Actualidad

Coronavirus COVID-19 | La Comunidad de Madrid aplaza el pago de impuestos durante el estado de alarma

Actualidad, Noticias

• Se prorroga un mes más la moratoria tributaria aprobada el pasado 13 de marzo por el Gobierno regional

• La medida afecta a los tributos cedidos y propios y es ampliable mientras dure el estado de alarma

• Está dirigida a todos los contribuyentes madrileños con el objetivo de mejorar la liquidez de las empresas y las familias

 

 

La Comunidad de Madrid va a mantener el aplazamiento de pago de los impuestos cedidos y de gestión propia hasta que finalice la crisis del coronavirus (COVID-19). Para ello, la Consejería de Hacienda y Función Pública ha dictado una orden para prorrogar un mes más la moratoria fiscal aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 13 de marzo que afectaba a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de impuestos autonómicos, ya que declaraba días inhábiles los comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo.

En concreto, esta moratoria afecta al pago de los siguientes impuestos: Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales e impuestos del juego.

Aunque de momento se ha establecido un aplazamiento de un mes, la medida es de carácter prorrogable mientras se mantenga el estado de alarma con el objetivo de que ningún contribuyente madrileño, ya sea una empresa, una pyme, autónomo o persona física se vea afectado por esta situación.

El objetivo del Gobierno regional es mejorar la liquidez de las empresas y familias de la región que podrán retrasar el pago de impuestos sin que se aplique ningún tipo de recargo o penalización.

 

Coronavirus COVID-19 | Línea de avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas

Actualidad, Financiación, Ayudas, Noticias

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo que recoge las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la Línea de Avales para empresas y autónomos, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

El Gobierno da así cumplimiento al compromiso con las empresas, especialmente con los trabajadores autónomos y las pymes, de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar su liquidez y preservar la actividad productiva y el empleo.

Con este objetivo, la Línea de Avales garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidas por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Esta Línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial, en colaboración con las entidades financieras.

 

Características de la Línea de Avales
La Línea de Avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de euros. El primer tramo activado en el acuerdo de hoy tiene un importe de 20.000 millones de euros, de los cuales el 50% se reservará para garantizar préstamos de autónomos y pymes.

Podrán solicitar estos avales las empresas y autónomos afectados por los efectos económicos del COVID-19, siempre que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo.

El aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones de operaciones solicitadas por autónomos y pymes. Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% del préstamo nuevo concedido y el 60% de las renovaciones.

El aval emitido tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras.

Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.

Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis del COVID-19.

También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.

 

En las próximas horas las entidades financieras irán detallando los requisitos que van a solicitar para optar a estas financiaciones, así como las condiciones económicas de las mismas, que podrán varias entre clientes y entidades.

Desde AICA creemos, en todo caso, que es una buena oportunidad de reforzar la tesorería de la empresa, ante la incertidumbre existente, y que debe hacerse con rapidez, ya que se trata de un importe muy limitado.

Para ello, recomendamos:

  1. Preparar una previsión de tesorería, para cuantificar las necesidades
    adicionales de financiación y circulante que puede tener tu empresa. Para ello, tomar como referencia los gastos de los últimos tres meses: Personal, Gastos Generales, Obligaciones de deuda, Aprovisionamiento
    de materias primas,…
  2. Actualizar la documentación estándar requerida habitualmente por los bancos (IVAs, impuestos de sociedades, modelo 347…).
  3. Preparar una memoria técnica y económica, que describa la situación de la empresa, el impacto de esta pandemia en sus cuentas, la financiación requerida, los tipos de productos necesarios (líneas de circulante, préstamos, etc.) y que incluya unas previsiones de PYG de los próximos 5 años en las que vuestras entidades financieras puedan verificar que la empresa va a poder hacer frente a los nuevos préstamos y líneas solicitadas.
  4. Contactar con las entidades financieras con las que tu empresa
    tiene mayores posiciones en el pool bancario para comunicarles el
    interés de la empresa en estas nuevas líneas de financiación.

Por eso, desde AICA -a través de nuestro correo info@empresariosdealcobendas.com y de nuestro teléfono 91 654 14 11- nos podemos a vuestra disposición para ayudar en la gestión de esta financiación y preparar, si lo deseáis, la documentación requerida.

Coronavirus COVID-19 | La Comunidad de Madrid aprobará un plan de ayuda directa a autónomos de hasta 3.200 euros

Actualidad, Noticias

El Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobará en su próxima reunión un plan de ayuda directa a los autónomos independientes de la región de hasta 3.200 euros.

Recibirán esta ayuda si se comprometen a estar dados del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante los próximos 12 meses.

Un vez aprobada la dotación para la ayuda, la solicitud se realizará a través de la Comunidad de Madrid. Allí deberán aportar la documentación que acredite que se han visto afectados por el COVID-19.

El montante inicial para estos fondos será cinco millones de euros, aunque podrán ampliarse.

Coronavirus COVID-19 | Guía Práctica de aplicación de medidas de carácter laboral

Actualidad, Noticias

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

Guía Práctica de aplicación de medidas de carácter laboral

 

TRABAJO A DISTANCIA (artículo 5)

  • ¿Debe la empresa implantar el teletrabajo?

La empresa debe intentarlo siempre que sea técnica y razonablemente posible y el esfuerzo de adaptación necesario resulte proporcionado.

La norma entiende que el teletrabajo es prioritario frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. Esta circunstancia debería ser tenida en cuenta por las empresas en el momento de solicitar los ERTE.

  • ¿Debe realizar la empresa la evaluación de riesgos del puesto de trabajo en el trabajo a distancia?

No, con carácter excepcional, motivado por la situación de emergencia de salud pública actual, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.

Esta excepción no se aplicará a los sectores, empresas o puestos de trabajo en los que estuviera previsto el trabajo a distancia con anterioridad.

  • ¿Está obligado el trabajador a realizar la autoevaluación de riesgos del puesto de trabajo?

La autoevaluación tiene carácter voluntario para la persona trabajadora mientras dure esta situación de excepcionalidad.

  • ¿Puede la empresa obligar a teletrabajar a sus empleados?

El Real Decreto-ley 8/2020 recoge la obligación de establecer sistemas de organización que permitan el mantenimiento de la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia. En ese sentido la Guía del Ministerio de Trabajo y Economía Social insiste en la necesidad de “promover fórmulas de trabajo a distancia, con el objetivo de mantener la actividad económica y que las personas trabajadoras no sufran mermas en sus ingresos.”

  • ¿Qué vigencia tiene esta medida?

Esta medida tiene vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, según la disposición final décima del Decreto Ley sin perjuicio de que, previa 5 evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley.

 

 

ADAPTACIÓN Y/O REDUCCIÓN DE JORNADA (artículo 6)

DISPOSICIONES COMUNES A LA ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA

  • ¿Qué personas trabajadoras pueden acceder a la adaptación y/o reducción de jornada?

Pueden acceder quienes acrediten deberes de cuidado respecto al cónyuge o pareja de hecho y de familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.

  • ¿Cuándo se entiende que concurren circunstancias excepcionales y los cuidados a familiares están justificados por la situación derivada del COVID19?

– Cuando el cónyuge o pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado por consanguinidad, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19.

– Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a estos familiares de la persona trabajadora.

– Cuando quien hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directa del cónyuge o familiar hasta el segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

  • ¿Qué deber de cuidados a familiares justifica la adaptación y/o reducción de jornada?

Los cuidados que requieren de la atención directa de la persona trabajadora de manera presencial.

  • ¿Cómo se configura este derecho de adaptación y/o reducción de jornada por causas relacionadas con el COVID-19 para los progenitores o cuidadores?

Se trata de un derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores.

  • ¿Cómo se conjugan las solicitudes de adaptación y/o reducción de jornada por causas relacionadas con el COVID-19 con las necesidades organizativas de la empresa?

Estas adaptaciones de jornada y de horario deben ser justificadas, razonables y proporcionales a la situación de la empresa, particularmente en el caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden a ellas en la misma empresa.

  • ¿Qué sucede en los supuestos en los que la persona trabajadora se encuentra disfrutando ya de una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores?

En estos casos, la persona trabajadora podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute, mientras duren las circunstancias excepcionales de crisis sanitaria, siempre que se requiera y se justifique.

En todo caso, estas modificaciones deben acomodarse tanto a las necesidades concretas de cuidado de la persona trabajadora como a las necesidades de organización de la empresa. Se presume, salvo prueba en contrario, que la solicitud de modificación del ejercicio de estos derechos de conciliación está justificada, es razonable y proporcionada.

  • ¿Puede la persona trabajadora proceder unilateralmente a la adaptación y/o reducción de jornada?

Como quiera que dichas medidas deben ser justificadas, razonables y proporcionales a la situación de la empresa y compatibles con las necesidades acreditadas por otros trabajadores, se entiende que requieren de la necesaria la autorización de la empresa.

(*) A este respecto la Guía del Ministerio de Trabajo indica que “El MECUIDA establece mecanismos que dan derecho a la persona para que la empresa reorganice su trabajo a efectos de facilitar el cuidado, o reducir su jornada con pérdida proporcional del salario, y sin que su ausencia pueda implicar ninguna sanción.

  • ¿Cuál es el procedimiento para tramitar los conflictos que surjan de la adaptación y/o reducción de jornada por causas relacionadas con el COVID-19?

Los conflictos que se puedan generar serán resueltos por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, relativo al procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. El ejercicio de los derechos previstos en el presente artículo se considera ejercicio de derechos de conciliación a todos los efectos.

  • ¿Qué vigencia tienen estas medidas?

Estas medidas tienen vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, según la disposición final décima del Decreto Ley sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley.

 

ADAPTACIÓN DE JORNADA

  • ¿Qué requisitos debe tener la solicitud de adaptación de jornada por deberes de cuidados por circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19?

La persona trabajadora debe concretar en la solicitud inicial el alcance y el contenido de la adaptación de jornada, justificando y acreditando las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar.

  • ¿Cómo se articula el ejercicio del derecho a la adaptación de jornada?

El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo.

  • ¿Cómo puede concretarse el derecho a la adaptación de la jornada en estas circunstancias excepcionales?

Puede concretarse en la distribución del tiempo de trabajo o de cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado requerido. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de la medida.

 

REDUCCIÓN DE JORNADA

  • ¿En qué supuestos puede la persona trabajadora solicitar una reducción especial de jornada con reducción proporcional del salario?

Cuando por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida o precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, desempeñe o no actividad retribuida.

Para ello, además, debe concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

– Que la presencia de la persona trabajadora para prestar cuidados sea necesaria por razones de edad, enfermedad o discapacidad como consecuencia directa del COVID-19.

– Que existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a estos familiares de la persona trabajadora.

– Están incluidas las situaciones que requieran la presencia de la persona trabajadora porque la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.

  • ¿Cuál es el procedimiento para establecer esta reducción especial de jornada por circunstancias relacionadas con el COVID-19?

La persona trabajadora que quiera acogerse a esta reducción debe comunicarlo a la empresa al menos con 24 horas de antelación. Se rige por lo dispuesto en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores, así́ como por el resto de normas que atribuyen garantías, beneficios, o especificaciones de cualquier naturaleza a las personas que acceden a los derechos establecidos en estos preceptos.

  • ¿Qué proporción de jornada puede reducirse en estas circunstancias excepcionales?

Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción que podrá alcanzar el 100% de la jornada, con la reducción proporcional de su salario. Se elimina, de manera excepcional y temporal, el límite máximo de reducción de jornada de la mitad de la duración de ésta, contemplado en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100% el derecho de la persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa.

 

MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TEMPORALES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERTE) DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ERTE,S POR FUERZA MAYOR Y A LOS ERTE,S POR CAUSA ECONÓMICA, TÉCNICA, ORGANIZATIVA O DE PRODUCCIÓN

El Decreto Ley persigue el objetivo de garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria. Con esta finalidad prioriza, frente a los ERTE, cualesquiera otras medidas de organización que permitan mantener la actividad.

No se aplicarán las especialidades procedimentales de este Real Decreto-ley a los expedientes de regulación de empleo iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor de éste basados en las causas previstas en la mismo (Disposición transitoria primera).

Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en los artículos 25, 26 y 27 serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19.

La vigencia de las medidas extraordinarias recogidas en el Decreto Ley (artículos 22, 23, 24 y 25 estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 (artículo 28).

 

ERTE POR FUERZA MAYOR (artículos 22 y 24)

Las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones para la fuerza mayor están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. (Disposición adicional sexta).

  • ¿Qué es fuerza mayor a los efectos de este Real Decreto-ley?

Aquella que tiene su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19. En concreto:

– La acreditación por la empresa de la imposibilidad de seguir prestando servicios -total o parcialmente- por la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo9 .

– Decisiones vinculadas con el COVID-19 adoptadas por las autoridades competentes de las Administraciones Públicas.

– Las debidas a situaciones urgentes y extraordinarias provocadas por el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo que queden debidamente acreditadas.

– Suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general de la movilidad de las personas y/o mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo de la actividad consecuencia directa del COVID-19.

  • ¿Cómo se inicia el procedimiento?

Mediante solicitud de la empresa a la autoridad laboral competente, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa.

  • ¿A quién comunica la empresa el inicio del procedimiento?

La empresa deberá comunicar su solicitud, además de la autoridad laboral, a las personas trabajadoras y trasladar el informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y la documentación acreditativa, a la representación de los trabajadores, en caso de existir.

  • ¿Existe alguna especialidad o limitación dependiendo del número de trabajadores afectados que exima de la intervención de la autoridad laboral?

No, la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

  • ¿El Informe previo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es preceptivo o potestativo?

La solicitud del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social será potestativa para la autoridad laboral y en caso de solicitarse se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.

  • ¿En qué plazo ha de resolver la autoridad laboral?

La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

  • ¿Cómo se interpreta el silencio de la Administración?

Si la administración no resuelve en el plazo de cinco días, se entenderá estimada la constatación de fuerza mayor por silencio administrativo positivo.

  • ¿Qué contenido tendrá la resolución de la autoridad laboral?

La resolución de la autoridad laboral deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada.

  • ¿Qué ocurre en los casos de afectación parcial?

En estos casos, la medida podrá ser parcial y será necesario acreditar la vinculación a la pérdida de actividad directa a fin de que sólo se vean afectadas las personas trabajadoras cuya jornada resulta imprescindible reducir o cuyo contrato resulta ineludible suspender.

  • ¿Desde cuándo surtirán efecto las medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada?

Desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

  • ¿Por cuánto tiempo se extienden los efectos de los ERTE,S por fuerza mayor?

Mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 (*) Según el criterio de la Dirección General de Trabajo “se extenderán durante el tiempo y en las condiciones en que permanezca vigente el estado de alarma declarado por el Gobierno y las eventuales prórrogas o modificaciones del mismo … o mientras persistan las circunstancias graves y extraordinarias constitutivas de la fuerza mayor.”

  • Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales afectados por fuerza mayor ¿qué procedimiento han de seguir?

El procedimiento específico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero con las salvedades siguientes:

-El plazo para la emisión de resolución por parte de la autoridad laboral será de cinco días desde la solicitud.

– El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.

  • ¿Debe la empresa seguir abonando las cuotas a la Seguridad Social en los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor? (artículo 24)

En estos casos, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

  • ¿Cuánto tiempo durará la exoneración del pago?

Mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada.

¿Cuál es el porcentaje de exoneración?

Depende del número de trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social que tuviera la empresa a 29 de febrero de 2020:

– 100% de la aportación empresarial: en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores.

– 75%: si la empresa tuviera 50 trabajadores o más.

  • ¿Afecta esta exoneración a los trabajadores?

No. Esta exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social.

  • ¿Quién aplicará la exoneración del abono de las cuotas por las empresas?

La Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario.

  • ¿Qué debe hacer la empresa para que se aplique esta exoneración?

Solicitarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social, con remisión de una comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.

  • ¿Qué será necesario a efectos de control de dicha exoneración de cuotas?

Será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal procede al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.

  • ¿Cómo se comprobará la información trasladada por las empresas?

La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los sistemas de comunicación necesarios para el control de la información trasladada por la solicitud empresarial, en particular a través de la información de la que dispone el Servicio Público de Empleo Estatal, en relación a los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.

 

ERTE POR CAUSA ECONÓMICA, TÉCNICA, ORGANIZATIVA Y DE PRODUCCIÓN (artículo 23)

  • ¿Cuándo se puede acudir a medidas de suspensión o reducción de jornada por causas económicas o productivas?

Las empresas podrán adoptar medidas de suspensión o reducción de jornada fundadas en causas económicas -situación económica negativa en sentido amplioo productivas por un descenso de la carga de trabajo y derivadas de manera directa en el COVID-19.

  • ¿Quiénes integran la comisión representativa de las personas trabajadoras para negociar el ERTE en el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores?

Esta comisión estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación o, en caso de no conformarse esta representación, por trabajadores de la propia empresa.

  • ¿Cuántas personas integran la comisión antes indicada?

En el primer caso, la comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos. En el segundo, por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo previsto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, democráticamente por los propios trabajadores.

  • ¿Cómo se toman las decisiones?

En el primer caso, las mayorías representativas correspondientes. En el segundo, por mayoría.

  • ¿En qué plazo deberá estar constituida la comisión representativa?

La comisión representativa deberá estar constituida en el plazo improrrogable de cinco días.

  • ¿Qué duración máxima tendrá el período de consultas?

El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa, a la que hemos aludido antes, no deberá exceder del plazo máximo de siete días.

  • ¿El Informe previo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es preceptivo o potestativo?

El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es potestativo a solicitud de la autoridad laboral, y se emitirá en el plazo improrrogable de siete días.

  • Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales afectados por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas ¿qué procedimiento han de seguir?

El procedimiento específico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero con las salvedades siguientes:

– El periodo de consultas no deberá exceder del plazo máximo de siete días.

– El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO PARA TRABAJADORES INCLUIDOS EN ERTE,S DE ESTE REAL DECRETO LEY (artículo 25)

  • ¿En qué supuestos pueden acceder las personas trabajadoras a la prestación contributiva por desempleo?

En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor), con base en las circunstancias extraordinarias reguladas en este Real Decreto-ley.

  • ¿Qué personas trabajadoras tienen derecho a dicha prestación contributiva por desempleo?

Podrá reconocerse el derecho a la prestación contributiva por desempleo a:

– Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

– Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los regímenes especiales de la Seguridad Social que protegen dicha contingencia.

– Los trabajadores emigrantes que retornen a España y los liberados de prisión, en las condiciones previstas en este título.

– Los funcionarios interinos, el personal eventual, así como el personal contratado en su momento en régimen de derecho administrativo al servicio de las administraciones públicas.

– Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares Baleares y los cargos representativos de las organizaciones sindicales constituidas al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que ejerzan funciones sindicales de dirección, siempre que todos ellos desempeñen los indicados cargos con dedicación exclusiva o parcial y perciban por ello una retribución, en las condiciones previstas para los trabajadores por cuenta ajena.

– Los altos cargos de las administraciones públicas con dedicación exclusiva que sean retribuidos por ello y no sean funcionarios públicos, en las condiciones previstas para los trabajadores por cuenta ajena, salvo que tengan derecho a percibir retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como consecuencia de su cese.

– Las personas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.

  • ¿Qué requisitos o condiciones han de tenerse en cuenta para el reconocimiento del derecho a dicha prestación contributiva por desempleo?

Se podrá acceder a la prestación contributiva por desempleo, aunque se carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello. En todos los casos, se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

  • ¿Cuál será la cuantía de la prestación contributiva por desempleo?

La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.

  • ¿Cuál será la duración de la prestación contributiva por desempleo?

La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa.

  • ¿Cómo afectará la percepción de esta prestación a derechos futuros?

No se computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo como consecuencia de estas circunstancias excepcionales a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos, lo que se conoce como “contador a cero”.

¿Cómo se llevará a cabo el inicio, instrucción y resolución del procedimiento de reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo?

La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo se ajustará a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria para los supuestos de suspensión temporal del contrato o de reducción temporal de la jornada derivados de causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor.

En el caso de las personas que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las causas que han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido debidamente constatadas por la autoridad laboral competente de acuerdo con el procedimiento regulado en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado.

  • ¿Se recoge alguna particularidad para los trabajadores fijos discontinuos?

Tanto los trabajadores fijos discontinuos como aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, podrán volver a percibir, con un límite máximo de 90 días, las prestaciones por desempleo percibidas cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo.

Para determinar el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando el interesado solicite su reanudación.

 

 

LIMITACIÓN TEMPORAL DE LOS EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE SOLICITUDES DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO (artículo 26)

  • ¿Se eliminan temporalmente los efectos derivados de la presentación de solicitudes de prestaciones o subsidios por desempleo fuera de plazo?

Sí. Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública, se suspende la aplicación de lo dispuesto en los artículos 268.211 y 276.112 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que la presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS RELATIVAS A LA PRÓRROGA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO Y A LA DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS (artículo 27)

  • ¿Se contemplan medidas extraordinarias para los subsidios por desempleo?

Sí, durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública adoptadas por las autoridades para combatir los efectos de la extensión del COVID-19, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, por el Instituto Social de la Marina podrá suspender la aplicación de lo dispuesto en:

– El segundo párrafo del artículo 276.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que las entidades gestoras correspondientes puedan prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, de manera que la falta de solicitud no comporte la interrupción de la percepción del subsidio por desempleo ni la reducción de su duración.

– El tercer párrafo del artículo 276.3, de modo que, en el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y dos años, no se interrumpirá el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social aun cuando la presentación de la preceptiva declaración anual de rentas se realice fuera del plazo establecido legalmente.

 

 

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS AFECTADOS POR DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 (artículo 17)

  • ¿Quién puede solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad?

Quien cumpla los siguientes requisitos:

– Estar afiliado y en alta en la fecha de declaración de estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

– Desempeñar una actividad directamente suspendida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

– Para el resto de actividades, acreditar la reducción de su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación en, al menos, un 75% en relación con la facturación efectuada en el semestre anterior.

– Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

– Si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera el requisito anterior, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

  •  ¿Quién gestiona la prestación?

La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se refiere el artículo 346 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es decir:

– En el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, el Instituto Social de la Marina.

– En el ámbito del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el Servicio Público de Empleo Estatal.

  • ¿A cuánto asciende esta prestación extraordinaria?

La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70% a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre). Cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

  • ¿Cuánto dura la prestación?

Esta prestación extraordinaria durará un mes a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de declaración del estado de alarma, o hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue y tenga una duración superior a un mes.

  • ¿Qué pasa con las cotizaciones mientras dure la prestación?

El tiempo de percepción de esta prestación extraordinaria se entenderá como cotizado.

  • ¿Se puede solicitar la prestación ordinaria por cese de actividad en el futuro?

Sí, y no se reducirán los periodos de esta prestación a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro por la percepción de esta prestación extraordinaria.

  • ¿Se puede percibir otra prestación del Sistema de Seguridad Social?

No, la percepción de esta prestación extraordinaria es incompatible con cualquier otra del Sistema de Seguridad Social.

  • ¿Qué pasa con los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado?

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos antes citados.

 

EJERCICIO DE COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Disposición adicional tercera)

  • ¿Se podrán extender el ejercicio de las competencias de órganos y unidades de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social?

Sí, mediante autorización del Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

  • ¿A qué ámbito territorial podrán extenderse dicho ejercicio de competencias?

A todo el territorial nacional o al ámbito geográfico que se establezca, respecto de los procedimientos y actuaciones que se determine.

 

NO APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS DEL REAL DECRETO 463/2020, DEL ESTADO DE ALARMA (Disposición adicional novena)

  • ¿La suspensión de los plazos administrativos que dispone el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, afecta a los plazos previstos en el presente Real Decreto-ley?

No, a los plazos previstos en el presente Real Decreto-ley no les será de aplicación la suspensión de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.

Coronavirus COVID-19 | Consultas y preguntas frecuentes sobre Industria

Actualidad, Noticias
  • ¿Los plazos de obligaciones establecidas en la reglamentación industrial quedan suspendidos?

En aquellos casos en los que la reglamentación aplicable a vehículos y otros productos e instalaciones industriales establezca la obligación de someterlos a actuaciones técnicas de mantenimiento y/o inspección técnica, de conformidad con la disposición adicional 3º del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los plazos que impone la administración para efectuar dichas actuaciones quedan suspendidos en tanto este en aplicación el estado de Alarma.

  • ¿Dónde deben comunicarse las capacidades de producción de la industria?

La Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, insta a las empresas que fabriquen o importen determinados productos, como clorhexidina, mascarillas, a informar al Ministerio de Sanidad sobre su capacidad de producción/importación. La información deberá facilitarse al Ministerio de Sanidad a través de la sede electrónica, en la que se ha publicado el formulario de “Declaración de información de productos de la orden SND/233/2020”. Podrán acceder a la sede en https://sede.mscbs.gob.es/

  • ¿Qué ocurre con el vencimiento de los plazos legales establecidos por la normativa de índole industrial (especialmente las revisiones de ITV)? ¿Quedan suspendidos?

Sí, ya que de la disposición adicional tercera del Real Decreto (suspensión de plazos administrativos) deriva la suspensión de los plazos de vigencia de permisos, autorizaciones, licencias, documentación acreditativa de cualquier extremo que requieran prórroga expresa o nueva autorización, quedando de esta forma en suspenso la actividad de las ITVs durante el tiempo del estado de alarma.

  • ¿Las ITV pueden abrir mientras este en vigencia el estado de Alarma?,¿y los establecimientos de venta de vehículos?

Respecto a las instalaciones de inspección técnicas de vehículos y establecimientos de venta de vehículos, se informa que los mismos entran dentro del alcance del artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no encontrándose incluidos en los establecimientos excepcionados y por tanto ambos tipos de instalaciones deben permanecer cerrados en tanto este en aplicación el estado de Alarma.

  • ¿Si me caduca la ITV durante el periodo del estado de Alarma puedo conducir sin problemas?

Dado que en aplicación de la disposición transitoria tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los plazos que impone la administración para efectuar la inspección quedan suspendidos en tanto este en aplicación el estado de Alarma, aquellos vehículos que les caduque la inspección en este periodo podrán circular sin problemas en cuanto a multas y seguros. Para más información consultar con la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Seguros respectivamente.

  • Los camiones de áridos, cemento y hormigones, ¿pueden circular con normalidad?, al no ser productos de primera necesidad, pero al mismo tiempo necesarios para no parar las obras.

El tráfico de camiones de áridos, cemento y hormigones está permitido, al no haberse prohibido las obras a las que transportan dichos materiales ni el transporte para garantizar el abastecimiento.

Explicación:

El Real Decreto 463/2020 limita la circulación de vehículos particulares a determinadas actividades (art. 7.2), pero no establece ninguna limitación al trabajo en obras y tampoco al transporte de los productos necesarios para desarrollar una actividad laboral.

El Real Decreto recoge la suspensión de apertura al público de determinados establecimientos, pero no prohíbe la actividad económica. Además, el artículo 14.4 del Real Decreto prevé que se pueda garantizar el abastecimiento, si es necesario incluso con la adopción de resoluciones del Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

No obstante, la realización de la prestación de trabajo se realizará siguiendo siempre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para evitar concentraciones de personas.

  • Las obras dentro del sector de la construcción, ¿se tienen que cerrar?

No es obligatorio el cierre de las obras, pues no se ha suspendido expresamente esa actividad. Explicación: El Real Decreto 463/2020 recoge la suspensión de apertura al público de determinados establecimientos, pero no prohíbe la actividad económica y no establece ninguna limitación al trabajo en obras y tampoco al transporte de los productos necesarios para desarrollar una actividad laboral.

No obstante, la realización de la prestación de trabajo se realizará siguiendo siempre las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para evitar concentraciones de personas.

  • ¿Se pueden abrir los talleres de reparación de vehículos durante la situación de estado de alarma?

Una vez recibido informe de la Abogacía General del Estado en relación a la posibilidad de apertura de los talleres de reparación de vehículos en base al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la modificación operada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se concluye que los talleres de reparación de vehículos podrán permanecer abiertos, si bien no podrán desarrollar ni actividades de restauración o cafetería (para el caso de que las tuvieran), ni comercio de bienes al por menor que no se consideren esenciales.

Todo ello en base a cuatro argumentos jurídicos siguientes:

– Los talleres de reparación de automóviles son establecimientos industriales, que desarrollan una actividad industrial y de prestación de servicios.

– La situación de estado de alarma en la que el país se encuentra existen ciertos servicios esenciales que requieren el uso de vehículos. Por ello, es incuestionable que los talleres de reparación que se encarguen del mantenimiento y reparación de estos vehículos, han de permanecer abiertos.

– En esta situación de estado de alarma es indispensable el mantenimiento del servicio de transporte terrestre a fin de garantizar el suministro de productos y bienes de primera necesidad.

– El artículo 7 del Real Decreto 463/2020 admite el desplazamiento individual en vehículo para la realización de las actividades que en él se enumeran y el artículo 10, en coherencia con ello, permite la apertura de los establecimientos que suministren el combustible a tales vehículos, es razonable entender que los talleres de reparación de esos mismos vehículos pueden permanecer abiertos con el fin hacer posible su circulación para esos limitados fines establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020.

Coronavirus COVID-19 | Prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos

Actualidad, Noticias

1. ¿Se va a poder disponer de una ampliación del plazo para el cumplimiento de las deudas tributarias?

Se aplaza el pago de las deudas tributarias correspondientes a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.

2. ¿Cuál son las condiciones de aplazamiento del pago de las deudas tributarias?

La duración del aplazamiento es de seis meses, dentro de los cuales no se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

3 ¿Cómo hacen las personas autónomas que tienen empleados contratados? ¿Son asimilables a las empresas en términos de ERTEs?

Efectivamente, no existe ninguna diferencia en su tramitación, ni en sus consecuencias laborales o económicas.

4. Soy trabajador autónomo y, debido a la declaración del estado de alarma, he tenido que cesar mi actividad. ¿Existe alguna ayuda para compensar la pérdida de ingresos?

La norma establece una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la declaración del estado de alarma, con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir del 15 de marzo, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, si éste se prolonga.

5. ¿Y si no ha llegado a cesar mi actividad, pero se ha visto seriamente afectada?

La misma prestación extraordinaria se establece cuando la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

6. ¿Qué requisitos se exigen para acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad?

Ya se trate de cese de la actividad, o de reducción de la misma, el trabajador autónomo deberá estar afiliado y en alta en la fecha de declaración del estado de alarma (15 de marzo), y hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este último requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

Además, en el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, deberá acreditarse la reducción de la facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

7 ¿A qué cuantía tendré derecho si percibo esta prestación extraordinaria?

La cuantía de esta prestación extraordinaria será del 70 por ciento a la base reguladora, y si no se acredita el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, del 70 por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

8. ¿Qué duración tendrá la prestación extraordinaria?

La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes.

El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

9. ¿Y si soy socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado, afiliado al RETA?

Tendrá igualmente derecho a esta prestación extraordinaria, siempre que se reúnan los requisitos mencionados.

 

¿Cómo acceder a la prestación extraordinaria?

Para acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos les indicamos que la misma será tramitada a través de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.

Los casos, como se ha señalado antes, son:

  • Cuando su actividad se haya visto suspendida por la declaración del estado de alarma (RD 463/2020).
  • Cuando su facturación se vea reducida al menos un 75%, en el mes anterior al que solicita la prestación, en relación con el promedio del semestre anterior. Deberán acreditar el promedio de ingresos del último semestre y el del anterior al de la solicitud con la documentación fiscal pertinente. En consecuencia, es necesario esperar al mes de abril para presentar la solicitud.

A reseñar que desde el momento en el que habla de suspensión y no de cese en la actividad, no se requiere baja en el RETA ni en el censo de empresarios (AEAT).

Los requisitos son:

  • Estar de alta en el RETA o como trabajador por cuenta propia del RE Mar el 14 de marzo de 2020
  • Acreditar la referida reducción de la facturación, cuando ese sea el motivo de la suspensión de la actividad.
  • Encontrarse al corriente en sus cotizaciones, siendo de aplicación el mecanismo de invitación al pago de la deuda en el plazo de 30 días naturales

La cuantía del subsidio se calculara de la misma forma prevista para la prestación ordinaria de cese de actividad, con la singularidad ya indicada de que, cuando no se cuente con el período mínimo de doce meses continuados e inmediatamente anteriores al hecho causante, incluido el del mes de dicho hecho causante, la cuantía será equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el RETA o, en su caso, en el REM, percibiéndose dutante un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes.

La prestación será incompatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social y durante el periodo de percepción de la prestación económica no deberá cotizar el autónomo durante el mismo

Además de la solicitud ha de aportarse:

  1. DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON CARÁCTER GENERAL

1.1 Fotocopia del Documento de Identidad (DNI-NIE-TIE) o Pasaporte, (por ambas caras).

1.2 Fotocopias de los 3 últimos boletines de cotización.

1.3 Modelo 145 de comunicación de datos al pagador (I.R.P.F.), (Excepto País Vasco y Navarra).

  1. DOCUMENTACIÓN A APORTAR CUANDO PROCEDA

2.1 Libro de familia o documento equivalente en caso de extranjeros, si existen hijos a su cargo.

2.2 Si existe aplazamiento de cuotas pendientes de pago a la TGSS: resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, del aplazamiento de las cuotas pendientes de pago, y justificantes mensuales del pago y cumplimiento de los plazos establecidos en la misma.

2.3 Si existen cotizaciones en el extranjero: documentación acreditativa de las cotizaciones realizadas en el Extranjero.

2.5 Resolución Administrativa o Judicial de reconocimiento de la prestación o ayuda correspondiente, si tuviese alguna concedida.

  1. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A APORTAR CUANDO SE ALEGA REDUCCIÓN DE LA FACTURACIÓN

3.1 Libro de facturas emitidas y recibidas del periodo de estudio de los siete meses anteriores a la solicitud.

3.2 Trabajadores autónomos en régimen de estimación objetiva de los siete meses anteriores a la solicitud:

3.3 Libro de registro de ventas e ingresos.

3.4 Registro de compras y gastos.

Cualquier otra documentación que acredite la reducción de la facturación en las condiciones que recoge el RD 8/2020 de 18 de marzo de 2020.

Coronavirus COVID-19 | La Comunidad de Madrid facilita la inscripción online a afectados por regulaciones de empleo causadas por el coronavirus

Actualidad, Noticias

• Permitirá al Servicio Público Estatal de Empleo agilizar los trámites para gestionar la prestación por desempleo de los solicitantes

• Podrán utilizarlo todas aquellas personas que hayan perdido su trabajo por despidos y regulaciones de empleo provocadas por el coronavirus

• También dará acceso a todos los servicios que ofrece la Comunidad de Madrid a los demandantes de empleo

 

La Comunidad de Madrid ha habilitado en su página web (www.comunidad.madrid) un formulario que va a permitir agilizar la inscripción como demandantes de empleo a todos aquellos trabajadores de la región que se hayan visto afectados por despidos o regulaciones temporales de empleo provocadas por el coronavirus.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar a todos los madrileños que se encuentren en esta situación la posibilidad de completar, de manera rápida, sencilla y sin moverse de casa, los trámites necesarios para cobrar la prestación por desempleo, reconocida por el Gobierno de España a través de Real Decreto Ley 8/2020 para los despidos individuales, Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) relacionados con el COVID-19.

Para ello, los usuarios solo tienen que acceder desde cualquier dispositivo al formulario, alojado en la página web de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid/tramites-rapidos-desempleo) y rellenar una serie de datos personales, laborales y de contacto. Una vez enviada, esta solicitud permitirá a la Dirección General del Servicio Público de Empleo, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, gestionar la inscripción del usuario como demandante de empleo. y al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) tramitar de manera inmediata su prestación por desempleo para agilizar al máximo el cobro de la misma.

Además, con este registro el trabajador también tendrá a su disposición todos los servicios de información, orientación y formación que ofrece el Gobierno regional a través de sus 42 oficinas de empleo, y que mientras se mantenga la actual situación se siguen ofreciendo de manera telemática.

 

GUÍA ÚTIL PARA TRABAJADORES, EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS

Esta iniciativa se suma a la guía que desde el pasado lunes está disponible en la web de la Comunidad de Madrid con toda la información que deben conocer y manejar los trabajadores, autónomos y empresarios afectados por las medidas incluidas en el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, que ha establecido limitaciones a la actividad comercial, hostelería y restauración, entre otros sectores económicos.

La guía, que se actualiza de manera constante, recuerda a trabajadores y empresarios sus derechos y obligaciones ante una situación de suspensión de actividad, una conciliación o la vía para solicitar ayudas y prestaciones, así como los canales para plantear dudas o asesorarse de manera personaliza.

Coronavirus COVID-19 | Síntesis de la respuesta de la Unión Europea a la crisis del COVID-19

Actualidad, Noticias

1. Introducción

La velocidad a la que el COVID-19 se propaga lo ha transformado en una emergencia sanitaria de primera magnitud, que está causando un grave impacto socioeconómico y que puede acabar mermando la credibilidad y confianza en la capacidad de la Unión Europea para hacerle frente.

Porque, pese a que la UE no tiene competencias en materia de salud pública, sí hubiera sido deseable una respuesta más rápida y contundente en lo económico, respaldada por una mayor colaboración entre los Estados miembros, sobre la base de la unidad y la solidaridad, bajo un liderazgo más claro de la Comisión Europea.

El 3 de marzo la Presidenta de la Comisión Europea creó un gabinete de crisis específico para abordar el impacto del COVID-19 bajo su liderazgo. Está compuesto por:

– Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva de Digitalización, responsable de Competencia.

– Valdis Dombrovskis, Vicepresidente Ejecutivo para Políticas Económicas

– Paolo Gentiloni, Comisario de Asuntos Económicos y Financieros

– Thierry Breton, Comisario de Mercado Interior

– Stella Kyriakides, Comisaria de Salud

– Ylva Johansson, Comisaria de Asuntos de Interior

– Janez Lenarčič, Comisario de Gestión de Crisis

– Adina Vălean, Comisaria de Transporte

Además de seguir al detalle el avance del virus, así como tratar de asegurar la coordinación entre los Estados miembros, la finalidad de este gabinete de crisis es:

a) Preparar medidas en los ámbitos sanitario (prevención, contratación pública para la adquisición de equipamiento, investigación científica), movilidad (espacio Schengen, transporte) y economía (impacto macroeconómico y por sectores de actividad).

b) Coordinar su implementación a escala nacional y europea.

El 13 de marzo la Comisión Europea puso en marcha un primer paquete de iniciativas, afirmando que “utilizará plenamente todos los instrumentos a su alcance para resistir esta tormenta”, que se han ido concretando a lo largo de la semana del 16 de marzo. Un primer paquete de medidas que se sintetiza a continuación y que se completa con un resumen de las adoptadas por el Eurogrupo y el Banco Central Europeo (BCE).

 

2. Medidas adoptadas por la Comisión Europea y el Consejo

2.1 Programa de inversión para hacer frente al coronavirus

La Comisión lanzó una propuesta de Reglamento para redirigir 37.000 millones de euros de los Fondos Estructurales y de Cohesión para mitigar los efectos de la crisis causada por el COVID-19. A tal efecto, no solicitará a los Estados miembros que reembolsen la prefinanciación no utilizada de dichos fondos. Esto equivale a, aproximadamente, 8.000 millones de euros del presupuesto de la UE, de los que los países podrán disponer para complementar los 29.000 millones de fondos estructurales europeos desbloqueados. La elegibilidad del gasto tendrá efecto retroactivo, en concreto desde el 1 de febrero.

Además, la Comisión planteó, mediante otro proyecto de Reglamento, ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad Europeo previendo un escenario de emergencia de salud pública que pueda ser activado para los Estados miembros más afectados. Una previsión que se verá reflejada en el presupuesto anual de la UE para 2020, hasta llegar a los 800 millones de euros.

El 18 de marzo, los Estados miembros, reunidos en COREPER (Comité de Embajadores Representantes Permanentes ante la UE), dieron el visto bueno a ambos borradores de Reglamento. El próximo paso es la adopción por el Parlamento Europeo en la sesión plenaria extraordinaria de 26 de marzo.

Por último, la Comisión desbloqueará hasta 179 millones de euros del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, como complemento para paliar los efectos sociales del COVID-19.

2.2 Flexibilización del régimen europeo de Ayudas de Estado

Tal y como ya lo están haciendo, los Estados miembros tienen potestad para diseñar medidas de amplio alcance tales como rebajas en las contribuciones sociales o suspensión de impuestos. Además, pueden otorgar apoyo financiero directo mediante, entre otras vías, líneas de avales y garantías, como la anunciada por el Gobierno de España para llegar hasta los 100.000 millones de euros.

Sin embargo, dado que estas medidas caen bajo el régimen de ayudas de Estado y su regulación es competencia exclusiva de la Unión Europea, el 19 de marzo la Comisión adoptó un nuevo marco temporal para la flexibilización de dicho régimen, con los siguientes objetivos:

a) Establecer ayudas en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales de hasta 800.000 euros por empresa.

b) Conceder garantías estatales para los préstamos bancarios, teniendo en cuenta si la empresa es PYME o no y el margen de riesgo para un préstamo a uno, dos-tres años o cuatro-seis años. La garantía ha de concederse antes del 31 de diciembre de 2020. Su duración se limita a un máximo de seis años y el porcentaje de garantía del Estado no puede exceder del:

– 90% del crédito principal en caso de que las pérdidas sean asumidas bajo las mismas condiciones por la entidad de crédito y el Estado; o

– 35% del préstamo principal, si las pérdidas se atribuyen primero al Estado y luego a las entidades de crédito (es decir, una garantía de primera pérdida); y,

– en ambos supuestos, la cantidad garantizada decrecerá de manera proporcional a la reducción del montante del crédito en el tiempo.

c) Autorizar préstamos públicos y privados con bonificación de tipo de interés, para los créditos suscritos antes del 31 de diciembre de 2020 y con una duración máxima de seis años.

d) Canalizar la ayuda a la economía a través de los bancos e intermediarios financieros.

e) Aprobar créditos a la exportación.

La cuestión es, según la Comisión, garantizar que el sistema europeo de Ayudas de Estado beneficie a las empresas que hayan entrado en crisis después del 31 de diciembre de 2019 como consecuencia del brote del COVID-19.

2.3 Flexibilización del marco fiscal europeo

La Comisión propuso al Eurogrupo aplicar altos niveles de flexibilidad en el cumplimiento de los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (desviación de las sendas de consolidación fiscal) para reducir los efectos socioeconómicos que la crisis del COVID-19 está causando. El Ejecutivo europeo basó su razonamiento en lo que define como “una serie de eventos impredecibles que caen fuera del marco de predictibilidad de los gobiernos”, permitiéndoles, por tanto, acomodar gastos hasta ahora no previstos destinados a inyecciones en los sistemas de salud pública y a mitigar pérdidas económicas para empresas y trabajadores.

En su reunión de 16 de marzo, el Eurogrupo respaldó estas propuestas, afirmando que sus Estados miembro permitirán el uso de estabilizadores automáticos e implementarán las medidas necesarias para asegurar que las consecuencias económicas del COVID-19 se limitan al máximo posible. En este sentido:

– Los Estados realizarán gasto fiscal especialmente destinado a tratar y contener la propagación del virus;

– Se proporcionará liquidez a las empresas, con un enfoque especial en las PYME y las compañías en las regiones más afectadas. Estas medidas pueden incluir descuentos fiscales, garantías públicas;

– Se dará apoyo a los trabajadores, incluidos aquellos que tengan contratos de corta duración, para evitar pérdidas de poder adquisitivo. Algunas de las medidas sugeridas son la extensión de la baja por enfermedad y subsidios al desempleo.

Por último, el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, solicitó a la Comisión Europea explorar posibles vías para activar el Mecanismo Europeo de Estabilidad, creado en 2010 para afrontar la crisis griega y cuyo objetivo es proporcionar asistencia a los países de la zona euro con serias dificultades económicas.

Esto quiere decir que, mientras no se activen instrumentos fiscales y/o financieros europeos, el peso de la respuesta de la Unión Europea para activar la economía recaerá, mayormente, en sus Estados miembros.

2.4 Blindaje de las fronteras exteriores de la Unión Europea

En un intento de coordinar las acciones unilaterales que los Estados miembros han ido aplicando para contener la propagación del COVID-191 y que se han traducido en una rotura del Espacio Schengen de libre circulación, el 16 de marzo la Comisión presentó una guía con recomendaciones para la gestión de fronteras, con tres objetivos:

a) Asegurar el abastecimiento de bienes y servicios básicos, porque el transporte de mercancías y la movilidad es esencial para garantizar el suministro de equipamiento médico, así como la continuidad de la actividad económica.

Por tanto, las medidas de control fronterizo no han de ser disruptivas y han de asegurar las cadenas de suministro.

Los profesionales del sector del transporte han de poder circular a través de las fronteras sin que su seguridad se vea comprometida en ningún momento.

Por lo que se refiere al transporte aéreo de pasajeros, la Comisión Europea propuso el 13 de marzo una modificación del Reglamento vigente sobre asignación de franjas horarias para eximir a las compañías aéreas del cumplimiento de la regla 80-20, según la cual si una aerolínea incumple más de un 20% de las rutas previstas puede perder la autorización. El Parlamento Europeo tiene previsto adoptarlo el 26 de marzo en sesión plenaria extraordinaria, con lo que solo quedará pendiente la aprobación por parte del Consejo para su posterior entrada en vigor. Además, el 18 de marzo la Comisión publicó una guía interpretativa de los derechos de los pasajeros en el contexto de la crisis del COVID-19.

b) Proteger la salud.

Entre otras recomendaciones, los Estados miembros han de facilitar el cruce de fronteras a los trabajadores que desempeñan su actividad profesional en un país vecino, con especial atención a aquellos que trabajan en el sector de la salud y otros sectores esenciales como el de los cuidados a ancianos y a niños y los trabajadores de infraestructuras críticas.

c) Cierre temporal de las fronteras exteriores de la UE.

La Comisión Europea apoya la reintroducción de controles fronterizos entre Estados miembros, como ya pasó con la crisis migratoria de 2016. Sin embargo, esta es la primera vez que plantea el cierre temporal durante 30 días de las fronteras exteriores de la UE como perímetro de seguridad frente al COVID-19. Un cierre que fue aprobado por el Consejo Europeo el 17 de marzo.

 

3. Medidas adoptadas por el Banco Central Europeo.

El 18 de marzo el Banco Central Europeo presentó un plan de compra hasta finales de 2020 de 750.000 millones de euros en activos públicos y privados, favoreciendo la financiación de los planes adoptados por los Estados miembros para luchar contra el COVID-19.

Se trata del mayor programa de financiación puesto en marcha por el BCE hasta la fecha.

 

4. Valoración empresarial: opinión de BusinessEurope

BusinessEurope está realizando un seguimiento continuado de la crisis del COVID-19 en estrecha coordinación con sus confederaciones miembro, entre ellas CEOE.

El 16 de marzo, BusinessEurope hizo pública su valoración en forma de declaración titulada “Responsabilidad, Acción y Solidaridad son requeridas urgentemente para proteger a las empresas, la sociedad y nuestra economía”. En síntesis, BusinessEurope:

1. Apoya plenamente las medidas adoptadas por la Comisión Europea, el Consejo y el BCE, para asegurar que el máximo número de empresas sobrevive a esta crisis y se ayude a reconstruir la economía europea.

2. Afirma que la salud pública es la prioridad y que su pensamiento está con las familias ya afectadas. Del mismo modo, traslada su gratitud a los trabajadores y empresas, por el coraje y resistencia excepcionales que están mostrando para afrontar tanto el riesgo de contagio como el mantenimiento del suministro de bienes y servicios básicos de los que todos dependemos.

3. Reconoce que esta crisis es un enorme desafío para la salud pública, con un notable impacto negativo en el crecimiento de la UE en 2020, vista la posibilidad de que un gran número de Estados miembros experimenten una reducción significativa, e incluso masiva, de la actividad. Trabajadores y empresas, en particular las PYME, están sufriendo ya las dramáticas consecuencias de las medidas restrictivas impuestas.

4. Asevera que la respuesta europea ha de estar anclada en la responsabilidad, la acción y la solidaridad de todas las partes:

– Responsabilidad como empresarios, trabajadores y ciudadanos, para asegurar que todas nuestras acciones contribuyan a salir de esta crisis.

– Acción, para mantener el funcionamiento esencial de nuestra economía y asegurar que, una vez la pandemia esté controlada, el ecosistema empresarial se mantiene vivo para restablecer de manera plena nuestro apreciado modo europeo de vida.

– Solidaridad, entre empresas de todos los tamaños, entre empresas y gobiernos y entre todos los Estados miembros.

 

5. Realiza las siguientes propuestas:

– La política monetaria debe apoyar la actividad económica y asegurar la adecuada liquidez del sistema financiero, garantizando el acceso al crédito para las empresas.

– Los supervisores y reguladores financieros deben estar preparados para introducir medidas dirigidas a estabilizar los mercados financieros.

– Se debe permitir la máxima flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluso su suspensión, de manera temporal. La Comisión y el Consejo podrían ir más allá y permitir estímulos fiscales más ambiciosos de una forma coordinada.

– Se ha de incrementar el paquete de ayudas previsto por la Comisión Europea por un montante de 37.000 millones de euros.

– Se ha de garantizar la unidad de mercado a escala europea, preservando el mercado interior europeo, eliminando toda restricción al comercio intraeuropeo, en particular de material sanitario y evitando el bloqueo del transporte.

– A nivel de los Estados miembros, estos deben prever garantías de crédito, proveer claridad por lo que se refiere al uso de las cláusulas de “fuerza mayor” en las relaciones contractuales entre empresas e introducir flexibilidad en los esquemas de apoyo al empleo en caso de disminución la actividad.