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El Tribunal Supremo fija nueva doctrina sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores. En concreto:

 

  • Comisiones de apertura en préstamos hipotecarios: se considera que la comisión de apertura no es ajena al precio del préstamo sino que constituye una partida del precio del préstamo, en cuanto que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. Tanto el interés remuneratorio como la comisión de apertura deben incluirse en el cálculo de la TAE a fin de que el consumidor pueda conocer el coste efectivo del préstamo.

El Tribunal considera legal la Comisión exigiendo exclusivamente transparencia en su redacción.

 

  • Efectos de la nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula por la sentencia 705/2015, de 23 de diciembre. El pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte a la que correspondiera según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato.

Por lo que respecta al arancel notarial , los costes de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por mitad. Esta misma solución procede respecto de la escritura de modificación del préstamo hipotecario.

En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, el interesado en la liberación del gravamen es el prestatario, por lo que le corresponde este gasto; y las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario deberá abonarlas quien las solicite.

El arancel registral corresponde al prestamista como gasto de inscripción de la hipoteca. En cambio, la inscripción de la escritura de cancelación correrá a cargo del prestatario.

 

  • Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El sujeto pasivo de este impuesto es el prestatario, salvo en los contratos de préstamo celebrados con posterioridad a la vigencia de Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de noviembre siguiente).

 

  • Gastos de gestoría. Serán abonados por mitad.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Jurídico de AICA
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Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

Derogado el Real Decreto Ley sobre Medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

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Por Resolución del Congreso de los Diputados de 22 de enero, se ha acordado publicar el Acuerdo de derogación del Real Decreto Ley 21/2019 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

En consecuencia, se deja sin efecto, en primer lugar, la modificación de la ley de Arrendamientos Urbanos quedando nuevamente en tres el plazo de prórroga obligatoria del arriendo.

Igualmente, deja de ser obligatoria la ampliación en un 10 % de la cuantía del fondo de reserva del presupuesto ordinario de una Comunidad para la ejecución de obras de accesibilidad de la Ley de Propiedad Horizontal.

Respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se vuelve a establecer la la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.

Y se suprime la bonificación potestativa de hasta el 95 % para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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El Tribunal Supremo confirma que es laboral el accidente al salir de la oficina en la pausa del café

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana abordamos una Sentencia emitida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 13 de diciembre de 2018.

En la mentada sentencia el alto Tribunal realiza un breve análisis sobre la denominada teoría de la ocasionalidad relevante, con el fin de matizar y analizar cuándo un accidente se produce debido a la prestación de un servicio y, por tanto, debe ser considerar como laboral.

En ese sentido, el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao manifestó que, el accidente de trabajo sufrido por una empleada durante los 15 minutos de descanso no era de carácter laboral sino accidente común, por cuanto el mismo no se había producido en el ámbito de la empresa ni durante la realización de las funciones propias de la empleada.

No obstante, la resolución fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por la empleada, por entender esta parte que existía un nexo causal entre el accidente que tuvo lugar y la actividad profesional. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia falla en sentido contrario al Juzgado de primera instancia y manifiesta que el accidente ha de ser calificado de laboral.

El Tribunal Supremo en su Sentencia manifiesta que “la salida de la trabajadora a la calle estuvo vinculada con el trabajo pues solamente por razón del mismo se produjo la salida y, por tanto, el evento lesivo, equiparando el referido descanso a tiempo de trabajo”. Consecuentemente, la pausa del café debe ser entendida como una actividad habitual de la vida laboral, por ello, el accidente que tuvo lugar en dicho periodo de tiempo debe ser calificado como accidente laboral.

Os recordamos que si os surgen dudas sobre la naturaleza de los accidentes o las bajas que sufren vuestros empleados, podéis contactar con el equipo laboral de la asociación que os asesorará al respecto.

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Nuevas medidas en materia tributaria y catastral

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Por Real Decreto-Ley 27/2018 se han producido diversas modificaciones en materia tributaria y catastral, siendo las más importantes las que seguidamente se detallan.

En el ámbito tributario se introduce varias modificaciones en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Así se declaran exentas las prestaciones públicas por maternidad y paternidad percibidas de la Seguridad Social. Los contribuyentes beneficiarios de tales prestaciones no tendrán que tributar por las mismas y podrán solicitar la devolución de lo tributado por ellas en ejercicios anteriores no prescritos, habiéndose articulado por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los cauces necesarios para facilitar tal devolución.

Además, se extiende la exención a las prestaciones percibidas por los empleados públicos encuadrados en un régimen de Seguridad Social que no de derecho a percibir la prestación por maternidad o paternidad de la Seguridad Social y los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que perciben tales prestaciones de las mutualidades de previsión social

Se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites cuantitativos que delimitan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación del método, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos.

A semejanza de la antedicha medida, se prorrogan para el período impositivo 2019 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el Impuesto sobre Sociedades, los cargos y abonos a cuentas de reservas que se generen con ocasión de los ajustes de primera aplicación tendrán, cuando así proceda por la aplicación de la normativa reguladora del Impuesto, efectos fiscales, es decir, deberán tenerse en consideración para la determinación de la base imponible del Impuesto correspondiente al período impositivo 2018. Se establece un régimen transitorio para integrar en la base imponible los citados cargos y abonos a cuentas de reservas, en cuanto tengan efectos fiscales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del Impuesto, de manera que dicha integración se efectuará por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los tres primeros períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio neto deben valorarse a valor razonable con cambios en resultados, a no ser que la entidad opte irrevocablemente y desde el inicio por reconocer estos cambios de valor en otro resultado global.

Se mantiene el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio 2019.

El real decreto-ley incluye la aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos para 2019 en los términos del artículo 32.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, que prevé dicha actualización en determinados supuestos mediante la incorporación de la medida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año. Como quiera que la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 no va a tener lugar en el calendario ordinario, y dado que se trata de una medida que tiene una repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se devenga el 1 de enero de cada año natural, resulta obligada la utilización de un real decreto-ley para que entre en vigor antes de la finalización del presente ejercicio.

También se establece, con efectos exclusivos para el año 2019, la prórroga de los plazos establecidos en el artículo 72.6 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que los Ayuntamientos cuyos municipios se encuentren incursos en procedimientos de valoración colectiva de carácter general puedan aprobar con mayor holgura un nuevo tipo de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como también se establece la prórroga del plazo previsto en el artículo 27.3 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario para la aprobación y publicación de las ponencias de valores totales. Igualmente, se amplía el plazo previsto en el artículo 32.2 de la referida Ley del Catastro Inmobiliario para la solicitud municipal de aplicación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles urbanos.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Ayudas a la contratación indefinida de la Comunidad de Madrid

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Estimados asociados, en la nota  informativa de esta semana os informamos de las ayudas a la contratación indefinida que otorga La Comunidad de Madrid.

Las antedichas ayudas se estructuran en tres bloques. Por un lado, las ayudas de carácter general dirigidas a cualquier contratación estable, que ascienden a 4.000 euros o 4.500 en el caso de contratos a mujeres o personas trans; por otro las ayudas para personas de especial atención (mayores de 45 años, trabajadores retornados, desempleados de larga duración y jóvenes de la Garantía Juvenil), que ascienden a 5.500 y a los que se pueden añadir 500 euros adicionales también en el caso de mujeres y trans.

Por último, y de cara a los colectivos altamente protegidos, se destinan 7.500 euros ampliables también a 8.000 en el caso de mujeres y personas trans. Se trata de los mayores de 45 y parados de larga duración, parados de larga duración de más de 24 meses, víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, personas en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad.

Además, los autónomos que contraten a su primer empleado contarán con una ayuda adicional de 2.000 euros que se suma a la cuantía que corresponda de acuerdo con el perfil de la persona contratada. Esto supone que los autónomos pueden beneficiarse de ayudas a la contratación de hasta 10.000 euros por contrato. Además de las mencionadas ayudas para los autónomos que contraten a su primer trabajador, la Comunidad de Madrid cuenta con incentivos de hasta 3.900 euros para convertir contratos temporales en indefinidos; de hasta 5.000 euros para la formalización de contratos en prácticas y de hasta 3.440 euros de formación y aprendizaje.

 

Nueva calculadora de incentivos online

Para hacer posible que los empleadores conozcan de forma rápida y sencilla qué incentivo pueden aplicarse en función del tipo de contrato que vayan a realizar y del perfil de la persona que vaya a contratar se ha puesto en marcha la Calculadora Online de Incentivos a la Contratación. Se trata de una herramienta que permite conocer, a través de un sencillo cuestionario en un máximo de 6 pasos, cuál es la cuantía máxima que el empleador se puede aplicar en cada caso concreto. Asimismo, el programa incluye una versión para que los ciudadanos puedan calcular el incentivo que un empleador se puede aplicar según su perfil.

A continuación os facilitamos el enlace: http://www.madrid.org/incentivos-empleo/

 

Por otro lado, con la finalidad de  fomentar el autoempleo a través del emprendimiento, ya sea individual o colectivo, en 2019 se refuerzan las medidas de fomento del emprendimiento que contempla la Estrategia Madrid por el Empleo. Destacan la ampliación a dos años de la Tarifa Plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social de los nuevos autónomos y las ayudas de hasta 4.500 euros para hacer frente a los primeros gastos que conlleva la puesta en marcha de un nuevo proyecto.

La Comunidad también ha puesto en marcha el programa ‘Re-Emprende’ para aquellos autónomos que han agotado su prestación por cese de actividad. Incluye asesoramiento y formación con ayudas de hasta 450 euros al mes durante 6 meses. Además, si el trabajador decide volver a emprender recibirá 200 euros adicionales durante 12 meses para afrontar las cotizaciones a la Seguridad Social. En total, el programa se podrá extender 18 meses y la ayuda alcanza hasta los 5.100 euros por autónomo que vuelva a empezar.

De cara a la Economía Social, la Comunidad cuenta con un proyecto para el fomento del emprendimiento colectivo, que incluye ayudas de hasta 12.000 euros para sufragar parte de los costes iniciales de constitución de nuevas cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción. La cuantía ascenderá a los 15.000 euros cuando las empresas que se creen desarrollen su actividad en municipios de menos de 2.500 habitantes, cuando sean puestas en marcha por menores de 30 años y desarrollen su actividad en sectores emergentes.

 

Como siempre, si os surge cualquier cuestión sobre la presente nota informativa, podéis contactar con el equipo laboral de la asociación, que os asesorará al respecto.

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Ayudas de la Comunidad de Madrid para el fomento de la conciliación laboral

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Ficha informativa sobre las Ayudas de la Comunidad de Madrid para el fomento de la conciliación laboral

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA?

Ayudas para el fomento de la conciliación laboral en el ámbito de la Comunidad de Madrid tiene como fin promover la efectiva conciliación en el ámbito laboral de las personas trabajadoras, en equilibrio con las necesidades organizativas de la empresa, mediante medidas de conciliación y flexibilización de la jornada y del horario del trabajo.

 

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN.

Cuantía máximo de la subvención: 10.000 €

2.500 € por trabajador contratado hasta un máximo de 4.

 

QUIÉN PUEDE PRESENTARSE A ESTA AYUDA

  • Los trabajadores autónomos o por cuenta propia, dados de alta en el régimen que corresponda de la Seguridad Social o en la mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, sean o no a su vez miembros de sociedades civiles, de comunidades de bienes, o socios de sociedades mercantiles.
  • Las pequeñas y medianas empresas, así como las sociedades civiles con personalidad jurídica, que dispongan de menos de 250 trabajadores, de un volumen de negocio igual o inferior a 50 millones de euros anuales, y de un balance general anual igual o inferior a 43 millones de euros.

 

REQUISITOS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

  1. Tener contratados un mínimo de un trabajador y un máximo de 250.
  2. No superar los 50 millones de euros de volumen de negocio anual o tener un balance anual inferior a 43 millones de euros.
  3. No ser entidades públicas.
  4. Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid, y con la Seguridad Social.
  5. Realizar su actividad en la Comunidad de Madrid.
  6. Un acuerdo de flexibilidad horaria o teletrabajo por un periodo de tiempo no inferior a un año o bien un acuerdo colectivo con sus trabajadores; o contratar personal nuevo en la modalidad de teletrabajo, y establecer con el trabajador un acuerdo que regule esta situación por un período de tiempo no inferior a un año. Los acuerdos de teletrabajo y de flexibilidad horaria, tanto individuales como colectivos, deberán realizarse respetando las disposiciones legales y los convenios colectivos vigentes.
  7. Acreditación de haber realizado el plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
  8. Memoria explicativa y descriptiva de las actuaciones materiales a realizar, así como el número de personas trabajadores de la empresa a las que vaya a beneficiar dicha actuación.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

  • Solicitud.
  • Escrituras, acta o contrato de constitución de la entidad y modificaciones en su caso.
  • Estatutos de la entidad.
  • Certificado de inscripción o calificación en el registro correspondiente.
  • Poder notarial que acredite la representación legal, salvo que la capacidad de representación se contemple en los estatutos, o autorización del solicitante.
  • Vida Laboral de la Empresa actualizada.
  • Balance y cuenta de resultados de la entidad solicitante del ejercicio inmediatamente anterior a la correspondiente convocatoria anual.
  • Permiso de trabajo y residencia vigente, en caso de que el solicitante fuera extranjero no comunitario.
  • Resolución de alta Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el régimen especial por cuenta propia que corresponda o, en su caso, certificación de alta como ejerciente, en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente, en la que se indique la fecha de alta, los períodos cotizados y si se encuentra al corriente en el pago de sus cotizaciones.
  • Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. Modelo 037 o 036 (la casilla 411 deberá esta debidamente cumplimentada), o documento acreditativo del desarrollo de la actividad en la Comunidad de Madrid.
  • Justificante de pago del último recibo del I.A.E, o en su caso, declaración indicativa de que la cifra de negocio es inferior a 1.000.000€.
  • Facturas de los gastos realizados correspondientes a las actuaciones subvencionables, efectivamente abonadas mediante transferencia o tarjeta bancaria y con acreditación de dicho abono.
  • Acreditación de haber realizado el plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
  • Acuerdo individual o colectivo, firmado por el empresario y por los representantes legales del personal afectado por la medida conciliatoria, de teletrabajo o flexibilidad horaria y, en caso de no existir representación legal, firmado por el propio trabajador afectado.
  • Memoria explicativa y descriptiva de las actuaciones materiales a realizar, así como el número de personas trabajadores de la empresa a las que vaya a beneficiar dicha actuación.
  • Presupuesto detallado de los gastos para los que solicita la ayuda, cuantificado económicamente en todos sus epígrafes, especificando el IVA.
  • En su caso, contratos de trabajo en modelo de teletrabajo firmados por ambas partes, que justifiquen la actuación subvencionable.

 

PLAZO INDEFINIDO.

El plazo de presentación es indefinido hasta la finalización del presupuesto, que se ha estimado en 1.300.000 € para el año 2019.

Hay que presentar la subvención, con un máximo de tres meses con posterioridad a la firma del acuerdo de colaboración con el/los trabajadores.

 

MÁS INFORMACIÓN 

Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA

aica@empresariosdealcobendas.com

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Modificado el Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y Ley de Auditoria de Cuentas

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El 30 de diciembre del año pasado entró en vigor la modificación del Código de Comercio, Ley de Sociedades de capital y Ley de Auditoría de cuentas en materia de información no financiera y diversidad acordada por Ley 11/2018 de 28 de diciembre.

 
Por lo que se refiere a la modificación del Código de Comercio:

  • Se modifican los apartados 1 y 6 de su artículo 44 relativo al contenido de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado que habrán de incluir el estado de información financiera consolidado y será firmado por todos los administradores.
  • Se da nueva redacción al artículo 49: las sociedades que formulen cuentas consolidadas deberán incluir en el informe de gestión consolidado el estado de información no financiera consolidado si su número medio de trabajadores es superior a 500, tengan la consideración de entidades de interés público o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 de euros, que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000 de euros o que número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.
  • El estado de información no financiera consolidado incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal e información sobre cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal e información sobre la sociedad y respeto a los derechos humanos.
  • Este estado de información no financiera incluirá: una breve descripción del modelo de negocio del grupo, una descripción de las políticas que aplica el grupo, los resultados de esas políticas, principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo, indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta.

 

Las principales modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, comprenden:

  • Se modifica el artículo 62 en el sentido de que el Notario autorizante de la escritura de constitución o de ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito, que el notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella.

 

No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada si los fundadores manifiestan en la escritura que responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales de la realidad de las mismas.

  • Se da nueva redacción al artículo 253 relativos a la obligación de los administradores de formular y firmar las cuentas anuales e informe de gestión conteniendo el estado de información no financiera, y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.
  • Se modifica el artículo 262 indicando que las sociedades de capital deberán incluir en el informe de gestión un estado de información no financiera o elaborar un informe separado con el mismo contenido que el previsto para las cuentas.
  • Se actualiza el artículo 276 relativo al momento y forma de pago del dividendo que será pagadero en el domicilio social a partir del día siguiente del acuerdo de distribución. El plazo máximo para el abono completo de los dividendos será de doce meses a partir de la fecha del acuerdo de la junta general para su distribución.
  • Se modifica el artículo 348 bis añadiendo ciertas cautelas adicionales para evitar poner en riesgo la estabilidad financiera de las PYMES familiares que se verán forzadas a elegir entre, repartir dividendos o pagar la cuota de liquidación al socio que decida separarse.
  • Se da nueva redacción al artículo 549 estableciendo medidas de política de diversidad social en los procedimientos de selección de los miembros del Consejo de administración. Las sociedades deberán informar si se facilitó información a los accionistas sobre los criterios y los objetivos de diversidad con ocasión de la elección o renovación de los miembros del consejo de administración, de dirección y de las comisiones especializadas constituidas en su seno.

 

Respecto de la modificación de la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas:

  • Se modifica el artículo 35 «Artículo 35 en el sentido de que el informe de gestión no será de aplicación en los siguientes supuestos: en el caso de auditorías de cuentas consolidadas de sociedades a que se refiere el artículo 49.5 del Código de Comercio y de cuentas anuales individuales de sociedades referidas en el artículo 262.5 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el estado de información no financiera mencionado en los citados artículos, o, en su caso, con el informe separado correspondiente al mismo ejercicio al que se haga referencia en el informe de gestión, que incluya la información que se exige para dicho estado en el artículo 49.6 del Código de Comercio, conforme a lo previsto en el apartado 7 del mismo artículo.

 

Como siempre, si os surge alguna cuestión sobre la presente circular, podéis contactar con equipo Laboral de AICA, que os asesorará al respecto.
Departamento Laboral de AICA

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Novedades en materia laboral contenidas en el Real Decreto Ley 28/2018

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Estimados asociados, como novedades de este recién iniciado 2019, os informamos que el pasado día 28 de diciembre de 2018, se aprobó el Real Decreto Ley que nos ocupa, que es de aplicación desde el 1 de enero de 2.019, en la presente circular nos centramos en las cuestiones de índole laboral que recoge, en concreto:
 
Respecto a los Autónomos:

  • Base mínima de 944,40€/ mensuales (subida del 1,25%) y Base máxima de 4.070,10 €/mensuales.
  • Obligatoriedad para los autónomos de incluir ciertas coberturas hasta ahora opcionales en función de las condiciones de afiliación (tarifa plana, edad superior a 65 años, etc.)
  • Aumento del tipo de cotización hasta el 30% en el caso de tener todas las coberturas.
  • Comprobación administrativa de continuidad de la actividad en el caso de impago de cuotas. Llegando a efectuar bajas de oficio sí procede.
  • Nuevo aplazamiento de la aplicación de la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial.
  • Los autónomos anteriores a 1/01/1998 que tengan cubiertas las contingencias profesionales con Seguridad Social deberán optar por una entidad colaboradora (mutua de accidentes) en el plazo de 3 meses.
  • Nueva infracción laboral en el supuesto de falsos autónomos para supuestos de continuidad en la prestación de servicios habiendo tramitado una baja como empleado por cuenta ajena.
  • Se duplica el periodo de percepción de la prestación por cese de actividad. De 24 a 48 meses en el supuesto máximo.
  • Modificación en la bonificación tarifa plana para las nuevas altas.

 
Régimen General:

  • Como consecuencia de estar por debajo del umbral del 15% en la tasa de desempleo en el tercer trimestre de 2018, desaparecen los siguientes contratos o incentivos, manteniéndose los que estuvieran en vigor a 1/01/2019:
    • Contrato indefinido de emprendedores.
    • Límite de edad para la realización de contratos de formación y aprendizaje
    • Bonificaciones en la contratación indefinida de trabajadores jóvenes procedentes de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa.
    • Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.
    • Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.
    • Primer empleo joven.
    • Incentivos a los contratos en prácticas.
    • Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social.
  • Subida Salario Mínimo Interprofesional. Dado el incremento excepcional que éste ha sufrido (22,3%, hasta los 900 €*14 pagas) existen cláusulas de salvaguarda para que los Convenios Colectivos que en materia salarial tuvieran sujeta la revisión retributiva a la aplicación del S.M.I. no se vean afectados por tal circunstancia. De manera similar no quedan afectados los conceptos no salariales de convenio incluidos en normas no estatales o contratos privados, a los cuales se les aplicará normas transitorias.
  • Contratos inferiores a 5 días. La cotización por contingencias comunes empresarial será del 40%. Además se introduce un factor de temporalidad que permite al trabajador reunir un número mayor de días de alta de cara al acceso a prestaciones.
  • Base máxima de cotización: 4.070,10.-€/mensuales.
  • Modificación en las tarifas de primas de cotización por contingencias profesionales (en función de la actividad de la empresa). (la mínima que antes estaba en 0,9% pasa a 1,5%).
  • Se incluye obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes coticen en programas de formación, prácticas no laborales o practicas académicas externas (Becarios) con independencia de que haya o no compensación económica. Se regulará reglamentariamente en el plazo de 3 meses.

 
Empleados del Hogar:

  • Las bases de cotización se establecen en función de 10 tramos de retribuciones (aumento de tramos), el último de ellos conforme al salario percibido y determinando el número máximo de horas de trabajo que se podrán realizar según el tramo de cotización que sea de aplicación.
  • Los tipos de cotización varían conforme a la normalización progresiva que se viene aplicando anualmente y a la modificación de la tarifa de primas vista anteriormente. El empleador asume el 23,60% por contingencias comunes y el 1,50% por contingencias profesionales. El trabajador asume el 4,70% por contingencias comunes.
  • Desempleo, se mantiene el subsidio extraordinario de desempleo de manera indefinida hasta que se establezca un nuevo modelo asistencial.

 

Como siempre, si os surge alguna cuestión sobre la presente circular, podéis contactar con equipo Laboral de AICA, que os asesorará al respecto.
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