2021

Coronavirus COVID-19 | La Comunidad de Madrid amplía las restricciones de movilidad por el coronavirus a otras seis zonas básicas de salud y cinco localidades

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  • Estas limitaciones se unen a las que ya hay vigentes en 41 zonas básicas y 14 municipios
  • Fuenlabrada se suma a Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que quedan perimetrados en su totalidad
  • Los criterios para establecer las restricciones son superar el umbral de la IA a 14 días de la media en la Comunidad, observación de transmisión comunitaria y una tendencia creciente significativa
  • La Dirección General de Salud Pública insiste en el uso permanente de la mascarilla en todos los ámbitos, incluida la hostelería, salvo en el momento de comer y beber
  • En estas zonas viven 1,3 millones de madrileños, el 20% de la población, y en ellas se concentra el 25% de los contagios
  • La Consejería de Sanidad insiste a Delegación de Gobierno que haya presencia policial para controlar el cumplimiento de estas medidas

 

La Comunidad de Madrid ha decidido ampliar las restricciones de movilidad por el coronavirus a otras seis zonas básicas de salud (ZBS) y cinco localidades, que sumadas a las que ya están en vigor -41 zonas y 14 localidades- hacen un total de 47 zonas básicas y 19 municipios. En estas áreas viven más de 1.367.000 madrileños, el 20% de la población, y en ellas se concentra el 25% de los casos de contagios de la región.

Por ello, a partir de este próximo lunes, 18 de enero, a las 00:00 horas se limita la entrada y la salida por 14 días, es decir hasta las 00:00 horas del 1 de febrero, en la zona de Las Matas, en Las Rozas; Sierra de Guadarrama, en Collado Villalba; la zona de Parque Coímbra, en Móstoles; y las zonas de Alicante, El Naranjo y Parque Loranca, en Fuenlabrada. Con estas dos últimas zonas, todo el municipio de Fuenlabrada queda perimetrado para el control de las entradas y las salidas (ya estaban limitadas las zonas de Francia, Cuzco, Panaderas y Castilla la Nueva).

Asimismo, entran en vigor limitaciones de entrada y salida por 14 días en cinco localidades concretas que no coinciden con el de una zona básica, por estar más localizados los focos de transmisión: Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera.

Los criterios técnicos para establecer las restricciones en las nuevas zonas básicas en función de la evolución epidemiológica son los siguientes: Superar el umbral de la incidencia acumulada (IA) a 14 días de la media en la Comunidad de Madrid (actualmente en los 618 casos por 100.000 habitantes), la observación de transmisión comunitaria y una tendencia creciente significativa.

 

PRÓRROGAS DE LIMITACIONES OTROS SIETE DÍAS

Además, se prorrogan las limitaciones hasta las 00:00 horas del lunes 25 de enero en todo el Distrito de Barajas en Madrid capital, con las zonas de Barajas y Alameda de Osuna. También se mantienen hasta ese mismo día en las zonas de Andrés Mellado (Chamberí), Sanchinarro (Hortaleza), Aravaca (MóncloaAravaca), General Moscardó (Tetuán); Virgen del Cortijo, Benita de Ávila y Silvano (Hortaleza), Mirasierra y Las Tablas (Fuencarral-El Pardo); Jazmín (Ciudad Lineal); Montesa, General Oráa y Baviera (Salamanca), y Alpes y Rejas (San Blas-Canillejas).

Asimismo, se mantiene perimetrado todo el municipio de Alcobendas y el de San Sebastián de los Reyes, mientras que el municipio de Móstoles continúa con restricciones en las zonas de Felipe II, Alcalde Bartolomé Gonzalez, Presentación Sabio, Dos de Mayo y El Soto, uniéndose a partir de este lunes Parque Coímbra.

En Getafe se mantiene Getafe Norte; en Aranjuez, las de Las Olivas y Aranjuez; en San Fernando de Henares las zonas de San Fernando y Los Alperchines; en Rivas-Vaciamadrid la zona básica de salud de Rivas La Paz; y también la zona de Torrelodones, que comprende los municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares.

Aparte, se continúa con las restricciones para entrar y salir en las siguientes localidades que no coinciden con una zona básica de salud: Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos-Alapardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés.

Por norma general en toda la región los aforos de lugares de interior están al 50%. Además, está suspendido el servicio en barra en la hostelería. La Dirección General de Salud Pública insiste en el uso permanente de la mascarilla en todos los ámbitos, incluida la hostelería, salvo en el momento de comer y beber.

Las excepciones contempladas a la norma general del 50% son un 75% en teatros, cines y otras instalaciones culturales, un 40% en las salas multiusos polivalentes (como el Wizink Center), las terrazas al aire libre que permanecen al 75%, los establecimientos comerciales con el 75% y los centros de formación no reglada, también al 75%.

Coronavirus COVID-19 | Nuevas restricciones a la movilidad en todo el municipio de Alcobendas

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El BOCM de 9 de enero publicó la Orden 5/2021, de 8 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, que adopta medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población.

La presente Orden establece que:

 

• Se establecen restricciones hasta las 00:00 horas, del día 25 de enero de 2021, en los siguientes ámbitos territoriales:

  • Municipio de Alcobendas, que comprende las zonas básicas de salud
    Alcobendas-Chopera, Miraflores, Valdelasfuentes y La Moraleja,
    siendo posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada al oeste por la avenida Valdelaparra, al este por la avenida de la Ermita, al norte por la avenida Olímpica y al sur por la Vía de Servicio de la A-1, así como la zona básica de salud Marqués de la Valdavia, siendo posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada por la avenida de España, calle Ruperto Chapí y calle Blas de Otero.
  • Municipio de San Sebastián de los Reyes, que comprende las zonas  básicas de salud Reyes Católicos, Rosa de Luxemburgo y V Centenario, siendo posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada por la calle Galileo hasta su confluencia con la avenida Matapiñonera, la avenida Severo Ochoa, la avenida Juncal y la avenida Einstein.
  • En el municipio de Madrid: El distrito de Barajas que comprende las zonas básicas de salud Barajas y Alameda de Osuna, siendo posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada por la Avenida del Partenón, la calle Vía Dublín, la calle Ariadna y la calle de la Ribera del Sena; así como las zonas básicas de salud Jazmín (Distrito de Ciudad Lineal), Las Tablas y Mirasierra (Distrito de Fuencarral), Benita de Ávila y Silvano (Distrito de Hortaleza), Montesa, Baviera y General Oráa, siendo posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada por la calle Juan Bravo, la calle Serrano, la calle Marqués de Villamagna y el Paseo de la Castellana (Distrito de Salamanca), y Alpes y Rejas (Distrito de San Blas-Canillejas).
  • En el municipio de Fuenlabrada: Zonas básicas de salud Francia,
    Cuzco, Panaderas y Castilla la Nueva.
  • En el municipio de Móstoles: Zonas básicas de salud Presentación
    Sabio, Dos de Mayo y El Soto.
  • En el municipio de Rivas-Vaciamadrid: Zona básica de salud Rivas La Paz.
  • Municipio de Arroyomolinos, siendo posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada por la calle Puerto de Navacerrada, la calle Puerto de Canencia y la calle Puerto de Guadarrama.
  • Municipio de Becerril de la Sierra.
  • Municipio de Cadalso de los Vidrios.
  • Municipio de Campo Real.
  • Municipio de Collado Mediano.
  • Municipio de Talamanca del Jarama.
  • Municipio de Titulcia.
  • Municipio de Valdeolmos-Alalpardo.
  • Municipio de Velilla de San Antonio. En este municipio, además de las restricciones establecidas en la Orden 1405/2020, se suspende el funcionamiento de los establecimientos de hostelería y restauración, salvo para el servicio de entrega a domicilio, desde las 00:00 horas del día 11 de enero hasta las 00:00 horas del día 25 de enero de 2021.

Mantendrán restricciones hasta las 00:00 horas del día 18 de enero de 2021, los siguientes ámbitos territoriales:

  • En el municipio de Madrid: Zonas básicas de salud Andrés Mellado (Distrito de Chamberí), Sanchinarro, siendo posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada al norte por la calle Margarita de Parma, al oeste por la calle María de Portugal, al este por la calle María Tudor y al sur por la calle Leonor de Austria, Virgen del Cortijo (Distrito de Hortaleza), Aravaca, siendo posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada por la avenida de la Victoria, la avenida del Padre Huidrobo -Autovía del Noroeste A6- y la calle Ochandiano (Distrito de Moncloa-Aravaca), y General Moscardó, siendo posible el acceso hacia la zona perimetralmente delimitada por la avenida del General Perón, el Paseo de la Castellana, la calle de Raimundo Fernández Villaverde y la calle de La Vaguada y su prolongación hasta la avenida del General Perón y a la calle de Raimundo Fernández Villaverde (Distrito de Tetuán).
  • En el municipio de Aranjuez: Zonas básicas de salud Las Olivas y Aranjuez.
  • En el municipio de Getafe: Zona básica de salud Getafe Norte.
  • En el municipio de Móstoles: Zonas básicas de salud Felipe II y Alcalde Bartolomé González.
  • En el municipio de San Fernando de Henares: Zonas básicas de
    salud Los Alperchines, siendo posible el acceso hacia la zona
    perimetralmente delimitada, a ambos lados de la Autovía del Nordeste A-2, al norte por avenida Tierno Galván, al sur por la Autovía M-21, al este por la M-50 y al oeste por el río Jarama, y San Fernando.
  • Municipio de Algete.
  • Municipio de Ciempozuelos.
  • Municipio de Hoyo de Manzanares.
  • Municipio de Mejorada del Campo.
  • Municipio de Navalcarnero.
  • Municipio de Torrelodones.
  • Municipio de Villarejo de Salvanés.

 

La presente Orden tiene efectos desde las 00:00 h. del 11 de enero de
2021.

Valoración de la CEOE sobre los Presupuestos Generales del Estado 2021

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Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 (PGE2021 en adelante) son de suma importancia para nuestro país por varios motivos. El primero, por ser unos presupuestos enmarcados en la salida de una crisis económica sin precedentes y que ha tenido como principal consecuencia un deterioro de las finanzas públicas que va camino de superar el registrado en 2009. El segundo, porque se prevé un aumento de gasto histórico que puede generar expectativas de mayores impuestos a futuro, a la vez que perjudica la credibilidad de la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. El tercero, porque estos presupuestos incorporan los fondos procedentes de Europa en una cuantía de 27 mil millones de euros. De la efectividad de su aplicación dependerá, no solo la recuperación a corto plazo de la economía española, sino su competitividad y resiliencia en el futuro.

 

La excepcionalidad de estos presupuestos: el cambio en las reglas fiscales en Europa

 
El carácter excepcional de la situación de pandemia y sus graves consecuencias económicas ha llevado a Europa a suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021. Cabe recordar que en marzo de 2020 la Comisión Europea y el Consejo aprobaron activar la cláusula general de salvaguarda y en septiembre se comunicó que también permanecería activa en 2021. Este acuerdo entre los diferentes Estados miembro supone que se dejan sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública y no se aplica la regla de gasto en 2020 y 2021. Esta decisión supone que los Estados miembros postponen la senda de consolidación fiscal fijada antes de la irrupción de la crisis, si bien no se suspenden los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

 

Unos presupuestos basados en una fuerte recuperación económica que los organismos nacionales e internacionales no contemplan

 
Con estos condicionantes, el Gobierno enmarca los presupuestos para 2021 en un escenario optimista que se aleja de las previsiones de otras instituciones nacionales e internacionales. Así, el crecimiento del PIB en 2021 se estima que puede alcanzar un 9,8%, que contrasta con la estimación más reciente de la Comisión Europea, que avanza una tasa del 5,4%. Por lo tanto, la diferencia entre ambas previsiones es muy elevada, ya que la institución europea empeora en 4,4 puntos el mejor escenario del Gobierno y en 2 puntos la previsión de crecimiento inercial del 7,2% (sin la llegada de los fondos europeos).

 
El optimismo del cuadro macroeconómico que sostienen estos presupuestos es, por lo tanto, evidente, condicionando tanto la previsión de los ingresos, que se sobreestiman, y soportan, en parte, el elevado crecimiento del gasto. Todo ello en un contexto de incertidumbre muy elevado por los rebrotes de la pandemia en otoño y su incidencia en la actividad, que dejan serias dudas sobre el cumplimiento de los objetivos marcados de déficit y deuda. En estas circunstancias, hubiese sido más prudente llevar a cabo unas previsiones más realistas, en las que se tuviese en cuenta, por un lado, el impacto de la situación de la pandemia en la economía al final de este año y comienzo del que viene y, por otro, el análisis adecuado del calendario de los fondos europeos y sus efectos reales, teniendo en cuenta la experiencia española en la gestión de este tipo de ayudas y su posible retraso a la hora de ejecutarlas. Además, falta todavía conocer el detalle de las reformas que se van a implementar, porque sin reformas difícilmente van a llegar los fondos.

 
La recuperación económica prevista para 2021, a pesar de la incertidumbre que la rodea, tendrá un impacto positivo en las cuentas públicas, cuyo saldo negativo se reduce hasta el -7,7% del PIB, según el Ejecutivo. La Comisión Europea estima que el ajuste será menor, hasta el -9,6% del PIB, siendo la situación de partida de 2020 peor (-12,2% del PIB) y al no contemplar una recuperación económica tan intensa.

 
Dentro de la composición del déficit público para 2021, la Administración Central concentra el mayor desequilibrio fiscal, con un -5,2% del PIB, mientras que las Comunidades Autónomas obtendrán un -1,1% del PIB y la Seguridad Social un -1,3% del PIB. Por su parte, las Corporaciones Locales mantienen prácticamente el equilibrio de sus cuentas. A primera vista sobresale el papel del Estado a la hora de financiar a otros niveles de la Administración pública, como las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para mitigar la crisis y sustentar el incremento del gasto social. De hecho, la Administración Central asume 1,1 puntos de déficit de la administración autonómica y 1,7 puntos de déficit de la Seguridad Social. Todo ello refleja el problema de adecuación entre ingresos y gastos de cada uno de los niveles de destino de estos fondos.

 
Estos niveles de déficit público están todavía alejados de los estándares de referencia marcados por Europa (-3% del PIB) y manifiestan el gran esfuerzo que se debe de llevar a cabo en los próximos ejercicios para lograr unas finanzas publicas equilibradas. Además, no se debe obviar la situación de partida de 2019, en donde se truncó el proceso de consolidación presupuestaria y no se redujeron apenas ni la deuda pública ni el déficit estructural, lo que supone una dificultad añadida a la hora de corregir este desequilibrio. La Comisión Europea señaló en 2019 el escaso esfuerzo en consolidación fiscal de la economía española en los años precedentes, diagnóstico que compartían otras instituciones y organismos a escala nacional e internacional.

 

Unos presupuestos que apuestan por el gasto y suben los impuestos a las  empresas

 
En estos presupuestos sobresale su carácter claramente expansivo en el gasto, selectivo en la subida de impuestos y con un claro optimismo en cuanto a las estimaciones de recaudación.

 
En los PGE2021, la política de gasto consolidado aumenta un 20,1% (capítulos I a VIII) y un 17,5% si excluimos el capítulo de activos financieros (capítulos I a VII). Por lo tanto, es un aumento del gasto récord, que está muy condicionado no solo por la llegada de fondos europeos, sino por el incremento del gasto social (en el entorno del 10%).

 
El mayor margen que permite la llegada de los fondos europeos y la suspensión de las reglas fiscales debería tener en cuenta el carácter excepcional y transitorio de esta situación y no comprometer un nivel de gasto que va a ser difícil de mantener cuando se recupere una situación de normalidad si se quiere reducir el déficit. Aun teniendo en cuenta la gravedad de la crisis y la necesidad de atender a familias y empresas en situación vulnerable, debería haber sido prudente priorizar una serie de gastos que, una vez superada la crisis, garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo de la economía española sin subidas adicionales de impuestos.

 
A la hora de analizar con detenimiento el gasto, hay que tener en cuenta varias consideraciones:

  • La primera de ellas es que se incluyen los 27.000 millones de fondos europeos que el Gobierno va a adelantar y que a su vez forman parte del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española”. Estos fondos se concentran en las políticas de carácter económico (17 mm de euros), pero también hay designadas partidas a gasto social, que acapara casi 9 mm de euros. Dentro de estos últimos, el 50%se concentra en Sanidad y Educación y el 50% restante está dirigido a servicios sociales y promoción social, fomento del empleo y vivienda.
  • La provisión de recursos provenientes de los fondos comunitarios se concentra en las partidas para actuaciones de carácter económico, que aumentan un 83,1% y si se tiene en cuenta la partida de activos financieros, un 67,1%. Las políticas prioritarias son las destinadas a la digitalización e I+D+I, transición verde e industria y energía. En el recuadro titulado “Contribución de CEOE al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia” se expone la visión de CEOE a modo de decálogo de como deberían utilizarse dichos fondos. Varias consideraciones comunes a estas partidas:
  1. En general, se valora positivamente el incremento de las dotaciones a estas partidas de carácter económico. No obstante, cabe recordar que estas fueron las que sufrieron el ajuste más intenso tras la crisis anterior y que solo recuperan parte del peso específico que tenían antes de 2008, como el caso de la inversión en infraestructuras.
  2. Uno de los aspectos que introduce más dudas es si este estímulo se mantendrá una vez finalicen la aportación de fondos europeos, en frentes tan importantes para la competitividad de la economía española como la I+D+I, la internacionalización o las infraestructuras.
  3. Otro ámbito muy relevante es la eficacia en la utilización de los fondos procedentes de Europa. En este caso, es vital un buen aprovechamiento de los mismos, no solo en su ejecución real, sino en su visión estratégica a medio y largo plazo para potenciar la competitividad y la sostenibilidad del crecimiento de la economía española (ver recuadro “Contribución de CEOE al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia”).
  • El presupuesto de gastos puede estar infraestimado en algunas partidas si el proceso de recuperación de la economía española no se consolida. Un claro ejemplo es la partida de desempleo. El Gobierno proyecta para 2021 una tasa de paro del 16,3%, poco probable partiendo del 16,3% actual y muy distante de las previsiones de CEOE y de la Comisión Europea, que lo sitúan en el 18,2% y el 17,9%, respectivamente. Así, el gasto estimado en desempleo retrocede un 36% en el proyecto de Presupuestos del año próximo respecto de las previsiones de cierre de 2020, también infraestimadas para este ejercicio por cuanto se sitúan en 24.660,8 millones de euros frente a los 35.083 millones estimados por el SEPE en su propia previsión de liquidación de gastos de 2020. De incumplirse estas proyecciones, se impondrá la obligación de revisar al alza esta partida y el ajuste de las estimaciones de ingresos previstas por el concepto de cotizaciones, que se incrementan en el proyecto de Presupuestos un 8,8%, ignorando el creciente deterioro de la actividad económica y del empleo.

 

El incremento de los gastos se fundamenta en un aumento de la recaudación sobreestimada y en un incremento de la tributación empresarial.

 
La política expansiva en los gastos se basa en la posibilidad de obtener unos ingresos tributarios en 222.107 millones de euros, lo que supone un incremento de 4,4% (9.299 millones) sobre los ingresos tributarios de 2019 (máximos históricos), y  un aumento de 25.570 millones (un 13%) respecto a la recaudación prevista para 2020. De este modo, la presión fiscal (ingresos fiscales sobre PIB), que alcanza un máximo del 37,7% en 2020, hasta el 36,8%, pero sigue siendo superior al 35,4% de 2019.

 
Este incremento no se explica en su totalidad por las medidas adoptadas, puesto que, si excluimos los 6.085 millones de euros que se estima que aportarán dichas medidas, la recaudación presupuestada para 2021, seguiría siendo un 1,5% superior al máximo histórico de 2019, cuando el PIB nominal en 2021, aun con las previsiones del Gobierno, sería aproximadamente un 1,6% inferior al de 2019.

 
Se ha realizado un ejercicio de estimación en el que, aun dando por hecho que se va a producir un incremento de recaudación de 6.000 millones de euros por las medidas fiscales, en el mejor escenario los ingresos tributarios estarían sobrevalorados en 9.000 millones de euros. Si nos vamos a un escenario del PIB más realista en línea con el consenso de analistas, la desviación de ingresos frente a los presupuestados sería entre 21.000 millones de euros o 15.000 (éste último asumiendo que se produce el aumento de recaudación que contemplan las medidas tributarias adoptadas).
Las medidas fiscales anunciadas supondrán 6.085 millones, de los que las empresas soportan la mayor parte (aproximadamente un 80% del total), con la consiguiente pérdida de competitividad, en el peor momento posible, derivada del aumento de sus costes fiscales, que ya son altos, puesto que las empresas españolas soportan una presión fiscal de un 11,1% del PIB, frente al 9,6% de la UE, y la recaudación procedente de las empresas españolas es un 31,9% del total frente al 24,6% del promedio europeo.

 
De las medidas fiscales, dos nos parecen especialmente desafortunadas. La primera es limitar al 95% la actual exención del 100% de los dividendos para corregir la doble imposición, que es muy perjudicial, ya que equivale a un impuesto adicional del 1,25% sobre los dividendos recibidos que ya han tributado en España o en el Extranjero. Además, este 1,25% se acumularía, en cadena, si la empresa que recibe los dividendos los distribuye a otra empresa residente en España, produciendo una sobre tributación (realmente una doble imposición en los dividendos que proceden de fuente española) que conducirá a deslocalización de empresas que ahora tienen su sede en España (muchas de ellas internacionales que canalizan sus inversiones en Latinoamérica a través de nuestro país).

 
La segunda medida es la propuesta de reducción de las aportaciones a planes de pensiones de los 8.000 euros actuales a los 2.000, que elimina parte del atractivo de este sistema de ahorro que en España está menos utilizado que en países de nuestro entorno y que es necesario incentivar para paliar la presión sobre el sistema público de pensiones. Es una medida de bajo coste (afirma la AIReF que el coste real son solo 450 millones de euros) y no es un beneficio fiscal sino un mero diferimiento tributario que permite evitar lo que, de otro modo, sería un supuesto de doble imposición, al gravar las rentas en origen y también en el momento de ser rescatadas.

 

Una reflexión sobre la situación inédita de las finanzas públicas y sus  consecuencias a futuro

 
En 2020, el déficit público será mayor que el máximo de 2009 (-11,0% del PIB) debido al incremento del gasto público, que ha superado por primera vez el 50% del PIB. De hecho, ha aumentado más de 10 puntos su peso en el PIB hasta el 53% debido a dos factores. En primer lugar, las medidas excepcionales relacionadas con la crisis sanitaria, como el aumento de prestaciones a colectivos vulnerables, el incremento en gasto sanitario, o los ERTE, entre otras, explican la magnitud de la subida1. Y, en segundo lugar, también hay que tener en cuenta la caída del PIB nominal, que se estima de una cuantía similar al PIB real (-11,2%).

 
De hecho, en 2020, la economía española es la que ha registrado un deterioro de las finanzas públicas más acusado, junto con Italia y Reino Unido, destacando tanto el incremento de su desequilibrio fiscal como el aumento de la deuda pública.

 
El problema del déficit estructural

 
Adicionalmente, el déficit estructural ha aumentado en 2020, situándose en el -5,4% del PIB, frente al -4,0% en 2019, según señala el Gobierno en el plan presupuestario, y el año que viene subirá todavía más, hasta el -6,1%, según la misma fuente. En su último informe, el FMI y la Comisión Europea han empeorado el saldo estructural de la economía española en 2020, estimando un porcentaje del PIB en el -7,3% y el -6,0%, respectivamente. De este modo, España es uno de los países con más déficit estructural en la Eurozona, según la Comisión Europea, superando la media de esta área (y también de la UE). Además, es el país que menos corrige este desequilibrio en 2021, manteniéndose en el -6% del PIB, lo que supone encabezar el ranking en este ámbito.

 
También el Banco de España2 sitúa el déficit estructural en el entorno del -5% del PIB y señala que, si en 2022 se supera la pandemia y se restablecen las reglas de política fiscal, y se pudiera llevar a cabo un ritmo de reducción del déficit estructural de 0,5pp cada año, se tardaría una década aproximadamente para cerrar el déficit estructural.

 

La deuda pública se dispara hasta máximos históricos y amplía su diferencial con la media europea

 
La traslación de la evolución de los flujos de déficit al saldo vivo de deuda pública, junto al notable descenso del PIB nominal, eleva la ratio de deuda pública hasta el 118,8% del PIB en 2020 (23 puntos más que en 2019) y según el Ejecutivo, apenas se reduce en 2021 (117,4% del PIB).

 
Según la Comisión Europea, la deuda pública en nuestra economía superará el 120% del PIB en 2020 y seguirá su tendencia ascendente en años venideros. Además, es superior a la media de la Eurozona y de la UE en casi 20 puntos en el caso del primero y aproximadamente en 30 puntos en el caso de la UE. Con estas cifras, España se suma al grupo de países de la Eurozona con mayor deuda pública desde 2020.

 
La propia AIREF3 señala que la crisis va a provocar un aumento significativo del déficit público hasta el -11,9% del PIB en 2020, que podría ser temporal, pero que lleva aparejado un aumento de deuda pública permanente. El rango estimado para 2020 se sitúa entre el 117,6% y el 123,2% del PIB. Las simulaciones de AIReF revelan que, aun suponiendo una reducción anual del déficit público de 0,5 puntos de PIB desde el nivel proyectado a 2021, regresar al nivel de deuda del 95,5% de 2019 requerirá al menos dos décadas.

 
También el Banco de España apunta que, según sus simulaciones y teniendo en cuenta los riesgos a la baja en crecimiento y al alza en el déficit público, la deuda pública podría situarse en niveles del 130% del PIB en ausencia de medidas de consolidación presupuestaria.

 

La necesidad de una estrategia fiscal a medio plazo

 
Con este escenario de las cuentas públicas, es imprescindible comenzar a trazar una estrategia fiscal a medio plazo cuando se consolide el proceso de recuperación, con el objetivo de implementar medidas destinadas a mejorar la eficiencia del gasto y poner en marcha algunas reformas en el sector público, para asegurar de forma creíble la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.

 
En un informe del IEE titulado “La deuda pública en España. Implicaciones sobre la política económica” se destaca la prioridad de volver a la ortodoxia económica y fiscal para garantizar que la deuda pública se sitúe en un nivel sostenible, mediante un renovado impulso reformista que incremente el crecimiento potencial de la economía (que se sitúa por debajo del 1%), así como a través de una consolidación fiscal que proyecte una senda creíble de reducción de déficits fiscales. También otros organismos nacionales e internacionales ahondan en esta idea. El Banco de España incide en la necesidad de un plan detallado de consolidación presupuestaria, que se ejecute tan pronto como termine la pandemia, con medidas específicas que reduzcan el déficit estructural.

 

Acceda al informe completo

Coronavirus COVID-19 | Medidas de apoyo a las empresas financieras, fiscales y al sector energético (Real Decreto-Ley 34/2020)

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El BOE de 18 de noviembre ha publicado el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, al que puede acceder a través del siguiente link.

A continuación, se indican las principales medidas que se adoptan.

• En relación a las Líneas de avales COVID-19 del ICO para atender las necesidades de liquidez de autónomos y empresas, y que fueron aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020 (dotación de 100.000 millones de euros) y por el Real Decreto-ley 25/2020 (dotación de 40.000 millones de euros), las novedades son las siguientes:

Se amplía el plazo de concesión hasta el 30 de junio de 2021.

– Las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 4.1 del presente Real Decreto-ley, podrán disponer de una ampliación en el vencimiento de los préstamos de hasta tres años adicionales, con un máximo de ocho años. Además, podrán disponer de un plazo adicional de carencia en el pago del principal de 12 meses, siempre y cuando la carencia total no supere los 24 meses.

Los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) podrán beneficiarse de los avales de la Línea del ICO, aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020.

– Se aprueba una bonificación del 50% de los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de los plazos de vencimiento y carencia.

• Se amplía al ejercicio 2021 la vigencia de la medida que permite a las personas jurídicas de derecho privado que sus juntas generales, asambleas de socios o patronatos de fundaciones, puedan celebrarse por medios electrónicos, aun cuando no esté así previsto en sus estatutos.

Se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 la rebaja al 0% del IVA aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados productos sanitarios (los indicados en el anexo del presente Real Decreto-ley), cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social. Esta medida tendrá efectos desde el 1 de noviembre de 2020.

Además, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2021, se rebaja al 4% el tipo de gravamen del IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables.

Se amplía el alcance temporal de algunas de las medidas ya aprobadas en materia concursal y, en concreto, se amplía hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores.

También se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación.

Se eleva de 500 a 1.000 millones de euros el umbral de capitalización recogido en la Ley del Mercado de Valores, a partir del cual una empresa está obligada a solicitar que la negociación de sus acciones pase de realizarse exclusivamente en un mercado de Pyme en expansión a hacerlo en un mercado regulatorio.

• Se introducen modificaciones en las deducciones del Impuesto sobre Sociedades por inversiones en producciones cinematográficas, así como en los incentivos fiscales al sector del automóvil.

• Finalmente señalar que en el presente Real Decreto-ley se adoptan una serie de medidas que afectan al sector energético.

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor, con carácter general, al día siguiente de su publicación en el BOE.

Coronavirus COVID-19 | Presentación del Plan de Acción para la Reactivación del Empleo de la Comunidad de Madrid

Actualidad, Noticias
  • El plan incluye una treintena de medidas agrupadas en seis ejes de actuación orientados a frenar la destrucción de puestos de trabajo y reactivar la creación de empleo
  • Destina 32 millones en ayudas para incentivar la contratación de desempleados y afectados por ERTES de suspensión o reducción de jornada
  • Apuesta por adaptar los servicios de las oficinas de empleo y los cursos de formación a las necesidades planteadas por el COVID-19
  • Impulsa la simplificación de los trámites administrativos y la digitalización de gestiones para reducir tiempos y alcanzar a más usuarios

 

El Plan de Acción, denominado Horizonte Empleo 2021, incluye una treintena de medidas agrupadas en seis ejes de actuación, que combinan actuaciones a corto y medio plazo con unos objetivos claros: intentar contener y desacelerar la destrucción de empleo que está registrando la región como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la crisis sanitaría del coronavirus, y reactivar la creación de puestos de trabajo estables y de calidad en la vuelta a la actividad económica marcada por las distintas fases de la desescalada.

Para diseñar estas medidas, el Gobierno regional ha tenido en cuenta distintos estudios propios y de otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de España sobre los efectos de la crisis del coronavirus en el mercado laboral de la región, que sitúan la pérdida media de empleo en la región directamente asociada al coronavirus en más de 481.000 puestos de trabajo.

Para revertir esos efectos negativos, el Plan de Acción define toda una serie de actuaciones de estímulo el mercado laboral o adaptación de la gestión de los servicios de empleo y las medidas de formación a la nueva situación para conseguir que, a finales del primer semestre del próximo año, la tasa de ocupación y el número de trabajadores madrileños afiliados a la Seguridad Social recuperen los valores previos a la emergencia sanitaria.

Así, dentro del eje de estímulo al mercado laboral se va a poner en marcha, de manera inmediata, el programa Madrid Emplea, que finalmente destinará 32 millones de euros en incentivos para que autónomos, pymes y entidades sin ánimo de lucro de la región contraten tanto a personas despedidas durante el estado de alarma como a aquellas que hayan visto extinguido su contrato de trabajo en este periodo, o que están afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de empleo (ERTE) de suspensión de contrato o reducción de jornada motivados por el COVID-19.

Este programa, que presta especial atención a la incorporación al mercado laboral de colectivos con especiales dificultades como jóvenes o mayores de 50 años, cuenta con seis líneas para cubrir las distintas situaciones, con ayudas que oscilan entre los 2.000 y los 7.500 euros por cada contratación, y de las que se beneficiarán cerca de 11.000 trabajadores. Además de Madrid Emplea, en este eje también se incluye acelerar la convocatoria de ayudas para la financiación del coste salarial de los Centros Especiales de Empleo (CEE), dotada con 50 millones de euros; y del fomento de empleo en municipios rurales, que cuenta con un presupuesto de 11 millones y que va a retomar su tramitación esta misma semana.

 

OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO Y TELEFORMACIÓN

Otro de los grandes ejes del Plan Horizonte Empleo 2021 es la adaptación de la cartera de servicios que ofrecen las oficinas de empleo de la región a las necesidades que afronta el mercado laboral madrileño. Dentro de este capítulo se va a impulsar el funcionamiento de oficinas virtuales tanto para el ciudadano –que le permitirá gestionar telemáticamente recursos como sesiones online con orientadores o buscadores de ofertas de empleo- como para el empleador, que dispondrá de una ventanilla única electrónica vinculada a la del ciudadano, para acelerar y hacer más transparente el cruce de ofertas y demandas de empleo. Además, las oficinas utilizarán el big data para mejorar la prospección de las necesidades de empleo de las empresas de la Comunidad.

En cuanto a la formación de los trabajadores madrileños, imprescindible para mejorar su empleabilidad, las medidas del Plan pasan por redefinir las prioridades formativas con la programación de cursos orientados a la adquisición de competencias digitales o a la formación en el sector socio-sanitario, el establecimiento de acciones formativas de menor duración que permitan una rápida incorporación al trabajo y el mayor impulso a la teleformación y a las aulas virtuales, que ya ha puesto en marcha durante estos meses el Gobierno regional para que los trabajadores ocupados y desempleados continúen formándose sin necesidad de compartir espacio físico.

El Plan de Acción también recoge distintas medidas para agilizar y simplificar los trámites administrativos y digitalizar el mayor número posible de las gestiones que realiza el Servicio Público de Empleo regional, con el objetivo de reducir tiempos y multiplicar el número de usuarios atendidos.

Un Servicio Público de Empleo que, debido a la mayor carga de trabajo que va a afrontar en los próximos meses, también va a adecuar sus instalaciones implementando todas las medidas de seguridad para evitar contagios –como la reciente instalación de mamparas separadoras en las mesas de trabajo- y aplicando medidas organizativas como la apertura vespertina de algunas oficinas o la puesta en marcha de nuevas oficinas móviles para dar servicio a zonas rurales del sureste y el suroeste de la región.

Para monitorizar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de este Plan se van a crear distintos instrumentos de gobernanza, como una oficina técnica especializada en el seguimiento y control del avance de las medidas, y también se propone la constitución de un Observatorio de seguimiento de los efectos sobre el empleo del COVID-19.