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Departamento Laboral de AICA | Sentencia del Tribunal Supremo sobre un despido y la jubilación del empresario

Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana, abordamos una sentencia de la Sala de Lo Social de nuestro Tribunal Supremo (en adelante TS), de fecha 29 de mayo de 2024, que dispone que la causa de extinción del contrato de trabajo por jubilación del empresario regulada en el artículo 49.1 g) del ET exige que se produzca el cese definitivo de la actividad de la empresa.

Se continúa explicando por nuestro TS en su sentencia, que  esa causa de extinción permite que el empresario que tiene la condición de persona física, cuando pierde esa fuente de ingresos por su jubilación, pueda extinguir los contratos de sus trabajadores abonándoles una indemnización de únicamente un mes de salario, no siendo necesario que cumpla con los trámites exigidos en otras causas de extinción de las relaciones laborales.

Así, el mentado artículo no señala plazo alguno para decidir la continuación o finalización de la actividad empresarial, sino que ha de entenderse implícita la existencia de un plazo razonable para adoptar tan trascedente decisión, tal como indefectiblemente viene admitiendo la jurisprudencia. La finalidad de tal plazo es facilitar la liquidación y cierre del negocio o, incluso, su posible transmisión, dependiendo su duración de las circunstancias concurrentes en cada caso.

En el caso en cuestión, el empleador se jubiló con fecha de efectos del 13 de octubre de 2020. Siete meses y medio después, el 1 de junio de 2021, cursó su alta en el RETA con la misma actividad comercial de transporte de mercancías por carretera y posteriormente contrató a tres trabajadores distintos del actor. El breve lapso temporal transcurrido desde la jubilación del empleador hasta su alta en el RETA reanudando la actividad comercial anterior, unido al hecho de que contrató a tres trabajadores, pero no volvió a contratar al demandante, obliga a concluir que no se produjo un cese real y permanente de la actividad de la empresa, la cual volvió a desarrollar la misma actividad siete meses y medio después de la jubilación del demandado. La reanudación de la misma actividad empresarial con otros trabajadores revela la utilización fraudulenta del art. 49.1 g) del ET. Cuando el empleador reanudó la misma actividad empresarial y el actor tuvo conocimiento de que el cese no había sido definitivo, impugnó judicialmente la extinción de su contrato de trabajo, lo que excluye la caducidad de la acción de despido. Por lo que el alto tribunal establece en su sentencia que procede revocar la sentencia de instancia y estimar la demanda de despido, que debe declararse improcedente.

 

Como siempre, desde el equipo de AICA, os mantendremos informados de las novedades jurisprudenciales en materia laboral.

 

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