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Modificación del régimen procesal de la ocupación ilegal de viviendas

El próximo 30 de junio entrará en vigor la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de procesos de desahucio por ocupación ilegal de viviendas.

La reforma, operada por Ley 5/2018 de 11 de junio, trata de dar solución a dos de los problemas más acuciantes en esta materia, los desahucios de personas y familias en sobrevenida situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial y la ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad.

Es por ello que la Ley pretende articular mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitan, por un lado, atender a la situación personal de necesidad de personas en riesgo de exclusión social y  la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, cuando se trata de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

En concreto, la reforma, en casos de ocupante ilegal en situación de vulnerabilidad social, regula la obligación de trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento. Ello además de introducir medidas de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas competentes para que resulten eficaces estas comunicaciones.

Asimismo, se crea como un nuevo proceso rápido y sumario, aquellas peticiones de inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, cuando su titular se vea privado de ella sin su consentimiento, ya sea persona física, entidad sin ánimo de lucro o entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

Finalmente, cuando se solicitase en la demanda la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella, la acción judicial podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad. Si ha sido posible la identificación del receptor o demás ocupantes, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados.

Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. En todo caso, en la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.

Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o en la falta de título por parte del actor.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

 

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