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto-ley.

Sin perjuicio de las comprobaciones que se puedan realizar en el futuro, en este primer momento las actuaciones inspectoras no tendrán por objeto la comprobación de lo previsto en el artículo 3º, en cuanto al proceso de negociación de la forma de recuperación de las horas del permiso, que la recuperación no sea en perjuicio de los derechos en materia de jornadas y descansos, ni cumplimiento del abono de los salarios.

 

SEGUNDO

Las actuaciones inspectoras, a las que se dará una atención preferente por las Jefaturas de Inspección durante el período 30 de marzo a 9 de abril de 2020, constarán de dos fases.

En la primera fase, una vez que se conozca en la Inspección Provincial la existencia de un posible incumplimiento, ya sea porque se haya recibido una denuncia, una comunicación presentada en el Buzón de la ITSS que identifique a la empresa, o cuando así se determine desde el Área de planificación, el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo, o el Jefe de Unidad competente por razón de la materia, procederá a notificar de manera inmediata a la empresa, mediante correo electrónico y en todo caso en un plazo no superior a 24 horas, (se podrá acudir al autorizado RED para solicitarlo), que se ha tenido conocimiento de su posible incumplimiento, solicitándole que acredite en las 24 horas siguientes desde la remisión del correo electrónico, el cese de actividad, y apercibiéndola a extender la correspondiente acta de infracción, sin perjuicio de que se remita informe a las Autoridades sanitarias para que, por estas, se inicie el procedimiento sancionador por incumplimiento de la normativa sobre Salud Pública, y en su caso a las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que hagan efectivo el cese de actividad.

La segunda fase se iniciará si no se ha respondido por la empresa al apercibimiento en el plazo de 24 horas concedido, o no se acredita de manera fehaciente que ha cesado la actividad, o la información que se obtenga de los trabajadores sea contraria a las manifestaciones de la empresa. En esta segunda fase salvo que sean posibles las comprobaciones a través de documentos o medios electrónicos, se realizará la visita al centro de trabajo en el plazo de 24 horas desde que finalizara el plazo concedido a la empresa. Dicha visita podrá realizarse en compañía de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si la gestión del apoyo de las mismas no retrasase la actuación inspectora.

Una vez finalizadas las comprobaciones pertinentes, y en su caso desarrollado las funciones inspectoras de asesoramiento técnico en los casos que se presenten dudas sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, si se hubiese constatado que la empresa no ha concedido el permiso retribuido señalado, se finalizará el expediente en el plazo de las 24 horas siguientes a la realización de la visita, adoptándose las siguientes medidas:

– Acta de infracción, por incumplimiento de lo previsto en el Real Decreto-ley.

– Informe a las autoridades sanitarias competentes, dando cuenta de la identificación de la empresa, y de las fechas o período en el que se haya comprobado que mantuvo la actividad de manera injustificada.

– Informe a la Delegación o Subdelegación del Gobierno, a los efectos de una posible actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 

 

Coronavirus COVID-19 | Medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas al coronavirus

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El 18 de marzo se ha dado traslado, por la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, del “Criterio Operativo Nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección De Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)”. A continuación, resumimos los principales aspectos a tener en cuenta en este criterio operativo:

 

GRUPOS DE RIESGO

El documento se remite a los diferentes escenarios de riesgo en los que se pueden encontrarlas personas trabajadoras incluidos en el documento “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)” desarrollado por el Ministerio de Sanidad.

 

NORMATIVA APLICABLE

.- Normativa sanitaria.

Hace referencia a la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas de salud pública y a los documentos técnicos que publica el Ministerio de Sanidad y que están en continua revisión en función de la evaluación y la nueva información que se disponga.

NOTA: A los efectos de este criterio de la ITSS los documentos técnicos del Ministerio de Sanidad son de obligado cumplimiento.

.- Normas de Seguridad y Salud en el trabajo aplicables a las ocupaciones con riesgo de exposición.

Se enumera toda la normativa general aplicable (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Reglamento de Servicios de Prevención, disposiciones mínimas de equipos de protección y lugares de trabajo etc..) y remarca especialmente el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra la exposición de los agentes biológicos durante el trabajo.

 

ACTUACIONES EN LAS EMPRESAS

Se establecen las actuaciones de las empresas en la situación actual, distinguiendo entre:

. – Puestos de trabajo en los que existe riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2.

– Para estas empresas resulta de aplicación el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores, además del resto de normativa de seguridad y salud en el trabajo.

– Fundamentalmente se refieren a los servicios de asistencia sanitaria (comprendidos los desarrollados en aislamiento, traslados, labores de limpieza, cocina, eliminación de residuos, transporte sanitario, etc.), laboratorios y trabajos funerarios.

– Las empresas deben evaluar el riesgo de exposición al nuevo coronavirus y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo además las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias.

– No obstante, no deberá realizarse una aplicación literal del Art. 4.2 del Real Decreto 664/1997, no siendo necesario revisar la evaluación cada vez que se produzca una infección o enfermedad.

– Resultan exigibles todas las obligaciones contenidas en el Capítulo II del Real Decreto 664/1997.

– El documento, remite al “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)” elaborado por el Ministerio de Sanidad y que está disponible en su web.

 

.- Puestos de trabajo que no implican riesgo de exposición profesional al SARS-CoV-2.

– Las distintas medidas de seguridad aprobadas por el Ministerio de Sanidad y que puedan ser publicadas en lo sucesivo, tienen carácter obligatorio. En concreto reitera la remisión al Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)” que actualmente se encuentra en revisión.

– Asimismo, se deberán aplicar las medidas fijadas por acuerdo de 9 de marzo de 2020 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para zonas con transmisión comunitaria significativa de coronavirus:

o Realización de teletrabajo siempre que sea posible.

o Revisión y actualización de los planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias.

o Flexibilidad horaria y plantear turnos escalonados para reducirlas concentraciones de trabajadores.

o Favorecer las reuniones por videoconferencia.

 

ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

. – Respecto a las medidas a adoptar por las empresas.

Se mantiene la distinción anterior entre empresas con exposición laboral al Coronavirus y el resto de empresas.

A) En empresas que desarrollan actividades en las que la infección por agentes biológicos puede constituir un riesgo profesional, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuará conforme a criterios comunes.

B) En el resto de las empresas, deberá procederse de la siguiente manera, en respuesta a las denuncias o comunicaciones que puedan presentarse:

– No es de aplicación el Real Decreto 664/1997, de exposición a agentes biológicos.

– Comprobar el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales enumerada anteriormente, aplicable a riesgos laborales de carácter ordinario.

– Verificar la adopción de las medidas acordadas por las Autoridades Sanitarias.

– Finalizadas las actuaciones comprobatorias se procederá de la siguiente manera:

o Si existen incumplimientos de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales -> se procederá con arreglo a los criterios comunes.

o Si existen incumplimientos de las medidas fijadas por las autoridades sanitarias -> se procederá a informar a los responsables de la empresa de las medidas fijadas por las autoridades sanitarias y a advertir de la obligatoriedad de aplicarlas.

En caso de mantenerse el incumplimiento -> se informará a las Autoridades Sanitarias competentes (el artículo 11 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales) que podrán aplicar “el cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias”, “la suspensión del ejercicio de actividades” así como la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador las medidas (Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública).

.- Respecto a las medidas a adoptar en el ejercicio de la actividad inspectora.

– Se evitará la visita a los centros de trabajos

– Si se estima necesaria por la Jefatura de la Inspección, la realización de la visita, los criterios a aplicar son:

o Adoptar las medidas de prevención (utilización de EPIS) determinadas por las Autoridades Sanitarias, según el nivel de riesgo fijadas en la evaluación de riesgos y planificación preventiva.

o Se excluyen los inspectores/as y subinspectores/as, que pertenezcan a grupos que, según indicaciones del Ministerio de Sanidad, presentan mayor probabilidad de sufrir complicaciones, así como inspectoras y subinspectoras embarazadas o lactantes.

o Además, cuando realicen las visitas deberán:

– Seguir las recomendaciones y medidas acordadas por la autoridades sanitarias y laborales para los centros de trabajo en general.

– Si son centros de trabajo en los que es de aplicación el RD 664/97, de agentes biológicos, y deben entrar en contacto con el personal que pueda estar más expuesto a enfermos de COVID-19, adoptarán las medidas habituales en ese centro y seguirán las recomendaciones sanitarias específicas.

 

Acceda al documento completo sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a las situaciones derivadas del coronavirus COVID-19

Campaña de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social contra la contratación temporal fraudulenta

Legislación, Noticias

Estimados asociados, retomamos las circulares informativas tras el periodo estival. En ese sentido, os informamos de que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social durante las últimas semanas del mes de agosto ha remitido a muchas empresas notificaciones requiriendo a las compañías y autónomos que justifiquen la contratación temporal de muchos de sus empleados.

En la presente nota informativa, también os queremos recordar brevemente el criterio seguido por el organismo actuante para entender que la contratación temporal es fraudulenta. De entre el extenso catálogo de contratos temporales, destacamos dos. Hablamos del contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato de obra y servicio.

El contrato eventual por circunstancias de la producción se utiliza para atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. Tiene fecha de inicio y fecha de finalización. El trabajador, al inicio del contrato, ya conoce la fecha exacta de finalización.

El segundo tipo de contrato más utilizado el contrato de obra y servicio, destinado a la realización de trabajos “concretos”, con “autonomía y sustantividad propia”.

Se utiliza un contrato en “fraude de Ley”, según han dictaminado nuestros Tribunales y según nuestras Inspección de Trabajo, cuando se intenta ocultar una realidad contractual que no corresponde con el contrato celebrado. Los motivos de su utilización fraudulenta son claros:

1º).-Porque realizar contrataciones temporales de más de 6 meses (límite del contrato eventual), y menores a 3 años (duración máxima legal, y ampliable a 4 años si el convenio colectivo de aplicación lo permite del contrato de obra y servicio), evitando así formalizar un contrato indefinido se ajusta al supuesto legal de contratación fraudulenta. Y ello, porque la indemnización del contrato de obra y servicio son únicamente 12 días de salario por año de trabajo, frente a la indemnización por despido objetivo (20 días de salarios/año trabajado), o de ese mismo despido calificado como improcedente (33 días de salario/año trabajado, a partir de febrero de 2012).

2º), El uso de varias y sucesivas contrataciones temporales. Ocultando una necesidad laboral indefinida.

Las consecuencias de que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social considere que la contratación sea fraudulenta es que la el contrato se considere indefinido, con la consiguiente solicitud de conversión bajo el apercibimiento de la imposición de las correspondientes sanciones, por lo que si os han remitido las mentadas notificaciones, os aconsejamos que contactéis con el equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.
Departamento laboral de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com

La documentación que necesita su empresa ante una inspección de prevención de riesgos laborales

Emprendedores, Noticias, Prevención de Riesgos Laborales, Recursos Humanos, RRHH
  • AICA publica la ‘Guía PRL: Gestión de la Documentación de Prevención de Riesgos Laborales para Pymes’, que muestra una visión actualizada y práctica sobre las obligaciones empresariales en materia de documentación sobre prevención de riesgos laborales
  • El objetivo de esta Guía es dotar a las empresas de los conocimientos necesarios para afrontar una inspección con éxito, enumerando y explicando la documentación que deben presentar y cómo integrar esta gestión dentro de la empresa 

Un día normal como cualquier otro en la empresa, y de repente llega una inspección y no tiene la documentación necesaria al día, como consecuencia inmediata puede recibir una sanción, pero el coste de una mala gestión de la prevención podría ser mucho más alto, llegándose a producir incidentes que se podrían haber evitado con una buena planificación, y con la implantación de medidas preventivas adaptadas a las necesidades de la empresa.

Como con todo en esta vida hay que ser previsores y constantes, y más aún con temas tan importantes para la empresa. Para facilitar esta labor, el Gabinete de Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA, con la colaboración de ASIFOR Ingeniería y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha elaborado la ‘Guía PRL: Gestión de la Documentación de Prevención de Riesgos Laborales para Pymes’. Se trata de un completo documento que pretende desarrollar una visión actualizada y práctica sobre las obligaciones empresariales en materia de documentación sobre prevención de riesgos laborales, en la que se incluye la gestión documental y la integración de la misma en el funcionamiento de la empresa.

Esta completa Guía contiene todo lo necesario para gestionar correctamente la documentación relativa a la prevención de riesgos laborales. En primer lugar, la Guía informa sobre el marco normativo, y enumera la documentación básica a tener en la empresa. A continuación, se explica lo que debe contener el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, seguido del documento sobre la evaluación de riesgos. La Guía continúa con la planificación de la actividad preventiva y sus modalidades, y termina hablando de las auditorías.

En este último punto la guía aclara que las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias cuando, como consecuencia de la evaluación de los riesgos, las empresas tengan que desarrollar actividades preventivas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Las empresas que no tienen concertado el servicio de prevención con una entidad especializada deben someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

La Guía nace con el objetivo de divulgar buenas prácticas y fomentar la cultura preventiva entre las empresas que, ante cualquier duda, tienen a su disposición el asesoramiento gratuito del Gabinete de PRL de AICA, formado por expertos en todas las áreas de la prevención. Esta Guía totalmente gratuita se puede visualizar y descargar desde la web www.aicaprevencion.com, o directamente a través del siguiente enlace: http://ow.ly/JfXT301ANQM.

Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA

La Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA puso en marcha en el año 2011 un Gabinete Técnico especializado en prevención de riesgos laborales cuya finalidad es divulgar la cultura preventiva entre los empresarios.

Entre las labores del Gabinete se encuentran el asesoramiento técnico e informativo a las empresas, independiente de su tamaño e incluyendo a Autónomos, Microempresas y PYMES. El objetivo es conseguir la reducción de la accidentalidad y enfermedad profesional mediante la disminución de la peligrosidad del trabajo, estableciendo medidas y mecanismos adecuados para evitar que se produzcan accidentes laborales y enfermedades profesionales.

El Gabinete de PRL de AICA también organiza jornadas sobre diferentes temas de interés a lo largo de todo el año, y realiza una labor informativa y divulgativa a través de la web: www.aicaprevencion.com.