Legislación

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre la compensación y absorción

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana vamos a abordar una Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 2018 que aborda la no aplicación de la absorción y compensación por parte de la empresa de todas las condiciones económicas pactadas (entre ellas los trienios de antigüedad) con las mejoras de cualquier tipo que anteriormente se vinieran satisfaciendo.

Os recordamos de una forma muy simple que la compensación y absorción es el mecanismo que utilizan las empresas para no tener que subir obligatoriamente los conceptos retributivos reconocidos bien en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo cuando deben realizarse subidas salariales.

Sentado lo anterior, en la Sentencia de la Audiencia se dispone que el hecho de que la empresa no hubiera hecho uso de la compensación y absorción en anteriores ocasiones no implica ni le impide hacer uso de su efectividad, es decir, que la no aplicación de la absorción y compensación regulada en el convenio colectivo no significa que les esté dando a sus empleados la condición más beneficiosa de mantenerles un salario más alto al aplicarles la subida salarial y no absorbérsela.

Nuestra jurisprudencia tiene establecido que una condición más beneficiosa el derecho otorgado por el empresario de manera unilateral, o mediante pacto, a uno o varios trabajadores que mejora las condiciones laborales establecidas en el contrato de trabajo, en el convenio colectivo y en el Estatuto de los Trabajadores.

Por tanto, el hecho de no haber procedido a la absorción y compensación pese a que se lo permitía el convenio tiene su único origen en la voluntad de la empresa, sin que respondan a pacto alguno con los trabajadores ni con sus representantes, de tal suerte que mal puede ser de aplicación lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores sobre las condiciones más beneficiosas.

Como siempre si os surgen dudas sobre la presente nota informativa o si en vuestra empresa se puede realizar una compensación y absorción de las mejoras salariales de vuestros empleados, podéis contactar con el equipo laboral de AICA que os asesorará al respecto.

El Tribunal Supremo retrocede e impone de nuevo al cliente el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios

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En anteriores boletines les informamos que, con fecha 16 de octubre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó Sentencia fijando como nuevo criterio que, en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, el obligado al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es la entidad prestamista y no el cliente que recibe el préstamo.

Quince días después, en concreto el pasado martes día 6 el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con 15 votos a favor y 13 en contra, ha fallado volver a su anterior doctrina imponiendo al cliente la obligación de abonar el Impuesto sobre actos jurídicos documentados en las firmas de escrituras notariales de préstamos hipotecarios.

La decisión de imposición de pago al cliente estará basada, a partir de ahora, en la doctrina del Alto Tribunal y no en una disposición legal dado que la sentencia del Tribunal Supremo que revoca la doctrina a favor del consumidor anuló el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto y dicha anulación permanece en vigor, (dicho artículo que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto).

Pedro Sánchez ha comparecido hoy para anunciar medidas en relación con la decisión del Tribunal Supremo así como la intención del legislativo de dictar una nueva Ley Hipotecaria.

El presidente del gobierno ha anunciado que modificará la ley a través de un decreto para que “nunca más” los clientes tengan que pagar el impuesto de las hipotecas y que se hagan cargo las entidades financieras. La medida la adoptará formalmente el Consejo de Ministros en su reunión de este jueves: “La decisión que tomaremos mañana será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague la banca”, ha expresado el presidente, que ha explicado que este martes “habló el Poder Judicial y hoy y mañana va a hablar el Poder Judicial”.

La fórmula por la que opta el Gobierno para corregir la decisión del Supremo es un decreto para modificar el artículo 29 de la Ley de del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos de 1993. Sánchez también ha anunciado la creación de una autoridad independiente de protección de los clientes que tendrá que ser ratificada -al igual que el decreto- en el Congreso. El socialista considera que ese organismo independiente “reforzará la protección ante posibles abusos y mejorará capacidad de resolver” conflictos.

Calendario laboral 2019

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Estimados asociados, como se ha publicado en diversos medios de comunicación, el Boletín Oficial del Estado ha confirmado cuál será la conformación de las fiestas nacionales, festivas y jornadas laborales del año 2019.

El calendario laboral de 2019 cuenta con 14 días festivos, Ocho jornadas son fiestas nacionales comunes para toda España; cuatro son a elección de las comunidades autónomas; y otras dos son locales, que tendrán que ser seleccionadas por cada ayuntamiento.

A nivel nacional, los días festivos que comparten todas las comunidades autónomas en el calendario de 2019 son: el martes 1 de enero (Año Nuevo), el viernes 19 de abril (Viernes Santo), el miércoles 1 de mayo (Día del Trabajador), el jueves 15 de agosto(Asunción de la Virgen de agosto), el sábado 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el viernes 1 de noviembre (día de Todos los Santos), el viernes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) y el miércoles 25 de diciembre (Navidad).

Asimismo, las distintas comunidades han podido decidir qué hacer con los días 6 de enero (Epifanía del Señor, que cae en domingo), el martes 19 de marzo (San José), el 18 de abril (Jueves Santo) o el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción, que cae en domingo). En concreto, en la Comunidad de Madrid, son festivos:

El 1 de enero (Año Nuevo); 7 de enero (Epifanía del Señor, se traslada a lunes); 18 y 19 de abril (Jueves y Viernes Santo);1 de mayo (Fiesta del Trabajo); 2 de mayo (Fiesta de la Comunidad de Madrid); 15 de agosto (Asunción de la Virgen); 12 de octubre (Fiesta Nacional); 1 de noviembre (Día de Todos los Santos); 6 de diciembre (Día de la Constitución); 25 de diciembre (Navidad).

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Laboral de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com

 

El Tribunal Supremo aclara, es el banco y no el cliente el obligado al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados

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Con fecha 16 de octubre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia por la que, modificando su jurisprudencia anterior, sienta el criterio de que, en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, el obligado al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es la entidad prestamista y no el cliente que recibe el préstamo.

En el caso debatido, la Oficina Técnica de la Inspección de los Tributos de la Comunidad de Madrid practicó liquidación a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas al considerarla sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en relación con una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria de varias viviendas, al entender que aquella condición (sujeto pasivo) derivaba de su posición (prestatario) en el negocio jurídico documentado en la escritura.

La recurrente, Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas alegó en su recurso, que el sujeto pasivo del impuesto debe ser el prestamista como solicitante de la escritura de préstamo hipotecario e interesado en la elevación a público de lo pactado y si posterior inscripción registral.

El Tribunal acoge los argumentos de la recurrente y considera que el beneficiario de la escritura notarial no es otro que el acreedor hipotecario, (el banco), pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos. Solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca por lo que ha de considerársele sujeto pasivo del Impuesto.

Asimismo, la sentencia anula por contrario a derecho, el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto, Real Decreto 828/1995,  que imponía el pago de tributo al prestatario.

 

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Permitido el acceso a datos personales para prevenir o investigar delitos leves

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La Directiva europea sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas permitía a los Estados miembros limitar los derechos de los ciudadanos cuando tal limitación supusiera una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, o garantizar la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas.

En interpretación de dicha Directiva, los Juzgados españoles venían autorizando el acceso a datos personales o de filiación durante el curso de una instrucción penal solo cuando dicho acceso fura necesario para el descubrimiento de delitos calificados como graves, (sancionados con pena de prisión superior a 5 años).

Con fecha 2 de octubre, el Tribunal de la Unión Europea ha dictaminado que las autoridades de un país pueden tener acceso a datos personales almacenados por proveedores de comunicaciones electrónicas incluso aunque los delitos que se juzgan no revistan una “particular gravedad”, siempre que este acceso “no suponga una injerencia grave en la vida privada”.

La Sentencia da respuesta a la cuestión elevada a la Corte europea por la Audiencia Provincial de Tarragona ante la que se planteó la legalidad de permitir que la Policía Judicial accediera a los datos personales o de filiación de los números de teléfonos activados desde el terminar sustraído con violencia.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que el acceso de las autoridades públicas a datos personales almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en el marco de un procedimiento de instrucción penal está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva. Además, el acceso a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de éstos, consagrados en la Carta.

No obstante, el Tribunal de Justicia declara que esta injerencia no presenta una gravedad tal que, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, dicho acceso deba limitarse a la lucha contra la delincuencia grave.

En su sentencia el Tribunal de Justicia declaró que únicamente la lucha contra la criminalidad grave puede justificar el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que, examinados en su conjunto, permitan extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se ven afectados. No obstante, esa interpretación estaba motivada por el hecho de que el objetivo perseguido por una norma que regula ese acceso debe guardar relación con la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales en cuestión que suponga dicha operación. En efecto, conforme al principio de proporcionalidad, una injerencia grave sólo puede estar justificada en este ámbito por el objetivo de luchar contra la delincuencia que a su vez también deba calificarse de «grave». En cambio, cuando la injerencia no es grave, dicho acceso puede estar justificado por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general.

El Tribunal de Justicia considera que el acceso limitado únicamente a los datos cubiertos por la solicitud de que se trata no puede calificarse de injerencia «grave» en los derechos fundamentales de los individuos cuyos datos se ven afectados, ya que dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre su vida privada. El Tribunal de Justicia deduce de ello que la injerencia que supone el acceso a esos datos puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general, sin que sea necesario que dichos delitos sean calificados de «graves».

 

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Las causas de los despidos colectivos pactados (ERE) no pueden revisarse en pleitos individuales interpuestos por afectados

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Estimados asociados, os informamos que el Pleno de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que establece que en los pleitos individuales derivados de un despido colectivo no pueden revisarse las causas justificativas del mismo, cuando haya existido acuerdo entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores.

Otro requisito que dispone la antedicha sentencia es que el pacto no haya sido impugnado judicialmente por dichos representantes o por un sindicato con implantación suficiente en la empresa.

En el supuesto estudiado en la sentencia, según se ha publicado en los distintos medios de difusión jurídica, la sala desestima el recurso de varios empleados de la Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Ciempozuelos (Madrid), que fue objeto en 2013 de un despido colectivo por causas productivas y organizativas, cuyo periodo de consultas terminó con acuerdo con los representantes de los trabajadores, ofreciendo una indemnización de 33 días de salario por cada año trabajado. A continuación, la escuela fue cerrada. Ante el asunto planteado, y al existir sentencias contradictorias por parte de tribunales superiores de justicia, el Tribunal Supremo fija doctrina sobre si es posible o no en los pleitos individuales revisar las causas justificativas del despido colectivo, cuando ha existido acuerdo entre empresas y representantes de los trabajadores.

Para los magistrados, la aceptación de la concurrencia de las causas legales que justifican el despido colectivo “entra dentro del marco que corresponde a la negociación colectiva y no supone invadir el ámbito de derechos individuales indisponibles del trabajador”.

No obstante, la sala explica también que no se podrá demandar individualmente siempre y cuando no haya ninguna tacha formal del acuerdo, ni tan siquiera se alegue su carácter fraudulento por la concurrencia de vicios que pudieren determinar su nulidad, toda vez “se estaría negando la eficacia de lo pactado como resultado de la negociación colectiva y convirtiendo en papel mojado el acuerdo alcanzado entre la empresa y los representantes de los trabajadores, si se admite que en cada uno de los pleitos individuales pudiere revisarse la concurrencia de las causas justificativas del despido que fueron aceptadas por la representación sindical, lo que es tanto como desincentivar la consecución de tales acuerdos que constituye el objeto esencial del periodo de consultas”.

Según la sentencia “va contra el más elemental sentido común que se admita la posibilidad de cuestionar en pleitos individuales la concurrencia y justificación de las causas del despido colectivo que fueron aceptadas por la representación de los trabajadores, y que no han sido luego cuestionadas colectivamente ni por la autoridad laboral, ni por ningún otro de los sujetos legitimados para instar el procedimiento colectivo”

Asimismo, el l Tribunal Supremo subraya “la enorme inseguridad jurídica y la distorsión que podría generar la existencia de los innumerables procesos individuales, en los que se estuviere discutiendo la concurrencia de la causa de un mismo despido colectivo de una misma empresa, que, además, acabó con acuerdo”.

Indicar, a título informativo, que la sentencia cuenta con un voto particular firmado por 5 de los 11 magistrados que formaron el Pleno, que discrepan de la mayoría y consideran que sí cabe examinar en los procedimientos individuales la existencia de la causa justificativa de la medida, aunque el despido colectivo haya finalizado con acuerdo.

Como siempre, os informamos que podéis contactar con el equipo de laboral de la asociación, si queréis realizar cualquier consulta sobre la presente circular informativa.

 

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Los nuevos tipos de interés efectivo anual para el cuarto trimestre 2018

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Por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional de 26 de septiembre, publicada en el BOE el día 27, han sido  aprobados los tipos de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural de 2018, a efectos de calificar tributariamente determinados activos financieros.

Los tipos efectivos equivalentes a los precios medios ponderados redondeados registrados en las últimas subastas del tercer trimestre del año 2018 en que se han adjudicado Bonos y Obligaciones del Estado son los siguientes:

 

 Emisión

 

 Fecha subasta

 

 Tipo de interés efectivo equivalente al precio medio ponderado redondeado.

 Porcentaje

Bonos del Estado a 3 años al 0,05 %, vto. 31.01.2021. 20.09.2018 −0,061
Bonos del Estado a 5 años al 0,35 %, vto. 30.07.2023. 06.09.2018 0,410
Obligaciones del Estado a 10 años al 1,40 %, vto. 30.07.2028. 20.09.2018 1,493
Obligaciones del Estado a 15 años al 2,35 %, vto. 30.07.2033. 19.07.2018 1,798
Obligaciones del Estado a 30 años al 2,70 %, vto. 31.10.2048. 06.09.2018 2,583

 

A efectos de lo previsto en los artículos 63 y 91 de los Reglamentos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, respectivamente, los tipos de referencia que resultan para el cuarto trimestre natural de 2018 son el −0,049 por 100 para activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años, el 0,328 por 100 para aquéllos con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete y, si se tratara de activos con plazo superior, el 1,194 por 100 para el plazo de diez años, el 1,438 por 100 para el plazo de quince años y el 2,066 por 100 para el plazo de treinta años, con aplicación en el resto de los casos del tipo correspondiente al plazo más próximo al de la emisión que se efectúe.

Si se trata de deuda pública con rendimiento mixto, cuyos cupones e importe de amortización se calculan con referencia a un índice de precios, los tipos de referencia que resultan para el cuarto trimestre natural de 2018 son el −0,024 por 100 para activos financieros con plazo igual o inferior a cuatro años, el 0,164 por 100 para aquéllos con plazo superior a cuatro años pero igual o inferior a siete y, si se tratara de activos con plazo superior, el 0,597 por 100 para el plazo de diez años, el 0,719 por 100 para el plazo de quince años y el 1,033 por 100 para el plazo de treinta años, con aplicación en el resto de los casos del tipo correspondiente al plazo más próximo al de la emisión que se efectúe.

 

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Sentencia del Tribunal Supremo sobre la retención del IRPF en las prestaciones por maternidad

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En la nota informativa de esta semana nos hacemos eco de una Sentencia qué si bien es cierto que no pertenece estricto-sensu al ámbito laboral, por su importancia y relevancia entendemos que debemos destacar.

En ese sentido, tal y como la mayoría de medios de comunicación han puesto de manifiesto, el Tribunal Supremo ha declarado exentas del pago de IRPF a las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social, ratificando una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 2017 y en contra del criterio que hasta ahora ha mantenido la Agencia Tributaria.

El Supremo ha establecido como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

La sentencia de la Sección Segunda de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo, considera que la prestación por maternidad a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF, cuando dispone que “igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”.

El Supremo entiende que la exención del pago del impuesto incluye la de maternidad “y no sólo las de nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo”, y además su alcance “no se limita” a las concedidas por las comunidades autónomas o entes locales, sino que abarca todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que se perciban.

A ello añade el Supremo una interpretación gramatical. “Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra “también” estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”, después de declarar exentas en el párrafo tercero “las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”.

La sentencia parece dar a entender que, además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las comunidades autónomas y entidades locales, pues en otro caso la partícula “también” sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales.

La sentencia tiene carácter retroactivo pero con un límite temporal. De esta forma, todas las personas que hayan disfrutado de bajas de maternidad desde 2014 pueden solicitar la devolución de lo que pagaron por IRPF en sus prestaciones, las anteriores quedan prescritas. Esto significa que se pueden reclamar las declaraciones de la Renta de 2014, 2015, 2016 y 2017.

Además, quienes hubieran iniciado un procedimiento de reclamación, aun habiendo recibido las prestaciones de maternidad con anterioridad a estos ejercicios, también se verán beneficiados por la sentencia porque el plazo queda en suspenso al haber comenzado el trámite.

A partir de ahora, la Agencia Tributaria “tomará en consideración” el criterio establecido por el Supremo por el que declara exentas del pago de IRPF las prestaciones de maternidad, en la resolución de reclamaciones.

 

Para finalizar, les informamos que pueden contactar con el departamento jurídico de la asociación, que les asesorará como reclamar las prestaciones indebidamente retenidas.

 

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