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Inscripción en el registro mercantil de las personas físicas profesionales

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El pasado 4 de septiembre fue publicada en el BOE la Instrucción de 30 de agosto de 2019 de  la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre  inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Así, desde su publicación estarán obligados a inscribirse en un registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, por medio de su inscripción en el Registro Mercantil, y de presentar una declaración anual sobre su actividad de prestación de esos servicios, las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable, presten los siguientes servicios por cuenta de terceros:

  • constituir sociedades u otras personas jurídicas
  • ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos
  • ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones
  • ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

En los supuestos de personas jurídicas y de personas físicas que actúen en concepto de empresarios, que presten los servicios enumerados en el artículo 2 de la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales,  la obligación de inscripción se cumplirá mediante su inscripción en forma ordinaria, en el Registro Mercantil como entidad o empresario, unida a una simple declaración de que se viene realizando, o bien se va a iniciar, alguna o algunas de las actividades comprendidas en dicho artículo. A ello se une la manifestación relativa a sus titulares reales.

La declaración anual sobre los servicios prestados se deberá realizar en el acto del depósito de las cuentas anuales.

La declaración de realización de alguna o algunas de las citadas actividades, la relativa a los titulares reales y la declaración anual sobre las mismas actividades constituyen el simple cumplimiento de una obligación legal de declaración, por lo que no son objeto propiamente de calificación de su contenido, sino simplemente del cumplimiento de los deberes formales, la integridad de la declaración y la legitimación del declarante.

Las personas físicas que presten los servicios enumerados en el artículo 2.1.o) de la ley actuando como profesionales, y por tanto no como empresarios, deben realizar unas declaraciones análogas, si bien de forma simplificada. Así, se inscribirán de forma telemática simplemente mediante la simple cumplimentación de un formulario preestablecido y no tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales, sino únicamente de realizar el depósito telemático dentro de los tres primeros meses de cada año de un documento cuyo contenido se determinará mediante la orden de la Ministra de Justicia que está siendo objeto de tramitación y redacción. Se trata, por tanto, del simple cumplimiento de una obligación legal de registro de la declaración de alta como proveedor de servicios, por estarlos prestando o ir a iniciar su prestación, o bien de baja cuando se haya cesado en la prestación de los mismos, que da lugar a la inscripción del declarante en el Registro Mercantil o a la cancelación de dicha inscripción.

En relación con la forma de realizar la declaración, la misma ha de ser telemática debiendo quedar debidamente identificada la persona que la hace, empleando un sistema de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada, basado en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

Por lo que se refiere al contenido de la declaración, deberá esta comprender, debidamente parametrizados en los campos correspondientes, únicamente los datos esenciales para la identificación de la persona física, prestadora de servicios: registro mercantil competente, tipo de documento de identidad y número, nombre, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio profesional, pertenencia, en su caso, a un Colegio Profesional y número de colegiado, teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio para notificaciones, en el supuesto de que se quiera indicar uno diferente del domicilio profesional.

La declaración, una vez cumplimentados los anteriores campos, irá seguida de un texto redactado en los siguientes términos: “Que en los términos previstos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, declara bajo su responsabilidad prestar o haber prestado alguno de los siguientes servicios por cuenta de terceros: Constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. En consecuencia, solicita la inscripción en el Registro Mercantil, en su concepto de prestador de servicios a sociedades y fideicomisos, de conformidad con el apartado 4 de la disposición adicional única de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.

El plazo para realizar la declaración comenzará el día 4 de septiembre de 2019, tan pronto como esté en funcionamiento la aplicación informática en la sede electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Jurídico de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

AICA se sitúa entre las 37 empresas premiadas en la VII edición de Alcobendas Concilia y VI edición de Alcobendas Empresas por la Igualdad

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El Ayuntamiento de Alcobendas ha premiado a una carnicería, a una peluquería, a una óptica y a la Asociación de Empresarios y Comerciantes (AICA), entre otros, por sus políticas de conciliación.

Con el fin de promover la igualdad y la conciliación laboral, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un año más la VII edición de Alcobendas Concilia y la VI edición de Alcobendas empresas por la igualdad. Este año han participado un total de 37 empresas, en ambos proyectos, de las cuales 10 empresas participan por primera vez y el resto renueva su sello y demuestra su compromiso y fidelización al proyecto. Muchas de ellas incluso participando en los dos proyectos.

Son empresas que, entre sus medidas, han optado por la flexibilidad horaria, las jornadas intensivas a demanda de los trabajadores, los cheques guardería y las reducciones de jornada, entre otras cuestiones. Las empresas participantes, además, han recibido asistencia técnica y consultoría especializada en consolidación empresarial con perspectiva de género, y se les ha ofrecido herramientas y estrategias que faciliten la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal y profesional.

En esta edición, se ha dado difusión a las novedades incluidas en éste como la ampliación de la obligatoriedad a empresas de menor número de personas en plantilla, las auditorías salariales, o la organización del tiempo de trabajo entre otras. Además, se ha realizado una encuesta online con el objetivo de recoger la opinión de las empresas sobre las dificultades para implantar medidas o planes que promuevan la corresponsabilidad y la igualdad salarial, y, de modo general, la igualdad de oportunidades. Dicha encuesta abordaba aspectos como protocolos de prevención y tratamiento del acoso sexual y acoso por razón de sexo, la transparencia en la política de salarios, la incorporación de personas con capacidades diferentes.

Estas son las empresas u organizaciones que han recibido o renovado el sello este año: AICA, Abel ópticos, Adecco Formación SAU, Amauta, Ana Povedano, Asifor, Asime, Aurigae, Bausch&Lomb, Carnicerías El Bulevar, Descubrir tours, Dicomat, Empieza Fresh Consulting, Escuela Infantil Manoplas, Fundación Salto, Herbolario Buda, Iberman, Italfarmaco, KIA Motors Iberia, Konecta BTO, Konecta Mediación SL, Konecta Servicios de BPO, Konecta Servicios administrativos,La oficina secreta, Mados interiorismo, Mallol Asetyc, Mantelec, Mari P

Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable

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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 12 de abril de 2019 y, por Orden PCI/566/2019 de 21 de mayo, ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE son parte de un nuevo panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. Esta sostenibilidad debe ser entendida en su doble vertiente social y medioambiental.
Las tres directivas citadas impulsan de manera decidida la denominada «contratación pública estratégica», entendiendo por ésta la utilización del poder de compra publica, dada su naturaleza horizontal y el enorme volumen de recursos que moviliza, para favorecer la consecución de objetivos propios de otras políticas públicas como son los sociales y laborales, medioambientales, de apoyo a la PYMEs, la innovación y el desarrollo o la defensa de la competencia.

Adicionalmente el Plan prevé la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública que, en el plazo máximo de seis meses, deberá realizar los trabajos preparatorios necesarios para la adopción por parte del Consejo de Ministros del Acuerdo a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017.

El Plan igualmente presta atención a la necesaria formación de las personas que tramiten expedientes y procedimientos de licitación de contratos, así como de aquéllas que deban realizar el seguimiento y la supervisión de su ejecución.
El presente plan se aplicará por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y demás entidades que integran el sector público estatal en el sentido definido por el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Se define la «Contratación pública estratégica socialmente responsable» como aquélla que hace referencia al proceso a través del cual los órganos de contratación del sector público estatal contratan obras, suministros o servicios o celebran contratos de concesión de obras o de concesión de servicios tomando en consideración para el diseño de la licitación, la sustanciación del procedimiento correspondiente y durante la ejecución del contrato resultante de este procedimiento, criterios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017.
Conforme a este nuevo Plan, al elegir el procedimiento de licitación los órganos de contratación tendrán en cuenta, si se está ante concesión de servicios especiales el uso del por procedimiento será el restringido y si se está ante contratos de servicios sociales personalísimos se hará uso del procedimiento de negociación.
Asimismo, con carácter general el órgano de contratación deberá velar por la incorporación siempre que sea posible de consideraciones sociales al configurar la licitación, teniendo en cuenta:

1. Al establecer las prescripciones técnicas: En los contratos de obras, de suministro o de servicios podrá tener la consideración de prescripción técnica el conjunto de especificaciones técnicas en las que se definan las características requeridas de un material, producto o servicio, incluido el impacto social o laboral de dichos materiales, productos o servicios, la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas. Las prescripciones técnicas podrán referirse al proceso o método específico de producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este.

2. El pliego señalará el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad, la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato; excepto cuando no sea posible señalar esta información.

3. Los órganos de contratación incluirán en los pliegos correspondientes a licitaciones de contratos de suministros y de servicios la exención de la garantía definitiva para los licitadores que resulten propuestos adjudicatarios de aquéllos contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, salvo excepciones que habrán de justificar convenientemente en el expediente; todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 9/2017.

4. Los órganos de contratación indicarán a los candidatos o licitadores en los pliegos correspondientes a procedimientos distintos del procedimiento abierto simplificado, que la declaración responsable ajustada al modelo de documento europeo único de contratación comprende, entre otros extremos, la declaración de que no se encuentran incursos en la prohibición de contratar, cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad.

5. Cuando el objeto del contrato requiera de aptitudes específicas en materia social, de prestación de servicios de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias.

6. Los pliegos les indicarán a los candidatos o licitadores que el órgano de contratación rechazará aquéllas ofertas que no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o laboral.

7. Los órganos de contratación en los procedimientos de contratación a deberán velar en todas sus fases por la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios; las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; la implicación de los usuarios de los servicios; y la innovación en la prestación del servicio.

Por lo que respecta a los criterios de adjudicación, se atenderá a la mejor relación calidad-precio; excepto cuando no sea posible. En todo caso la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá en la adjudicación de contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios sociales.

Finalmente, el Plan regula la ejecución del contrato imponiendo al órgano de contratación el seguimiento general de su ejecución debiendo tomar las medidas pertinentes para garantizar en la ejecución de los contratos que los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia social o laboral, imponiendo penalidades en caso de incumplimiento.

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica la guía sobre el registro de jornada

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Desde la publicación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se han recibido en la Dirección General de Trabajo diversas consultas en materia de registro de jornada.

Por ello, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha elaborado este documento con el fin de facilitar la aplicación práctica de la norma, en el que se recogen criterios, a mero título informativo, en relación con este deber formal empresarial, sin perjuicio de la interpretación de la norma que corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden social.

 

ACCEDE A LA GUÍA SOBRE EL REGISTRO DE LA JORNADA

Vídeo PRL – Utilización de los desfibriladores semi-automáticos DESA

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El vídeo está financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales dentro de las acciones de promoción del cumplimiento normativo, información, sensibilización y gabinete de asistencia que se han llevado a cabo en 2018.

La Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA ha publicado un nuevo vídeo para contribuir a la mejora de la prevención de riesgos laborales en el entorno empresarial. En esta ocasión, con el fin de explicar la utilización de los desfibriladores semi-automáticos DESA. El vídeo ha contado con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y es el segundo vídeo que se encuadra dentro de las acciones de promoción del cumplimiento normativo, información, sensibilización y gabinete de asistencia que se han llevado a cabo desde AICA en 2018.


Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Europa y la mayoría de muertes súbitas se produce fuera del entorno hospitalario. La formación adecuada y el hecho de disponer de desfibriladores es indispensable para reducir la mortalidad por este tipo de dolencias.


La Comunidad de Madrid ha regulado la instalación de desfibriladores y es común encontrarlos en espacios públicos y empresas. Por ello, es crucial aprender cómo deben utilizarse y qué procedimiento se debe seguir.


En primer lugar, se debe comprobar que la zona es segura, pedir ayuda y llamar al 112 y verificar que se trata de una parada cardiorespiratoria, estimulando al paciente y comprobando su respiración. Después, se debe abrir la vía aérea del paciente, comenzar con la reanimación cardiopulmonar y, finalmente, hacer uso del desfibrilador.


Para utilizar el desfibrilador, se deberán seguir las instrucciones de este, colocando dos electrodos adhesivos en el pecho desnudo del paciente según se señala. El desfibrilador analizará las constantes del paciente y, si es necesario, emitirá una descarga eléctrica. Si esto sucede, no se debe tocar al paciente. A su vez, el desfibrilador indicará cuándo es necesario realizar las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Los servicios de emergencia se harán, finalmente, cargo de la situación.


El uso del desfibrilador es sencillo y salva vidas. El vídeo ya está disponible en el canal de YouTube del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA y se puede visualizar directamente a través del siguiente enlace.

Tarifa plana autónomos

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Estimados asociados, os informamos que con efectos desde el 1 de agosto de 2018 se amplía en 12 meses la aplicación de la «tarifa plana» de 50 euros para los autónomos que desarrollen su actividad en un municipio con menos de 5.000 habitantes.

Esta novedad la introduce la Ley de Presupuestos Generales de 2018, ahora bien, para beneficiarse de este periodo adicional de 12 meses de «tarifa plana» se han de acreditar los siguientes requisitos:

1º.- Estar empadronado en un municipio de menos de 5.000 habitantes, en la fecha del alta en el RETA.

2º.- Estar dados de alta en el censo de obligados tributarios de la AEAT o de las Haciendas Forales.

3º.-Mantener el alta en la actividad autónoma en el municipio en los 2 años siguientes al alta en el RETA y permanecer empadronado en el mismo municipio en los 4 años siguientes a dicha alta.

Además, para los autónomos que quieran disfrutar de esta prolongación deberán tener en cuenta:

Primero, que en estos casos no serán de aplicación las reducciones y bonificaciones para los meses 13º a 24º contempladas para cada supuesto.

Segundo, que en caso de no cumplir los requisitos que acaban de indicarse, el trabajador por cuenta propia o autónomo deberá reintegrar la totalidad de las cantidades dejadas de ingresar por la aplicación del incentivo, a partir del día primero del mes siguiente en que quede acreditado tal incumplimiento.
Si necesitáis más información sobre la presente nota informativa o sobre los beneficios que supone la tarifa plana de autónomos, os recordamos que podéis contactar con equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.
Departamento laboral de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com

El 95 % de las empresas españolas tiene menos de 10 empleados

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En la actualidad el 94,8 % de las empresas españolas son micropymes, es decir, tienen plantillas inferiores a diez empleados. Europa Press ha revelado este dado basándose en el último estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) que recopiló datos del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) denominado ‘Entrepreneurship at Glance 2017’.

Nuestro país se basa en la microeconomía y es una situación que se repite en la mayoría de los 30 territorios que conforman la OCDE. De hecho, el estudio pone de relieve que en todos los países la estructura predominante es la de la micro-empresa, modalidad empresarial que se repite con una media que oscila entre el 68 y el 98% de las entidades privadas registradas.

España se sitúa por encima de la mitad de la tabla en porcentaje de micro-pymes.Delante de nosotros hay 11 países con un mayor porcentaje de minoristas en su tejido empresarial y son, por este orden: Italia (95% de negocios con plantillas inferior a diez trabajadores), Polonia (95,1%), Países Bajos (95,2%), Portugal (95,3%), Francia (95,5%), República Checa (96%), Grecia (96,4%), Eslovaquia (96,7%), Australia (97,2%). El primer lugar es para Turquía (98,3%).

Por encima de España se sitúan territorios que, en su mayoría, cuentan con un sistema económico más estable como Eslovenia y Bélgica (94,6% en ambos), Suecia (93,5%), Hungría (94,1%), Irlanda (92,4%), Israel (92,3%), Lituania (92%), Noruega (91,6%), Finlandia (91,3%), Letonia (90,6%), México (90,4%) y Estonia (90,2%).

Países grandes, entidades grandes

El informe de elaborado por la OCDE deja de manifiesto lo que ya de por sí es bien sabido: los países con mayor territorio y economías más sólidas son a su vez, los que cuentan con un menor número de empresas pequeñas, precisamente por las propias exigencias del mercado interno. Prueba de ello son los porcentajes de micropymes registradas en Canadá (71,9%), Nueva Zelanda (78,7%), Estados Unidos (79,4%), Alemania (83,5%), Japón (86,2%), Austria (87,2%), Luxemburgo (87,3%), Rumanía (88,4%), Reino unido (89%) y Dinamarca (89,1%).

 

Fuente: Cinco Días