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Departamento Laboral de AICA | Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las vacaciones y su derecho al disfrute

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana, abordamos una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que trata sobre la prescripción de la reclamación del derecho al disfrute de las vacaciones, de fecha 22 de septiembre de 2022.

En la sentencia, se explica que el artículo 7 de la Directiva 2003/88 refleja y precisa el derecho fundamental a un período anual de vacaciones retribuidas, consagrado en el artículo 31, apartado 2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la cual, a su vez, el artículo 6 del TUE reconoce el mismo valor jurídico que a los Tratados.

Así, se explica también en la sentencia, que es pacífico que solo pueden introducirse limitaciones a los derechos fundamentales consagrados por la Carta respetando los estrictos requisitos establecidos en el artículo 52.1 de esta, a saber, que tales limitaciones sean establecidas por ley, que respeten el contenido esencial de dicho derecho y que, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión Europea.

En el caso que nos ocupa, el empresario no posibilitó al trabajador ejercer su derecho a vacaciones anuales de forma efectiva. Dado que el trabajador es la parte débil de la relación laboral, el cometido de velar por el ejercicio efectivo del derecho a vacaciones anuales retribuidas no debería recaer por completo sobre el trabajador, mientras que el empresario tendría la posibilidad de liberarse de cumplir sus propias obligaciones alegando que el trabajador no ha presentado una solicitud de vacaciones anuales retribuidas.

Se continúa explicando en la sentencia que la pérdida del derecho a vacaciones al finalizar un período de devengo o un período de aplazamiento solo puede producirse si el trabajador afectado ha tenido la posibilidad efectiva de ejercer oportunamente ese derecho. Dado que la excepción de prescripción no se plantea de oficio, no puede admitirse, so pretexto de garantizar la seguridad jurídica, que el empresario pueda invocar su propio incumplimiento, a saber, no haber posibilitado al trabajador ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas de manera efectiva, para beneficiarse de ello en el marco de la demanda de ese trabajador fundada en ese mismo derecho, alegando su prescripción. Ello daría lugar a un enriquecimiento sin causa del empresario que sería contrario al objetivo mismo de preservar la salud del trabajador.

En defina, el Tribunal de Justicia Europeo dispone que la situación en que el trabajador reclama por vacaciones o la compensación financiera por los períodos de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas fundadas en derechos adquiridos más de tres años antes de formular la reclamación, no es comparable a aquella en la que el Tribunal de Justicia Europeo ha reconocido un interés legítimo del empresario en no verse expuesto al riesgo de una acumulación demasiado prolongada de períodos de inactividad laboral y a las dificultades que podrían causar para la organización del trabajo cuando la ausencia prolongada del trabajador se debe a una incapacidad laboral por enfermedad.

Como siempre, si os surgen dudas sobre el derecho al disfrute delas vacaciones de vuestros empleados, podéis contactar con el equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

 

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Departamento Laboral de AICA | Ley Orgánica, de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual

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Estimados asociados, el pasado día 7 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial del estado la Ley Orgánica, de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual

 

La norma, considera violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena, así como todos los demás delitos previstos en código penal. También quedan comprendidos en este ámbito las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital y abarca también la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual y el feminicidio sexual.

 

Esta ley conlleva una reforma legislativa que abarca a varios ámbitos de la legislación, pero en la presente nota informativa de forma muy resumida nos vamos a centrar en las modificaciones de la normativa laboral (que ha conllevado entre otras, modificaciones del Texto Refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de Seguridad Social, entre otras Leyes).

 

Obligaciones de las empresas. Prevención y detención de violencias sexuales.

 

En el artículo 12 de la norma se establece que las empresas:

 

  1. Están obligadas a promover las condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo.

 

  1. Están obligadas a arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido víctimas de estas conductas.

 

  1. Pueden negociar con la representación de las personas trabajadoras la adopción de medidas como por ejemplo la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas, protocolos de actuación o acciones de formación.
  1. De las antedichas medidas podrán beneficiarse:
    1. Toda la plantilla de la empresa cualquiera que sea la forma de contratación laboral,
    2. Las personas becarias y el voluntariado;
    3. las personas que presten sus servicios a través de contratos de puesta a disposición.

 

  1. Están obligadas a promover la sensibilización y a ofrecer formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal e incluir en la valoración de riesgos de los diferentes puestos de trabajo ocupados por trabajadoras, la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes, y formar e informar de ello a sus trabajadoras.

 

Las empresas que cumplan con las anteriores condiciones tendrán el reconocimiento de “Empresas por una sociedad libre de violencia de género, además, la norma también establece la obligación de las empresas de integrar la perspectiva de género en la organización de los espacios de sus centros de trabajo con el fin de que resulten seguros y accesibles para todas las trabajadoras.

 

En el artículo 38 de la norma se establecen los siguientes derechos de las trabajadoras víctimas de violencias sexuales:

 

1.- A la reducción o la reordenación de su tiempo de trabajo.

 

2.A la movilidad geográfica, al cambio del centro de trabajo y a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precisen por razón de su discapacidad para su reincorporación.

 

3.-A la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo. La norma dispone que la duración inicial del período de suspensión no podrá exceder de 6 meses, prorrogable por periodos de 3 meses hasta un máximo de 18 meses por decisión judicial.

 

4.-A la extinción del contrato de trabajo.

 

5.- Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de las violencias sexuales se considerarán justificadas y serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad.

 

6.- En los términos previstos por la Ley General de la Seguridad Social se establece el derecho a la protección por desempleo.

 

7.- Se establece el derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las empresas que formalicen contratos de interinidad con una persona desempleada para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia sexual que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo. Este beneficio se extenderá a todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante 6 meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.

 

8.- Las trabajadoras autónomas económicamente dependientes víctimas de violencias sexuales tendrán derecho:

 

8.1.- A la adaptación del horario de actividad con el objeto de hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral;

 

8.2.- A interrumpir su actividad, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral;

 

8.3.- A extinguir la relación contractual.

 

8.4.- Las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencias sexuales que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral serán consideradas en situación de cese temporal de la actividad, en los términos previstos en la LGSS, con suspensión de la obligación de cotizar durante un período de 6 meses, que se considerará como de cotización efectiva para las prestaciones de Seguridad Social tomándose, a estos efectos, una base de cotización equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los 6 meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar. La trabajadora estará durante esta situación en asimilada al alta.

 

8.5.- En el artículo 41 se contempla una serie de ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales:

A). A la percepción de las indemnizaciones acordadas por sentencia judicial, o, alternativamente, con cualquiera de las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (modificada por disp. final 5ª de la LO 10/2022);

B). A las ayudas previstas en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo. Además, las víctimas acreditadas de violencia sexual tendrán la consideración de víctimas de violencia de género a los efectos del artículo 2.2 c) del real decreto citado (trabajadoras desempleadas menores de 65 años beneficiarias del programa);

C).- A las ayudas establecidas en la Lay 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

D).- A la percepción de las ayudas que establezcan en este ámbito las comunidades autónomas.

Dentro del mismo capítulo y título, también se establece (art. 39) que las trabajadoras desempleadas víctimas de violencias sexuales y las autónomas que hayan cesado en su actividad por ese motivo, tendrán derecho, en el momento de demandar empleo, a participar en las ayudas económicas que acaban de exponerse, y a participar en programas específicos de inserción laboral.

En definitiva, ante la cantidad de modificaciones que la entrada en vigor de esta ley ha supuesto, si os surgen dudas sobre las mismas, podéis contactar con el equipo laboral de AICA, que como siempre, os asesorará al respecto.

 

 

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Departamento Laboral de AICA | Sentencia sobre contrato de trabajo y precontrato

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana, comentamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de fecha 20 de mayo de 2022, en la que explica la diferencia entre precontrato de trabajo y oferta laboral.

En Tribunal de Justicia dispone en su sentencia que existe precontrato cuando existe concurso de ambas voluntades, la de la empresa y la del trabajador en orden a un futuro contrato de trabajo cuyas condiciones esenciales, jornada, salarios, modalidad contractual, convenio colectivo aplicable, fecha de incorporación y centro de trabajo, quedan definidos. Por otra parte, lo esencial en una oferta es la formación unilateral de voluntad de una sola de las partes.

Según el fallo, el precontrato es algo más que una oferta: se construye jurídicamente como un contrato consensual; en el precontrato se contienen las líneas básicas y todos los requisitos exigidos para la validez del llamado contrato futuro; el precontrato es el resultado de las ofertas y propuestas de las partes y de las aceptaciones recíprocas.

Pues bien, partiendo de esta diferenciación, en Juzgado explica en su sentencia que  la empresa envió un correo al actor informando de su intención de celebrar un contrato de trabajo e informándole de las condiciones y fecha de incorporación, como resultado de una previa petición realizada por el empleado, que por entonces estaba prestando servicios en el Ministerio de Defensa, a los efectos de pedir la correspondiente excedencia, y porque por ello precisaba de un documento en el que se reflejase la existencia de un “precontrato”, que nunca llegó a celebrarse por desistir la empresa alegando que el puesto para el que se iba a contratar al actor como personal de cocina no necesitaba cubrirse porque la cocina no se pudo abrir y se contrató un servicio de catering.

El incumplimiento del precontrato, al ser determinante del cese en un empleo estable para ponerse a disposición de la nueva empresa, puede producir efectos mucho más onerosos que el incumplimiento del contrato una vez iniciado, pues al no otorgarse el proyectado tras el cese voluntario en el anterior, queda el trabajador sin protección con consecuencias imprevisibles para el mismo y su familia.

En su Sentencia, el Tribunal Superior de Justicia explica que no se puede  determinar si la causa alegada por el empresario fue el verdadero motivo del incumplimiento empresarial del precontrato, es decir, no puede analizarse si realmente existió una causa de imposibilidad que pueda exonerar a la empresa de su responsabilidad-, entiende la Sala que sí procede estimar la pretensión indemnizatoria que el actor cuantifica en los salarios dejados de percibir durante cuatro meses, más la liquidación de haberes conforme a lo establecido en los arts. 1101 y 1106 del CC en relación al RD 38/2019 de 1 de febrero, que modifica el Reglamento de adquisición y perdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales.

Como siempre, si en vuestra empresa os encontráis en una situación como lo analizada, podéis contactar con el equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

 

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Departamento Laboral de AICA | Despido impugnado fuera de plazo

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana, tratamos una Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de fecha 8 de junio de 2022, que absuelve a una empresa de readmitir a un trabajador o indemnizarle tras su despido, pese a haber sido declarado improcedente en instancias inferiores. El Alto Tribunal considera que la demanda se presentó fuera de tiempo.

El trabajador prestaba servicios para la empresa y el 24 de agosto de 2018, se le hizo entrega de una carta de despido con efectos desde ese mismo día, justificándolo en una disminución continuada y voluntaria del rendimiento y al incumplimiento de los objetivos establecido.

El empleado, en desacuerdo con dicho despido, presentó papeleta de conciliación el 4 de septiembre, celebrándose el acto el 2 de octubre de 2018, resultando sin avenencia.

El 18 de octubre de ese mismo año, el trabajador procedió a presentar demanda ante el Juzgado de lo Social, el cual declaró improcedente el despido y condenó a la empresa a la readmisión del trabajador o, a elección de aquélla, a indemnizarle. La Sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid tras ser recurrido por la empresa.

Sin embargo, la empresa, no conforme, presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo alegando que la demanda había sido presentada fuera de plazo, después de los 20 días hábiles que establece la norma.

Hay que recordar que el art 59 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores establece que “el ejercicio de la acción contra el despido caduca a los veinte días siguientes de aquel en que se hubiera producido. Los días serán hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos”.

Así mismo, el artículo 65.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) establece que “La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación suspenderá los plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o mediación o transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado”.

En este sentido, y tras la controversia sobre cuándo se reanuda el cómputo de plazos, los magistrados consideran, en atención a la jurisprudencia mayoritaria, que, se celebre o no la conciliación, el cómputo se reanuda a los quince días hábiles de haberse presentado la papeleta de conciliaciónY aunque se celebre posteriormente el acto conciliatorio, ello no implica la suspensión retroactiva del plazo, ya que el cómputo, ya se reanudó.

Por lo tanto, como ya habían pasado 21 días hábiles, los magistrados consideran que el plazo ya había caducado. En definitiva, el Tribunal anula la sentencia del TSJ, deja sin efecto la de primera instancia y, por tanto, absuelve a la empresa de tener que readmitir al trabajador o indemnizarle.

Como siempre, desde AICA, os recomendamos que contactéis con nuestro equipo laboral si un empleado ha impugnado el despido que habéis realizado, ya que os asesorarán sobre la mejor forma de abordarlo ante la Jurisdicción Social.

 

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Farmaforum | ¡El Brokerage Event de Farmaforum ya está aquí!

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Los próximos días 5 y 6 de octubre tendrá lugar la sexta edición de la Feria Farmaforum y, en el marco de la misma, la Fundación para el conocimiento Madri+d organiza un Brokerage Event con la finalidad de generar redes flexibles y efectivas en un marco internacional

La Fundación para el conocimiento Madri+d, como socios coordinadores del nodo de la Comunidad de Madrid de la red EEN (Enterprise Europe Network) para la internacionalización de la investigación e innovación, organiza un Brokerage Event en el marco de la sexta edición de la feria anual de Farmaforum, la feria más importante de España dentro de la industria farmacéutica.

El objetivo de este evento es reunir a profesionales del sector de diferentes países y distintas organizaciones (desde grandes empresas hasta PYMES, start-ups e instituciones públicas y privadas), que quieran desarrollar nuevas actividades tecnológicas y comerciales en un ámbito internacional, generar nuevos lazos de cooperación tecnológica, así como participar en las próximas convocatorias del Clúster 1: Salud del Programa Horizonte Europa.

Los asistentes a la feria tendrán la posibilidad de mantener relaciones con el resto de participantes. El formato de las reuniones será tanto presencial (IFEMA, pabellón 14, Madrid, España) como virtual.

Las principales temáticas que se abordarán serán: salud, cosméticos, bioindustrias, biotecnología en cosmética y sectores relacionados (calidad, producción, regulaciones y logística).

El Brokerage Event se desarrolla en varias fases:

  1. Registro de participantes antes del 4 de octubre (https://farmaforum2022.b2match.io/) y publicación de sus intenciones de colaboración
  2. Reserva de reuniones con las empresas asistentes que le interesan
  3. Una semana antes del evento recibirá su calendario de reuniones

 

¡INSCRÍBETE YA EN FARMAFORUM A TRAVÉS DE AICA!

Convocatoria Segmento II Programa Kit Digital (empresas de entre 3 y 9 empleados)

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El 2 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2022, por la que se convoca las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento II (entre 3 y menos de 10 empleados) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU (Programa Kit Digital).

NOTA: El plazo de solicitud de estas ayudas abrirá el próximo 2 de septiembre de 2022.

Objeto

Subvencionar a empresas y autónomos, de entre 3 y menos de 10 trabajadores, con 6.000 euros para la implantación y/o sustitución (siempre y cuando impliquen una mejora funcional) de soluciones digitales correspondientes a una de las siguientes 12 categorías.

 

Categorías de las soluciones de digitalización

Categoría Ayuda máx.
Sitio web y presencia básica en Internet 2.000 €
Comercio electrónico 2.000 €
Gestión de redes sociales 2.500 €
Gestión de clientes 2.000 €
Business intelligence y analítica 2.000 €
Gestión de procesos 3.000 €
Factura electrónica 2.000 €
Servicios y herramienta de oficina virtual 2.250 €
Comunicaciones seguras 1.125 €
Ciberseguridad 1.125 €
Marketplace 2.000 €
Presencia avanzada en Internet 2.000 €

Los requisitos mínimos técnicos, funcionales y de servicio de las soluciones de digitalización, y los porcentajes de ejecución exigible se pueden consultar en el siguiente enlace: https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-digitales

 

Conceptos subvencionables

Se incorpora el gasto en hardware como subvencionable (anteriormente excluido). No obstante, solo van a ser subvencionables los dispositivos en la modalidad de pago por uso (as a service) cuando su suministro sea imprescindible para la prestación de la solución contratada.

 

Dotación presupuestaria

500 millones de euros (ampliables).
Este importe permite acceder a la ayuda a 83.333 empresas y autónomos.

 

Requisitos de los beneficiarios

• Tener entre 3 y menos de 10 trabajadores.
• Tener una antigüedad mínima de 6 meses.
• No tener la consideración de empresa en crisis.
• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
• No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente.
• No superar el límite de ayudas de minimis.

 

Modalidad de la ayuda

• Subvención directa.
• Las ayudas son incompatibles con otras ayudas que cubran el mismo coste.
• Se otorgará una única subvención por beneficiario.

 

Bases reguladoras

La concesión de ayudas de la presente Convocatoria se rige según lo establecido en la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, modificada posteriormente por la Orden ETD/734/2022, de 26 de julio.

 

Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes será de doce (12) meses, y abrirá desde el 2 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas hasta el 2 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas.

Una vez sea abierto el plazo, las ayudas podrán ser solicitadas a través de la sede electrónica de Red.es

 

Pasos recomendados
• Lo más urgente es solicitar la ayuda, aunque todavía no se sepa en qué servicios se desea emplear. La presentación de solicitudes puede ser realizada por el solicitante o un representante voluntario. Las ayudas se evalúan y aprueban por orden de presentación.
• Una vez aprobada la ayuda, hay que decidir qué servicios se desean implantar y los proveedores con los que se quiere implantar los mismos. Los proveedores seleccionados deben acreditarse como Agentes Digitalizadores Adheridos.
• Hay que firmar con cada uno de los proveedores un Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización. El plazo máximo para firmar estos acuerdos es de 6 meses desde la concesión de la ayuda.
• La prestación de las soluciones de digitalización por el Agente Digitalizador Adherido se realizará en dos fases:

  1. Primera fase (máximo de 3 meses desde firma del Acuerdo). Se deberá realizar el desarrollo, instalación y/o parametrización de la solución. Asimismo, el beneficiario deberá pagar el importe no subvencionado de la factura del Agente Digitalizador Adherido, si el importe del servicio supera el importe de la subvención asociada. Una vez finalizada, justificada (máx. 6 meses desde la validación del Acuerdo) y aprobada la primera fase, el Ministerio pagará al Agente Digitalizador Adherido un 70% del importe subvencionado (40% en el caso de gestión de redes sociales).
  2. Segunda fase (12 meses). Mantenimiento de la solución. Una vez finalizada, justificada (máx. 3 meses desde su finalización) y aprobada esta fase, el Ministerio pagará al Agente Digitalizador Adherido el porcentaje restante del importe subvencionado (según la categoría de la solución de digitalización).

 

Para ampliar información o recibir un diagnóstico gratuito de las ayudas que puede recibir tu empresa, por favor contacta con:
Tfno: 91 827 99 45
Email: financiacion@empresariosdealcobendas.com

Medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural

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En el marco del Acuerdo alcanzado en el Consejo Extraordinario de Ministros de Energía, celebrado el 26 de julio, sobre reducción voluntaria de la demanda de gas, que compromete a España a conseguir una reducción del 7%, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, publicado en el BOE el 1 de agosto.

Se estructura en los siguientes apartados:

A) Transporte: Contiene medidas en materia de sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera, medidas de apoyo al tejido económico y empresarial del transporte terrestre para reforzar la liquidez de empresas y autónomos, y medidas de fomento del transporte público colectivo y de aseguramiento de la movilidad cotidiana obligada, con reducciones transitorias del 100 % en determinados títulos multiviaje desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 para los servicios de Cercanías, así como para los servicios ferroviarios de Media distancia.

B) Medidas económicas en materia de becas y ayudas al estudio en enseñanzas postobligatorias y para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023:

Establece una cuantía complementaria de 100€ al mes para el periodo de cuatro meses, comprendido entre septiembre y diciembre de 2022, para todas las personas beneficiarias de las becas, ayudas y subsidios de la Convocatoria de becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios, y de la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para citado curso.

C) Medidas de fomento del ahorro y la eficiencia energética:

• En un plazo de 7 días y hasta el 1 de noviembre de 2023, en relación a los edificios y locales se modifica la limitación de temperaturas contemplada en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, con los siguientes valores:

  • La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 19 ºC.
  • La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 27 ºC.
  • Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30 % y el 70 %.

Los umbrales de temperatura indicados deberán ajustarse, en su caso, a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca. En este caso debe existir una separación física entre el recinto con los locales contiguos que vengan obligados a mantener las condiciones indicadas anteriormente.

• Antes del 30 de septiembre, los edificios y locales con acceso desde la calle han de contar un sistema de cierre de puertas adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente, independientemente del origen renovable o no de la energía utilizada para la generación de calor y frío por parte de los sistemas de calefacción y refrigeración.

• Se introduce la obligación a estos locales y edificios de que, en un mes, cuenten con carteles informativos o el uso de pantallas, sobre las medidas de aplicación que contribuyen al ahorro energético relativas a los valores límites de las temperaturas del aire, información sobre temperatura y humedad, apertura de puertas y regímenes de revisión y mantenimiento.

Dichos carteles o pantallas deberán ser claramente visibles desde la entrada o acceso a los edificios.

• Desde el 10 de agosto y hasta el 1 de noviembre de 2023, el alumbrado de escaparates deberá mantenerse apagado a partir de las 22 horas.

• Se introduce la obligación de adelantar la siguiente inspección de eficiencia energética en aquellos edificios obligados a ello cuya última inspección sea anterior al 1 de enero de 2021. De este modo, llegado el final del año 2022, todos los edificios con un consumo relevante de climatización habrán pasado por una inspección de este tipo en los últimos dos años.

D) Fomento de la electrificación y despliegue de energías renovables: Medidas dirigidas a la sustitución de combustibles fósiles en nuestro «mix» energético por una mayor penetración de renovables. En este contexto, se abordan medidas urgentes para facilitar la penetración de generación renovable eléctrica, en particular el autoconsumo, y su integración en el sistema eléctrico, así como la penetración de gases renovables.

Modificación de las bases reguladoras del Programa Kit Digital

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El 29 de julio se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden ETD/734/2022, por la que se modifican las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo (Programa Kit Digital).

Si bien esta orden no constituye la convocatoria de ayudas del programa Kit Digital para el segmento II de empresas, contiene aclaraciones relevantes e información de utilidad para posibles beneficiarios, que consideramos importantes. Se reflejan los más relevantes a continuación:

 

Ámbito material

Podrán destinarse estas ayudas a la adopción de soluciones de digitalización cuyo fin sea la sustitución de las ya adoptadas por el beneficiario, siempre que supongan una mejora funcional. Habrá esta mejora funcional cuando concurran las siguientes circunstancias:

• Que la solución de digitalización sea completamente nueva y cumpla todos los requisitos mínimos de la categoría a la que pertenezca, conforme al anexo IV de las bases reguladoras.

• Y que la solución a sustituir no cumpla alguno de los requisitos mínimos exigidos en la misma categoría de solución de digitalización correspondiente.

Y no habrá mejora funcional cuando la solución se trate de:

• El desarrollo, progreso, aumento o enriquecimiento de los servicios y funcionalidades de la solución existente.

• La actualización de versiones de software por el proveedor, esto es, releases que el proveedor publique sobre una versión existente.

• Upgrades o mejoras de versiones.

 

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias de las correspondientes convocatorias efectuadas al amparo de esta orden y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso:

• Las pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio español.

• Las sociedades civiles con objeto mercantil, las sociedades civiles profesionales y las explotaciones agrarias de titularidad compartida que ejerzan una actividad económica, siempre que su domicilio fiscal esté ubicado en territorio español.

No podrán ser beneficiarias:

• Las uniones temporales de empresas (UTES), ni las personas físicas o jurídicas que sean Agentes Digitalizadores Adheridos.

• Las personas en situación de autoempleo que tengan la consideración de autónomos societarios ni los autónomos colaboradores en los términos previstos en la normativa aplicable.

 

Hardware susceptible de ayuda

Serán subvencionables, como parte de una solución de digitalización, dispositivos que se incluyan en la modalidad de pago por uso, cuando su suministro sea imprescindible para la prestación de la solución contratada, sin que puedan ser utilizados para otros fines distintos que los de prestar esta solución.

 

Plazo de presentación de solicitudes y notificaciones

El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses, salvo que la correspondiente convocatoria establezca uno superior, a contar desde la publicación de dicha convocatoria o desde la fecha de efectos de esta cuando se posponga. Este plazo concluirá antes si se agotara el crédito presupuestario de la convocatoria.

 

Resolución del procedimiento

Las solicitudes serán resueltas notificadas en el plazo máximo de seis meses.

 

Otras consideraciones

Podrá consultar un listado completo de las soluciones de digitalización y los aspectos que estas cubren en el apartado 15 de la orden ETD/734/2022.