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Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable

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El Consejo de Ministros, en su reunión del día 12 de abril de 2019 y, por Orden PCI/566/2019 de 21 de mayo, ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE son parte de un nuevo panorama legislativo marcado por la denominada «Estrategia Europa 2020», dentro de la cual, la contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. Esta sostenibilidad debe ser entendida en su doble vertiente social y medioambiental.
Las tres directivas citadas impulsan de manera decidida la denominada «contratación pública estratégica», entendiendo por ésta la utilización del poder de compra publica, dada su naturaleza horizontal y el enorme volumen de recursos que moviliza, para favorecer la consecución de objetivos propios de otras políticas públicas como son los sociales y laborales, medioambientales, de apoyo a la PYMEs, la innovación y el desarrollo o la defensa de la competencia.

Adicionalmente el Plan prevé la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Comisión interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública que, en el plazo máximo de seis meses, deberá realizar los trabajos preparatorios necesarios para la adopción por parte del Consejo de Ministros del Acuerdo a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017.

El Plan igualmente presta atención a la necesaria formación de las personas que tramiten expedientes y procedimientos de licitación de contratos, así como de aquéllas que deban realizar el seguimiento y la supervisión de su ejecución.
El presente plan se aplicará por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y demás entidades que integran el sector público estatal en el sentido definido por el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Se define la «Contratación pública estratégica socialmente responsable» como aquélla que hace referencia al proceso a través del cual los órganos de contratación del sector público estatal contratan obras, suministros o servicios o celebran contratos de concesión de obras o de concesión de servicios tomando en consideración para el diseño de la licitación, la sustanciación del procedimiento correspondiente y durante la ejecución del contrato resultante de este procedimiento, criterios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017.
Conforme a este nuevo Plan, al elegir el procedimiento de licitación los órganos de contratación tendrán en cuenta, si se está ante concesión de servicios especiales el uso del por procedimiento será el restringido y si se está ante contratos de servicios sociales personalísimos se hará uso del procedimiento de negociación.
Asimismo, con carácter general el órgano de contratación deberá velar por la incorporación siempre que sea posible de consideraciones sociales al configurar la licitación, teniendo en cuenta:

1. Al establecer las prescripciones técnicas: En los contratos de obras, de suministro o de servicios podrá tener la consideración de prescripción técnica el conjunto de especificaciones técnicas en las que se definan las características requeridas de un material, producto o servicio, incluido el impacto social o laboral de dichos materiales, productos o servicios, la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas. Las prescripciones técnicas podrán referirse al proceso o método específico de producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este.

2. El pliego señalará el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad, la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato; excepto cuando no sea posible señalar esta información.

3. Los órganos de contratación incluirán en los pliegos correspondientes a licitaciones de contratos de suministros y de servicios la exención de la garantía definitiva para los licitadores que resulten propuestos adjudicatarios de aquéllos contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, salvo excepciones que habrán de justificar convenientemente en el expediente; todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 9/2017.

4. Los órganos de contratación indicarán a los candidatos o licitadores en los pliegos correspondientes a procedimientos distintos del procedimiento abierto simplificado, que la declaración responsable ajustada al modelo de documento europeo único de contratación comprende, entre otros extremos, la declaración de que no se encuentran incursos en la prohibición de contratar, cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad.

5. Cuando el objeto del contrato requiera de aptitudes específicas en materia social, de prestación de servicios de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias.

6. Los pliegos les indicarán a los candidatos o licitadores que el órgano de contratación rechazará aquéllas ofertas que no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o laboral.

7. Los órganos de contratación en los procedimientos de contratación a deberán velar en todas sus fases por la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios; las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; la implicación de los usuarios de los servicios; y la innovación en la prestación del servicio.

Por lo que respecta a los criterios de adjudicación, se atenderá a la mejor relación calidad-precio; excepto cuando no sea posible. En todo caso la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá en la adjudicación de contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios sociales.

Finalmente, el Plan regula la ejecución del contrato imponiendo al órgano de contratación el seguimiento general de su ejecución debiendo tomar las medidas pertinentes para garantizar en la ejecución de los contratos que los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia social o laboral, imponiendo penalidades en caso de incumplimiento.

Se abre la convocatoria para presentar las candidaturas a la VI edición de los Premios Seguridad y Salud Laboral organizados por la revista ‘Formación de Seguridad Laboral’

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PREMIOS FSL

 

La revista ‘Formación de Seguridad Laboral” convoca nuevamente unos galardones que se han convertido en referente en el sector de la prevención de riesgos laborales. El plazo límite para presentar las candidaturas concluye el día 30 de septiembre de 2019.

 

‘Formación de Seguridad Laboral’, publicación especializada en prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo, organiza nuevamente unos premios cuya pretensión es reconocer a los mejores en prevención.

La forma de presentarse –hasta el 30 de septiembre– es muy sencilla: únicamente hay que rellenar un formulario estándar y adjuntar un dosier en el que queden acreditadas, reflejadas y argumentadas las virtudes y cualidades de la candidatura.

Son 5 las categorías existentes, siendo posible optar a varias (cada una debe contar con un dosier independiente):

  1. Premio al mejor EPI, producto o solución.
  2. Premio a la investigación.
  3. Premio a la formación.
  4. Premio a la gestión de la seguridad laboral.
  5. Premio a la entidad, empresa, institución u organismo destacado en la prevención de riesgos laborales.

El prestigioso jurado –que elegirá de forma completamente independiente y libre a los ganadores– está integrado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid, la Asociación de Especialistas de Medicina del Trabajo (AEEMT), la Asociación Española de Enfermería del Trabajo (AEET), la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA), la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL), la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal (ASEPAL), la Asociación de Sociedades de Prevención de las Mutuas de Accidente de Trabajo (ASPREN), el Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (CGPSST), la Federación ASPA de Servicios de Prevención Ajenos, PRLInnovación, Comisiones Obreras (CCOO), la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), el Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales, SICUR y AENOR. Además, otras entidades se incorporarán próximamente.

La ceremonia de entrega se realizará coincidiendo con SICUR 2020.

Puede presentarse a los premios en este enlace: https://form.jotform.com/borrmart/premiosFSL2019

Consulte las bases de los premios en este enlace:

http://www.seguridad-laboral.es/revistas/fsl/premios/2019/bases_premios_seguridad_laboral_2019.pdf

Puede conocer a los premiados en las anteriores ediciones en este enlace:  http://www.seguridad-laboral.es/eventos/premios-fsl

www.seguridad-laboral.es

Notas sobre el registro horario

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Estimados asociados, tras la entrada en vigor de la obligación para los empresarios de registrar la jornada de sus empleados, desde el equipo laboral de AICA, y siguiendo la estela de todos los medios de comunicación jurídicos, queremos aclarar algunos puntos en relación a las nóminas y sobre la obligación de información a los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo  en su guía sobre el registro, especifica que la exigencia de que los registros permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, supone que debe ser posible acceder a los mismos en cualquier momento en que se soliciten por los trabajadores, sus representantes o la Inspección. Sin embargo, esta disponibilidad no implica la obligación de entrega de copias a los trabajadores, salvo pacto expreso en contrario.

Os adjuntamos el enlace con la guía del Ministerio de trabajo sobre el registro horario:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo/Documents/2019/GUIA%20SOBRE%20EL%20REGISTRO%20DE%20JORNADA.pdf

 

No obstante, en el Real Decreto-Ley 8/2019 mantiene el régimen jurídico de las horas extraordinarias del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, incluido su apartado 5, que señala que «a efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente».

Por lo tanto, el registro diario de la jornada y el registro de horas extraordinarias son obligaciones legales independientes y compatibles, debiendo entregarse al trabajador solo una copia del resumen de las horas extraordinarias realizadas.

En relación con su inclusión en la nómina, conviene destacar que las horas extras se abonarán económicamente, o bien se compensarán con descanso por pacto individual o colectivo, no pudiendo ser la cuantía a percibir por su realización en ningún caso inferior al valor de la hora ordinaria. Por lo tanto, algunos trabajadores cobrarán las horas extras, pero otros serán compensados con descansos.

Conviene recordar que el número máximo de horas extraordinarias al año a realizar por un trabajador será de 80, sin computarse a estos efectos las que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. Este límite no es de aplicación a las horas extra que se realicen para prevenir o reparar daños extraordinarios y urgentes.

En las siguientes notas informativas os iremos informando sobre las novedades en materia de registro horario que vayan surgiendo, teniendo en cuenta las lagunas que contiene la nueva regulación, no obstante, si os surge alguna duda podéis contactar con el equipo de laboral de la asociación que os informará al respecto.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Laboral de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

Nueva estrategia nacional de ciberseguridad

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Por Orden PCI/487/2019 de 26 de abril del Consejo de Seguridad Nacional ha sido aprobada la nueva estrategia nacional de ciberseguridad.

El documento se estructura en cinco capítulos. El primero, titulado «El ciberespacio, más allá de un espacio común global», proporciona una visión de conjunto del ámbito de la ciberseguridad, los avances realizados en materia la materia desde la aprobación de la Estrategia de 2013, las razones que afianzan la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, así como las principales características que impulsan su desarrollo.

En dicho capítulo se regulan los principios para la promoción de un ciberespacio seguro y fiable, desde un enfoque multidisciplinar abarcando aspectos más allá de los puramente técnicos.

El segundo capítulo, titulado «Las amenazas y desafíos en el ciberespacio» determina las principales amenazas del ciberespacio que derivan de su condición de espacio global común, de la elevada tecnificación y de la gran conectividad que posibilita la amplificación del impacto ante cualquier ataque. Clasifica estas amenazas y desafíos en dos categorías: por un lado, las que amenazan a activos que forman parte del ciberespacio; y por otro, aquellos que usan el ciberespacio como medio para realizar actividades maliciosas e ilícitas de todo tipo.

El tercer capítulo, titulado «Propósito, principios y objetivos para la ciberseguridad» aplica los principios rectores de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 (Unidad de acción, Anticipación, Eficiencia y Resiliencia) a cinco objetivos específicos. Su desarrollo, se plasma en el cuarto capítulo titulado «Líneas de acción y medidas», donde se establecen siete líneas de acción y se identifican las medidas para el desarrollo de cada una de ellas.

Dichas líneas de acción se dirigen a: reforzar las capacidades ante las amenazas provenientes del ciberespacio; garantizar la seguridad y resiliencia de los activos estratégicos para España; impulsar la ciberseguridad de ciudadanos y empresas; reforzar las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad, para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades en el ciberespacio; impulsar la ciberseguridad de ciudadanos y empresas; potenciar la industria española de ciberseguridad, y la generación y retención de talento, para el fortalecimiento de la autonomía digital; contribuir a la seguridad del ciberespacio en el ámbito internacional, promoviendo un ciberespacio abierto, plural, seguro y confiable en apoyo de los intereses nacionales y desarrollar una cultura de ciberseguridad de manera que se contribuya al Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional.

El quinto capítulo, titulado «La ciberseguridad en el Sistema de Seguridad Nacional» define la arquitectura orgánica de la ciberseguridad. Bajo la dirección del Presidente del Gobierno, la estructura se compone de tres órganos: el Consejo de Seguridad Nacional, como Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional; el Consejo Nacional de Ciberseguridad, que apoya al Consejo de Seguridad Nacional y asiste al Presidente del Gobierno en la dirección y coordinación de la política de Seguridad Nacional en el ámbito de la ciberseguridad, y fomenta las relaciones de coordinación, colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas y entre estas y el sector privado, y el Comité de Situación que, con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, apoyará a la gestión de las situaciones de crisis en cualquier ámbito, que por su transversalidad o dimensión, desborden las capacidades de respuesta de los mecanismos habituales.

Se complementa este sistema con la Comisión Permanente de Ciberseguridad, que facilita la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la ciberseguridad, siendo el órgano que asistirá al Consejo Nacional de Ciberseguridad sobre aspectos relativos a la valoración técnica y operativa de los riesgos y amenazas a la ciberseguridad; las autoridades públicas competentes y CSIRT (Computer Security Incident Response Team) de referencia nacional, y se incorpora la creación de un elemento novedoso de colaboración público privada, el foro Nacional de Ciberseguridad.

Asimismo, en este último capítulo, se exponen a modo de conclusión, unas consideraciones finales y se concretan los mecanismos para la actualización y evaluación de la Estrategia.

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Nueva regulación de las marcas comerciales

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Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio.

Con fecha 1 de mayo ha entrado en vigor la modificación de la Ley de Marcas aprobada por Real Decreto 306/2019 por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. La finalidad es lograr la máxima coherencia no solo entre los sistemas nacionales de marcas de los diferentes Estados miembros, sino también entre estos y el sistema de marcas de la Unión Europea, actualmente desarrollado por el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

El Real Decreto recoge, como principales novedades:

.- Nuevos medios de comunicación con la Oficina Española de Patentes y Marcas, incluyéndose, a efectos de notificaciones la dirección postal en el Espacio Económico Europeo, un número de teléfono o bien, un correo electrónico.

.- Posibilidad de incluir  en la solicitud de marca, una reivindicación de que el signo solicitado ha adquirido carácter distintivo por el uso.

.- Se permite que la marca esté representada en cualquier forma que se considere adecuada según las nuevas tecnologías  siempre que pueda reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
(sonoras, mediante un archivo de audio; las de movimiento, mediante un archivo de vídeo, etc.).

Se contemplan, de esta manera, las marcas denominativas estándar, las marcas figurativas –que engloban las marcas gráficas, mixtas y denominativas no estándar–, las marcas tridimensionales, de posición, de patrón, de color, sonoras, de movimiento, multimedia y holográficas.

Como consecuencia de la eliminación del requisito de la representación gráfica para definir y delimitar el signo distintivo sobre el que se reclama la protección registral, fruto de los avances ofrecidos por las nuevas tecnologías, se admite la posibilidad de representar los signos mediante archivos de sonido o audio, en el caso de las marcas sonoras, y mediante archivos de vídeo en las de movimiento, marcas holograma o marcas multimedia.

.- Se introduce en el apartado once un nuevo artículo que desarrolla la prueba de uso que el titular de la marca solicitada puede pedir al oponente que impugne su registro, siempre que dicha prueba de uso fuera legalmente exigible en ese momento con arreglo a las disposiciones de la ley. En el caso de que la marca no haya sido usada también se establece la posibilidad de acreditar la existencia de causas justificativas de la falta de uso. Se regula además la forma en la que se puede solicitar esta prueba de uso, su contenido y alcance, así como el momento en que puede solicitarse y el plazo que tiene el oponente para presentar alegaciones y observaciones una vez recibida.

.- Se modifica la regulación en relación con el aviso de la expiración del registro de la marca y se establecen los casos en los que, pagando electrónicamente la tasa de renovación en el documento habilitado al efecto por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, no será necesario presentar una solicitud para obtener la renovación del registro de dicha marca. Este nuevo procedimiento de renovación solo será aplicable cuando se trate de una renovación total de la marca en cuestión. La Oficina Española de Patentes y Marcas deberá avisar, con seis meses de antelación a los titulares de las marcas, de que sus registros están a punto de expirar.

.- Se incluye un nuevo título en el que se regula el procedimiento administrativo de nulidad o caducidad. Se regula detalladamente tanto el contenido de la solicitud de nulidad o caducidad, las pruebas, hechos y alegaciones que el solicitante deberá aportar para fundamentar su solicitud, así como las causas de su inadmisión. También se detalla el procedimiento que deberá seguirse para realizar el examen de fondo de las solicitudes de nulidad o caducidad, la posibilidad de solicitar la prueba de uso durante el mismo y cuándo podrá acordase la suspensión y el sobreseimiento de estas solicitudes.

.- Ningún titular de una marca estará ya obligado a verse representado en la Oficina Española de Patentes y Marcas por una Agente (ni los extranjeros de países terceros). Sin embargo, el solicitante de país tercero sí que estará obligado a indicar un medio de comunicación española (dirección en España o EEE, o cualquier otro medio válido ante la Oficina).

Estas normas no se aplicarán con carácter retroactivo, por lo que las novedades no afectarán a procedimientos ya incursos.

Nueva regulación de los créditos inmobiliarios

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Con  fecha 26 de abril el Ministro de la  Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ha aprobado el Real Decreto 309/2019 por r el que se desarrolla parcialmente la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y se adoptan otras medidas en materia financiera.

Con la norma, se pretende reforzar la protección de los consumidores estableciendo un marco de seguridad jurídica, estableciendo, entre otros aspectos, el régimen de asesoramiento, la información a facilitar a los clientes, la publicidad y los requisitos de formación y competencia que deben cumplir el personal y directivos de prestamistas inmobiliarios e intermediarios que suministran servicios de préstamo inmobiliario.

Así, a partir del 16 de junio, las entidades prestamistas deberán:

  • Entregar a los clientes una ficha normalizada con informaciones precontractuales, características del contrato, prohibición de ventas vinculadas y advertencias relativas al préstamo que quieran contratar.
  • Reflejar de manera clara y fiel los términos en que se desarrolla el contrato de préstamo.
  • No destacar ningún beneficio potencial del contrato de préstamo ni ocultar expresamente los riesgos inherentes al mismo.
  • No omitir ni desnaturalizar ninguna información relevante
  • Deberán facilitar una a los prestatarios una liquidación de intereses o comisiones que practiquen por sus servicios, un documento de liquidación en el que se expresarán con claridad y exactitud:
  • El tipo de interés nominal aplicado en el periodo ya devengado y, en su caso, el que se vaya a aplicar en el periodo que se inicia.
  • Las comisiones aplicadas en el período al que se refiere el documento de liquidación, con indicación concreta de su concepto, base y período de devengo.
  • Cualquier otro gasto incluido en la liquidación.
  • Cuantos antecedentes sean precisos para que el prestatario pueda comprobar la liquidación efectuada y calcular los costes asociados.
  • Los prestamistas de crédito inmobiliario remitirán a los prestatarios, durante el mes de enero de cada año, una comunicación en la que, de manera completa y detallada, se recoja la información sobre comisiones y gastos devengados, y tipos de interés efectivamente aplicados y cobrados a los préstamos inmobiliarios durante el año anterior.
  • En los casos en que pueda modificarse el tipo de interés aplicable al préstamo, el prestamista informará al prestatario de dicha modificación con una antelación mínima de quince días naturales antes de que esta se aplique.
  • Los prestamistas inmobiliarios deberán facilitar la información que permita a los sucesores de un prestatario, fiador o garante, una vez acreditada tal condición por cualquier medio admisible en Derecho, conocer el estado del préstamo inmobiliario frente a aquél al tiempo del fallecimiento del causante. En ningún caso podrá exigirse la acreditación de la aceptación de la herencia a los efectos del suministro de la información a la que se refiere el párrafo anterior.

Finalmente, se obliga a prestamistas e intermediarios a seguir las mismas normas que los bancos para publicitar hipotecas.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Sentencia sobre los datos fiscales de los empleados y sentencia sobre vídeo-vigilancia

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Estimados asociados, a la espera de realizar este próximo viernes 10 de mayo nuestro desayuno de trabajo sobre el registro horario, en la nota informativa de esta semana abordamos dos sentencias de nuestros Juzgados de lo Social:

 

Sentencia de La Audiencia Nacional sobre los datos fiscales de los empleados

En primer lugar os informamos sobre el contenido de una Sentencia de la sala de lo Social de la Audiencia Nacional del 7 de diciembre de 2018,

Ésta sentencia analiza la norma que desarrolla el código de conducta del personal al servicio del Banco de España, en lo referente a la obligación que imponía a sus trabajadores de, si se lo requería la Unidad de Cumplimiento Interno, poner a su disposición las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los datos fiscales empleados en su elaboración.

En la citada resolución,  la Audiencia dispone que las declaraciones por el IRPF tienen un contenido que va más allá de lo puramente económico –que es lo que pretende controlar la norma impugnada-, pudiendo contener informaciones que se refieren a la esfera más personal de los empleados–con matices religiosos o políticos o, sencillamente, personales y familiares-, protegida a todo nivel, desde la propia Constitución -derecho a la intimidad o libertad de pensamiento-, pasando por el propio Estatuto de los Trabajadores, sin perder de vista la normativa interna y comunitaria en materia de protección de datos.

Es por ello, que solamente la empresa podrá disponer de dicha información si el empleado  cede voluntariamente su información fiscal, pero en ningún caso podrá ser obligado a entregarla ni sancionado disciplinariamente si se niega a hacerlo.

 

Sentencia sobre vídeo-vigilancia

La segunda sentencia que tratamos en la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Pamplona de 18 de febrero de 2019.

Esta sentencia analiza un despido disciplinario de un trabajador que trae causa de la agresión a otro compañero de trabajo en las dependencias de la empresa en la que prestaba los servicios. La Sentencia estudia y valora  la licitud de la prueba consistente en las grabaciones de las cámaras de vídeo vigilancia de la empresa.

En este sentido, la sentencia señala “el carácter absoluto del deber informativo” como garantía en la protección de datos de acuerdo a los artículos 12, 13 y14 del Reglamento 2016/67, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“RGPD”) y del actual artículo 11 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Por otro lado, a la hora de emitir su sentencia también se tiene en cuenta la doctrina inicial del Tribunal Constitucional reflejada en la Sentencia 29/2013, de 11 de febrero, que condiciona la posibilidad de establecer sistemas de control y monitorización empresarial a la obligación de proporcionar una información específica y concreta de la finalidad de tales sistemas, y que en todo caso, se debe proporcionar de forma previa a su implementación.

Por ello, el Juez procede a ratificar la decisión adoptada en el acto de juicio e inadmitir la prueba de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa, todo ello porque no se respetaron las garantías en materia de protección de datos puesto que no informó al trabajador ni de la existencia del sistema de video vigilancia, ni del objetivo perseguido por la instalación de dicho sistema, ni de la posibilidad de imponer sanciones en base a los actos ilícitos o incumplimientos laborales que pudieran recoger las cámaras.

La sentencia también señala que en la fecha de los actos enjuiciados no se encontraba en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el propio RGPD, dotado de eficacia directa y primacía frente a la norma nacional, han establecido que la obligación de información sobre las medidas de video vigilancia no se cumple con la mera colocación del cartel informativo.

No obstante, pese a la inadmisión de la prueba de video vigilancia, la sentencia declara el despido procedente en base a la prueba testifical practicada en el juicio. En este sentido, la declaración del testigo que presenció los hechos y del responsable de Recursos Humanos, constataron los hechos imputados al trabajador, y al ser la conducta laboral correctamente calificada como grave y culpable, el despido es procedente de acuerdo al artículo 55 del ET.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Laboral de AICA, que le asesorará al respecto.

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AICA y el Ayuntamiento de Alcobendas mejoran la movilidad de los trabajadores con la digitalización del transporte del municipio

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La primera fase se basará en la actualización del servicio de Transporte Interempresas de Alcobendas que utilizan más de 5 700 trabajadores. Y, en la segunda fase, las empresas podrán poner a disposición de todos los trabajadores de Alcobendas los asientos disponibles en sus rutas de empresa a diversos puntos de la Comunidad de Madrid.

 El fin de esta actualización es crear una plataforma conjunta de movilidad que integre autobuses, car pooling y servicios de car sharing en Alcobendas.

La Asociación de Empresarios de Alcobendas – AICA y el Ayuntamiento de Alcobendas han presentado en el Centro de Arte Alcobendas un proyecto de Movilidad que modernizará y digitalizará el transporte en Alcobendas a partir de este mes.

Al acto han asistido el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa; el presidente de AICA, Javier Beitia; el concejal de Seguridad, Protección Civil, Movilidad y RR.HH., Luis Miguel Torres; el secretario general de AICA, Luis Suárez de Lezo; y representantes de la Policía Local de Alcobendas y del Departamento de Movilidad del Ayuntamiento.

Para el presidente de AICA, Javier Beitia, esta plataforma “es la evolución natural de un servicio que nació hace 15 años, adaptándose a las nuevas necesidades de los trabajadores, y que en una segunda fase prevé incluir en la plataforma los asientos disponibles en otras rutas empresariales a diferentes puntos de la Comunidad, buscando la rapidez, la eficiencia y la sostenibilidad”.

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ha calificado esta nueva plataforma como “una magnífica iniciativa, fruto de la colaboración público-privada”, con el fin de mejorar la movilidad en una ciudad que recibe a diario a 70.000 personas que vienen a trabajar a las más de 15.000 empresas instaladas en el municipio como Indra, Grupo Konecta, Lilly, Equinix, Bureau Veritas, Leroy Merlin, Canon o Ford.

El responsable técnico de desarrollar esta plataforma, Rui Stoffel, ha destacado, entre otras, “el sistema de reservas, el control tecnológico de la capacidad de los autobuses, el control del embarque, la ubicación en tiempo real de cada vehículo, la optimización de las rutas, además de wifi gratis para todos los viajeros”.

La primera fase de este proyecto de Movilidad, que durará hasta octubre, se centrará en la digitalización de las tres líneas de Transporte Interempresas que actualmente están en funcionamiento y que conectan las estaciones de Cercanías – RENFE y Metro de Alcobendas con diferentes puntos de los centros empresariales del polígono industrial, el P.E. del arroyo de la Vega y el P.E. La Moraleja. Los empleados podrán acceder al transporte, adquirir sus abonos y consultar las rutas a través de la plataforma www.aica.busup.com.

En la segunda fase, durante 2020, las empresas que así lo deseen podrán poner a disposición de todos los trabajadores de Alcobendas los asientos disponibles en sus rutas empresariales a diversos puntos de la Comunidad de Madrid haciendo el transporte colectivo más eficiente y sostenible.

El fin último de este proyecto es la creación de una plataforma conjunta de Movilidad en www.aica.busup.com que englobe todos los elementos relacionados con el transporte en Alcobendas: autobuses, car pooling, plataformas privadas de car sharing, etc.

El objetivo de este proyecto es mejorar el acceso de los trabajadores a sus puestos de trabajo evitando el uso del transporte privado, con la consiguiente reducción de los accidentes in itinere, e incentivando un transporte colectivo más rápido, económico y puntual. De esta manera, se intenta facilitar la puntualidad en los horarios de entrada al trabajo y evitar el inconveniente de la congestión del tráfico y los problemas de aparcamiento. Y, a su vez, reducir el impacto medioambiental en la zona norte de Madrid provocado por la utilización del transporte privado.