gobierno

Coronavirus COVID-19 | El Gobierno alcanza un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los beneficios de los ERTE

Actualidad, Noticias

  • Se extienden las exenciones hasta el 30 de septiembre
  • Se prevén exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social según el tamaño de la empresa y la reactivación de su actividad
  • El acuerdo establece mecanismos de protección para el empleo

 

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han acordado, en el marco del diálogo social, con los agentes sociales las nuevas condiciones que permitirán extender los beneficios de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre.

El acuerdo, que se trasladará a la reunión del Consejo de Ministros prevé beneficios en las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social, garantías para el mantenimiento del empleo y mecanismos de flexibilidad para que las empresas se adapten a los nuevos escenarios según evolucione la crisis sanitaria.

Exoneraciones de cuotas

El acuerdo incluye diferentes exoneraciones para las empresas, según su situación. En el caso de las empresas que están en situación de fuerza mayor parcial, el acuerdo hasta septiembre mantiene el espíritu del vigente, bonificando más las cotizaciones de los trabajadores activados que de los suspendidos.

De esta forma, para empresas con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 60% de las cotizaciones sociales de sus trabajadores activados en los meses de julio, agosto y septiembre y del 35% para los trabajadores que continúen suspendidos.

Para las empresas de 50 o más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para los trabajadores activados y del 25% para los no activados.

Por su parte, las empresas que están actualmente en ERTE por fuerza mayor total pasarán a ERTE de transición hasta el 30 de septiembre. Dentro de ellas, las que cuentan con menos de 50 trabajadores tendrán una exoneración decreciente en las cotizaciones de sus empleados del 70%, 60% y 35% en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Para las empresas de 50 y más trabajadores, las exoneraciones pasarían a ser del 50%, 40% y 25%, en julio, agosto y septiembre, respectivamente.

Estos ERTE se tramitarán contando con el informe preceptivo de la Inspección de Trabajo y tras haber informado a los representantes legales de los trabajadores, tal y como regula el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

Salvaguarda para el empleo

Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE, deberán mantener el empleo durante un período de seis meses.

Durante un ERTE en vigor, las empresas no podrán efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos. Quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales.

Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas extra. No estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE.

Protección por desempleo

Las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del Covid-19, tanto de fuerza mayor total o parcial como basados en causas productivas o los tramitados en caso de rebrote, gozarán de la protección reforzada prevista en el anterior acuerdo: se les reconocerá la prestación aún cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a 0.

 

Acceda al II Acuerdo Social en Defensa del Empleo: Medidas sociales de reactivación del empleo

Coronavirus COVID-19 | Acuerdo social en defensa del empleo

Actualidad, Noticias

Reunido el Gobierno con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas alcanzamos el siguiente

ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO

 

Artículo 1. Especialidades aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 durante el desconfinamiento.
1. A partir de la entrada en vigor del presente Real decreto-ley, continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del Covid-19, aquellas empresas y entidades que contaran con un expediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.
2. Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada del Covid-19, aquellas empresas y entidades que cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020.

Estas empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

3. Las empresas y entidades a las que se refiere este artículo deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de regulación de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al Servicio Público Estatal de Empleo de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.

En todo caso, estas empresas y entidades deberán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.

 

Artículo 2. Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción comunicados a partir del desconfinamiento.

1. A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción iniciados tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de junio de 2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades recogidas en el presente precepto.

2. La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo de los referidos en el artículo 1.

3. Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se inicie tras la finalización de un expediente temporal de regulación de empleo basado en la causa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

4. Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

 

Artículo 3. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo.

1. Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 30 de junio de 2020.

2. Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.

 

Artículo 4. Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a las medidas reguladas en el artículo 1.

1. La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020, a las empresas y entidades a las que se refiere el apartado 1 del artículo 1 del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta en la Seguridad Social. Si las citadas empresas y entidades tuvieran 50 trabajadores, o asimilados a los mismos, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

2. Las empresas y entidades a las que se refiere el apartado 2 del artículo 1 quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:

a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados desde ese reinicio, la exención alcanzará el 85% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta, la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.
b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta, la exención alcanzará el 45% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020. En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

3. Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, así como de la identificación de las personas trabajadoras afectadas y periodo de la suspensión o reducción de jornada.
Para que la exoneración resulte de aplicación esta comunicación se realizará, por cada código de cuenta de cotización, mediante una declaración responsable que deberá presentarse, antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente, a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.

4. A efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.
La Tesorería General de la Seguridad Social podrá establecer los sistemas de comunicación necesarios con el Servicio Público de Empleo Estatal para el contraste con sus bases de datos del contenido de las declaraciones responsables y de los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.

5. Las exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

6. Las exoneraciones reguladas en este artículo serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la aportación empresarial por contingencias comunes, de las mutuas colaboradoras en el caso de la aportación empresarial por contingencias profesionales, del Servicio Público de Empleo Estatal en el caso de la aportación empresarial para desempleo y por formación profesionales y del Fondo de Garantía Salarial en el caso de las aportaciones que financian sus prestaciones.

 

Artículo 5. Limites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal

1. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el art.1 de este Real Decreto-ley.

2. Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el art. 1 de este Real Decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 del artículo 348.bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.

 

Disposición Adicional primera. Extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo basados en la causa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo y de cotización

1. Mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrá establecer una prórroga de los expedientes de regulación de empleo a los que se refiere el artículo 1, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020.

2. Este acuerdo podrá, a su vez, prorrogar las exenciones reguladas en el artículo 4, o extenderlas a los expedientes de regulación temporal de empleo basados en causas objetivas, así como prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen.

 

Disposición Adicional segunda. Comisión de Seguimiento tripartita laboral

1. Se crea una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento, que estará integrada por las personas al efecto designadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.

2. Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma.

3. Esta Comisión de Seguimiento tripartita laboral tendrá como función principal el seguimiento de las medidas que, en el ámbito laboral, se están adoptando durante la fase de excepcionalidad atenuada, el intercambio de los datos e información recabada por las organizaciones integrantes y el Ministerio de Trabajo y Economía Social al respecto, así como la propuesta y debate de aquellas medidas que se propongan por este o por cualquiera de las organizaciones que la integran.

Esta Comisión, en cualquier caso, deberá ser consultada con antelación suficiente y con carácter previo a la adopción de las medidas recogidas en la disposición adicional primera.

 

Disposición Final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Uno. Modificación del apartado 1 del artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

El apartado 1 del artículo 24 queda redactado como sigue:

“1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 personas trabajadoras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.”

Dos. Nuevo apartado 5 al artículo 24

Se añade un nuevo apartado 5 del artículo 24, con la siguiente redacción:

“5. Las exoneraciones reguladas en este artículo serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la aportación empresarial por contingencias comunes, de las mutuas colaboradoras en el caso de la aportación empresarial por contingencias profesionales, del Servicio Público de Empleo Estatal en el caso de la aportación empresarial para desempleo y por formación profesional y del Fondo de Garantía Salarial en el caso de las aportaciones que financian sus prestaciones.”

Tres. Modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

La Disposición adicional sexta queda redactada como sigue:
“Disposición adicional sexta. Salvaguarda del empleo.

1. Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 22 del presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

2. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes.
No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

3. Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.

4. No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

5. Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar.

 

Disposición Final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

La Disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, queda modificado como sigue:

“Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia.
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», manteniendo su vigencia durante el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 y sus posibles prórrogas.

Los artículos 2 y 5 mantendrá su vigencia hasta 30 de junio de 2020.”

Texto refundido de la Ley Concursal

Actualidad, Noticias

El BOE de 7 de mayo ha publicado el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

Esta norma es fruto del mandato del Parlamento para refundir, armonizar, clarificar y ordenar la legislación concursal, realizado en mayo de 2015 y renovado el 21 de febrero de 2019.

El nuevo texto refundido, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2020, consta de 752 artículos divididos en tres libros: concurso de acreedores, derecho preconcursal y derecho internacional privado.

Puede acceder a él a través del siguiente link

Coronavirus COVID-19 | Comunicado CEIM sobre las medidas económicas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo

Actualidad, Noticias

Los empresarios de Madrid quieren transmitir su extrema preocupación por la situación en la que se encuentra la práctica totalidad de empresas y autónomos de nuestra Comunidad y hacen un llamamiento a que las importantes y positivas medidas anunciadas y aprobadas este martes por el Gobierno central y publicadas ayer se amplíen, en algunos casos, y se concreten en otros, ya que la necesidad de solucionar los problemas para evitar cierres no puede esperar ni un minuto más.

Con respecto a la posibilidad de acogerse a ERTE por causa de fuerza mayor, pedimos que toda empresa cuyos ingresos hayan descendido de forma drástica por los efectos de esta crisis se puedan acoger a esta causa y no solo las que han cerrado como consecuencia del estado de alarma declarado.

Asimismo, los empresarios madrileños solicitamos que la exoneración del pago de las cotizaciones de los afectados por los ERTE deberá ser del 100% en todos los casos, y la obligación de mantener el empleo actual solo debería exigirse cuando la actividad de la economía se haya recuperado por completo.

En el caso de los autónomos, las cotizaciones se deberían reducir de manera proporcional a la disminución de los ingresos con motivo de la crisis. Esta medida se debería extender también a toda empresa con menos de 10 trabajadores que mantenga, aun reducida, su actividad.

En cuanto a la inyección de liquidez, tan insistentemente reclamada, creemos que será una muy buena noticia en el momento en que llegue de manera efectiva a las empresas, dado que la necesidad que tienen las empresas de atender sus obligaciones, tanto con entidades financieras como con proveedores y prestadores de servicios, es inmediata. Desde CEIM insistimos en que no puede pasar ni un día más sin que estas ayudas se pongan a disposición de empresarios y autónomos, y se den a conocer, de forma urgente, los instrumentos de financiación con el aval del Estado para el tejido empresarial.

En el ámbito fiscal, los aplazamientos anunciados por el Gobierno se deben concretar e ir acompañados de un plan de fraccionamiento de los mismos para hacer frente a ellos a lo largo de los próximos meses, con el objetivo de no ahogar a las empresas cuando pretendan iniciar de nuevo su actividad. Así mismo se debería revisar cada una de las cargas fiscales que soportan las empresas y adecuarlas a la situación actual para alcanzar una considerable rebaja de la presión fiscal hasta que se vuelva a la normalidad.

En esta situación es más necesario que nunca que las administraciones cumplan con sus compromisos, tanto de pagos a proveedores como de devoluciones de IVA y demás tributos.

Para todo ello, para atender las necesidades urgentes de las personas, las empresas y los autónomos, se precisa la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado que cuenten con un gran respaldo del arco parlamentario y se tramiten con la celeridad que la situación requiere.

Como dijo el presidente del gobierno, no se puede dejar que caiga ninguna empresa y hay que actuar de manera contundente y urgente para conseguir el objetivo de evitar la destrucción del tejido empresarial y el empleo que, después de la salud, es el principal bien a proteger.

Estructura del gobierno de la Comunidad de Madrid

Actualidad, Noticias

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha aprobado hoy el decreto que crea la estructura del nuevo Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Durante la segunda reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, también se ha dado luz verde a decretos de nombramientos en la Vicepresidencia y en las consejerías que integran el Gabinete de la Comunidad de Madrid.

Estos son los principales nombramientos por cada departamento del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, aprobados hoy y que serán publicados mañana por
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid -BOCM-, al igual que la nueva
estructura orgánica de las consejerías, donde se incluye iniciar la extinción de la
Fundación Madrid por la Excelencia:

 

· Vicepresidencia y Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía
del Gobierno
– Viceconsejero de Transparencia, Francisco Lara Casanova
– Viceconsejero de Deportes, Roberto Núñez Sánchez
– Director General de Planificación, Coordinación, Investigación y
Formación de la Actividad Física y el Deporte, Antonio Campos
Izquierdo
– Director General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y
Deporte, Alberto Álvarez Figueira
– Secretario General Técnico, Fernando Moya Lorente

 

· Consejería de Presidencia
– Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, Miguel Ángel
García Martín
– Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, Ana
Isabel Martín Fernández
– Director General de Medios de Comunicación, Pablo Balbín Seco
– Director General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea,
Eugenio Fontán Oñate
– Jefe del Gabinete de la Presidenta, José Luis Carreras López
– Secretaria General Técnica, Elena Hernáez Salguero

 

· Consejería de Justicia, Interior y Víctimas
– Viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibarrola de la Fuente
– Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos
Novillo Piris
– Director General de Recursos Humanos, Pedro Irigoyen Barja
– Directora General de Infraestructuras, Carmen Martín García-Martos
– Director General de Emergencias, José Luis Villarroel Cortés
– Directora-Gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor (ARRMI), María Dolores Moreno Molino
– Secretario General Técnico, Manuel Galán Rivas

 

· Consejería de Hacienda y Función Pública
– Director General de Presupuestos, Gregorio Moreno López
– Secretario General Técnico, Antonio Luis Carrasco Reija

 

· Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
– Viceconsejero de Economía y Competitividad, Isaac Martín Barbero

 

· Consejería de Vivienda y Administración Local
– Viceconsejera de Vivienda y Administración Local, Concepción
Dancausa Treviño
– Director General de Vivienda y Rehabilitación, José María García
Gómez
– Directora General de Administración Local, Nadia Álvarez Padilla
– Comisionado del Gobierno para la Revitalización de Municipios
Rurales, Rafael Pastor Marín
– Secretario General Técnico, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda

 

· Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad
– Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales, Luis del Olmo
Flórez
– Director General de Urbanismo, Raimundo Herráiz Romero
– Secretario General Técnico, José Ignacio Tejerina Alfaro

 

· Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
– Viceconsejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad,
Francisco Javier Luengo Vicente
– Secretario General Técnico, Miguel Ángel Jiménez Pérez

 

· Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras
– Viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, María
Consolación Pérez Esteban
– Director General de Carreteras, Francisco Javier Abajo Dávila
– Secretaria General Técnica, María Teresa Barcons Marqués

 

· Consejería de Educación y Juventud
– Viceconsejera de Organización Educativa, María Pilar Ponce Velasco
– Viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor
– Director General de Educación Infantil y Primaria, Manuel Bautista
Monjón
– Directora General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza,
Mercedes Marín García
– Directora General de Educación Concertada, Becas y Ayudas,
Concepción Canoyra Vaca
– Director General de Juventud, Pedro García Aguado
– Secretaria General Técnica, Mar Pérez Merino
– Presidenta del Consejo Escolar, Alicia Delibes Liniers

 

· Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación
– Viceconsejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Alfonso
González Hermoso de Mendoza

 

· Consejería de Cultura y Turismo
– Viceconsejero de Cultura y Turismo, Daniel Martínez Rodríguez