Legislación

Novedades en materia laboral contenidas en el Real Decreto Ley 28/2018

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Estimados asociados, como novedades de este recién iniciado 2019, os informamos que el pasado día 28 de diciembre de 2018, se aprobó el Real Decreto Ley que nos ocupa, que es de aplicación desde el 1 de enero de 2.019, en la presente circular nos centramos en las cuestiones de índole laboral que recoge, en concreto:
 
Respecto a los Autónomos:

  • Base mínima de 944,40€/ mensuales (subida del 1,25%) y Base máxima de 4.070,10 €/mensuales.
  • Obligatoriedad para los autónomos de incluir ciertas coberturas hasta ahora opcionales en función de las condiciones de afiliación (tarifa plana, edad superior a 65 años, etc.)
  • Aumento del tipo de cotización hasta el 30% en el caso de tener todas las coberturas.
  • Comprobación administrativa de continuidad de la actividad en el caso de impago de cuotas. Llegando a efectuar bajas de oficio sí procede.
  • Nuevo aplazamiento de la aplicación de la figura del trabajador autónomo a tiempo parcial.
  • Los autónomos anteriores a 1/01/1998 que tengan cubiertas las contingencias profesionales con Seguridad Social deberán optar por una entidad colaboradora (mutua de accidentes) en el plazo de 3 meses.
  • Nueva infracción laboral en el supuesto de falsos autónomos para supuestos de continuidad en la prestación de servicios habiendo tramitado una baja como empleado por cuenta ajena.
  • Se duplica el periodo de percepción de la prestación por cese de actividad. De 24 a 48 meses en el supuesto máximo.
  • Modificación en la bonificación tarifa plana para las nuevas altas.

 
Régimen General:

  • Como consecuencia de estar por debajo del umbral del 15% en la tasa de desempleo en el tercer trimestre de 2018, desaparecen los siguientes contratos o incentivos, manteniéndose los que estuvieran en vigor a 1/01/2019:
    • Contrato indefinido de emprendedores.
    • Límite de edad para la realización de contratos de formación y aprendizaje
    • Bonificaciones en la contratación indefinida de trabajadores jóvenes procedentes de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa.
    • Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.
    • Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.
    • Primer empleo joven.
    • Incentivos a los contratos en prácticas.
    • Incentivos a la incorporación de jóvenes a entidades de la economía social.
  • Subida Salario Mínimo Interprofesional. Dado el incremento excepcional que éste ha sufrido (22,3%, hasta los 900 €*14 pagas) existen cláusulas de salvaguarda para que los Convenios Colectivos que en materia salarial tuvieran sujeta la revisión retributiva a la aplicación del S.M.I. no se vean afectados por tal circunstancia. De manera similar no quedan afectados los conceptos no salariales de convenio incluidos en normas no estatales o contratos privados, a los cuales se les aplicará normas transitorias.
  • Contratos inferiores a 5 días. La cotización por contingencias comunes empresarial será del 40%. Además se introduce un factor de temporalidad que permite al trabajador reunir un número mayor de días de alta de cara al acceso a prestaciones.
  • Base máxima de cotización: 4.070,10.-€/mensuales.
  • Modificación en las tarifas de primas de cotización por contingencias profesionales (en función de la actividad de la empresa). (la mínima que antes estaba en 0,9% pasa a 1,5%).
  • Se incluye obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes coticen en programas de formación, prácticas no laborales o practicas académicas externas (Becarios) con independencia de que haya o no compensación económica. Se regulará reglamentariamente en el plazo de 3 meses.

 
Empleados del Hogar:

  • Las bases de cotización se establecen en función de 10 tramos de retribuciones (aumento de tramos), el último de ellos conforme al salario percibido y determinando el número máximo de horas de trabajo que se podrán realizar según el tramo de cotización que sea de aplicación.
  • Los tipos de cotización varían conforme a la normalización progresiva que se viene aplicando anualmente y a la modificación de la tarifa de primas vista anteriormente. El empleador asume el 23,60% por contingencias comunes y el 1,50% por contingencias profesionales. El trabajador asume el 4,70% por contingencias comunes.
  • Desempleo, se mantiene el subsidio extraordinario de desempleo de manera indefinida hasta que se establezca un nuevo modelo asistencial.

 

Como siempre, si os surge alguna cuestión sobre la presente circular, podéis contactar con equipo Laboral de AICA, que os asesorará al respecto.
Departamento Laboral de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

Sentencia sobre responsabilidad empresarial por accidente de trabajo

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Estimados asociados, en la presente nota informativa nos hacemos eco de una Sentencia de la Sala Cuarta de nuestro Tribunal Supremo, de fecha 18 de septiembre de 2018 que ha dictaminado que la empresa también puede resultar responsable en caso de accidente de un empleado subcontratado, incluso cuando las tareas encomendadas por la compañía auxiliar sean distintas a su propia actividad.

En ese sentido, el Tribunal Supremo en su sentencia impone la responsabilidad solidaria sobre las tres empresas que no aplicaron medidas de seguridad suficientes para evitar el incidente que causó la gran invalidez del trabajador.

El conflicto tiene su origen en un encargo que se le hizo a una compañía para colocar nuevas planchas en la cubierta de una fábrica de alimentos. Esta, a su vez, subcontrató los servicios de otra empresa para llevar dicha tarea encomendada. Los hechos probados de la sentencia recogen que uno de los trabajadores de esta subcontrata no llevaba puesto el arnés en el momento en el que sufrió una caída desde una gran altura que le provocó una invalidez severa.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León absolvió a la empresa de alimentación alegando que la actividad principal que desarrollaba no coincidía con la que realizaba el empleado accidentado (que reparaba cubiertas).

En su sentencia, sin embargo, el Supremo rechaza este argumento y determina que aunque las tareas encomendadas a la compañía auxiliar del trabajador accidentado no correspondan a su propia actividad, “la empresa principal puede resultar responsable del recargo de prestaciones”.

En este sentido, el alto tribunal recuerda que la jurisprudencia sostiene que “lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad es que el accidente suceda por una infracción imputable a ella“. La clave radica, por tanto, en si el accidente objeto del litigio ocurre dentro de la esfera de responsabilidad de la compañía en materia de seguridad de los trabajadores.

En su sentencia, los magistrados apuntan que, a pesar de que la labor que estaba desarrollando el empleado subcontratado era radicalmente distinta a la elaboración de alimentos, lo que sí que es exigible es la aplicación efectiva de las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. Y, en este caso concreto, no se había instaurado ningún tipo de medida preventiva para la ejecución de las tareas exigidas, ya fuera individual o colectiva.

Concretamente, el trabajador no portaba arnés en el momento del accidente, ni se registra que hubiera aplicado ninguna de las dos empresas un plan de seguridad o de evaluación de riesgos. Además, la sentencia subraya que no se llevó a cabo ningún tipo de vigilancia por parte de la empresa alimentaria, así como tampoco se dio instrucciones a los trabajadores sobre la forma en la que tenían que realizar el trabajo.

Por ello, las tres empresas son declaradas responsables del accidente y “deben responder ante ello de forma conjunta”, asevera el alto tribunal. Además, la condena por recargo de prestaciones ha de ser solidaria, ya que es “perfectamente posible que una actuación negligente o incorrecta del empresario principal cause daños o perjuicios al empleado de la contrata, e incluso que su omisión sea la causa determinante del accidente laboral”, concluye.

Como siempre, si os surge alguna consulta sobre la presente nota informativa podéis contactar con equipo laboral de la asociación, que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

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Aprobado el proyecto de Ley Hipotecaria

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El pasado martes 11 de diciembre, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el Proyecto de la nueva ley Hipotecaria el cual, deberá ser ahora elevado al Senado para su aprobación.

El Proyecto introduce como principales novedades:

  • El Impuesto de Actos Jurídicos Documentos (AJD), las primeras copias del notario, los gastos del registro y de la gestoría deberán ser abonados por las Entidades Bancarias incluidas las Cajas Rurales. El cliente pagará segundas copias del notario y los gastos de tasación. Ello con la salvedad del País Vasco donde será abonado por el cliente salvo que se trate de hipotecas de primera vivienda, (exentas en la Comunidad vasca).
  • El cliente podrá subrogar o mover el préstamo de banco sin costes. El gasto que se genere por esta operación se prorrateará entre las dos entidades financieras según la duración del préstamo y del momento en que se realice tal subrogación.
  • Se establecen comisiones de amortización anticipada para hipotecas de tipo fijo, ( del 2 % durante los 10 primeros años y del 1,5 % a partir de este período, mientras que el tipo de amortización a tres o cinco años cuando su hipoteca sea a tipo variable, las comisiones serán del 0,25 % o del 0,15 %,
  • En los procesos de desahucio por falta de pago se amplía a 12 las cuotas impagadas o el 3 % del capital principal prestado en la primera mitad de la vida del préstamo, y de 15 cuotas y el 7 % en la segunda mitad del crédito, para que el banco pueda iniciar un proceso de ejecución hipotecaria.
  • La dación en pago será voluntaria si así lo han establecido las partes.
  • Las cláusulas suelo quedan prohibidas.
  • El notario deberá asesorar de manera gratuita al hipotecado, teniendo este acceso al precontrato 10 días antes de la firma.
  • El cliente podrá contratar con otro banco distinto del que le concede el préstamo, los seguros o pólizas, ya sean de hogar, vida o protección del crédito.
  • Se crean hipotecas verdes para aquellas viviendas energéticamente eficientes y/o que usen energías renovables. Estas hipotecas estarán exentas del Impuesto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Novedades sobre el contrato de relevo

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana, os informamos que el Real Decreto 20/2018, de 7 de diciembre (en adelante RDL), de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, publicado y en vigor desde el día 8 de diciembre de 2018, adopta medidas que proyectándose sobre los sectores de la industria y el comercio afectan directamente al área socio-laboral.

Conforme a la exposición de motivos del RDL, uno de los aspectos que afectan a la competitividad del sector industrial, y que era necesario abordar, es «la regulación del contrato de relevo para adaptarlo a la singularidad de la industria manufacturera».

A tales efectos, se modifica la disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, sobre aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a pensión de jubilación. Se trata de una reforma limitada y transitoria, orientada particularmente a sectores profesionales industriales y, dentro de estos, a determinados colectivos de trabajadores, que exige para su efectividad la concurrencia de determinados requisitos referidos tanto a los trabajadores que accedan a la jubilación parcial como a las empresas en las que estén prestando sus servicios.

En ese sentido, se seguirá aplicando la regulación para la modalidad de jubilación parcial con simultánea celebración de contrato de relevo, vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2011 a pensiones causadas antes del 1 de enero de 2023.

No obstante lo anterior, los trabajadores que soliciten el acceso a la jubilación parcial deben realizar directamente funciones que requieran esfuerzo físico o alto grado de atención en tareas de fabricación, elaboración o transformación, así como en las de montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y reparación especializados de maquinaria y equipo industrial en empresas clasificadas como industria manufacturera.

Otros de los requisitos deben cumplir los trabajadores son los siguientes:

  • Antigüedad en la empresa de al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial, computándose la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
  • Periodo de cotización de 33 años (25 para personas con discapacidad en grado igual o superior al 33%) en la fecha del hecho causante de la jubilación parcial, computándose el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de 1 año, y sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.
  • Reducción de la jornada de trabajo entre un mínimo de un 25 % y un máximo del 67 %, o del 80 % para los casos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato indefinido. Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable
  • Existencia de una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 % del promedio de las bases de cotización correspondientes a los 6 últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.

El requisito que deben cumplir las empresas es que el  porcentaje de trabajadores con contrato indefinido en el momento del hecho causante de la jubilación parcial ha de superar el 70 % del total de los trabajadores de su plantilla. Como siempre, si os surgen dudas sobre la presente circular, podéis contactar con el equipo de laboral de la asociación, que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

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Nueva regulación de los servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera

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Ya se encuentra en vigor el Real Decreto Ley 19/2018 por el que se establece la nueva regulación de los servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera tras la transposición al ordenamiento jurídico español de tres directivas y varios reglamentos comunitarios en materia de seguridad financiera, (Directivas (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE y 2013/36/UE . Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015).

El real decreto-ley es de aplicación a todos los servicios que se prestan en territorio español, cualquiera que sea el origen o el destino final de las operaciones. Por tanto, se establece un sólo sistema para los proveedores que estén sujetos a la Ley española, sin afectar a las operaciones que tuvieran lugar únicamente en territorio del resto de los Estados miembros de la Unión Europea.

Los servicios de pago que regula este real decreto-ley son:

  • Los servicios que permiten el ingreso de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
  • Los servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
  • La ejecución de operaciones de pago, incluida la transferencia de fondos, a través de una cuenta de pago en el proveedor de servicios de pago del usuario u otro proveedor de servicios de pago.
  • Se incluyen dos nuevos servicios de pago: iniciación de pagos e información sobre cuentas. Ambos servicios suponen el acceso de terceros a las cuentas de los usuarios de servicios de pago. Tales servicios ofrecen una solución tanto a los comerciantes como a los usuarios de servicios de pago y garantizando la posibilidad de hacer compras en línea aun cuando no posean tarjetas de pago. A su vez, los servicios de información sobre cuentas proporcionan al usuario del servicio de pago información agregada en línea sobre una o varias cuentas de pago mantenidas en sus proveedores de servicios de pago, lo que permite al usuario del servicio de pago tener en todo momento una información global e inmediata de su situación financiera.

Se establece un sistema de autorización para el acceso a la prestación de servicios de pago, por el que se introduce una licencia única para ciertos proveedores de servicios de pago no vinculados a la captación de depósitos o a la emisión de dinero electrónico. Tal autorización está sujeta a una serie de requisitos estrictos y exhaustivos, uniformes en toda la Unión Europea.

Se amplía la protección prevista para los consumidores a las microempresas en relación con la transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, resolución y modificación del contrato marco y los derechos y obligaciones en relación con la prestación y utilización de servicios de pago. No obstante, se excepciona a las microempresas de la aplicación del derecho a ordenar la devolución de los adeudos domiciliados como consecuencia de una operación de pago autorizada iniciada por un beneficiario o a través del mismo, durante un plazo de ocho semanas contadas a partir de la fecha de adeudo de los fondos en su cuenta.

Finalmente, la norma completa la trasposición de la Directiva de ejecución sobre abuso de mercado con la creación de un canal que permitirá denunciar de forma anónima determinados incumplimientos en este ámbito a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También se crea un canal en el Banco de España para comunicar los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia.

 

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Sentencia sobe el tiempo de trabajo y las guardias

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Estimado asociados, en la nota informativa de esta semana nos hacemos eco de una sentencia de la Sala de Lo Social de nuestra Audiencia Nacional que ha tenido mucha relevancia en los medios de comunicación, ya que establece que si un empleado debe estar localizable en el número de teléfono facilitado por la empresa, este hecho de por sí, no debe ser considerado como tiempo de trabajo.

En ese sentido, La Audiencia Nacional reitera su doctrina y rechaza que las horas que un trabajador pasa pendiente del móvil de empresa, aunque sea en su tiempo libre, cuenten como horas trabajadas a efectos laborales toda vez que  no afecta a su libertad de movimientos, al descanso ni tampoco a sus “inquietudes personales y sociales”.

Los jueces de la Audiencia Nacional recuerdan que la doctrina española y europea invitan a interpretar que el tiempo que un trabajador está de guardia, aunque sea un fin de semana, no cuenta como horario trabajado si no le obliga, por ejemplo, a quedarse en casa o en la oficina. Al menos, explica, mientras “no preste trabajo efectivo, ni se encuentre presencialmente en el centro de trabajo”.

En el caso concreto, la sentencia entiende que no ha quedado acreditado que esta circunstancia suponga para los trabajadores alguna privación  de los descansos semanales y diarios que protege el Estatuto de los Trabajadores. Los jueces son tajantes al afirmar que estar de guardia no implica más que “estar pendiente de la terminal de telefonía móvil que le proporciona la empresa” sin que se le exija estar en ningún lugar concreto: el trabajador, sentencian, “prácticamente no ve mermadas ni su libertad ambulatoria, ni las posibilidades de dedicar tiempo al descanso  sus inquietudes personales y sociales”.

 La Audiencia Nacional dicta esta sentencia haciéndose eco tanto de la jurisprudencia española como la europea, sacada a colación esta última por el sindicato demandante ya que  fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminó el pasado mes de febrero que las horas pasadas de guardia en casa deben considerarse como tiempo de trabajo, en el caso de un bombero voluntario belga.

 

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Publicación de las nuevas normas UNE y de las normas UNE anuladas

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Publicación de las nuevas normas UNE

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto 2200/1995, con fecha 23 de noviembre de 2018 la Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado, la relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango de norma española UNE durante el mes de octubre de 2018 identificadas por su nombre y código numérico

La Resolución, que causará efecto a partir del día siguiente a su publicación, esto es, a partir del 24 de noviembre de 2018 puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16020.pdf

Publicación de las normas UNE anuladas

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto 2200/1995, con fecha 23 de noviembre de 2017 la Dirección General de Industria y de la pequeña y mediana empresa ha resuelto publicar en el Boletín Oficial del Estado, la relación de normas españolas UNE anuladas durante el mes de octubre de 2018.

La Resolución, que causará efecto a partir del día siguiente a su publicación, esto es, a partir del 24 de noviembre de 2018 puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16020.pdf

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Sentencia sobre los administradores de Sociedades y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

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Estimados asociados, en la presente nota informativa os recordamos una Sentencia del Tribunal Supremo (TS) del pasado 24 de abril que confirmó una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) por la que se procedió, de oficio, al alta del recurrente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), por ostentar el cargo de consejero delegado de una sociedad limitada y poseer el 50% de su capital social.

En el recurso del consejero delegado se pretendía impugnar la sentencia dictada el 8 de octubre de 2015 por la Sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia  de la Comunidad Autónoma de Madrid que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra una resolución que había sido dictada el 28 de Abril de 2014 por la Dirección de Administración de aquella Dirección General y por la que se procedió, de oficio, al alta del recurrente en el RETA desde el 1 de enero de 2010 y con efectos del 1 de enero de 2014, por ostentar el cargo de Consejero Delegado de una sociedad mercantil y poseer el 50% de su capital social.

La sentencia estableció que el único hecho que consta es que fue nombrado Consejero Delegado de la sociedad y que sólo desempeñó las funciones que ello conlleva, por lo que el Alto Tribunal no admitió el argumento del recurrente que sostenía que la  norma solamente dispone que debe estar incluido en el RETA la persona que se posea  el control efectivo directo o indirecto de la sociedad y no presupone que deba incluirse a las personas que presten servicios en la sociedad, que deben ser demostrados, argumentando que esa disposición sólo es aplicable al trabajador que desempeñe funciones que conllevan el cargo de consejero o administrador, por lo que si no concurre el requisito de ser trabajador no puede serle aplicada.

En contra de lo mantenido por el recurrente, para el TS la obligación de estar encuadrado en el RETA no solo alcanza a los trabajadores autónomos en sentido estricto sino también al administrador que ejerza funciones de dirección y gerencia en una sociedad mercantil capitalista si ejerce las funciones de dirección o gerencia y cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla.

En suma, la inclusión en el régimen especial de autónomos de quienes desempeñen el cargo de consejero o administrador de una sociedad capitalista exige:

  1. a) El ejercicio de funciones de dirección y gerencia o la prestación de servicios, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa; y,
  2. b) Tener el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla, cuestión respecto de la que la norma legal dice “que se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social”.

Desde esta exposición, para el TS la norma laboral no contempla, en modo alguno, que la inclusión en el RETA exija que el Consejero Delegado tenga que ser trabajador que preste otros servicios o desempeñe otras funciones en la empresa mercantil capitalista.

 

Es decir, que en este supuesto el encuadramiento en el RETA no requiere la demostración de que la persona de que se trata lleva a cabo un trabajo real para la sociedad, sino que basta con que ejerza las funciones de dirección y gerencia de la sociedad mercantil de que se trate de conformidad con lo previsto al respecto en la disposición adicional vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

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