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El Tribunal Supremo retrocede e impone de nuevo al cliente el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios

En anteriores boletines les informamos que, con fecha 16 de octubre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó Sentencia fijando como nuevo criterio que, en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, el obligado al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es la entidad prestamista y no el cliente que recibe el préstamo.

Quince días después, en concreto el pasado martes día 6 el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con 15 votos a favor y 13 en contra, ha fallado volver a su anterior doctrina imponiendo al cliente la obligación de abonar el Impuesto sobre actos jurídicos documentados en las firmas de escrituras notariales de préstamos hipotecarios.

La decisión de imposición de pago al cliente estará basada, a partir de ahora, en la doctrina del Alto Tribunal y no en una disposición legal dado que la sentencia del Tribunal Supremo que revoca la doctrina a favor del consumidor anuló el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto y dicha anulación permanece en vigor, (dicho artículo que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto).

Pedro Sánchez ha comparecido hoy para anunciar medidas en relación con la decisión del Tribunal Supremo así como la intención del legislativo de dictar una nueva Ley Hipotecaria.

El presidente del gobierno ha anunciado que modificará la ley a través de un decreto para que “nunca más” los clientes tengan que pagar el impuesto de las hipotecas y que se hagan cargo las entidades financieras. La medida la adoptará formalmente el Consejo de Ministros en su reunión de este jueves: “La decisión que tomaremos mañana será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague la banca”, ha expresado el presidente, que ha explicado que este martes “habló el Poder Judicial y hoy y mañana va a hablar el Poder Judicial”.

La fórmula por la que opta el Gobierno para corregir la decisión del Supremo es un decreto para modificar el artículo 29 de la Ley de del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos de 1993. Sánchez también ha anunciado la creación de una autoridad independiente de protección de los clientes que tendrá que ser ratificada -al igual que el decreto- en el Congreso. El socialista considera que ese organismo independiente “reforzará la protección ante posibles abusos y mejorará capacidad de resolver” conflictos.