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Coronavirus COVID-19 | Síntesis de la respuesta de la Unión Europea a la crisis del COVID-19

1. Introducción

La velocidad a la que el COVID-19 se propaga lo ha transformado en una emergencia sanitaria de primera magnitud, que está causando un grave impacto socioeconómico y que puede acabar mermando la credibilidad y confianza en la capacidad de la Unión Europea para hacerle frente.

Porque, pese a que la UE no tiene competencias en materia de salud pública, sí hubiera sido deseable una respuesta más rápida y contundente en lo económico, respaldada por una mayor colaboración entre los Estados miembros, sobre la base de la unidad y la solidaridad, bajo un liderazgo más claro de la Comisión Europea.

El 3 de marzo la Presidenta de la Comisión Europea creó un gabinete de crisis específico para abordar el impacto del COVID-19 bajo su liderazgo. Está compuesto por:

– Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva de Digitalización, responsable de Competencia.

– Valdis Dombrovskis, Vicepresidente Ejecutivo para Políticas Económicas

– Paolo Gentiloni, Comisario de Asuntos Económicos y Financieros

– Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior

– Stella Kyriakides, Comisaria de Salud

– Ylva Johansson, Comisaria de Asuntos de Interior

– Janez Lenarčič, Comisario de Gestión de Crisis

– Adina Vălean, Comisaria de Transporte

Además de seguir al detalle el avance del virus, así como tratar de asegurar la coordinación entre los Estados miembros, la finalidad de este gabinete de crisis es:

a) Preparar medidas en los ámbitos sanitario (prevención, contratación pública para la adquisición de equipamiento, investigación científica), movilidad (espacio Schengen, transporte) y economía (impacto macroeconómico y por sectores de actividad).

b) Coordinar su implementación a escala nacional y europea.

El 13 de marzo la Comisión Europea puso en marcha un primer paquete de iniciativas, afirmando que “utilizará plenamente todos los instrumentos a su alcance para resistir esta tormenta”, que se han ido concretando a lo largo de la semana del 16 de marzo. Un primer paquete de medidas que se sintetiza a continuación y que se completa con un resumen de las adoptadas por el Eurogrupo y el Banco Central Europeo (BCE).

 

2. Medidas adoptadas por la Comisión Europea y el Consejo

2.1 Programa de inversión para hacer frente al coronavirus

La Comisión lanzó una propuesta de Reglamento para redirigir 37.000 millones de euros de los Fondos Estructurales y de Cohesión para mitigar los efectos de la crisis causada por el COVID-19. A tal efecto, no solicitará a los Estados miembros que reembolsen la prefinanciación no utilizada de dichos fondos. Esto equivale a, aproximadamente, 8.000 millones de euros del presupuesto de la UE, de los que los países podrán disponer para complementar los 29.000 millones de fondos estructurales europeos desbloqueados. La elegibilidad del gasto tendrá efecto retroactivo, en concreto desde el 1 de febrero.

Además, la Comisión planteó, mediante otro proyecto de Reglamento, ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad Europeo previendo un escenario de emergencia de salud pública que pueda ser activado para los Estados miembros más afectados. Una previsión que se verá reflejada en el presupuesto anual de la UE para 2020, hasta llegar a los 800 millones de euros.

El 18 de marzo, los Estados miembros, reunidos en COREPER (Comité de Embajadores Representantes Permanentes ante la UE), dieron el visto bueno a ambos borradores de Reglamento. El próximo paso es la adopción por el Parlamento Europeo en la sesión plenaria extraordinaria de 26 de marzo.

Por último, la Comisión desbloqueará hasta 179 millones de euros del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, como complemento para paliar los efectos sociales del COVID-19.

2.2 Flexibilización del régimen europeo de Ayudas de Estado

Tal y como ya lo están haciendo, los Estados miembros tienen potestad para diseñar medidas de amplio alcance tales como rebajas en las contribuciones sociales o suspensión de impuestos. Además, pueden otorgar apoyo financiero directo mediante, entre otras vías, líneas de avales y garantías, como la anunciada por el Gobierno de España para llegar hasta los 100.000 millones de euros.

Sin embargo, dado que estas medidas caen bajo el régimen de ayudas de Estado y su regulación es competencia exclusiva de la Unión Europea, el 19 de marzo la Comisión adoptó un nuevo marco temporal para la flexibilización de dicho régimen, con los siguientes objetivos:

a) Establecer ayudas en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales de hasta 800.000 euros por empresa.

b) Conceder garantías estatales para los préstamos bancarios, teniendo en cuenta si la empresa es PYME o no y el margen de riesgo para un préstamo a uno, dos-tres años o cuatro-seis años. La garantía ha de concederse antes del 31 de diciembre de 2020. Su duración se limita a un máximo de seis años y el porcentaje de garantía del Estado no puede exceder del:

– 90% del crédito principal en caso de que las pérdidas sean asumidas bajo las mismas condiciones por la entidad de crédito y el Estado; o

– 35% del préstamo principal, si las pérdidas se atribuyen primero al Estado y luego a las entidades de crédito (es decir, una garantía de primera pérdida); y,

– en ambos supuestos, la cantidad garantizada decrecerá de manera proporcional a la reducción del montante del crédito en el tiempo.

c) Autorizar préstamos públicos y privados con bonificación de tipo de interés, para los créditos suscritos antes del 31 de diciembre de 2020 y con una duración máxima de seis años.

d) Canalizar la ayuda a la economía a través de los bancos e intermediarios financieros.

e) Aprobar créditos a la exportación.

La cuestión es, según la Comisión, garantizar que el sistema europeo de Ayudas de Estado beneficie a las empresas que hayan entrado en crisis después del 31 de diciembre de 2019 como consecuencia del brote del COVID-19.

2.3 Flexibilización del marco fiscal europeo

La Comisión propuso al Eurogrupo aplicar altos niveles de flexibilidad en el cumplimiento de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (desviación de las sendas de consolidación fiscal) para reducir los efectos socioeconómicos que la crisis del COVID-19 está causando. El Ejecutivo europeo basó su razonamiento en lo que define como “una serie de eventos impredecibles que caen fuera del marco de predictibilidad de los gobiernos”, permitiéndoles, por tanto, acomodar gastos hasta ahora no previstos destinados a inyecciones en los sistemas de salud pública y a mitigar pérdidas económicas para empresas y trabajadores.

En su reunión de 16 de marzo, el Eurogrupo respaldó estas propuestas, afirmando que sus Estados miembro permitirán el uso de estabilizadores automáticos e implementarán las medidas necesarias para asegurar que las consecuencias económicas del COVID-19 se limitan al máximo posible. En este sentido:

– Los Estados realizarán gasto fiscal especialmente destinado a tratar y contener la propagación del virus;

– Se proporcionará liquidez a las empresas, con un enfoque especial en las PYME y las compañías en las regiones más afectadas. Estas medidas pueden incluir descuentos fiscales, garantías públicas;

– Se dará apoyo a los trabajadores, incluidos aquellos que tengan contratos de corta duración, para evitar pérdidas de poder adquisitivo. Algunas de las medidas sugeridas son la extensión de la baja por enfermedad y subsidios al desempleo.

Por último, el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, solicitó a la Comisión Europea explorar posibles vías para activar el Mecanismo Europeo de Estabilidad, creado en 2010 para afrontar la crisis griega y cuyo objetivo es proporcionar asistencia a los países de la zona euro con serias dificultades económicas.

Esto quiere decir que, mientras no se activen instrumentos fiscales y/o financieros europeos, el peso de la respuesta de la Unión Europea para activar la economía recaerá, mayormente, en sus Estados miembros.

2.4 Blindaje de las fronteras exteriores de la Unión Europea

En un intento de coordinar las acciones unilaterales que los Estados miembros han ido aplicando para contener la propagación del COVID-191 y que se han traducido en una rotura del Espacio Schengen de libre circulación, el 16 de marzo la Comisión presentó una guía con recomendaciones para la gestión de fronteras, con tres objetivos:

a) Asegurar el abastecimiento de bienes y servicios básicos, porque el transporte de mercancías y la movilidad es esencial para garantizar el suministro de equipamiento médico, así como la continuidad de la actividad económica.

Por tanto, las medidas de control fronterizo no han de ser disruptivas y han de asegurar las cadenas de suministro.

Los profesionales del sector del transporte han de poder circular a través de las fronteras sin que su seguridad se vea comprometida en ningún momento.

Por lo que se refiere al transporte aéreo de pasajeros, la Comisión Europea propuso el 13 de marzo una modificación del Reglamento vigente sobre asignación de franjas horarias para eximir a las compañías aéreas del cumplimiento de la regla 80-20, según la cual si una aerolínea incumple más de un 20% de las rutas previstas puede perder la autorización. El Parlamento Europeo tiene previsto adoptarlo el 26 de marzo en sesión plenaria extraordinaria, con lo que solo quedará pendiente la aprobación por parte del Consejo para su posterior entrada en vigor. Además, el 18 de marzo la Comisión publicó una guía interpretativa de los derechos de los pasajeros en el contexto de la crisis del COVID-19.

b) Proteger la salud.

Entre otras recomendaciones, los Estados miembros han de facilitar el cruce de fronteras a los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un país vecino, con especial atención a aquellos que trabajan en el sector de la salud y otros sectores esenciales como el de los cuidados a ancianos y a niños y los trabajadores de infraestructuras críticas.

c) Cierre temporal de las fronteras exteriores de la UE.

La Comisión Europea apoya la reintroducción de controles fronterizos entre Estados miembros, como ya pasó con la crisis migratoria de 2016. Sin embargo, esta es la primera vez que plantea el cierre temporal durante 30 días de las fronteras exteriores de la UE como perímetro de seguridad frente al COVID-19. Un cierre que fue aprobado por el Consejo Europeo el 17 de marzo.

 

3. Medidas adoptadas por el Banco Central Europeo.

El 18 de marzo el Banco Central Europeo presentó un plan de compra hasta finales de 2020 de 750.000 millones de euros en activos públicos y privados, favoreciendo la financiación de los planes adoptados por los Estados miembros para luchar contra el COVID-19.

Se trata del mayor programa de financiación puesto en marcha por el BCE hasta la fecha.

 

4. Valoración empresarial: opinión de BusinessEurope

BusinessEurope está realizando un seguimiento continuado de la crisis del COVID-19 en estrecha coordinación con sus confederaciones miembro, entre ellas CEOE.

El 16 de marzo, BusinessEurope hizo pública su valoración en forma de declaración titulada “Responsabilidad, Acción y Solidaridad son requeridas urgentemente para proteger a las empresas, la sociedad y nuestra economía”. En síntesis, BusinessEurope:

1. Apoya plenamente las medidas adoptadas por la Comisión Europea, el Consejo y el BCE, para asegurar que el máximo número de empresas sobrevive a esta crisis y se ayude a reconstruir la economía europea.

2. Afirma que la salud pública es la prioridad y que su pensamiento está con las familias ya afectadas. Del mismo modo, traslada su gratitud a los trabajadores y empresas, por el coraje y resistencia excepcionales que están mostrando para afrontar tanto el riesgo de contagio como el mantenimiento del suministro de bienes y servicios básicos de los que todos dependemos.

3. Reconoce que esta crisis es un enorme desafío para la salud pública, con un notable impacto negativo en el crecimiento de la UE en 2020, vista la posibilidad de que un gran número de Estados miembros experimenten una reducción significativa, e incluso masiva, de la actividad. Trabajadores y empresas, en particular las PYME, están sufriendo ya las dramáticas consecuencias de las medidas restrictivas impuestas.

4. Asevera que la respuesta europea ha de estar anclada en la responsabilidad, la acción y la solidaridad de todas las partes:

– Responsabilidad como empresarios, trabajadores y ciudadanos, para asegurar que todas nuestras acciones contribuyan a salir de esta crisis.

– Acción, para mantener el funcionamiento esencial de nuestra economía y asegurar que, una vez la pandemia esté controlada, el ecosistema empresarial se mantiene vivo para restablecer de manera plena nuestro apreciado modo europeo de vida.

– Solidaridad, entre empresas de todos los tamaños, entre empresas y gobiernos y entre todos los Estados miembros.

 

5. Realiza las siguientes propuestas:

– La política monetaria debe apoyar la actividad económica y asegurar la adecuada liquidez del sistema financiero, garantizando el acceso al crédito para las empresas.

– Los supervisores y reguladores financieros deben estar preparados para introducir medidas dirigidas a estabilizar los mercados financieros.

– Se debe permitir la máxima flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluso su suspensión, de manera temporal. La Comisión y el Consejo podrían ir más allá y permitir estímulos fiscales más ambiciosos de una forma coordinada.

– Se ha de incrementar el paquete de ayudas previsto por la Comisión Europea por un montante de 37.000 millones de euros.

– Se ha de garantizar la unidad de mercado a escala europea, preservando el mercado interior europeo, eliminando toda restricción al comercio intraeuropeo, en particular de material sanitario y evitando el bloqueo del transporte.

– A nivel de los Estados miembros, estos deben prever garantías de crédito, proveer claridad por lo que se refiere al uso de las cláusulas de “fuerza mayor” en las relaciones contractuales entre empresas e introducir flexibilidad en los esquemas de apoyo al empleo en caso de disminución la actividad.