Legislación

Sentencia sobre el valor liberatorio del finiquito

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Continuando con el habitual análisis jurisprudencial que desde la asociación se realiza en el ámbito del derecho del trabajo, en la presente nota informativa analizamos una Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 30 de enero de 2019.

Nuestro Tribunal Supremo, en la antedicha sentencia establece que cuando la única manifestación de voluntad que el documento controvertido incorpora, pertenece exclusivamente al trabajador, reconociendo este que se consideran satisfechos sus créditos frente a la empresa, no puede deducirse de ello de manera suficiente una renuncia empresarial a los créditos que entendiera pendientes con dicho empleado, por más que hubiera sido la compañía la que hubiera elaborado la correspondiente liquidación y su desglose.

Continuando con lo anterior, en la referida sentencia se indica que para que la renuncia de derecho emitida pueda ser valorada como tal, habría precisado de una clara e indudable expresión, como exige el artículo 1283 del Código Civil. Sin embargo, en el caso analizado por la Sala de lo Social, lo que se hace con la liquidación –o con la propuesta previa que es incorporada en el documento de finiquito firmado por el trabajador– es calcular la situación económica existente en favor de este en el momento del cese.

En ese sentido, se explica en la sentencia que hubiera sido de todo punto irregular que la empresa condicionara tal liquidación a la eventualidad del resultado de la reclamación pendiente, máxime si se tiene en cuenta que la misma se hallaba ya sometida al procedimiento judicial.

Por lo tanto, la Sala concluye en su sentencia que ni cabe apreciar una renuncia a la acción de la parte actora, ni se deriva la voluntad clara e inequívoca de dar por satisfecho el crédito cuya litigiosidad se hallaba pendiente; no pudiendo comprenderse en el documento en cuestión cosas distintas de aquéllas que efectivamente se plasmaban en él (art. 1289 Código Civil).

Como siempre, si en vuestra empresa os dais cuenta que un empleado mantiene una deuda con posterioridad a la firma del documento de finiquito, os recomendamos que contactéis con el equipo laboral de la Asociación, que os asesorará al respecto.

Sentencia sobre la geolocalización de los empleados

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana abordamos una Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social) de 6 de febrero de 2019.

En la misma la Audiencia Nacional, analiza la posibilidad de que una empresa de comida preparada a domicilio imponga de forma unilateral a sus repartidores la obligación de estar geolocalizados cuando realicen tareas de reparto, mediante una aplicación descargada en sus teléfonos móviles personales, a cambio de una compensación económica, y prevea medidas disciplinarias, que pueden llegar hasta el despido, en caso de incumplimiento de dicha obligación.

La Sala empieza su razonamiento recordando que, si bien la doctrina judicial ha venido admitiendo que los empresarios puedan imponer sistemas de geolocalización a los trabajadores en ejercicio de la libertad de empresa, la implantación de dichas medidas (en cuanto suponen una injerencia en los derechos fundamentales de los trabajadores), deberán superar el denominado “juicio de proporcionalidad”, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En el caso analizado, la Audiencia Nacional considera que la medida implantada no supera el necesario juicio de proporcionalidad, por cuanto la finalidad perseguida podría haberse alcanzado mediante la adopción de medidas que supusieran una menor injerencia en los derechos fundamentales de los empleados. Cita, a título de ejemplo, la posibilidad de instalar sistemas de geolocalización en las motocicletas, o el uso de pulseras con tales dispositivos, que, además, no implicarían para el empleado la necesidad de aportar medios propios ni datos de carácter personal, como el número de teléfono.

Asimismo, señala la Sala que para la implantación del sistema de geolocalización en cuestión, el empresario ha prescindido de proporcionar a los trabajadores la información prevista por la normativa en materia de protección de datos.

Si bien, a juicio del Tribunal, cuanto se ha expuesto sería suficiente para justificar la estimación del recurso y la subsiguiente declaración de nulidad de la medida en cuestión, en su argumentación ahonda en el análisis del hecho de que en el caso enjuiciado la empresa exigiera a sus empleados la aportación de un teléfono móvil con conexión de datos para desarrollar su trabajo.

El Tribunal considera que ello supone un manifiesto abuso de derecho por los siguientes motivos: en primer lugar, por quebrar con la necesaria ajenidad en los medios, lo que caracteriza la nota de ajenidad del contrato de trabajo; en segundo lugar, por responsabilizar al trabajador de los medios, de forma que cualquier impedimento en la activación del sistema puede implicar la suspensión de su contrato de trabajo e incluso su despido; y, finalmente, por la insuficiente compensación prevista como contrapartida por la imposición de dicha medida.

A la luz de todos estos motivos, Audiencia Nacional estimó el recurso y declaró la nulidad de la medida de geolocalización por móvil impuesta por la empresa .En ese sentido os recordamos que si queréis instaurar medidas de control de la actividad de vuestros empleados, podéis contactar con el equipo laboral de la Asociación, que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Laboral de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

Aprobada la reforma del código penal en materia de imprudencia en la conducción y abandono del lugar del accidente

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Por Ley Orgánica de 2/2019 de 1 de marzo, se ha aprobado la modificación de los delitos cometidos con vehículos a motor introduciendo tres nuevos supuestos que comisión delictiva grave, aumento de la punición de este tipo de conductas e implantación del delito de abandono del lugar del accidente.

Por lo que se refiere al primero, cabe señalar que esta modificación supone darle carta legal a la actividad que ya desde el Ministerio Fiscal y por la jurisprudencia se venía acordando, de considerar la conducción temeraria cuando concurra un riesgo concreto para la integridad de las personas.

Con ello se garantiza la mayor sanción para determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad. Se reconoce de forma expresa que existen determinadas circunstancias indicativas de una especial negligencia por parte del conductor y han de tener consideración inequívoca en las consecuencias penales como imprudencia grave.

El aumento de la punición de este tipo de conductas se propone a través de dos vías. Por un lado, la introducción de un nuevo artículo 142 bis. La redacción permitirá al Juez o Tribunal imponer la pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves, causados por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor.

Lo mismo sucede con la introducción del artículo 152 bis, que permite incrementar en un grado la pena cuando hubiera una pluralidad de personas que sufrieran lesiones graves con pérdida de órganos vitales, o de dos cuando ese número de lesionados fuera muy elevado.

Por otro lado, el aumento de la punición también se refleja en la introducción de la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores en un nuevo párrafo del artículo 382, complementaria de la ya prevista por la regla concursal que determina la aplicación de la pena del delito más grave en su mitad superior en los casos de producción de un resultado lesivo cuando concurra la conducción temeraria, prevista y penada en el artículo 381.

En tercer lugar, se introduce el delito de abandono del lugar del accidente con una redacción autónoma, dentro del capítulo IV del Código Penal, dedicado a los delitos contra la seguridad vial, por entender que se trata de una conducta diferente y, esta vez sí, dolosa e independiente de la conducta previa imprudente o fortuita. Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico. Se busca evitar el concurso de normas entre este tipo penal y el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.3 del Código Penal para los casos de lesiones a través de la previsión contenida en el texto, de subsidiariedad de este delito respecto del aquél, refiriéndolo a los casos de personas que sufran lesiones graves pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Modificación del Código Penal en materia de abuso de mercado, terrorismo y fraude financiero

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Mediante Ley Orgánica1/2019 de 20 de febrero, vigente a partir del 13 de marzo, se ha modificado el Código Penal transponiéndose diversas directivas comunitarias relativas a supuestos de abuso en el mercado, lucha contra el terrorismo, fraude financiero, protección penal del euro y otras monedas, prevención y persecución del delito de tráfico de órganos humanos y corrupción.

Por lo que se refiere el abuso del mercado:

  • Se modifican los artículos 284 y 285 del Código Penal introduciéndose como delitos graves la utilización de información privilegiada: cuando se hayan cometido intencionalmente las operaciones con información privilegiada, (incluyendo la recomendación o inducción a otra persona a realizar operaciones con información privilegiada); la comunicación ilícita de información privilegiada; y la manipulación de mercado. Asimismo se considera infracción penal los actos de incitación, complicidad y tentativa de las indicadas operaciones, e igualmente la responsabilidad de las personas jurídicas en relación con la comisión de tales hechos delictivos. El bien jurídico protegido no se configura tanto en atención al contenido patrimonial o al propio orden socioeconómico, como a la integridad de los mercados y la confianza de los inversores que actúan en ellos.
  • Se incorporan, como medios de comisión del delito, la utilización de artificios y el empleo de las tecnologías de la información para la alteración de precios; en el objeto de protección, los contratos de contado sobre materias primas relacionadas con instrumentos financieros y los índices de referencia y, en la punición, un incremento de las sanciones para cumplir con las exigencias de la directiva. Además se prevé una agravación específica para los supuestos en que el autor del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, una entidad de crédito, una autoridad supervisora o reguladora, o una entidad rectora de mercados regulados o centros de negociación.
  • Se incorporan tres nuevos preceptos para tipificar la comunicación ilícita de información privilegiada cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores; definir los instrumentos financieros, contratos, conductas, operaciones y órdenes previstos a la normativa europea y española en materia de mercado e instrumentos financieros; y para establecer de manera expresa la punición de los actos de proposición, conspiración y provocación.

Por lo que se refiere a los delitos de terrorismo:

  • Se modifican los artículos 572 y 573 de Código Penal introduciendo mayores penas máximas a los dirigentes de una organización o grupo terrorista como la inhabilitación absoluta y se incluye, entre los delitos terroristas, la falsedad documental extendiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Por lo que se refiere a los delitos contra la Hacienda Europea, cohecho y malversación:

  • Se incorpora al artículo 427 la ampliación del concepto de funcionario público que debe tenerse en cuenta en los delitos de cohecho y malversación; se introduce un nuevo artículo 435 bis para extender la responsabilidad de estos funcionarios en relación con el delito de malversación.
  • Se aumenta la cuota defraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la Unión Europea.
  • Se establece también la responsabilidad de las personas jurídicas en el delito de malversación a aquéllas que por cualquier motivo gestionen recursos públicos o de cualquier otro modo estén encargados del erario público.

Por lo que se refiere a la falsificación de moneda:

  • Se amplía el abanico de sanciones que se pueden imponer a las personas jurídicas cuando sean responsables penales de delitos de falsificación de moneda y se amplía la protección penal del euro y de cualquier moneda extranjera cuando la falsificación afecte en general a las fronteras de la Unión Europea.

Por lo que se refiere al delito de tráfico de órganos humanos:

  • Se completa el régimen de prevención y persecución del delito de tráfico de órganos humanos y se da una más clara delimitación de las conductas típicas, se agravan las penas en supuestos de especial reproche y se explicitan los supuestos de actuación de organización o grupo criminal de forma análoga al tratamiento en estos supuestos del delito de trata de seres humanos, incluyendo, además, la agravante de reincidencia internacional.

Por lo que se refiere a la corrupción:

  • Se disipan dudas sobre las conductas de corrupción en el ámbito privado y se revisa la corrupción de jurados y árbitros para asegurar su incriminación no sólo cuando actúan en ejercicio de funciones públicas sino también privadas, tanto en el aspecto activo como en el pasivo. Por último, se ajusta la definición de funcionarios públicos extranjeros en relación con el delito de tráfico de influencias.

 

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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El Supremo confirma que el contenido de la nómina debe ser de fácil

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Estimados asociados, en la circular informativa de esta semana abordamos una sentencia de la Sala Cuarta de nuestro Tribunal Supremo de fecha 17 de enero de 2019 en materia de nóminas (recibo de salarios).

En la Sentencia, el Tribunal Supremo ratifica una sentencia de la Audiencia Nacional poniendo el énfasis en el principio de transparencia que debe girar a la hora de confeccionar las nóminas y dispone que la empresa debe usar un modelo del que fácilmente se desprenda que las operaciones que realiza son correctas.

La empresa alegaba que del contenido del modelo de nóminas que utilizaba se desprende que el trabajador conoce con claridad lo abonado por los días de baja por incapacidad temporal y por los días en los que se le modifica la jornada laboral, por cuanto como conocen los días de baja laboral y de ampliación o reducción de jornada, pueden hacer las operaciones matemáticas oportunas.

Ante este argumento, el Tribunal Supremo dispone que “esa alegación no es de recibo porque, como la propia empresa reconoce que obliga al trabajador a controlar el número de días de trabajo y el de horas trabajadas, así como a realizar unas operaciones matemáticas más o menos complejas para comprobar que la empresa le paga lo correcto”.

La antedicha circunstancia, razona el Supremo, se opone al principio de transparencia con el que debe actuarse en la relación laboral y que debe inspirar la redacción del contrato y de los demás documentos que del mismo se derivan.

En consecuencia, el contenido de la nómina debe ser transparente, esto es, de fácil comprobación de los conceptos pagados y del cálculo e importe de cada uno de ellos realizando el mínimo número de operaciones matemáticas y sin necesidad de acudir al registro de datos que, aunque el trabajador conozca, no le sean comunicados por la empresa.

 

Como siempre, si la configuración de los recibos de salario de vuestros trabajadores no están realizados de una forma sencilla entendible, podéis contactar con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

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Sentencia sobre un despido nulo por discapacidad

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Estimados asociados, en la circular de esta semana nos hacemos eco de una Sentencia que ha tenido eco en diversos medios de comunicación.

La Sentencia pertenece a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y en la misma se estimó el pasado mes de enero el recurso de una mujer, que trabajaba de camarera. Lo relevante de esta sentencia es que anuló la sentencia de instancia que declaró su despido improcedente, tras concluir que “no estamos ante una mera enfermedad, sino ante una discapacidad”.

Lo relevante de esta Sentencia es que constituye doctrina respecto a concretar y aclarar los conceptos de los despidos por razón de discapacidad y el despido por razón de enfermedad, toda vez que la misma ha debido firme ya que ninguna de las partes intervinientes ha anunciado que va a proceder a su impugnación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

En ese sentido, el Jugado de la instancia que emitió la resolución, el Juzgado de lo Social nº 3 de Santander, desestimó la nulidad y declaró improcedente el despido en septiembre de 2018. La trabajadora recurrió alegando que el despido “responde a un factor discriminatorio, su discapacidad”, y la empresa se opuso al considerar que “no es posible equiparar la situación de la trabajadora a la discapacidad”.

La sentencia del TSJC señala que el cáncer de útero “ocasiona una limitación duradera, al tratarse de un proceso morboso que no presenta una perspectiva bien delimitada de finalización a corto plazo” y concluye que la demandante se encontraba en el momento del despido, en una situación de discapacidad. “Los indicios aportados por la trabajadora de estar siendo tratada desfavorablemente por razón de una enfermedad de larga duración, como es el cáncer, no han sido desvirtuados por la empresa”, concluye la sentencia.

Para concluir, si en vuestra empresa os encontráis con alguna situación similar a la tratada en la presente nota informativa, podéis contactar con el equipo laboral de la asociación que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

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Nueva regulación de los secretos empresariales

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El pasado 6 de febrero el Senado ha aprobado el texto enviado por el Congreso de la nueva Ley de Secretos Empresariales, estándose a la espera de su publicación en el BOE para su entrada en vigor y prevista para los próximos días.

La norma será la primera ley española que regule de forma especial e íntegra los secretos empresariales mediante la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva Europea  2016/943, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícita.

La nueva ley afectará principalmente a los sectores más innovadores, tecnológicos y de ciencias de la vida, siendo su principal objetivo armonizar la regulación de los secretos empresariales a nivel de la UE y será aplicable a “cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos“.

 

Como principales novedades, la Ley recoge:

1.- Concepto, requisitos y límites del secreto profesional.

Aunque ya existía una definición en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en la nueva Ley el secreto se define como un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial no dotado de exclusividad  sobre el que no existe un registro constitutivo del derecho y de carácter no absoluto sino limitado por el ejercicio de otros derechos, (como la libertad de expresión e información.

El secreto nace  por su sola creación, siempre que la información, (independientemente de su naturaleza, ya sea técnica, científica, comercial u otra),  cumpla cumulativamente los siguientes requisitos:

  1. a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;
  2. b) tener un valor comercial por su carácter secreto, pudiendo ser este valor comercial no solo real sino también potencial;
  3. c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control.

 

2.-Actos que constituyen infracción y actuaciones lícitas.

La inclusión explícita de la protección de los actos de relacionados con la producción, oferta y comercialización de mercancía infractora, definida como “aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita”.

Se considera infractor no solo el que actúa con culpa, sino también al que actúa con negligencia porque en el momento de obtener, revelar o utilizar un secreto empresarial supiese o, de las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita.

Al mismo tiempo se establecen límites para proteger la movilidad de los trabajadores y la negociación con sus representantes diferenciando entre experiencia adquirida por el trabajador en el desempeño de sus funciones y secretos comerciales.

 

3.- Régimen dispositivo subsidiario para los casos de cotitularidad y licencia de los derechos sobre el secreto empresarial.

Las partes podrán acordar  libremente cómo establecer los regímenes de cotitularidad y licencia, pero la Ley establece un régimen subsidiario.

 

4.- Acciones de defensa frente a las infracciones de secretos empresariales y régimen de prescripción.

La norma incluye un  catálogo de acciones y medidas de defensa frente a las infracciones de secretos empresariales similares a las establecidas en defensa de patentes y actos de competencia desleal.

Destaca la introducción de medidas reforzadas para la protección de la información que deba divulgarse durante el procedimiento judicial para determinar si se da la infracción de un secreto y el endurecimiento de las medidas en los casos de incumplimiento de las reglas de la buena fe procesal.

Se posibilita el ejercicio de acciones “frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales, a los efectos de la presente ley, quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor” En estos casos no cabrá la acción de indemnización de daños y perjuicios, (prevista exclusivamente cuando concurra dolo o culpa del infractor), pero si la imposición de medias de cesación, prohibición de realizar las actuaciones infractoras y remoción que podrán ser sustituidas por el pago de una suma indemnizatoria siempre que esta sea proporcionada, razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medias de cesación, prohibición o remoción causara a la demandada un perjuicio desproporcionado.

En cuanto a la prescripción de las acciones, la nueva Ley establece un plazo de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

 

5.- Herramientas procesales para hacer efectiva la tutela de los derechos del titular del secreto empresarial durante el proceso judicial.

Se incluyen medidas referidas tanto a cuestiones generales del proceso en sí (jurisdicción, legitimación y competencia) como a medidas específicas para la protección de la información durante el proceso, así como posibles diligencias de comprobación de hechos, acceso a fuentes de prueba, medidas de aseguramiento de la prueba y medidas cautelares.

Las medidas específicas para la protección de la información durante el proceso son esenciales. Para poder conocer de un caso de infracción por secreto empresarial es necesario que se identifique el secreto infringido. En este sentido, traemos a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) de 17-XI-2011. El demandante alegaba la concurrencia de actos de competencia desleal por violación de secretos (art. 13 LCD) e inducción a la terminación irregular de contratos de trabajo (art. 14.2 LCD) y, a mayor abundamiento, la cláusula general (entonces art. 5 LCD, actual art. 4 LCD). Sin embargo, el demandante no identificó los secretos supuestamente vulnerados ni presentó pruebas periciales sobre la vulneración en cuestión (que en cualquier caso hubieran debido identificar los secretos supuestamente vulnerados). La demanda fue plenamente desestimada tanto en primera instancia como en apelación.

Respecto de las medidas cautelares durante el proceso, deberán examinarse especialmente las circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad teniendo en cuenta el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria en su obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícitas, los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la adopción o de la falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales“.

Finalmente, se agravan las medidas que los órganos judiciales pueden adoptar frente a incumplimientos de las reglas de la buena fe procesal para impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen las acciones previstas en la ley con la finalidad de ejercer una indebida presión sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por alguna de las excepciones que contempla la Directiva y la ley traspone.

 

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Sentencia del Tribunal Supremo que establece que las empresas no están obligadas a tener comedor de empresa

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Estimados asociados, os informamos del contenido de una Sentencia de la Sala Cuarta de nuestro Tribunal Supremo, de fecha 13 de diciembre de 2018, que establece que las empresas ya no están obligadas a disponer de comedores de empresa para los empleados. Esta sentencia supone un giro jurisprudencial, porque hasta la fecha nuestros Juzgados de lo Social en sus sentencias venían estableciendo en la mayoría de los casos lo contrario.

En el texto de la Sentencia, se explica que el Decreto 8 de junio de 1938 y la Orden ministerial 30 de junio de 1938, no se encuentran vigentes, puesto que se incorporaron al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por la Orden del Ministerio de Trabajo de 3 de mayo de 1940.

A su vez, según se continúa explicando en los fundamentos de derecho de la sentencia, la  Orden y Reglamento quedaron derogados por la Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprobó la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y esta, a su vez, por el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, que ha venido a constituirse en la legislación vigente a estos efectos.

El Alto tribunal explica que ninguna obligación específica impone a las empresas para instalar comedores en sus centros de trabajo en los términos del Decreto y la Orden de 1938, más allá de la referencia que hace en su Anexo V en la que se dice que: “en los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la misma, dichos trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y comedores”.

Esta última disposición legal es la que se encuentra vigente en la materia, y, sin entrar a valorar el alcance de esa obligación, que no era objeto del recurso, nuestro Tribunal Supremo explica que es fácil apreciar que se refiere exclusivamente a los trabajos al aire libre en los que los trabajadores no puedan acudir cada día a pernoctar a su lugar de residencia, por lo que no guarda la menor semejanza con lo previsto en aquella normativa del año 1938.

En definitiva, en el momento actual no existe ninguna norma en vigor, de carácter legal o convencional, de la que pudiere desprenderse que el empresario esté obligado en el caso de autos a instalar un comedor de empresa en un centro de trabajo con las características del que resulta afectado en este conflicto colectivo (311 trabajadores con tiempo de comida de 1 a 2 horas). Estamos ante una materia que, debido a la ausencia de normas, es terreno hábil y adecuado para la negociación colectiva, en cuyo campo deberían acordarse las medidas oportunas que satisfagan los intereses de las partes.

Por lo tanto, salvo que el convenio colectivo de aplicación en la empresa imponga la obligación de disponer de un comedor para los empleados, las empresas no estarían obligadas a tenerlo. Con independencia de lo anterior, si os surge cualquier cuestión sobre la presente nota informativa, podéis contactar con el equipo de la asociación, que os asesorará al respecto.

 

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