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La nueva norma de pagos PSD2

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A partir del 14 de septiembre de este año será aplicable a los pagos electrónicos en la zona euro la Directiva (UE) 2015/2366, denominada PSD2.

Con su trasposición al Derecho español se pretende mejorar la seguridad y reforzar el nivel de protección del consumidor mediante un sistema de doble autentificación, tanto para los pagos en comercio físico, como online, la eliminación de intermediarios y mayor transparencia.

Como principales novedades:

.- Se aumenta la información bidireccional que debe existir entre las dos partes implicadas en una transacción. De esta forma, cuando el consumidor realice una compra, el proveedor de los servicios de pago, sin demoras injustificadas, debe ofrecerle una referencia clara que permita identificar cada operación y beneficiario de la misma, importe, gastos adicionales en su caso, tipo de cambio y fecha de valor del adeudo o recepción de la orden de pago.

.- Eliminación de intermediarios. Este cambio supone la implantación del open banking, de forma que las entidades financieras deben abrir su sistema a terceros. De este modo, la operación se simplifica y el consumidor podrá simplemente autorizar al comercio para que efectúe los pagos a través de su cuenta bancaria.

.- Doble autentificación o autentificación reforzada, (Strong Customer Authentication o SCA), que exige el uso de de dos factores de autentificación entre: un factor de conocimiento, (algo que solo conoce el usuario, contraseña, pin, preguntas secretas…), un factor de posesión (algo que solo posee el usuario, móvil, tarjeta…), y un factor de inherencia (algo que es el usuario, huella dactilar, reconocimiento facial o por voz…), a la hora de realizar una transacción. Estas tres condiciones son independientes, por lo que la vulneración de una de ellas no compromete la fiabilidad de las demás.

En el caso de operaciones de pago individuales de escasa cuantía, no superiores a 30 euros con un límite de gasto de 150 euros, o que permitan almacenar fondos que no exceden en ningún momento la cantidad de 150 euros, los proveedores de servicios de pago podrán acordar con los usuarios que no se apliquen todas o alguna de estas obligaciones.

.- Se introducen dos nuevas figuras que participan en el comercio electrónico: los Proveedores de Servicios de Iniciación de Pagos (PISP por sus siglas en inglés) y los Proveedores de Servicios de Información de Cuenta (AISP por sus siglas en inglés). Los primeros son aquellas plataformas que conectan con el banco para realizar el cobro, incluso sin la necesidad de la tarjeta de crédito, certificando que aceptas la operación, (ej. Paypal). Por su parte, los AISP son los que agrupan la información financiera de un cliente, para que desde una sola plataforma gestione todos sus gastos.

.- En los comercios físicos, todas las operaciones deberán ser autentificadas salvo: los pagos contactless en compras inferiores a 20 euros, máximo cinco operaciones seguidas sin pin que no sumen más de 150 euros, en operaciones realizadas por correo o teléfono, (MO/TO) y en terminales no atendidos de parking o transporte.

 

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

Departamento Jurídico de AICA
Telf.: 91.654.14.11
Email: juridico@empresariosdealcobendas.com

Sentencia sobre un despido de un empleado que grabó a su superior

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana retomamos el análisis de las Sentencias de los Juzgados de lo Social que desde el equipo laboral de AICA consideramos de vuestro interés.

En esta ocasión, analizamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimó el recurso interpuesto por un empleado que fue despedido de una empresa automovilística tras abordar a un superior jerárquico por la calle por cuestiones de trabajo, recriminarle y grabarle sin su consentimiento.

El tribunal confirma de esta forma la sentencia formulada por el Juzgado de lo Social 4 de Vigo que había apreciado indicios suficientes de gravedad en la actitud del trabajador que sobrepasan los límites del derecho a la libertad de expresión.

El trabajador, que prestaba servicios en una empresa automovilística abordó a su superior jerárquico fuera de horario laboral mientras se encontraba practicando deporte en la calle. El empleado comenzó a increpar a su superior acerca de una “encerrona” en una reunión con su responsable por motivos de reparto de trabajo ocurrida meses atrás.

Ante la insistencia para calmar los ánimos del responsable, el empleado comenzó a llamarle “cobarde”, entre otros, y comenzó a grabarle con el móvil, obligándole a tomar un taxi para evitar la incómoda situación. A las pocas horas, el vídeo fue subido a la red social Facebook y compartido en numerosos grupos de Whatsapp de trabajadores del centro, lo que propició que el responsable tuviese que soportar diversos chascarrillos en su vuelta al trabajo, pues el personal levantaba la mano a su paso y decían “taxi, taxi”. Por estos motivos, al demandante le fue comunicado su despido.

En el recurso que planteó el trabajador contra la sentencia del Juzgado de lo Social que apreció que el despido era procedente, alegaba la nulidad del despido por la vulneración de derechos fundamentales, concretamente, por la aplicación de la garantía de indemnidad y por la no consideración de discapacitado del demandante. Los informes médicos de años anteriores reflejan como el paciente fue atendido por el psicólogo de la empresa por un cuadro de ansiedad depresivo reactivo a su situación laboral.

Recuerda el Tribunal Superior en su sentencia que según lo establecido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, el despido debe basarse en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, siendo necesaria una ponderación de todos los aspectos objetivos y subjetivos. En este supuesto concreto, afirma la sentencia que deben ponderarse la libertad de expresión con el respeto a la dignidad y el honor de quienes integran la empresa.

En esta línea, la jurisprudencia establece que nuestra Constitución en su artículo 20 proclama la libertad de pensamiento o ideas, pero no la insultos o calificativos degradantes, que puede estar tolerada en el contexto de una conversación amistosa, pero no con el afán de herir a quien se dirige. El ataque, por tanto, debe comportar una gravedad suficiente para entender que la convivencia entre ambas partes no resulte ya posible dentro de la empresa, situación que ha quedado acreditada en este supuesto de hecho.

Se rechaza también una vulneración de los derechos del trabajador. En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad (artículo 24.1 Constitución española) se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalias derivadas del ejercicio del trabajador de la tutela de sus derechos. Una actuación empresarial, como un despido, motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de derechos debe ser calificada como discriminatoria.

Sin embargo, no basta con que el trabajador afirme un carácter discriminatorio, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que confirmen la sospecha. En el presente supuesto de hecho, afirma el juzgador no apreciar la concurrencia de un proceder del empleador que pudiese ser tratado como ilegal, pues al actor se le despiden por los hechos relatados, habiendo quedado probado en los informes médicos que no tiene caso intentar fundamentar la conducta del autor en su patología psicológica.

Para finalizar, os recordamos que, si en vuestra empresa necesitáis realizar un despido de un empleado por motivos disciplinarios, podéis contactar con el equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

 

Departamento Laboral de AICA
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Desplazamientos y el registro horario

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Estimados asociados, tras la vuelta de las vacaciones, retomamos nuestras circulares informativas y retomamos el asunto estrella de estos últimos meses: “el registro horario”.

Como ya hemos adelantado en circulares precedentes, la normativa establece que las compañías deben contar el tiempo efectivo trabajado, descontando por el contrario los periodos de descanso. Este proceso resucita una cuestión que siempre ha sido muy controvertida en el ámbito laboral: ¿cómo deben computarse los desplazamientos? ¿Son parte de la jornada laboral o quedan fuera? La respuesta no es sencilla porque se trata de periodos en los que el trabajador no está prestando un servicio de forma directa, pero tampoco es tiempo de descanso.

En este sentido, la directiva europea que regula el tiempo de trabajo califica como trabajado “todo periodo durante el cual el empleado permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones”.

Por lo tanto, y de acuerdo con esta descripción, el tiempo invertido en ida y vuelta entre oficina y domicilio no son tiempo efectivo de trabajo. Pero, ¿qué ocurre cuando el empleado tiene que desplazarse a un lugar diferente de la oficina, como por ejemplo a una reunión o un viaje por trabajo? ¿Y cuando el mismo puesto exige realizar varios traslados?

Destinos excepcionales

En el caso de que el desplazamiento se produzca a un lugar distinto del puesto habitual (una reunión, un viaje de negocios o un compromiso esporádico), y mientras nazca de una orden o instrucción de la empresa, computará a priori como tiempo efectivamente trabajado. Por lo tanto, debe constar como tal en el registro. Ahora bien, se trata de una cuestión que ha levantado ampollas en el ámbito judicial.

Por un lado, el Tribunal Supremo fijó en 1996 que el desplazamiento desde el centro de trabajo habitual a otro distinto donde se ordene la prestación de servicios se considera tiempo de trabajo. Unos años después un Tribunal Superior de Justicia  rechazó que los trayectos que realizaba un vigilante de seguridad desde Albacete (localidad donde se encontraba la compañía) hasta Villarrobledo y Villena (Alicante), municipios donde prestaba servicios, computara como tiempo efectivo de trabajo.

En este sentido, los juristas sostienen diferentes opiniones e interpretaciones lo que ha generado confusión. La solución de estas cuestiones, por tanto, dependerá de las circunstancias del caso concreta.

Además, y en lo que respecta al registro horario, la guía publicada por el Ministerio de Trabajo no ha contribuido a arrojar luz sobre esta cuestión.

Hay trabajos, como el de comercial o fontanero, en los que no existe un lugar de trabajo fijo o los continuos desplazamientos forman parte de la propia naturaleza de la prestación del servicio. Para estos supuestos, el Tribunal Superior de Justicia Europeo determinó en el año 2015 que, en ausencia de un centro de trabajo, el tiempo de desplazamiento entre el domicilio hasta el primer cliente o desde el último a la residencia es tiempo de trabajo.

No obstante, en diciembre del año pasado, nuestro Tribunal Supremo rechazó aplicar esta doctrina a los empleados de una empresa que prestaba ayuda a domicilio a personas mayores al considerar que en este caso, los demandantes sí contaban con un centro de trabajo, aunque no prestaran sus servicios allí.

A pesar de ausencia de una norma que clarifique estos supuestos, la justicia parece inclinarse a reconocer como trabajados los trayectos cuando no existe una sede empresarial. De tenerla, y aunque no la frecuente, el empleado no podrá registrar los tiempos de viaje como trabajados.

Otras circunstancias a tener en cuenta

Descansos. En algunos casos, el descanso de bocadillo puede ser considerado como tiempo efectivo de trabajo, siempre y cuando haya sido reconocido como tal en el contrato laboral, en el convenio colectivo o venga siendo permitido por la empresa desde hace tiempo.

Médico. Todas las empresas están obligadas a ofrecer un servicio de reconocimiento médico a sus trabajadores, independientemente de si luego ellos harán uso de este servicio. En caso de hacerlo, el tiempo dedicado a este chequeo, se considera como efectivamente trabajado.

Permisos. El Estatuto de los Trabajadores fija que los permisos laborales como la baja por maternidad, paternidad, lactancia, fallecimiento de un familiar, nacimiento de un hijo, traslado de domicilio, etc. computan como tiempo de trabajo y, por lo tanto, no deben recuperarse.

Formación. Por otro lado, el tiempo destinado a la formación de los trabajadores también se considera como trabajado, si la realización del curso es consecuencia de las modificaciones técnicas en el puesto de trabajo.

Con independencia de todo lo anterior, como siempre desde la Asociación os recomendados que contactéis con el equipo laboral, por si os surgen dudas sobre la naturaleza de los desplazamientos y tiempos de trabajo de vuestros empleados.

Nueva regulación sobre la llevanza de los libros registros en el IRPF

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Con fecha 1 de enero de 2020 y, para los ejercicios tributarios 2020 y ss, resultará aplicable la Orden HAC/773/2019 por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad simplificada del método de estimación directa, así como aquellos que realicen una actividad empresarial en estimación directa que, de acuerdo con el Código de Comercio, no tenga carácter mercantil, estarán obligados a la llevanza del libro registro de ventas e ingresos, el libro registro de compras y gastos y el libro registro de bienes de inversión.

Los contribuyentes que ejerzan actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en método de estimación directa, en cualquiera de sus modalidades, estarán obligados a llevar un libro de ingresos, un libro de gastos, un libro registro de bienes de inversión y un libro registro de provisiones de fondos y suplidos.

Los contribuyentes que realicen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine mediante el método de estimación objetiva, en el caso de que deduzcan amortizaciones, estarán obligados a llevar un libro registro de bienes de inversión. Además, por las actividades cuyo rendimiento neto se determine teniendo en cuenta el volumen de operaciones habrán de llevar un libro registro de ventas o ingresos.

Por último, las entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas, llevarán unos únicos libros obligatorios correspondientes a la actividad realizada, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que corresponda efectuar en relación con sus socios, herederos, comuneros o partícipes.

La principal novedad que se introduce en esta orden es la necesidad de que, en las anotaciones en los libros registros de ventas e ingresos y de compras y gastos se haga constar el Número de identificación fiscal de la contraparte de la operación. En esta actualización de la normativa reguladora del contenido de los libros registros se ha tratado de conseguir cierta homogeneidad con conceptos ya previstos en otros impuestos, como por ejemplo en materia de asientos resúmenes con el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Entre los objetivos buscados con esta nueva orden se encuentra el de reforzar y concretar la posibilidad de que estos libros puedan ser compatibles, con las adiciones necesarias, como libro fiscal de los impuestos que así lo prevean, en concreto con el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Del mismo modo, a los efectos de la cumplimentación de dichos libros registros y en el marco de las actuaciones de asistencia tributaria y de reducción de cargas indirectas, en línea con numerosas actuaciones precedentes, la Agencia Estatal de Administración Tributaria publicará en su página web un formato tipo de libros registros. La puesta a disposición de este formato de libros trata de asistir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales registrales y pretende ofrecer seguridad jurídica y certeza en el contenido mínimo que pueda exigirse sobre los mismos.

La orden regula a lo largo de trece artículos las obligaciones de llevanza de libros registros por parte de empresarios y profesionales, contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, salvo respecto de aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estén obligados a llevar contabilidad ajustada al Código de Comercio.

Si tiene cualquier duda sobre la presente nota informativa, puede ponerse en contacto con el equipo del Departamento Jurídico de AICA, que le asesorará al respecto.

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Comienzan las obras de remodelación de la Avenida de Bruselas para crear un acceso directo a la carretera A-1

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Se construirán dos nuevos ramales, un tercer carril entre las rotondas de Diversia y la A-1, se ampliará el ancho de la calzada y se remodelarán las aceras.

 

Mejorar los accesos a la A-1, dar fluidez al tráfico y evitar atascos son los objetivos principales de las obras de remodelación de la Avenida de Bruselas que comienzan esta semana y que tendrán una duración aproximada de 4 meses.

Las obras incluyen la construcción de un ramal de giro directo desde la Avenida de Bruselas y de un tercer carril entre las rotondas de Diversia y de la A-1. Asimismo, se va a disponer un ramal de giro directo hacia la A-1 en sentido Burgos y se va a ampliar el ancho de la calzada de un tramo de la glorieta de Diversia, el situado junto a la parada de taxis. Por ultimo se van a remodelar las aceras que mantendrán siempre un ancho mínimo de tres metros.

Mediante estas obras se va a lograr el acceso directo desde la Avenida de Bruselas hasta la A-1 (sentido Burgos) evitando el actual paso por las dos rotondas existentes. Todo ello servirá para mejorar el funcionamiento del enlace al incrementarse el número de carriles y reducirse el tráfico de incorporación a las rotondas.

Las obras dan comienzo esta semana y, con el fin de minimizar las afecciones y molestias a los vecinos, se han planificado desvíos provisionales de los que se irá informando en los medios de comunicación y redes del Ayuntamiento de Alcobendas.

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Estructura del gobierno de la Comunidad de Madrid

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El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha aprobado hoy el decreto que crea la estructura del nuevo Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Durante la segunda reunión del Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, también se ha dado luz verde a decretos de nombramientos en la Vicepresidencia y en las consejerías que integran el Gabinete de la Comunidad de Madrid.

Estos son los principales nombramientos por cada departamento del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, aprobados hoy y que serán publicados mañana por
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid -BOCM-, al igual que la nueva
estructura orgánica de las consejerías, donde se incluye iniciar la extinción de la
Fundación Madrid por la Excelencia:

 

· Vicepresidencia y Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía
del Gobierno
– Viceconsejero de Transparencia, Francisco Lara Casanova
– Viceconsejero de Deportes, Roberto Núñez Sánchez
– Director General de Planificación, Coordinación, Investigación y
Formación de la Actividad Física y el Deporte, Antonio Campos
Izquierdo
– Director General de Infraestructuras y Programas de Actividad Física y
Deporte, Alberto Álvarez Figueira
– Secretario General Técnico, Fernando Moya Lorente

 

· Consejería de Presidencia
– Viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital, Miguel Ángel
García Martín
– Directora General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, Ana
Isabel Martín Fernández
– Director General de Medios de Comunicación, Pablo Balbín Seco
– Director General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea,
Eugenio Fontán Oñate
– Jefe del Gabinete de la Presidenta, José Luis Carreras López
– Secretaria General Técnica, Elena Hernáez Salguero

 

· Consejería de Justicia, Interior y Víctimas
– Viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibarrola de la Fuente
– Director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos
Novillo Piris
– Director General de Recursos Humanos, Pedro Irigoyen Barja
– Directora General de Infraestructuras, Carmen Martín García-Martos
– Director General de Emergencias, José Luis Villarroel Cortés
– Directora-Gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor (ARRMI), María Dolores Moreno Molino
– Secretario General Técnico, Manuel Galán Rivas

 

· Consejería de Hacienda y Función Pública
– Director General de Presupuestos, Gregorio Moreno López
– Secretario General Técnico, Antonio Luis Carrasco Reija

 

· Consejería de Economía, Empleo y Competitividad
– Viceconsejero de Economía y Competitividad, Isaac Martín Barbero

 

· Consejería de Vivienda y Administración Local
– Viceconsejera de Vivienda y Administración Local, Concepción
Dancausa Treviño
– Director General de Vivienda y Rehabilitación, José María García
Gómez
– Directora General de Administración Local, Nadia Álvarez Padilla
– Comisionado del Gobierno para la Revitalización de Municipios
Rurales, Rafael Pastor Marín
– Secretario General Técnico, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda

 

· Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad
– Director General de Biodiversidad y Recursos Naturales, Luis del Olmo
Flórez
– Director General de Urbanismo, Raimundo Herráiz Romero
– Secretario General Técnico, José Ignacio Tejerina Alfaro

 

· Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
– Viceconsejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad,
Francisco Javier Luengo Vicente
– Secretario General Técnico, Miguel Ángel Jiménez Pérez

 

· Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras
– Viceconsejera de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, María
Consolación Pérez Esteban
– Director General de Carreteras, Francisco Javier Abajo Dávila
– Secretaria General Técnica, María Teresa Barcons Marqués

 

· Consejería de Educación y Juventud
– Viceconsejera de Organización Educativa, María Pilar Ponce Velasco
– Viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert López-Ibor
– Director General de Educación Infantil y Primaria, Manuel Bautista
Monjón
– Directora General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza,
Mercedes Marín García
– Directora General de Educación Concertada, Becas y Ayudas,
Concepción Canoyra Vaca
– Director General de Juventud, Pedro García Aguado
– Secretaria General Técnica, Mar Pérez Merino
– Presidenta del Consejo Escolar, Alicia Delibes Liniers

 

· Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación
– Viceconsejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Alfonso
González Hermoso de Mendoza

 

· Consejería de Cultura y Turismo
– Viceconsejero de Cultura y Turismo, Daniel Martínez Rodríguez

Sentencia sobre el acuerdo alcanzado en el periodo de consultas de un despido colectivo

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Estimados asociados, en la nota informativa de esta semana abordamos una sentencia del  Pleno del Tribunal Supremo que ha tenido cierta repercusión en los medios. La Sentencia es de fecha 2 de julio de 2019 y ha declarado que, los trabajadores afectados por un despido colectivo no pueden cuestionar en sus procedimientos individuales, la concurrencia de las causas alegadas cuando el periodo de consultas ha finalizado con acuerdo.

La propia normativa establece que el procedimiento colectivo (tanto la sentencia como el acuerdo judicial) tiene eficacia de cosa juzgada sobre los procedimientos individuales. Por tanto, ya estaba claro que, de existir sentencia en el pleito colectivo que declara que concurren las causas alegadas por la empresa, éstas no podían cuestionarse en los procedimientos individuales posteriores. Sin embargo, la ley no aclara qué ocurre cuando se alcanza un acuerdo durante el periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores (y que, de alcanzarse con el 100% de sus miembros, no da lugar a una impugnación colectiva). Esta duda es precisamente la que solventa la sentencia analizada, rechazando la posibilidad de cuestionar en los procedimientos individuales las causas que han sido aceptadas por la representación de los trabajadores en el acuerdo de finalización del periodo de consultas.

El Tribunal ha llegado a dicha solución entendiendo que, aun cuando en los despidos colectivos (art. 51 ET) la norma no incluye expresamente una presunción de existencia las causas cuando el periodo de consultas finaliza con acuerdo, y sí se establece en los procedimientos de modificación sustancial de condiciones de trabajo (art. 41 ET), suspensión de contrato y reducción de jornada (art. 47 ET) y descuelgue de convenio (art. 82 ET), no existen razones que avalen un tratamiento distinto de dichas situaciones. Para ello, se basa en los siguientes argumentos:

Cabe mencionar que la sentencia cuenta con el voto particular de 5 Magistrados, lo que evidencia que esta cuestión ha sido muy controvertida.

Este pronunciamiento, sin duda, incentiva a las empresas a alcanzar un acuerdo con la representación legal de los trabajadores en el periodo de consultas del despido colectivo, en consecuencia, si os surge alguna cuestión relativa a esta información podéis contactar con el equipo laboral de AICA, que os asesorará al respecto.

 

Departamento Laboral de AICA
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