Sin categoría

Coronavirus COVID-19 | Comunicado CEOE – Cepyme

Actualidad, Noticias, Sin categoría

Desde CEOE y CEPYME queremos expresar nuestro apoyo al Gobierno, los equipos sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los territorios en la lucha contra el COVID-19 y garantizamos que todo el ecosistema empresarial, desde las grandes empresas a las medianas, pequeñas y los autónomos, cumpliremos con responsabilidad los mandatos que implica el estado de alarma decretado.

Asimismo, mientras confiamos en que las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado sábado sean eficaces para garantizar la salud de todos los ciudadanos, como algo absolutamente prioritario, y para retomar cuanto antes la normalidad en todo el territorio nacional, instamos también al Gobierno a que en su reunión del próximo martes se adopten las medidas urgentes que los empresarios planteamos en los últimos días al Ejecutivo.

La situación de excepcionalidad económica por el COVID-19 exige una respuesta amplia desde las instituciones nacionales y desde la UE.

El Gobierno de España tiene que poner en marcha mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas y a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo, y por ello insistimos en estos tres aspectos:

Se precisan medidas urgentes de índole laboral, como se recoge en el acuerdo suscrito entre empresarios y sindicatos, en especial la simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación.

Además, demandamos que, ante la falta de liquidez provocada por la inactividad, se suspenda la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa, mientras que, del lado de la persona trabajadora, se contemple el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo.

Consideramos también imprescindible facilitar la realización del teletrabajo entendiendo por cumplida la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada por el propio trabajador.

Un segundo aspecto es el de los aplazamientos y fraccionamientos de pago de manera automática y sin intereses por un plazo suficiente para todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el COVID-19.

En este sentido, el colectivo de los autónomos se encuentra en una situación especialmente difícil que requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario.

Por último, es absolutamente necesario y urgente poner en marcha una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas, especialmente de pymes y autónomos, y que las Administraciones Públicas abonen de inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban, sin siquiera agotar los plazos que fija la Ley de morosidad, así como que se aceleren las devoluciones tributarias pendientes.

Queremos dejar claro que compartimos con el Gobierno que se trata de una crisis que es preciso abordar con sentido de Estado, más allá de las diferencias territoriales e ideológicas, y en la que toda la sociedad española debe permanecer unida.

También queremos poner en valor el inestimable trabajo que está llevando a cabo el equipo humano que sostiene en estos momentos la sanidad tanto pública como privada, e insistir en que España cuenta con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo para afrontar esta crisis.

La clave de un país son sus empresas y cuando seamos capaces de vencer esta epidemia, debemos ser capaces también de volver a la normalidad como país, recuperando lo antes posible la actividad económica.

 

Acceda al comunicado CEOE – Cepyme

Coronavirus y marco laboral

Actualidad, Laboral, Noticias, Sin categoría

Estimados asociados, desde la asociación no podemos abstraernos de la actual situación que vivimos ante la aparición del Coronavirus COVID-2019 y sus implicaciones en el marco de las relaciones laborales.

En ese sentido, el pasado 26 de febrero de 2020, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, adoptó el Criterio 2/2020, para dar respuesta a la cuestión relativa a la situación de los trabajadores que tras su contacto con un caso del virus, pudieran estar afectados por dicha enfermedad y que, por aplicación de los protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias competentes, se ven sometidos al correspondiente aislamiento preventivo para evitar los riesgos de contagio derivados de dicha situación hasta tanto se culmina el correspondiente diagnóstico.

Se plantea, en concreto, la situación de tales trabajadores frente a la Seguridad Social hasta el momento en que es posible dilucidar si están o no efectivamente perjudicados por el virus. Durante el referido lapso temporal, los trabajadores no están afectados, en sentido estricto, por un accidente o por una enfermedad, pero es evidente, por otra parte, que los mismos deben estar vigilados y recibir la correspondiente asistencia sanitaria en orden a diagnosticar su estado y que están impedidos para el trabajo, por obvias razones.

A fin de garantizar la protección de los trabajadores durante tales períodos de aislamiento y de disipar las dudas que al respecto se han planteado, la Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, ante la falta de respuesta a tal situación en el vigente ordenamiento jurídico y hasta tanto dicha laguna sea llenada mediante las adaptaciones normativas que resulten necesarias, adopta el Criterio que se concreta en tres puntos, que se citan literal:

 

“Uno.- Los períodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia del virus SARS-CoV-2, serán considerados como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, y durante los mismos los afectados tendrán derecho a las correspondientes prestaciones, cumplidos los demás  requisitos en cada caso exigidos, y en los términos y condiciones establecidos, por las normas del régimen de la Seguridad Social en que se encuentre encuadrado el trabajador.

 Dos.- Cuando la protección de la incapacidad temporal por contingencias comunes esté prevista como mejora voluntaria, lo establecido en este Criterio será de aplicación únicamente a los trabajadores que se hubieran acogido a dicha mejora.

 Tres.- Lo previsto en este Criterio será de aplicación con respecto a todas las situaciones de aislamiento preventivo producidas desde la detección del virus SARS-CoV-2.”

 

En consecuencia y resumiendo, si un empleado se ve afectado por el virus o se ve afectado por alguna medida similar a una cuarentena, se encontrará en situación de incapacidad temporal, y desde la empresa se le tendrá que dar ese tratamiento a efectos de cotización a la Social y a los efectos también de inasistencia al puesto de trabajo.

Por otro lado, a expensas de que se adopten otra serie de medidas por el Gobierno Central y Autonómico y las autoridades sanitarias, las empresas deberán tener valorada esta contingencia en su plan de prevención de riesgos laborales (epígrafe enfermedades víricas o similar).

 

CUADRO CORONAVIRUS

 

Para más información sobre el marco laboral a adoptar por el coronavirus COVID-19 os invitamos a la jornada

¿Cómo afecta el coronavirus COVID-19 a las relaciones laborales?

que se celebrará el día 17 de marzo a las 10:00 horas en la sede de AICA.

Más información sobre la jornada e inscripción

¿Has revisado tu seguro de salud? ¿Tiene las coberturas que realmente necesitas? ¿Cuánto pagas?

Sin categoría

Ventajas de tener un seguro de salud privado:

No sufrir largas listas de espera, especialmente cuando la operación no es de gravedad y deseamos que nos la realicen lo antes posible. ¿Es necesario que tengamos que esperar entre 8 y 12 meses?.

Asistencia más personalizada sin las restricciones de tiempos que por la masificación tiene la salud pública.

Mayor comodidad: habitación propia o incluso con cama para acompañante en el caso de intervención quirúrgica.

Cualquier prueba médica que nos tengan que hacer (radiografías, análisis, etc) y sus resultados son obtenidos de forma mucha más rápida en un seguro privado, con lo que nos ahorramos tiempo en el trámite y reducimos las posibles molestias o dolores.

Mejoramos la prevención. Aspecto vital para detectar una posible enfermedad y que la agilización de los procesos en el seguro privado posibilita prevenir situaciones más graves.

Posibilidad de libre elección del médico que te atiende teniendo la posibilidad de elegir entre especialistas altamente cualificados.

Flexibilidad para poder conseguir citas médicas, imprescindible en esta nueva sociedad en la que la conciliación familiar y laboral es tan complicada

Asistencia en el extranjero. Los seguros privados nos facilitan también la asistencia médica fuera de nuestro país. Cada vez se viaja más al extranjero, tanto de manera temporal como continuada.

Es el beneficio social más demandado por los empleados y el más ofertado actualmente por las empresas.

Reduce el absentismo laboral, incrementa la productividad de la empresa y mejora la fidelización de los empleados..

 

 

CAMPAÑA SALUD PYMES 2019-2020

 Período: 01 noviembre de 2019 hasta 31 enero de 2020

Solo mínimo de 2 asegurados.

Tarifa plana de 0-64 años.

ASISA SALUD SIN COPAGOS: 36,72€/mes

ASISA SALUD CON COPAGOS: 31,12€/mes

Si contratas otros productos ASISA, desde 27,23€/mes

Además, disponemos de importantes ofertas para Colectivos Cerrados desde 10 empleados.

 

 

Santiago García Repullo

Responsable Área de Seguros de AICA

91 204 48 88 / 699 06 83 87

sgarcia.gf@empresariosdealcobendas.com

Inscripción en el registro mercantil de las personas físicas profesionales

Sin categoría

El pasado 4 de septiembre fue publicada en el BOE la Instrucción de 30 de agosto de 2019 de  la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre  inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Así, desde su publicación estarán obligados a inscribirse en un registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, por medio de su inscripción en el Registro Mercantil, y de presentar una declaración anual sobre su actividad de prestación de esos servicios, las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable, presten los siguientes servicios por cuenta de terceros:

  • constituir sociedades u otras personas jurídicas
  • ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos
  • ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones
  • ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.

En los supuestos de personas jurídicas y de personas físicas que actúen en concepto de empresarios, que presten los servicios enumerados en el artículo 2 de la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales,  la obligación de inscripción se cumplirá mediante su inscripción en forma ordinaria, en el Registro Mercantil como entidad o empresario, unida a una simple declaración de que se viene realizando, o bien se va a iniciar, alguna o algunas de las actividades comprendidas en dicho artículo. A ello se une la manifestación relativa a sus titulares reales.

La declaración anual sobre los servicios prestados se deberá realizar en el acto del depósito de las cuentas anuales.

La declaración de realización de alguna o algunas de las citadas actividades, la relativa a los titulares reales y la declaración anual sobre las mismas actividades constituyen el simple cumplimiento de una obligación legal de declaración, por lo que no son objeto propiamente de calificación de su contenido, sino simplemente del cumplimiento de los deberes formales, la integridad de la declaración y la legitimación del declarante.

Las personas físicas que presten los servicios enumerados en el artículo 2.1.o) de la ley actuando como profesionales, y por tanto no como empresarios, deben realizar unas declaraciones análogas, si bien de forma simplificada. Así, se inscribirán de forma telemática simplemente mediante la simple cumplimentación de un formulario preestablecido y no tienen la obligación de depositar sus cuentas anuales, sino únicamente de realizar el depósito telemático dentro de los tres primeros meses de cada año de un documento cuyo contenido se determinará mediante la orden de la Ministra de Justicia que está siendo objeto de tramitación y redacción. Se trata, por tanto, del simple cumplimiento de una obligación legal de registro de la declaración de alta como proveedor de servicios, por estarlos prestando o ir a iniciar su prestación, o bien de baja cuando se haya cesado en la prestación de los mismos, que da lugar a la inscripción del declarante en el Registro Mercantil o a la cancelación de dicha inscripción.

En relación con la forma de realizar la declaración, la misma ha de ser telemática debiendo quedar debidamente identificada la persona que la hace, empleando un sistema de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada, basado en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

Por lo que se refiere al contenido de la declaración, deberá esta comprender, debidamente parametrizados en los campos correspondientes, únicamente los datos esenciales para la identificación de la persona física, prestadora de servicios: registro mercantil competente, tipo de documento de identidad y número, nombre, apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio profesional, pertenencia, en su caso, a un Colegio Profesional y número de colegiado, teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio para notificaciones, en el supuesto de que se quiera indicar uno diferente del domicilio profesional.

La declaración, una vez cumplimentados los anteriores campos, irá seguida de un texto redactado en los siguientes términos: “Que en los términos previstos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, declara bajo su responsabilidad prestar o haber prestado alguno de los siguientes servicios por cuenta de terceros: Constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones. En consecuencia, solicita la inscripción en el Registro Mercantil, en su concepto de prestador de servicios a sociedades y fideicomisos, de conformidad con el apartado 4 de la disposición adicional única de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.

El plazo para realizar la declaración comenzará el día 4 de septiembre de 2019, tan pronto como esté en funcionamiento la aplicación informática en la sede electrónica del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Jurídico de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

AICA se sitúa entre las 37 empresas premiadas en la VII edición de Alcobendas Concilia y VI edición de Alcobendas Empresas por la Igualdad

Sin categoría

El Ayuntamiento de Alcobendas ha premiado a una carnicería, a una peluquería, a una óptica y a la Asociación de Empresarios y Comerciantes (AICA), entre otros, por sus políticas de conciliación.

Con el fin de promover la igualdad y la conciliación laboral, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un año más la VII edición de Alcobendas Concilia y la VI edición de Alcobendas empresas por la igualdad. Este año han participado un total de 37 empresas, en ambos proyectos, de las cuales 10 empresas participan por primera vez y el resto renueva su sello y demuestra su compromiso y fidelización al proyecto. Muchas de ellas incluso participando en los dos proyectos.

Son empresas que, entre sus medidas, han optado por la flexibilidad horaria, las jornadas intensivas a demanda de los trabajadores, los cheques guardería y las reducciones de jornada, entre otras cuestiones. Las empresas participantes, además, han recibido asistencia técnica y consultoría especializada en consolidación empresarial con perspectiva de género, y se les ha ofrecido herramientas y estrategias que faciliten la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal y profesional.

En esta edición, se ha dado difusión a las novedades incluidas en éste como la ampliación de la obligatoriedad a empresas de menor número de personas en plantilla, las auditorías salariales, o la organización del tiempo de trabajo entre otras. Además, se ha realizado una encuesta online con el objetivo de recoger la opinión de las empresas sobre las dificultades para implantar medidas o planes que promuevan la corresponsabilidad y la igualdad salarial, y, de modo general, la igualdad de oportunidades. Dicha encuesta abordaba aspectos como protocolos de prevención y tratamiento del acoso sexual y acoso por razón de sexo, la transparencia en la política de salarios, la incorporación de personas con capacidades diferentes.

Estas son las empresas u organizaciones que han recibido o renovado el sello este año: AICA, Abel ópticos, Adecco Formación SAU, Amauta, Ana Povedano, Asifor, Asime, Aurigae, Bausch&Lomb, Carnicerías El Bulevar, Descubrir tours, Dicomat, Empieza Fresh Consulting, Escuela Infantil Manoplas, Fundación Salto, Herbolario Buda, Iberman, Italfarmaco, KIA Motors Iberia, Konecta BTO, Konecta Mediación SL, Konecta Servicios de BPO, Konecta Servicios administrativos,La oficina secreta, Mados interiorismo, Mallol Asetyc, Mantelec, Mari P

Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable

Actualidad, Legislación, Sin categoría

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 12 de abril de 2019 y, por Orden PCI/566/2019 de 21 de mayo, ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE son parte de un nuevo panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. Esta sostenibilidad debe ser entendida en su doble vertiente social y medioambiental.
Las tres directivas citadas impulsan de manera decidida la denominada «contratación pública estratégica», entendiendo por ésta la utilización del poder de compra publica, dada su naturaleza horizontal y el enorme volumen de recursos que moviliza, para favorecer la consecución de objetivos propios de otras políticas públicas como son los sociales y laborales, medioambientales, de apoyo a la PYMEs, la innovación y el desarrollo o la defensa de la competencia.

Adicionalmente el Plan prevé la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública que, en el plazo máximo de seis meses, deberá realizar los trabajos preparatorios necesarios para la adopción por parte del Consejo de Ministros del Acuerdo a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017.

El Plan igualmente presta atención a la necesaria formación de las personas que tramiten expedientes y procedimientos de licitación de contratos, así como de aquéllas que deban realizar el seguimiento y la supervisión de su ejecución.
El presente plan se aplicará por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y demás entidades que integran el sector público estatal en el sentido definido por el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Se define la «Contratación pública estratégica socialmente responsable» como aquélla que hace referencia al proceso a través del cual los órganos de contratación del sector público estatal contratan obras, suministros o servicios o celebran contratos de concesión de obras o de concesión de servicios tomando en consideración para el diseño de la licitación, la sustanciación del procedimiento correspondiente y durante la ejecución del contrato resultante de este procedimiento, criterios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017.
Conforme a este nuevo Plan, al elegir el procedimiento de licitación los órganos de contratación tendrán en cuenta, si se está ante concesión de servicios especiales el uso del por procedimiento será el restringido y si se está ante contratos de servicios sociales personalísimos se hará uso del procedimiento de negociación.
Asimismo, con carácter general el órgano de contratación deberá velar por la incorporación siempre que sea posible de consideraciones sociales al configurar la licitación, teniendo en cuenta:

1. Al establecer las prescripciones técnicas: En los contratos de obras, de suministro o de servicios podrá tener la consideración de prescripción técnica el conjunto de especificaciones técnicas en las que se definan las características requeridas de un material, producto o servicio, incluido el impacto social o laboral de dichos materiales, productos o servicios, la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas. Las prescripciones técnicas podrán referirse al proceso o método específico de producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este.

2. El pliego señalará el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad, la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato; excepto cuando no sea posible señalar esta información.

3. Los órganos de contratación incluirán en los pliegos correspondientes a licitaciones de contratos de suministros y de servicios la exención de la garantía definitiva para los licitadores que resulten propuestos adjudicatarios de aquéllos contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, salvo excepciones que habrán de justificar convenientemente en el expediente; todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 9/2017.

4. Los órganos de contratación indicarán a los candidatos o licitadores en los pliegos correspondientes a procedimientos distintos del procedimiento abierto simplificado, que la declaración responsable ajustada al modelo de documento europeo único de contratación comprende, entre otros extremos, la declaración de que no se encuentran incursos en la prohibición de contratar, cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad.

5. Cuando el objeto del contrato requiera de aptitudes específicas en materia social, de prestación de servicios de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias.

6. Los pliegos les indicarán a los candidatos o licitadores que el órgano de contratación rechazará aquéllas ofertas que no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o laboral.

7. Los órganos de contratación en los procedimientos de contratación a deberán velar en todas sus fases por la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios; las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; la implicación de los usuarios de los servicios; y la innovación en la prestación del servicio.

Por lo que respecta a los criterios de adjudicación, se atenderá a la mejor relación calidad-precio; excepto cuando no sea posible. En todo caso la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá en la adjudicación de contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios sociales.

Finalmente, el Plan regula la ejecución del contrato imponiendo al órgano de contratación el seguimiento general de su ejecución debiendo tomar las medidas pertinentes para garantizar en la ejecución de los contratos que los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia social o laboral, imponiendo penalidades en caso de incumplimiento.