Actualidad

Aprobada la modificación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

Actualidad, AICA, Legislación, Noticias

El pasado 8 de noviembre, en vigor desde el día 10, el ejecutivo ha aprobado el Real Decreto Ley 17/2018 por el que, recogiendo el nuevo criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo, se modifica el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (RCL 1995, 1816) , aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, disponía en el número 2 de su artículo 68 que el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de documentos notariales, era el prestatario, cuando se tratase de escrituras de constitución de préstamo con garantía.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en sus Sentencias 1505/2018, de 16 de octubre (RJ 2018, 4082) , 1523/2018, de 22 de octubre (PROV 2018, 283469) , y 1531/2018, de 23 de octubre (PROV 2018, 285131) , ha anulado el número 2 del artículo 68 del citado reglamento. Los efectos anulatorios de esta sentencia han provocado una situación de incertidumbre, que ha dado lugar a una reducción sustancial de actos de formalización de préstamos con garantía hipotecaria.

Con posterioridad, el 6 de noviembre de 2018, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, acordó volver a hacer recaer sobre el prestatario la obligación del pago del impuesto.

Esta sucesión de acontecimientos ha generado una situación de inseguridad jurídica, que pretende resolver este Real Decreto Ley modificando un aspecto parcial de la regulación del tributo únicamente en una de sus modalidades , la relativa a documentos notariales, y sólo los correspondientes a préstamos con garantía hipotecaria.

En concreto, se modifican los artículos 29 y 45 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Se modifica el artículo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, será el prestamista. También se modifica el artículo 45 para que aquellos supuestos en los que el prestatario venga gozando de una exención subjetiva sigan quedando exceptuados de gravamen sin que se vean afectados por la reforma del artículo 29.

La modificación normativa se aplicará a aquellos hechos imponibles que se devenguen en adelante, es decir, a las escrituras públicas que se formalicen a partir del 10 de noviembre de 2018.

Sanfiz presenta su nuevo autobús Mercedes – Benz Citaro LE que se suma al Transporte Interempresas de Alcobendas

Actualidad, AICA, Notas de Prensa, Noticias

El Citaro LE de Mercedes-Benz se incorpora al servicio de Transporte Interempresas de Alcobendas.

Realizará el recorrido de la línea del Polígono Industrial y llevará trabajadores de empresas como Lilly, Konecta o Bureau Veritas.

Un transporte más eficiente, cómodo y ecológico.

NUEVOAUTOBUS.1

El servicio de Transporte Interempresas de Alcobendas se moderniza. Sanfiz, empresa del grupo Hife, ha presentado hoy su nuevo autobús Mercedes – Benz Citaro LE que provocará que el servicio sea más eficiente, cómodo y ecológico.

Representantes de la Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA, precursora del servicio, y del Ayuntamiento de Alcobendas, que colabora con su funcionamiento, han asistido, junto a una delegación de Sanfiz y el grupo Hife, a la puesta en marcha del vehículo que realizará el recorrido de la línea del Polígono Industrial. Esta línea, creada en 2004, es la primera que se puso en funcionamiento en el servicio de Transporte Interempresas.

Desde sus inicios, Sanfiz es la empresa que proporciona este servicio, que ya cuenta con 3 líneas en Alcobendas (Polígono industrial, P.E. del arroyo de la Vega y P.E. de La Moraleja) y 1 línea a Madrid (plaza de Castilla).

El vehículo suministrado a Sanfiz tiene una longitud de 12 metros, piso bajo continuo y dispone de 2 puertas de accionamiento eléctrico con lo que se facilita el ascenso y descenso de los pasajeros, así como se reducen los tiempos de parada, gracias a su menor recorrido de arrodillamiento lateral. A su vez, el Mercedes-Benz Citaro Euro VI incorpora numerosas medidas de ahorro de combustible y emisiones de gases de escape, destacando entre ellas los motores common rail y el módulo de recuperación, que almacena en súper-condensadores la energía.

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre la compensación y absorción

Actualidad, Legislación, Noticias

Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana vamos a abordar una Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de 20 de septiembre de 2018 que aborda la no aplicación de la absorción y compensación por parte de la empresa de todas las condiciones económicas pactadas (entre ellas los trienios de antigüedad) con las mejoras de cualquier tipo que anteriormente se vinieran satisfaciendo.

Os recordamos de una forma muy simple que la compensación y absorción es el mecanismo que utilizan las empresas para no tener que subir obligatoriamente los conceptos retributivos reconocidos bien en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo cuando deben realizarse subidas salariales.

Sentado lo anterior, en la Sentencia de la Audiencia se dispone que el hecho de que la empresa no hubiera hecho uso de la compensación y absorción en anteriores ocasiones no implica ni le impide hacer uso de su efectividad, es decir, que la no aplicación de la absorción y compensación regulada en el convenio colectivo no significa que les esté dando a sus empleados la condición más beneficiosa de mantenerles un salario más alto al aplicarles la subida salarial y no absorbérsela.

Nuestra jurisprudencia tiene establecido que una condición más beneficiosa el derecho otorgado por el empresario de manera unilateral, o mediante pacto, a uno o varios trabajadores que mejora las condiciones laborales establecidas en el contrato de trabajo, en el convenio colectivo y en el Estatuto de los Trabajadores.

Por tanto, el hecho de no haber procedido a la absorción y compensación pese a que se lo permitía el convenio tiene su único origen en la voluntad de la empresa, sin que respondan a pacto alguno con los trabajadores ni con sus representantes, de tal suerte que mal puede ser de aplicación lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores sobre las condiciones más beneficiosas.

Como siempre si os surgen dudas sobre la presente nota informativa o si en vuestra empresa se puede realizar una compensación y absorción de las mejoras salariales de vuestros empleados, podéis contactar con el equipo laboral de AICA que os asesorará al respecto.

El Tribunal Supremo retrocede e impone de nuevo al cliente el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios

Actualidad, Legislación, Noticias

En anteriores boletines les informamos que, con fecha 16 de octubre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó Sentencia fijando como nuevo criterio que, en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, el obligado al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es la entidad prestamista y no el cliente que recibe el préstamo.

Quince días después, en concreto el pasado martes día 6 el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con 15 votos a favor y 13 en contra, ha fallado volver a su anterior doctrina imponiendo al cliente la obligación de abonar el Impuesto sobre actos jurídicos documentados en las firmas de escrituras notariales de préstamos hipotecarios.

La decisión de imposición de pago al cliente estará basada, a partir de ahora, en la doctrina del Alto Tribunal y no en una disposición legal dado que la sentencia del Tribunal Supremo que revoca la doctrina a favor del consumidor anuló el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto y dicha anulación permanece en vigor, (dicho artículo que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto).

Pedro Sánchez ha comparecido hoy para anunciar medidas en relación con la decisión del Tribunal Supremo así como la intención del legislativo de dictar una nueva Ley Hipotecaria.

El presidente del gobierno ha anunciado que modificará la ley a través de un decreto para que “nunca más” los clientes tengan que pagar el impuesto de las hipotecas y que se hagan cargo las entidades financieras. La medida la adoptará formalmente el Consejo de Ministros en su reunión de este jueves: “La decisión que tomaremos mañana será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague la banca”, ha expresado el presidente, que ha explicado que este martes “habló el Poder Judicial y hoy y mañana va a hablar el Poder Judicial”.

La fórmula por la que opta el Gobierno para corregir la decisión del Supremo es un decreto para modificar el artículo 29 de la Ley de del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos de 1993. Sánchez también ha anunciado la creación de una autoridad independiente de protección de los clientes que tendrá que ser ratificada -al igual que el decreto- en el Congreso. El socialista considera que ese organismo independiente “reforzará la protección ante posibles abusos y mejorará capacidad de resolver” conflictos.

El Tribunal Constitucional avala que no es discriminatorio que el permiso de paternidad tenga una duración de tiempo inferior que el de la madre

Actualidad, Empleo, Noticias

Estimados asociados, en la presente nota informativa os informamos de una sentencia que ha tenido mucha relevancia en los medios de comunicación.

La antedicha sentencia ha sido emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional y dispone que, se cita literal: “la atribución del permiso por  maternidad, con la correlativa prestación de la seguridad social, a la mujer trabajadora, con una duración superior a la que se reconoce al padre, no es discriminatoria para el varón”.

Con esta argumentación el Tribunal ha desestimado el recurso de amparo presentado por un padre de familia y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que denegó que el permiso de paternidad fuera equiparable al de maternidad, esto es, con una duración de 16 semanas. Según los hechos probados, el demandante de amparo disfrutó del permiso laboral por paternidad durante 13 días y percibió la correspondiente prestación económica de la Seguridad Social con motivo del nacimiento de su hijo el 20 de septiembre de 2015, en virtud de la legislación vigente a la fecha del hecho causante.

La mencionada sentencia, que analiza de forma detallada la jurisprudencia constitucional, explica que la finalidad que persigue el legislador en la protección laboral y de seguridad social dispensada en el supuesto de parto es diferente en atención a que se trate de la madre o del padre. En efecto, en el caso de la madre la “finalidad primordial” que persigue desde siempre el legislador al establecer el descanso por maternidad y el correspondiente subsidio económico de la seguridad social es la protección de la salud de la mujer trabajadora, durante el embarazo, parto y puerperio.

Por otro lado, el alto tribunal también  reseña que: “el establecimiento de un permiso de paternidad no viene impuesto hasta la fecha por ninguna norma de Derecho internacional que obligue a nuestro país ni por el Derecho de la Unión Europea. Obedece a una finalidad tuitiva diferente: favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de los hijos comunes”

Finalmente os indicamos que se subraya el hecho de que: “siendo diferentes las situaciones que se traen a comparación, no puede reputarse como lesiva del derecho a la igualdad ante la ley, la diferente duración de los permisos por maternidad o paternidad y de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social”.

Como siempre, os recordamos que si os surge alguna duda sobre el derecho a las distintas prestaciones que tienen vuestros empleados o, los asociados que sois autónomos, podéis contactar con el equipo laboral de la asociación, que os asesorará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Laboral de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com

Medidas urgentes para la transición energética y protección de los consumidores

Actualidad, Energía, Noticias

El pasado 07 de octubre entró en vigor el RD Ley 15/2018 por el que se regulan determinadas medidas urgentes para la transición energética y protección  de los consumidores.

El RD ley persigue dar respuesta inmediata a dos de los problemas que presenta el sector de la energía, que los consumidores tengan más información e instrumentos para gestionar su demanda, optimizar su consumo y reducir su factura eléctrica y acelerar la transición a una economía descarbonizada mediante una mayor integración de las energías renovables.

La norma contiene un primer título y capítulo con medidas de protección de los consumidores, agrupadas en dos capítulos: un primer capítulo dedicado a los consumidores vulnerables y la lucha contra la pobreza energética; y un segundo capítulo, que contiene medidas tendentes a aumentar la información, protección y racionalización de los mecanismos de contratación, aumentando la protección del conjunto de los consumidores de electricidad.

En relación al consumidor vulnerable, se incrementarán en un 15 % los límites de energía anual con derecho a descuento de manera que se compensen los incrementos de precios que se están produciendo y se acerquen éstos límites a los consumos reales de los hogares más vulnerables. También se flexibiliza el cómputo de estos límites de energía con derecho a descuento entre los meses del año, para evitar que los hogares queden desprotegidos en los meses de mayor consumo, coincidentes con los de mayor frío.

Igualmente, se establece una nueva circunstancia especial para el acceso al bono social, de manera que el umbral de renta máximo fijado para acceder a la condición de consumidor vulnerable o de vulnerable severo en el caso de las familias monoparentales será 0,5 veces el IPREM superior al de las biparentales.

Por su parte, la circunstancia especial derivada de la existencia de un miembro del hogar con una discapacidad reconocida de al menos el 33 %, vigente hasta ahora, se amplía a aquellas situaciones en las que uno de los miembros del hogar tenga una situación de dependencia de grado II o III.

Como medida adicional de protección a la infancia, las viviendas acogidas al bono social en las que vivan menores de 16 años serán consideradas un suministro esencial y no podrán ser objeto de corte de suministro. De la misma protección ante el corte de suministro gozarán los hogares en los que uno de sus miembros se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o bien con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %.

Se reconoce el derecho a percibir el bono social desde el 8 de octubre a todos aquellos que cumplan los requisitos del Real Decreto Ley y estuvieran acogidos al bono social antiguo, siempre que lo soliciten y presenten la documentación completa antes del 31 de diciembre de 2018. Como medida de protección adicional, en orden a asegurar que los potenciales beneficiarios del bono social solicitan el nuevo mecanismo de protección, se establecen en la norma obligaciones de comunicación a los consumidores por parte de las comercializadoras de referencia.

Asimismo, se crea un bono social para usos térmicos, que permitirá aliviar la factura energética de los hogares para los combustibles para calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Los consumidores vulnerables que estén acogidos al bono social de electricidad a 31 de diciembre de 2018, o que hayan presentado la solicitud completa antes de esa fecha y resulten beneficiarios, recibirán a lo largo del invierno un bono que les permitirá sufragar otros usos energéticos del hogar distintos de la electricidad. La cuantía del bono se modulará por la zona climática en la que se encuentre la vivienda y dependerá del grado de vulnerabilidad del hogar.

El capítulo II del título I contiene una serie de medidas tendentes a incrementar la protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que les permitirá optimizar la contratación de este suministro y reducir su factura eléctrica como la contratación con discriminación horaria. Para ello se impone a las comercializadoras la obligación de informar a los consumidores de los ahorros que obtendrían con el cambio a peajes de acceso con discriminación horaria, mediante el envío de simulaciones de la facturación real con cada una de las modalidades.

Igualmente, queda prohíba la contratación del suministro eléctrico para los consumidores en la modalidad «puerta a puerta».

En su título II, introduce tres principios fundamentales que regirán esta actividad: i) se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos; ii) se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores para aprovechar las economías de escala; y iii) se introduce el principio de simplificación administrativa y técnica, especialmente para las instalaciones de pequeña potencia.

En el título III se introduce una serie de actuaciones normativas encaminadas a acelerar la transición a una economía descarbonizada mediante la integración de electricidad de fuentes de energía renovables y se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables.

Mediante sus disposiciones adicionales, se adoptan medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

Por último, se adoptan una serie de medidas relacionadas con la normativa fiscal, con el objetivo principal de moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad. Se procede a exonerar del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica a la electricidad producida e incorporada al sistema eléctrico durante seis meses, coincidentes con los meses de mayor demanda y mayores precios en los mercados mayoristas de electricidad. Y se introduce una exención en el Impuesto sobre Hidrocarburos para los productos energéticos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y de calor en centrales combinadas.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Jurídico de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com

El Tribunal Supremo aclara, es el banco y no el cliente el obligado al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados

Actualidad, Legislación, Noticias

Con fecha 16 de octubre de 2018, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado Sentencia por la que, modificando su jurisprudencia anterior, sienta el criterio de que, en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria, el obligado al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es la entidad prestamista y no el cliente que recibe el préstamo.

En el caso debatido, la Oficina Técnica de la Inspección de los Tributos de la Comunidad de Madrid practicó liquidación a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas al considerarla sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos documentados en relación con una escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria de varias viviendas, al entender que aquella condición (sujeto pasivo) derivaba de su posición (prestatario) en el negocio jurídico documentado en la escritura.

La recurrente, Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas alegó en su recurso, que el sujeto pasivo del impuesto debe ser el prestamista como solicitante de la escritura de préstamo hipotecario e interesado en la elevación a público de lo pactado y si posterior inscripción registral.

El Tribunal acoge los argumentos de la recurrente y considera que el beneficiario de la escritura notarial no es otro que el acreedor hipotecario, (el banco), pues él (y solo él) está legitimado para ejercitar las acciones (privilegiadas) que el ordenamiento ofrece a los titulares de los derechos inscritos. Solo a él le interesa la inscripción de la hipoteca por lo que ha de considerársele sujeto pasivo del Impuesto.

Asimismo, la sentencia anula por contrario a derecho, el artículo 68.2 del Reglamento del Impuesto, Real Decreto 828/1995,  que imponía el pago de tributo al prestatario.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Jurídico de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com

Permitido el acceso a datos personales para prevenir o investigar delitos leves

Actualidad, Legislación, Noticias

La Directiva europea sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas permitía a los Estados miembros limitar los derechos de los ciudadanos cuando tal limitación supusiera una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, o garantizar la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas.

En interpretación de dicha Directiva, los Juzgados españoles venían autorizando el acceso a datos personales o de filiación durante el curso de una instrucción penal solo cuando dicho acceso fura necesario para el descubrimiento de delitos calificados como graves, (sancionados con pena de prisión superior a 5 años).

Con fecha 2 de octubre, el Tribunal de la Unión Europea ha dictaminado que las autoridades de un país pueden tener acceso a datos personales almacenados por proveedores de comunicaciones electrónicas incluso aunque los delitos que se juzgan no revistan una “particular gravedad”, siempre que este acceso “no suponga una injerencia grave en la vida privada”.

La Sentencia da respuesta a la cuestión elevada a la Corte europea por la Audiencia Provincial de Tarragona ante la que se planteó la legalidad de permitir que la Policía Judicial accediera a los datos personales o de filiación de los números de teléfonos activados desde el terminar sustraído con violencia.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que el acceso de las autoridades públicas a datos personales almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en el marco de un procedimiento de instrucción penal está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva. Además, el acceso a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de éstos, consagrados en la Carta.

No obstante, el Tribunal de Justicia declara que esta injerencia no presenta una gravedad tal que, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, dicho acceso deba limitarse a la lucha contra la delincuencia grave.

En su sentencia el Tribunal de Justicia declaró que únicamente la lucha contra la criminalidad grave puede justificar el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que, examinados en su conjunto, permitan extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se ven afectados. No obstante, esa interpretación estaba motivada por el hecho de que el objetivo perseguido por una norma que regula ese acceso debe guardar relación con la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales en cuestión que suponga dicha operación. En efecto, conforme al principio de proporcionalidad, una injerencia grave sólo puede estar justificada en este ámbito por el objetivo de luchar contra la delincuencia que a su vez también deba calificarse de «grave». En cambio, cuando la injerencia no es grave, dicho acceso puede estar justificado por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general.

El Tribunal de Justicia considera que el acceso limitado únicamente a los datos cubiertos por la solicitud de que se trata no puede calificarse de injerencia «grave» en los derechos fundamentales de los individuos cuyos datos se ven afectados, ya que dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre su vida privada. El Tribunal de Justicia deduce de ello que la injerencia que supone el acceso a esos datos puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general, sin que sea necesario que dichos delitos sean calificados de «graves».

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento jurídico de AICA
Tel.: 91.654.14.11
Email.: juridico@empresariosdealcobendas.com